Gobierno e instituciones estatales retiran o dejan de actualizar información sensible de sus páginas web y analistas critican la falta de transparencia y consideran que esto responde a un afán de esconder datos que podrían desatar observaciones.
Desde el pasado 11 de mayo, YPFB Transportes dejó de publicar en su sitio de internet la información de envíos de gas, luego de las declaraciones del embajador de Argentina, Normando Álvarez, respecto a que la estatal redujo los volúmenes transportados al vecino país.
Entonces, el embajador argentino declaró que el gas exportado fue inferior a lo acordado en la segunda mitad de abril.
Consultada al respecto por ANF, la encargada de YPFB Transportes, Leila Cortez, señaló que esta falta de datos se debe a una migración de plataformas con el fin de que exista concentración de información en la página web de la casa matriz y que demoraría al menos un mes.
De la misma manera, desde 2014, información relacionada con la ejecución presupuestaria que publicaba el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) no ha sido actualizada.
Lo mismo ocurre con los datos de costos recuperables que YPFB dejó de incluir en su página web; lo último que se tiene disponible se remonta a 2012. Tampoco se tienen estados financieros actualizados de empresas estatales.
Tampoco hay reportes mensuales de recaudaciones provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) por parte del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), también desde 2014, año en el que se hizo evidente la caída de los precios de los hidrocarburos.
Actualmente no existe una ley de transparencia y acceso a la información pública; sin embargo, se encuentra en vigencia el Decreto Supremo 28168, de Acceso a la Información Pública, que garantiza el acceso a la información, como derecho fundamental de toda persona y la transparencia en la gestión de Gobierno, con algunas excepciones.
Según Juan Antonio Morales, ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), esta información es ocultada por el Gobierno para eludir críticas y mantener la imagen de que el país pasa por una buena situación económica.
"Las autoridades siempre han mostrado mucha susceptibilidad a las críticas. De hecho, no las admiten y piensan que están motivadas políticamente. Tratan de convencer al país de que ‘estamos en un buen momento de la economía’ y cualquier información o juicio que contradiga esa posición es muy mal tomada”, explicó.
Para Morales la información que se retiró busca ocultar adjudicaciones deficientes de obras públicas, el incumplimiento en los compromisos de envío de gas a la Argentina así como datos que puedan cuestionar la información proporcionada por el INE.
Raúl Velásquez, analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, sostuvo que en el caso específico de YPFB, la información retirada de las páginas web de la estatal busca evadir preguntas incómodas respecto a la situación de la empresa y del mercado internacional.
El analista añadió que además de los reportes de envíos a los mercados de Argentina y Brasil, otro tipo de información relacionada con producción, ingresos, costos recuperables y transporte de hidrocarburos también desapareció desde 2011.
"Las acciones de YPFB en materia de acceso a la información parecerían haber estado más relacionadas con la época de bonanza económica y altos precios, exportación y mayor producción que con una verdadera política de transparencia y acceso a información”, anotó.
El experto en hidrocarburos Hugo Del Granado señaló que "esta información aún la procesa YPFB, pero no se publica para ‘enmascarar’ la declinación de la producción de gas y líquidos”
"Es una rutina del Gobierno para enmascarar sus deficiencias. Desde junio de 2015 no se publican tampoco los boletines mensuales de estadísticas de YPFB para no mostrar la declinación de la producción de gas y de líquidos pese a que el departamento de Estadísticas no ha dejado de producir esta información. Esta misma política se usa en la Agencia Nacional de Hidrocarburos que no publica información de producción desde noviembre de 2016. Pero es una política de avestruz porque ocultar la información no soluciona los problemas. Al contrario, los empeora”, advirtió.
Por su parte, el economista Julio Linares opinó que la información sensible que no se encuentra disponible en las páginas web de las instituciones estatales no es imposible de conseguirla por otros medios
"Hay otros medios, pero la mayoría de éstos no están al alcance de los ciudadanos de a pie, se puede obtener en presentaciones públicas como rendiciones públicas de cuentas, se puede solicitar a las instituciones de manera escrita, pero es muy difícil obtener la información de manera completa”, subrayó.
No hay una ley de transparencia
Actualmente, el Decreto Supremo 28168 de 16 de mayo de 2005 es la única norma que dispone la transparencia y el acceso a la información pública en el país. El año pasado se presentaron al Legislativo tres proyectos de ley para normar este derecho; sin embargo, ninguno de ellos fue aprobado.
El DS 28168 basa el acceso a la información en tres principios a) Publicidad, que señala que toda información es pública, por lo que en ningún caso podrá ser amparada bajo secreto.
b) Obligatoriedad, que indica que toda entidad del Gobierno tiene la obligación de entregar la información de manera completa, adecuada, oportuna y veraz y c) Gratuidad, que sostiene que el acceso a la información es gratuito.
Sin embargo, la norma expresa excepciones como por ejemplo con aquella información relativa a la seguridad interior o exterior.
Puntos de vista
Juan Antonio Morales / Ex presidente del BCB
"Las normas son incompletas”
Las normas son incompletas y quiero creer que el Gobierno no las está incumpliendo. La buena administración de las expectativas es un ingrediente crucial de la gobernanza. Ocultar información es contraproducente para el manejo de expectativas económicas. Hay una amplia experiencia mundial y en el país, al respecto.
Raúl Velásquez / Analista de Jubileo
"Están obligados a informar”
En el caso de los hidrocarburos, parece que hay un extravío respecto a quién pertenecen estos recursos. Por lo tanto, es obligación de las instituciones públicas a cargo del sector el informar de forma detallada, oportuna y accesible al dueño de los hidrocarburos, que es el pueblo boliviano, sobre la gestión de este recurso.
Julio Linares / Analista económico
"Es susceptible a ser manipulada”
La información que no esta publicada en las páginas web de las instituciones es susceptible a ser manipulada por el Gobierno. En estos casos esta información sensible es segmentada y sólo se presenta lo que conviene en actos públicos y lo que incomoda se oculta, evitando así las críticas y las preguntas incómodas de la población.
José Luis Parada / Asesor de Gob. de Santa Cruz
"Buscan ocultar sus errores”
La información sobre envíos de gas y ejecución presupuestaria ya no se publica porque el Gobierno busca ocultar su fracaso en estas áreas. Nada ha cambiado desde la época neoliberal, se aplican las mismas leyes y dinámicas productivas. Cuando las cosas estaban bien, se publicaban estos datos; ahora que ya no lo están, los ocultan para cubrir los problemas que se tienen.
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