El acuerdo suscrito entre el Estado boliviano y la sociedad germano-peruana Oiltanking-Graña Montero fijaría una indemnización —a pagar hasta mañana— de $us 16,4 millones por la nacionalización del 100% de las acciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB).
La firma del convenio se efectuó el miércoles 8 en presencia de los ministros Luis Fernando Vincenti (Hidrocarburos y Energía) y Elizabeth Arismendi (Defensa Legal del Estado), así como de autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), informó el viernes La Razón.
“La empresa peruana Graña y Montero y su socia Oiltanking GmbH suscribieron con el Estado boliviano una transacción por la cual el Gobierno de Bolivia le pagará $us 16,44 millones como indemnización por las acciones nacionalizadas de la empresa CLHB”, informó el portal del diario peruano digital de negocios biznews.pe.
El 1 de mayo del 2006, el Gobierno nacionalizó a través del Decreto 28701 el 100% de las acciones de la CLHB, pero la sociedad recién presentó una demanda en contra del Estado boliviano ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya el 12 de enero del 2010.
Previa presentación de la demanda, el presidente del directorio del Grupo Graña y Montero, José Graña, indicó que Bolivia debía pagarle a la empresa binacional por la estatización de sus acciones $us 40 millones. El monto compensatorio, indicó, fue resultado de un proceso de valuación que encargó Graña y Montero a una auditora independiente sobre el valor de las inversiones realizadas en la CLHB.
El 3 de septiembre, Arismendi anunció que el Estado efectuaría “un pago único y definitivo por el valor de las inversiones del grupo CLHB”, con la condición de que el mismo “renuncie al arbitraje internacional”. La indemnización sería negociada en base al valor de la empresa que sería determinado previo estudio de una consultora independiente, precisó.
Según fuentes oficiales, el acuerdo suscrito el pasado miércoles contempla que el pago “definitivo” se depositará en una cuenta del consorcio binacional dentro de los cinco días siguientes a la firma del convenio, es decir, hasta mañana 15 de diciembre. Además, Oiltanking-Graña Montero también presentaría una solicitud de desistimiento al arbitraje internacional que inició en La Haya.
El 5 de mayo, el vicepresidente Álvaro García Linera anunció que el Gobierno prevé pagar no más de $us 1.000 millones por la nacionalización de las firmas petroleras. La estatización es un “buen negocio” para el país, si se consideran los ingresos generados con la estatización, remarcó.
“El proceso de nacionalización, el pago, la indemnización que tenemos que hacer a la ex Transredes, a la ex Chaco, a la ex Andina, a la ex CLHB, en el peor de los casos —y estoy exagerando— va a llegar a los $us 1.000 millones”, aseguró García.
Sigue el uso de 6 ductos de la CLHB
YPFB Logística, subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Corporación), informó que ahorra hasta el 30% en el mantenimiento de seis poliductos de la ex Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), porque antes de la nacionalización el mantenimiento era realizado por servicios prestados por otras firmas.
Estatización costó al país $us 476 MM desde el 2006
Desde el 1 de mayo del 2006, el Estado pagó $us 476 millones (MM) para revertir la capitalización de cinco empresas petroleras y una telefónica que eran operadas por empresas transnacionales.
Para ello, la norma disponía la compra forzada del total o la mayoría accionaria en las empresas Chaco, Andina, Transredes, Petrobras Bolivia Refinación (PBR) y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB). En el último caso, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, afirmó el 1 de mayo del 2008 que el Gobierno compraría el paquete accionario de la firma por $us 20 millones. El 5 de noviembre del 2010, el Ejecutivo pagó a ETI $us 100 millones por sus acciones en Entel.
Gobierno negocia por Valle Hermoso
El Gobierno autorizó el inicio de negociaciones con la firma The Bolivian Generating Group (BGG) por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Eléctrica Valle Hermoso. La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) será la encargada del pago.
El 1 de mayo, el Gobierno estatizó las acciones de las empresas Ecoenergy International, subsidiaria de la francesa GDF Suez, en Corani; de la británica Rurelec PLC en Guaracachi, y del grupo BGG en Valle Hermoso. Este último detentaba el 50% (10.645) de las acciones de capital de Valle Hermoso.
El Artículo 1 del Decreto 0731 del 8 de diciembre del 2010 autoriza al ministro de Hidrocarburos y Energía (Luis Vincenti), a la ministra de Defensa Legal del Estado (Elizabeth Arismendi) y al gerente general de ENDE (Rafael Alarcón) “a participar en las gestiones pertinentes” con BGG para el pago de su paquete accionario. Estas autoridades deberán firmar un contrato transaccional y los documentos necesarios para tal efecto.
El pago “único” con recursos de ENDE por las acciones del grupo boliviano será resultado de la valuación del total de sus acciones y se hará efectivo, “siempre” que la misma “renuncie de forma expresa, voluntaria y definitiva a cualquier proceso nacional o internacional en relación a la propiedad de las acciones”, señala el decreto.
El Decreto de Nacionalización 0493 del 1 de mayo del 2010 establece que “los pasivos financieros, tributarios, laborales, comerciales, regulatorios, ambientales y sociales de las empresas Corani, Guaracachi y Valle Hermoso, tanto exigibles como contingentes, serán deducidos del monto de las acciones a tiempo de efectuar el pago señalado” de compensación.
