El diputado Carlos Alarcón lanzó duras acusaciones contra la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), asegurando que una sociedad anónima creada en Paraguay, en 2019, bajo el nombre de "YPFB Internacional S.A." estaría ocultando una red de posibles negociados y hechos de corrupción de alto nivel.
Alarcón afirmó que su bancada presentó la semana pasada un requerimiento formal con 20 puntos de información dirigidos al presidente de YPFB, en un intento por esclarecer los detalles de la estructura, funcionamiento y operaciones de dicha sociedad.
No obstante, denunció que desde la comisión legislativa y por parte del oficialismo se estaría desplegando una estrategia de "postergación, sabotaje y encubrimiento” para impedir una revisión a fondo.
Según los documentos revisados preliminarmente, YPFB Internacional S.A fue constituida en Paraguay el 7 de octubre de 2019 con un capital de aproximadamente 37.497 dólares.
Entre los accionistas figura YPFB Refinación con el 99% de participación, y una ciudadana extranjera, Sandra Betania Otasubera, con el 1%. Llamativamente, esta última figura como presidenta de la empresa, mientras que otro abogado de su bufete ocupa la vicepresidencia. "¿Cómo puede ser que el socio minoritario termine siendo el presidente de la sociedad? Esto es inaudito", expresó Alarcón, señalando que Otasubera representa un bufete jurídico extranjero sin vínculos conocidos con Bolivia.
Más allá de la estructura accionaria, lo que agrava la situación —según el legislador— es el objeto social de YPFB Internacional: no solo incluye la venta de combustible, sino también la exploración y explotación de hidrocarburos, actividades que según la Constitución boliviana requieren aprobación expresa de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, esta sociedad nunca fue presentada ni aprobada por el Legislativo.
"Se está violando claramente la Constitución. Esta sociedad quedó dormida desde 2019 hasta que el Gobierno de Luis Arce la reactivó en diciembre de 2022 mediante una adjudicación directa", señaló el diputado.
Posteriormente, en 2023, YPFB Internacional fue rebautizada como Botrading S.A, con una nueva estructura: 99% de acciones en manos de YPFB Refinación y 1% de YPFB Logística. Bajo esta nueva figura, participó en una licitación de hasta 27.500 metros cúbicos de combustible en agosto de 2024. En dicha licitación también compitió Petroperú, que ofreció un precio considerablemente más bajo: 149,35 dólares por metro cúbico, frente al precio más elevado de Botrading.
Sin embargo, tras adjudicarse inicialmente la licitación a Petroperú, se convocó una inusual "audiencia de concertación" a la que la petrolera peruana no asistió. Poco después, la adjudicación fue anulada, según Alarcón, no por falta de documentación de Petroperú —como alegó el presidente de YPFB, Armin Dorgathen— sino por errores en el pliego técnico elaborados por la propia estatal boliviana.
"Esto revela una estrategia sistemática para favorecer a Botrading, a pesar de ser menos competitiva", sostuvo el diputado, citando además otras licitaciones frustradas por el mismo motivo: errores técnicos.
Uno de los datos más preocupantes revelados por Alarcón apunta al conflicto de intereses en torno a Omar Alarcón Saigua, actual presidente de la empresa estatal encargada del litio en Bolivia.
Según el legislador, Alarcon Saigua ocupaba simultáneamente los cargos de gerente general de YPFB Refinación (el comprador) y de presidente de Botrading (el vendedor) "Este señor se compraba y se vendía a sí mismo", sentenció.
Además, Alarcón citó publicaciones previas del medio Brújula Digital, que ya en 2023 denunciaban sobreprecios en operaciones de Botrading. Por ejemplo, la firma habría comprado combustible en Argentina a 66,06 dólares y revendido a YPFB a 80,16 dólares, en una operación claramente deficitaria para el Estado.
El diputado exigió mayor transparencia en las investigaciones y convocó a los medios de comunicación a hacer seguimiento a las sesiones de la comisión parlamentaria.
"Hacemos un llamado a los medios a que nos acompañen, como en las comisiones del censo y de elecciones judiciales. Esto debe hacerse de cara al país", concluyó.
