En medio de las negociaciones de ampliación del contrato para la compraventa de gas que negocian Bolivia y Brasil, además de los preacuerdos entre cinco estados de esa nación para comprar la urea y más gas al país, el Diario El Deber dio a conocer que la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Santa Cruz ordenó la detención domiciliaria del presidente de Petrobras Bolivia, el brasileño Marcos Benicio Pompa Antunes, por una supuesta deuda de $us 2,5 millones con la constructora y de servicios Vialco SRL.
La sentencia se cumple desde el 22 de marzo, según un informe de la cadena BBC de Brasil y confirmada ayer a EL DEBER tanto por Petrobras como por la firma Vialco.
El representante legal de la firma Vialco SRL, Marco Bulacia, en contacto con EL DEBER reveló que la deuda de la subsidiaria de Petrobras asciende a $us 2,5 millones por los trabajos de movimiento de tierra efectuados en anteriores meses. El contrato contemplaba un monto total de $us 9,5 millones.
En criterio de Bulacia, Petrobras Bolivia no pagó la totalidad de los recursos, pese a que hace un año la constructora concluyó los trabajos de construcción y ensanchado de caminos. Ante tal situación, se inició la acción penal y ahora como resultado se tiene el arresto domiciliario del ejecutivo de la compañía petrolera. No obstante, es optimista de que llegue a un acuerdo.
Precisamente el proceso radica en la Sala Penal Segunda a cargo de los vocales Mirael Salguero y Victoriano Morón. Se trata de un caso como cualquier otro que está judicializado y en proceso.
Según se pudo conocer, la acción contra la compañía brasileña se efectúa desde octubre de 2016.
Petrobras busca arbitraje
Un comunicado divulgado por Petrobras Bolivia admite los líos jurídicos que enfrenta su máximo ejecutivo.
Argumenta que la disputa tiene una naturaleza estrictamente comercial, habiendo sido indebidamente llevada a la justicia penal en el país, como demostró Petrobras en su defensa.
“Petrobras Bolivia entiende que la disputa debe ser resuelta mediante arbitraje, conforme está previsto expresamente en el contrato firmado entre las partes”, dice el comunicado.
Asimismo añade que la prestadora de servicios alega que Petrobras Bolivia estaría obligada a pagarle el valor total estimado en el contrato de construcción de planchada para la perforación de un pozo en el Bloque San Antonio, firmado entre las partes.
Petrobras Bolivia sustenta que el contrato prevé el pago solo por servicios ejecutados, medidos y aprobados. La prestación de los servicios ya fue concluida. Admite que el valor en disputa alcanza aproximadamente $us 2,5 millones, siendo que el monto total estimado del contrato era de aproximadamente $us 9,5 millones.
Acotó que durante la audiencia realizada en Santa Cruz de la Sierra, el 2 de mayo, el Tribunal de Apelaciones rechazó el pedido de detención en la cárcel del representante legal de Petrobras Bolivia y flexibilizó la detención domiciliaria.
“Petrobras apelará la decisión y tiene la convicción de que prevalecerán sus argumentos de defensa, revocando la detención domiciliaria cautelar de su representante y llevando la disputa al fórum de naturaleza comercial”, enfatiza el comunicado.
Toda esta situación se genera en medio de las advertencias de que Argentina comprará gas a Chile y, además, la condicionante de que pueden dejar de comprar energía eléctrica a Bolivia. A su vez, cinco estados de Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul) asoman como nuevos nichos de mercado para el gas y la urea boliviana.
El viernes se registró el interés de futuros negocios de compraventa del energético y de urea, lo cual fue sellado con la firma de un memorándum de entendimiento entre el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Sánchez, y los gobernadores de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, Pedro Taques y Reinaldo Azambuja, respectivamente.
Parlamentarios
El senador de Demócratas Óscar Ortiz considera que se trata de un problema de empresas privadas que debe resolverse por la vía de la conciliación o si no la justicia ordinaria tendrá que tomar una de- cisión; sin embargo, no cree que una ‘pelea’ privada entorpezca las relaciones.
“Me parece que el problema debe resolverse en cualquiera de los ámbitos, y ojalá que no surjan problemas de relaciones en el mediano o largo plazo”, dijo Ortiz.
El diputado Henry Cabrera (MAS), que funge como nuevo presidente de la Brigada Parlamentaria del departamento de Santa Cruz, manifestó que estos contratos han sido firmados por privados y que no debe afectar a las buenas relaciones entre ambas naciones.
“Los acuerdos entre YPFB y Petrobras de Brasil representan un pacto entre Estados y, por lo tanto, este tipo de situaciones ‘aisladas’ no deben empañar la relación entre Bolivia y Brasil”, aseveró el legislador del MAS.
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