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martes, 14 de diciembre de 2010
domingo, 5 de septiembre de 2010
Pagarán por la CLBH, si renuncian a arbitraje
Decreto: El Gobierno delegó las negociaciones por la nacionalización de 2008 a la Ministra de Defensa Legal.
ANF.- La renuncia al arbitraje internacional es la condición para el pago al grupo Oiltanking-Graña y Montero por la Compañía Logística Boliviana de Hidrocarburos (CLBH), nacionalizada en 2008. La ministra de Defensa Legal, Elizabeth Arismendi, tiene aval para cerrar las negociaciones, según lo dictado por el Decreto Supremo 621, del 2 de septiembre.
El Estado boliviano efectuará un “pago único, total y definitivo” por el “valor de las inversiones de Oiltanking GMBH, Graña y Montero Petrolera S.A. y Graña y Montero S.A.A. en la CLHB”. El monto será establecido en las negociaciones sobre el valor del justiprecio realizado por una consultora independiente.
Precisamente, este pago se consumará “siempre que Oiltanking GMBH, Graña y Montero Petrolera S.A. y Graña y Montero S.A.A. terminen de forma expresa, voluntaria y definitiva, por desistimiento, el proceso arbitral ad hoc incoado ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya”, además que “renuncien a cualquier pretensión en contra del Estado” por la nacionalización de Compañía Logística.
La alemana Oiltanking GMBH y las peruanas Graña y Montero y Graña y Montero Petrolera S.A., el 11 de enero del 2010, “presentaron Notificación Arbitral en contra del Estado”, por la nacionalización de CLHB. El proceso arbitral fue registrado como “CPA N; 2010-1”. El decreto autoriza al Ministerio de Defensa Legal del Estado “promover y llevar a cabo las negociaciones y gestiones pertinentes con representantes debidamente acreditados” de la alemana Oiltanking y del grupo peruano Graña-Montero.
Para destacar
La Compañía Logística Boliviana de Hidrocarburos fue nacionalizada por el presidente Evo Morales en el año 2008.
Los afectados fueron la alemana Oiltanking GMBH y las peruanas Graña y Montero y Graña Montero Petrolera S.A.
jueves, 10 de junio de 2010
Gobierno quiere conciliar por CLHB
La próxima semana, el 16, se reanudarán las negociaciones para llegar a un acuerdo con el grupo germano-peruano Oiltanking-Graña Montero por la nacionalización de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), informó la ministra de Defensa Legal, Elizabeth Arismendi.
“Tenemos muy avanzada la conciliación”, puntualizó la autoridad, e indicó que el objetivo es “tratar de llegar al punto intermedio de la conciliación siempre viendo costo-beneficio de ambas partes, es decir, de la empresa y del Estado”, subrayó Arismendi.
Las negociaciones comenzaron a principios de mayo, en Argentina, informó, por otro lado, el director nacional de Planificación del Ministerio de Defensa Legal del Estado, Sergio Durán. La Ministra explicó que para la conciliación es mejor buscar una sede neutral, con el propósito de que ninguna de las partes se sienta cohibida y, por el contrario, actúe en libertad.
En enero, las firmas Oiltanking, de Alemania, y Graña y Montero, de Perú, demandaron a Bolivia ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya por la nacionalización de la CLHB. La compañía fue nacionalizada conforme al Decreto Supremo 29554 en mayo de 2008. El buró internacional Dechert LLP es la firma coauspiciante en este proceso.
martes, 25 de mayo de 2010
Arbitraje por nacionalización de la CLHB está en marcha
El proceso arbitral iniciado por la sociedad germano-peruana Oiltanking-Graña Montero sigue su curso, afirma la ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, sin adelantar detalles.
En enero, el grupo presentó demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de la Haya, por la nacionalización de la Compañía Logística Boliviana de Hidrocarburos (CLHB).
Sobre este asunto, la autoridad gubernamental se limitó a responder: “Estamos en proceso de arbitraje”. Este pleito se ventilará en “la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, bajo reglas de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)”.
La alemana Oiltanking GMBH (OT) y las peruanas: Graña y Montero S.A.A (G&M) y Graña y Montero Petrolera S.A. (GMP), el 12 de enero del 2010, “presentaron Notificación Arbitral en contra del Estado”, precisamente, por la nacionalización de sus acciones en la empresa.
La estatización de la Compañía Logística fue por Decreto Supremo 29542, la toma se produjo el 1 de mayo del 2008. Desde entonces se hizo cargo Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, (YPFB).
miércoles, 17 de febrero de 2010
CLHB buscó conciliar y no ir al arbitraje
Por lo menos hasta mediados de diciembre del año pasado, la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB) intentó buscar una conciliación con el Gobierno boliviano antes de proceder con el arbitraje por la nacionalización de ductos y tanques petroleros, en mayo de 2008, que afectó a esta firma.
La información fue publicada ayer por el periódico peruano Correo que a mediados de diciembre se entrevistó con Francisco Dulanto, gerente general de Graña y Montero Petrolera (GMP). Según este medio, la empresa “estaba esperando la última palabra de Bolivia antes de proceder (con el proceso judicial)”.
Este pedido es de larga data. Hace casi un año que GMP y la otra empresa afectada, Oil Tanking, estaban en conversaciones con el Gobierno boliviano respecto de la compensación que deberán recibir por la expropiación.
Pero debido a que no se llegó a un acuerdo entre las partes, entonces se anunció el arbitraje de las empresas al Estado boliviano. Éste será llevado a cabo por un tribunal ad hoc.
El Gobierno, mediante el Ministerio de Defensa Legal del Estado, anunció que se defenderá del proceso y convocó a consorcios jurídicos para tal efecto. El Tesoro General de la Nación entregará 450.000 dólares a cada firma contratante y el plazo vence el 3 de marzo próximo.
La CLHB fue nacionalizada en mayo de 2006 y se convirtió en YPFB Logística después de que se intentara un proceso de negociación que no dio resultados. El Gobierno y la firma debían fijar el monto de inversión para establecer la compensación. Nada de esto sucedió.
A pesar del anunciado arbitraje, la ministra Elizabeth Arismendi Chumacero anunció el lunes que el Gobierno mantiene abierto el proceso de negociación.
La “negociación” entre el Estado y la empresa data del año pasado.
Los otros dos procesos
El arbitraje de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana no es el único contra el Estado boliviano. Otras dos firmas internacionales iniciaron procesos.
La primera empresa que lleva adelante un proceso es Euro Telecom Internacional N.V. (ETI) que administró la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) hasta que ésta fue nacionalizada en 2008. La demanda ante un tribunal ad hoc en la Corte Permanente de Arbitrajes, de Naciones Unidas, es por 700 millones de dólares.
La empresa chilena Química Industrial del Bórax (Quiborax) también inició un proceso por la reversión de la concesión de un yacimiento de ulexita en el Salar de Uyuni hace más de seis años.
La información fue publicada ayer por el periódico peruano Correo que a mediados de diciembre se entrevistó con Francisco Dulanto, gerente general de Graña y Montero Petrolera (GMP). Según este medio, la empresa “estaba esperando la última palabra de Bolivia antes de proceder (con el proceso judicial)”.
Este pedido es de larga data. Hace casi un año que GMP y la otra empresa afectada, Oil Tanking, estaban en conversaciones con el Gobierno boliviano respecto de la compensación que deberán recibir por la expropiación.
Pero debido a que no se llegó a un acuerdo entre las partes, entonces se anunció el arbitraje de las empresas al Estado boliviano. Éste será llevado a cabo por un tribunal ad hoc.
El Gobierno, mediante el Ministerio de Defensa Legal del Estado, anunció que se defenderá del proceso y convocó a consorcios jurídicos para tal efecto. El Tesoro General de la Nación entregará 450.000 dólares a cada firma contratante y el plazo vence el 3 de marzo próximo.
La CLHB fue nacionalizada en mayo de 2006 y se convirtió en YPFB Logística después de que se intentara un proceso de negociación que no dio resultados. El Gobierno y la firma debían fijar el monto de inversión para establecer la compensación. Nada de esto sucedió.
A pesar del anunciado arbitraje, la ministra Elizabeth Arismendi Chumacero anunció el lunes que el Gobierno mantiene abierto el proceso de negociación.
La “negociación” entre el Estado y la empresa data del año pasado.
Los otros dos procesos
El arbitraje de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana no es el único contra el Estado boliviano. Otras dos firmas internacionales iniciaron procesos.
La primera empresa que lleva adelante un proceso es Euro Telecom Internacional N.V. (ETI) que administró la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) hasta que ésta fue nacionalizada en 2008. La demanda ante un tribunal ad hoc en la Corte Permanente de Arbitrajes, de Naciones Unidas, es por 700 millones de dólares.
La empresa chilena Química Industrial del Bórax (Quiborax) también inició un proceso por la reversión de la concesión de un yacimiento de ulexita en el Salar de Uyuni hace más de seis años.
miércoles, 1 de julio de 2009
CLHB, AirBP y Chaco, tras arbitrajes contra el Estado
Las empresas propietarias de AirBP, Chaco y la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB) comunicaron al Gobierno su intención de recurrir al arbitraje internacional en busca de la compensación por la nacionalización de sus acciones, informó ayer el presidente de YPFB, Carlos Villegas.
British Petroleum es dueña de Chaco, a través de la argentina Pan American Energy (PAE), y de AirBP; en tanto que CLHB era de propiedad de la sociedad germano-peruana Oiltanking-Graña Montero. "Todas ya han presentado notas que expresan intenciones de un probable arbitraje", aseguró el ejecutivo.
El arbitraje se enmarca en los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones que Bolivia suscribió con Perú, en el caso de CLHB y Argentina para el tema de Chaco; AirBP se ampara en el acuerdo con el Reino Unido.
Según Villegas, estos procesos van a ser enfrentados por el ministro Héctor Arce y YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos coadyuvarán y acompañarán los procesos.
Como acciones de apoyo, la estatal contratará consultoras para evaluar las acciones de AirBP y CLHB. En tanto que en el caso de Chaco, el Ministerio de Defensa Legal del Estado señala que PAE ya anunció su intención de negociar una ‘justa compensación’.
La CLHB fue nacionalizada el 8 de mayo del año pasado, por Decreto Supremo 29554; AirBP fue nacionalizada el 1 de mayo del 2009.
Al respecto, los analistas energéticos ven riesgos para el Estado boliviano porque estos procesos internacionales pueden derivar en el embargo del patrimonio nacional.
Recuerdan que en el último año, Argentina experimentó casos similares y perdió más de una decena de ellos.
El ex superintendente de Hidrocarburos Hugo de la Fuente recomendó no enfrentar estos procesos porque se violó la seguridad jurídica de las empresas.
British Petroleum es dueña de Chaco, a través de la argentina Pan American Energy (PAE), y de AirBP; en tanto que CLHB era de propiedad de la sociedad germano-peruana Oiltanking-Graña Montero. "Todas ya han presentado notas que expresan intenciones de un probable arbitraje", aseguró el ejecutivo.
El arbitraje se enmarca en los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones que Bolivia suscribió con Perú, en el caso de CLHB y Argentina para el tema de Chaco; AirBP se ampara en el acuerdo con el Reino Unido.
Según Villegas, estos procesos van a ser enfrentados por el ministro Héctor Arce y YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos coadyuvarán y acompañarán los procesos.
Como acciones de apoyo, la estatal contratará consultoras para evaluar las acciones de AirBP y CLHB. En tanto que en el caso de Chaco, el Ministerio de Defensa Legal del Estado señala que PAE ya anunció su intención de negociar una ‘justa compensación’.
La CLHB fue nacionalizada el 8 de mayo del año pasado, por Decreto Supremo 29554; AirBP fue nacionalizada el 1 de mayo del 2009.
Al respecto, los analistas energéticos ven riesgos para el Estado boliviano porque estos procesos internacionales pueden derivar en el embargo del patrimonio nacional.
Recuerdan que en el último año, Argentina experimentó casos similares y perdió más de una decena de ellos.
El ex superintendente de Hidrocarburos Hugo de la Fuente recomendó no enfrentar estos procesos porque se violó la seguridad jurídica de las empresas.
jueves, 27 de noviembre de 2008
Yacimientos analiza dejar desierta licitación para compra de cisternas
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) analiza dejar desierta la licitación de compra de cisternas para adjudicar a una firma extranjera todo el lote, en desmedro de las empresas importadoras automotrices del país, según advirtieron fuentes del sector.
La falta de carburantes en algunas regiones del país, sumado al bloqueo que se originó en cuatro departamentos en septiembre, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, obligó a las autoridades del sector energético a anunciar la compra de cisternas para cubrir todo el territorio nacional.
En esas fechas también se informó que el número de cisternas que había en el país no abastecía a la demanda ni a los planes de la estatal petrolera, y otras no cumplían las normas internacionales para el trabajo, por lo que se anunció la compra de estos vehículos.
La licitación para la adquisición de los motorizados fue presentada la semana pasada y varias empresas automotrices mostraron interés en la convocatoria y presentaron ofertas, la misma estaría siendo analizada por YPFB.
La falta de carburantes en algunas regiones del país, sumado al bloqueo que se originó en cuatro departamentos en septiembre, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, obligó a las autoridades del sector energético a anunciar la compra de cisternas para cubrir todo el territorio nacional.
En esas fechas también se informó que el número de cisternas que había en el país no abastecía a la demanda ni a los planes de la estatal petrolera, y otras no cumplían las normas internacionales para el trabajo, por lo que se anunció la compra de estos vehículos.
La licitación para la adquisición de los motorizados fue presentada la semana pasada y varias empresas automotrices mostraron interés en la convocatoria y presentaron ofertas, la misma estaría siendo analizada por YPFB.
Sin embargo, fuentes cercanas al sector indicaron que la petrolera estatal estaría viendo la posibilidad de dejar desierta la licitación y comprar los vehículos de una firma extranjera, y de esta manera favorecería a un país.
La revelación fue consultada a la dirección de comunicación de YPFB, que amablemente accedió a dar una respuesta sobre este hecho luego de las consultas que realizaría a la parte ejecutiva, y que lo haría dentro de una media hora.
Pasado ese tiempo se le volvió a llamar y la operadora dijo que ingresó a una reunión y que no podía atender, y señaló que dejáramos nuestros datos.
Después se le llamó al director de comunicación a su celular, pero lo tenía apagado, y las dudas sobre ese tema no fueron despejadas.
DISTRIBUIDOR
Una de los planes que tiene la empresa petrolera del gobierno es ser el distribuidor principal, y no utilizar mucho a los sectores intermedios, para abastecer al mercado interno y llegar a todas las regiones del país.
En esas fechas, luego del conflicto político y social, el desabastecimiento de combustibles continuó en los departamentos que bloquearon, pero el problema también llegó a otras regiones del país.
Las autoridades indicaron, en ese entonces, que la falta de cisternas no permitía llegar a todas las regiones para abastecer de hidrocarburos, por lo que se anunció la compra de estos vehículos.
Como se recordará la nacionalización, en mayo de 2006, tiene como objetivo que YPFB vuelva a ser cumplir un rol importante en la cadena hidrocarburífera.
Para cumplir ese objetivo se nacionalizó tres empresas del sector, Transredes, Andina, Chaco y la Compañía de logística Boliviana de Hidrocarburos (CLBH), las que fueron capitalizadas en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada.
miércoles, 13 de agosto de 2008
YPFB prevé financiar su trabajo con endeudamiento y un fondo
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a partir del próximo año, prevé financiar sus operaciones endeudándose en el mercado de valores y creando un fondo con recursos de la exportación de sus productos, informó el presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez.
Después de la nacionalización en el sector de hidrocarburos, la empresa está en proceso de convertirse en una corporación para hacerse cargo de toda la cadena hidrocarburífera, desde la exploración y explotación de gas y petróleo hasta la distribución, comercialización e industrialización; pero no tiene recursos.
En ese marco, el titular de Yacimientos adelantó que el año 2009, la empresa tiene que estar en condiciones de invertir entre 200 y 500 millones de dólares para cumplir sus objetivos.
Antes de esperar que el Estado otorgue los recursos, hemos tomado la delantera y hemos identificado algunas fuentes de financiamiento, como los ingresos por exportaciones (actuales y futuras) y la emisión de bonos en los mercados de capitales interno y externo, explicó Ramírez.
Para la emisión de bonos (deuda), la aprobación la dio el directorio, señaló una fuente de YPFB.
´Ahora, lo que estamos haciendo es recurrir a lo que internamente podemos generar como recursos propios, estamos con una capacidad de exportación de algunos productos (petróleo reconstituido y gasolina blanca) y en base a eso estamos construyendo un fondo´, subrayó el presidente de Yacimientos.
Indicó que la segunda fuente de recursos para la empresa será la planta separadora de líquidos del gas natural, que se instalará en Río Grande, y que permitirá la producción de gasolina y gas licuado de petróleo (GLP), cuyos excedentes también serán exportados.
Además, manifestó que la empresa se prepara y realiza un fuerte trabajo para emitir bonos en el mercado de valores, tanto interno como externo.
´Estamos arreglando la parte financiera, realizando las auditorías necesarias y acomodando los indicadores de los estados financieros para poder ser fiables como empresa´, sostuvo Ramírez al referirse a las inversiones en el mercado de capitales.
´Hemos tomado estas iniciativas, definitivamente de riesgo, pero esas son las formas de que la empresa tiene que garantizarse financiamiento. Y Yacimientos podrá disponer (a futuro) de esos recursos´, manifestó.
Ramírez también adelantó que “se está recurriendo a la voluntad” del presidente Evo Morales para que el Gobierno pueda conformar un fideicomiso de recursos para la empresa.
Lo correcto en cualquier país es que el Estado facilite recursos a una empresa de esta magnitud, que es estatal, agregó el máximo ejecutivo de la entidad petrolera.
DATOS
Responsabilidades • YPFB también debe hacerse cargo de las sociedades conformadas con otras compañías petroleras, como la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos y de la que será la empresa de servicios de perforación.
Control • La estatal petrolera ya tomó el control de las refinerías, las empresas de exploración y producción (Andina y Chaco), la transportadora Transredes y la compañía de almacenaje y logística CLHB.
viernes, 1 de agosto de 2008
Derrame en CLHB puso en riesgo vidas humanas
No hubo reacción oportuna para minimizar el daño ambiental
La filtración de carburante contaminado (mezcla de diésel, gasolina, querosén y otros) de una fosa de almacenamiento de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), próxima a la refinería Guillermo Elder Bell, desveló la falta de reacción para aplicar medidas de seguridad industrial de la firma y puso en riesgo vidas humanas.
El derrame de combustible, que según estimaciones osciló entre los 2.000 y 12.000 litros, se produjo el miércoles a las 22:00, según vecinos del barrio Palmira. El carburante llegó hasta una cuneta adyacente a la CLHB y de ahí ‘corrió’ hasta las cercanías del parque Lomas de Arenas.
El incidente fue aprovechado por decenas de familias que, debido a la inexistencia de un cordón de seguridad, procedieron a recuperar el carburante con la ayuda de bolsas y botellas plásticas, baldes, bidones y hasta turriles. No sólo expusieron su salud a raíz del contacto directo con el combustible, sino que también arriesgaron sus vidas ante la posibilidad de un incendio.
El jefe de operaciones de la CLHB, Gonzalo Cuba, evitó hacer mayores comentarios. Se limitó a indicar que, conocido el hecho, se tomaron los recaudos para controlar el derrame y así evitar un daño mayor al medio ambiente. “Una brigada de técnicos procedió a filtrar con paños absorbentes el diésel que rebalsó de la fosa, mientras que se conformó una comisión técnica que será la que se encargue de hacer la evaluación del volumen derramado, las causas y los daños medio ambientales”, señaló.
Sin embargo, una fuente de la CLHB reveló que lo sucedido fue consecuencia de dos motivos: la falla en la decisión de evacuación del combustible de la fosa que estaba al límite y la última lluvia caída en la ciudad, que supuestamente provocó el rebalse. “No se hizo la purga que estaba programada. El bloqueo que hicieron las personas con discapacidad días atrás obligó a todo el personal de CLHB a dedicarse a despachar combustible para que no persista la escasez”, explicó la fuente. Además reconoció que la unidad de seguridad ambiental ‘no dio la orden’ de aplicar las medidas de contingencia.
Se evidenció que hasta las 18:00 de ayer no se estableció un perímetro de seguridad por parte de CLHB, Policía, FFAA ni de bomberos. Sólo había algunos efectivos militares al interior de la firma.
Se aclaró que el carburante que recogió la gente no es un producto útil para el uso de los motorizados, por lo que se descarta su venta al detalle.
Desde la Superintendencia de Hidrocarburos, el asesor jurídico Leonardo Chuquie dijo que se conformó de emergencia un equipo técnico para que realice una evaluación de lo sucedido y brinde un informe detallado oficial que determinará las acciones posteriores.
Humberto Toledo, experto en medio ambiente y seguridad industrial, y Hugo de la Fuente, ex superintendente de Hidrocarburos, señalaron que se falló en aplicar las normas internacionales de seguridad para precautelar tres aspectos fundamentales: la vida humana, las propiedades y el medio ambiente.
Se debió hacer
1. De manera inmediata, parar toda la maquinaria de CLHB para que el equipo de seguridad industrial tome el mando con tres prioridades: proteger la vida humana, las propiedades y el medio ambiente.
2. Establecer un perímetro de seguridad con apoyo de la Policía, FFAA y bomberos y no dejar que la gente tome contacto con el combustible.
3. Cubrir con espuma química toda la zona afectada para evitar que se vuelva inflamable.
4. Usar bombas extractoras para evacuar el combustible o, en último caso usar baldes.
5. Evaluar la situación para determinar el grado del impacto para proceder a la reparación.
*Fuente: Hugo de la Fuente (ex superintendente de Hidrocarburos) y Humberto Toledo (especialista en medio ambiente y seguridad industrial)
La filtración de carburante contaminado (mezcla de diésel, gasolina, querosén y otros) de una fosa de almacenamiento de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), próxima a la refinería Guillermo Elder Bell, desveló la falta de reacción para aplicar medidas de seguridad industrial de la firma y puso en riesgo vidas humanas.
El derrame de combustible, que según estimaciones osciló entre los 2.000 y 12.000 litros, se produjo el miércoles a las 22:00, según vecinos del barrio Palmira. El carburante llegó hasta una cuneta adyacente a la CLHB y de ahí ‘corrió’ hasta las cercanías del parque Lomas de Arenas.
El incidente fue aprovechado por decenas de familias que, debido a la inexistencia de un cordón de seguridad, procedieron a recuperar el carburante con la ayuda de bolsas y botellas plásticas, baldes, bidones y hasta turriles. No sólo expusieron su salud a raíz del contacto directo con el combustible, sino que también arriesgaron sus vidas ante la posibilidad de un incendio.
El jefe de operaciones de la CLHB, Gonzalo Cuba, evitó hacer mayores comentarios. Se limitó a indicar que, conocido el hecho, se tomaron los recaudos para controlar el derrame y así evitar un daño mayor al medio ambiente. “Una brigada de técnicos procedió a filtrar con paños absorbentes el diésel que rebalsó de la fosa, mientras que se conformó una comisión técnica que será la que se encargue de hacer la evaluación del volumen derramado, las causas y los daños medio ambientales”, señaló.
Sin embargo, una fuente de la CLHB reveló que lo sucedido fue consecuencia de dos motivos: la falla en la decisión de evacuación del combustible de la fosa que estaba al límite y la última lluvia caída en la ciudad, que supuestamente provocó el rebalse. “No se hizo la purga que estaba programada. El bloqueo que hicieron las personas con discapacidad días atrás obligó a todo el personal de CLHB a dedicarse a despachar combustible para que no persista la escasez”, explicó la fuente. Además reconoció que la unidad de seguridad ambiental ‘no dio la orden’ de aplicar las medidas de contingencia.
Se evidenció que hasta las 18:00 de ayer no se estableció un perímetro de seguridad por parte de CLHB, Policía, FFAA ni de bomberos. Sólo había algunos efectivos militares al interior de la firma.
Se aclaró que el carburante que recogió la gente no es un producto útil para el uso de los motorizados, por lo que se descarta su venta al detalle.
Desde la Superintendencia de Hidrocarburos, el asesor jurídico Leonardo Chuquie dijo que se conformó de emergencia un equipo técnico para que realice una evaluación de lo sucedido y brinde un informe detallado oficial que determinará las acciones posteriores.
Humberto Toledo, experto en medio ambiente y seguridad industrial, y Hugo de la Fuente, ex superintendente de Hidrocarburos, señalaron que se falló en aplicar las normas internacionales de seguridad para precautelar tres aspectos fundamentales: la vida humana, las propiedades y el medio ambiente.
Se debió hacer
1. De manera inmediata, parar toda la maquinaria de CLHB para que el equipo de seguridad industrial tome el mando con tres prioridades: proteger la vida humana, las propiedades y el medio ambiente.
2. Establecer un perímetro de seguridad con apoyo de la Policía, FFAA y bomberos y no dejar que la gente tome contacto con el combustible.
3. Cubrir con espuma química toda la zona afectada para evitar que se vuelva inflamable.
4. Usar bombas extractoras para evacuar el combustible o, en último caso usar baldes.
5. Evaluar la situación para determinar el grado del impacto para proceder a la reparación.
*Fuente: Hugo de la Fuente (ex superintendente de Hidrocarburos) y Humberto Toledo (especialista en medio ambiente y seguridad industrial)
jueves, 31 de julio de 2008
PDVSA dará $us 887 millones para aumentar las reservas
La empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) anunció ayer que invertirá 887 millones de dólares para aumentar en diez trillones de pies cúbicos (TCF) las reservas de gas natural que tiene Bolivia. Para ello, realizará trabajos de exploración en 12 bloques.
El vicepresidente de PDVSA, Eulogio de Pino, señaló que la meta se cumplirá en los próximos meses. No precisó fechas.
Según un estudio del 1 de enero de 2005, Bolivia cuenta con 48,7 TCF en reservas probadas de gas natural, es la segunda potencia en la región, luego de Venezuela, y exporta energía a Brasil y Argentina.
El ejecutivo virtió esas declaraciones durante la entrega del primer taladro traído de Venezuela para que estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pueda realizar tareas operativas. “De inmediato vamos a comenzar la campaña de adquisición sismográfica. Vamos a cumplir al pie de la letra a nuestro riesgo el programa exploratorio. Este taladro nuevo, sin uso, está puesto como un capital de trabajo para una empresa que constituimos juntos”.
El año pasado, YPFB y PDVSA constituyeron la empresa Petroandina, una sociedad estratégica constituida por capitales bolivianos y venezolanos.
La alianza, que tiene una vigencia de 40 años, establece trabajos de exploración y explotación de gas natural y petróleo en los bloques ubicados en Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca, Beni y Cochabamba.
El Vicepresidente de PDVSA precisó que el nuevo taladro permitirá perforar a grandes profundidades hasta encontrar petróleo o gas natural.
La torre llegó ayer a la localidad de Patacamaya, distante a 109 kilómetros de La Paz. Fue transportada en 90 camiones y tendrá capacidad para perforar entre 5.000 y 7.000 metros (ver info). El equipo fue presentado en un acto especial al que asistió el presidente Evo Morales.
El taladro arribó la semana pasada a Arica y ahora operará en el campo Víbora, ubicado en Santa Cruz.
La empresa y el plan
El presidente de YPFB, Santos Ramírez, aseguró que ese equipo será operado por personal boliviano, el cual trabajará para la nueva empresa que se constituirá, llamada Petro-Servicios, que será la cuarta subsidiaria de Yacimientos en el país. A la fecha, la petrolera estatal ha constituido YPFB Refinación, YPFB Transporte y YPFB Andina.
Esa compañía contará con cuatro unidades operativas: Geología, Perforación, Geofísica y Exploración.
La empresa se desempeñará en el marco del nuevo Plan Nacional de Perforación que lanzó el Gobierno y que prevé una inversión de entre 80 millones y 100 millones de dólares para este año y entre 500 millones y 600 millones en la siguiente gestión.
La estrategia comenzará con las operaciones del taladro que llegó ayer, cuyo montaje en el campo empezará en 12 días aproximadamente.
Según ANF, el equipo de perforación aportado por Venezuela es nuevo y tiene un costo de 20 millones de dólares.
El taladro es una contribución de PDVSA como parte del capital a la sociedad Petroandina. Ramírez dijo que ese monto después deberá amortizarse con los mismos réditos que genere la compañía.
El ejecutivo precisó que YPFB utilizará el equipo, pero también podrá alquilarlo a otras empresas operadoras. ANF detalló que para las actividades en el campo Víbora será dado en alquiler a la compañía Andina.
El presidente Evo Morales destacó la llegada del taladro para las futuras operaciones de YPFB, tomando en cuenta que desde hace más de diez años la empresa fue descapitalizada y sus equipos, vendidos. Anunció que para 2009 la estatal tendrá cinco nuevos equipos.
Entre 1993 y 1996, YPFB contaba con 16 taladros.
La empresa YPFB Logística reemplazará a la CLHB
El Gobierno anunció ayer que la empresa YPFB Logística reemplazará a la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB) y se la constituirá los próximos días.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, aseguró que ese procedimiento comenzará al cabo del periodo de intervención de 90 días iniciado a principios de mayo.
“Concluida la intervención, inmediatamente vamos a conformar el nuevo directorio de la empresa YPFB Logística y vamos a dar prioridad a los proyectos que hemos estado trabajando en el gasoducto Oruro-Cochabamba en sus diferentes fases”.
El 1 de mayo de este año, el Gobierno nacionalizó CLHB y la intervino después de que fracasaran las negociaciones con los ejecutivos de las empresas Graña y Montero (Perú) y Oiltanking (Alemania) sobre el precio de las acciones y el control de la empresa.
Los ex dueños y el Estado boliviano entablaron un proceso de negociación previo al arbitraje, para resolver ese asunto. Las partes fueron notificadas el 12 de mayo de 2008 para dialogar.
Ramírez aseguró que, en la nueva etapa que control de la CLHB, el Estado planea invertir entre tres millones y cuatro millones de dólares, además de implementar y mejorar la red de gasoductos, sobre todo los del occident
El vicepresidente de PDVSA, Eulogio de Pino, señaló que la meta se cumplirá en los próximos meses. No precisó fechas.
Según un estudio del 1 de enero de 2005, Bolivia cuenta con 48,7 TCF en reservas probadas de gas natural, es la segunda potencia en la región, luego de Venezuela, y exporta energía a Brasil y Argentina.
El ejecutivo virtió esas declaraciones durante la entrega del primer taladro traído de Venezuela para que estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pueda realizar tareas operativas. “De inmediato vamos a comenzar la campaña de adquisición sismográfica. Vamos a cumplir al pie de la letra a nuestro riesgo el programa exploratorio. Este taladro nuevo, sin uso, está puesto como un capital de trabajo para una empresa que constituimos juntos”.
El año pasado, YPFB y PDVSA constituyeron la empresa Petroandina, una sociedad estratégica constituida por capitales bolivianos y venezolanos.
La alianza, que tiene una vigencia de 40 años, establece trabajos de exploración y explotación de gas natural y petróleo en los bloques ubicados en Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca, Beni y Cochabamba.
El Vicepresidente de PDVSA precisó que el nuevo taladro permitirá perforar a grandes profundidades hasta encontrar petróleo o gas natural.
La torre llegó ayer a la localidad de Patacamaya, distante a 109 kilómetros de La Paz. Fue transportada en 90 camiones y tendrá capacidad para perforar entre 5.000 y 7.000 metros (ver info). El equipo fue presentado en un acto especial al que asistió el presidente Evo Morales.
El taladro arribó la semana pasada a Arica y ahora operará en el campo Víbora, ubicado en Santa Cruz.
La empresa y el plan
El presidente de YPFB, Santos Ramírez, aseguró que ese equipo será operado por personal boliviano, el cual trabajará para la nueva empresa que se constituirá, llamada Petro-Servicios, que será la cuarta subsidiaria de Yacimientos en el país. A la fecha, la petrolera estatal ha constituido YPFB Refinación, YPFB Transporte y YPFB Andina.
Esa compañía contará con cuatro unidades operativas: Geología, Perforación, Geofísica y Exploración.
La empresa se desempeñará en el marco del nuevo Plan Nacional de Perforación que lanzó el Gobierno y que prevé una inversión de entre 80 millones y 100 millones de dólares para este año y entre 500 millones y 600 millones en la siguiente gestión.
La estrategia comenzará con las operaciones del taladro que llegó ayer, cuyo montaje en el campo empezará en 12 días aproximadamente.
Según ANF, el equipo de perforación aportado por Venezuela es nuevo y tiene un costo de 20 millones de dólares.
El taladro es una contribución de PDVSA como parte del capital a la sociedad Petroandina. Ramírez dijo que ese monto después deberá amortizarse con los mismos réditos que genere la compañía.
El ejecutivo precisó que YPFB utilizará el equipo, pero también podrá alquilarlo a otras empresas operadoras. ANF detalló que para las actividades en el campo Víbora será dado en alquiler a la compañía Andina.
El presidente Evo Morales destacó la llegada del taladro para las futuras operaciones de YPFB, tomando en cuenta que desde hace más de diez años la empresa fue descapitalizada y sus equipos, vendidos. Anunció que para 2009 la estatal tendrá cinco nuevos equipos.
Entre 1993 y 1996, YPFB contaba con 16 taladros.
La empresa YPFB Logística reemplazará a la CLHB
El Gobierno anunció ayer que la empresa YPFB Logística reemplazará a la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB) y se la constituirá los próximos días.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, aseguró que ese procedimiento comenzará al cabo del periodo de intervención de 90 días iniciado a principios de mayo.
“Concluida la intervención, inmediatamente vamos a conformar el nuevo directorio de la empresa YPFB Logística y vamos a dar prioridad a los proyectos que hemos estado trabajando en el gasoducto Oruro-Cochabamba en sus diferentes fases”.
El 1 de mayo de este año, el Gobierno nacionalizó CLHB y la intervino después de que fracasaran las negociaciones con los ejecutivos de las empresas Graña y Montero (Perú) y Oiltanking (Alemania) sobre el precio de las acciones y el control de la empresa.
Los ex dueños y el Estado boliviano entablaron un proceso de negociación previo al arbitraje, para resolver ese asunto. Las partes fueron notificadas el 12 de mayo de 2008 para dialogar.
Ramírez aseguró que, en la nueva etapa que control de la CLHB, el Estado planea invertir entre tres millones y cuatro millones de dólares, además de implementar y mejorar la red de gasoductos, sobre todo los del occident
viernes, 18 de julio de 2008
Evaluación financiera revela pésimo estado de la CLHB
El estado de las cosas mostraba una radiografía preocupante, para ello la administración de turno optó por priorizar los compromisos tributarios con el SIN por concepto de IUE, dice el comunicado de la compañía.
Un sondeo preliminar de la Compañía Logística de hidrocarburos Bolivia (CLHB), demostró que la misma tiene “las arcas vacías”, “está excesivamente endeudada” y “tiene una política de gastos exagerada e incompatible con objetivos reales de desarrollo de la firma”, según informó el gerente General e Interventor de esa compañía nacionalizada, Saúl Avalos Cortez.
Una vez que transcurrieron dos meses de la intervención de CLHB, el nuevo gerente General, Saúl Avalos Cortez, dio una perspectiva de la compañía y los principales retos que debe afrontar en el futuro, en la visión de corto, mediano y largo plazo, así como los principales elementos que caracterizan la transición desde el pasado 1ro. de mayo.
Esa fecha, CLHB junto con otras tres empresas petroleras fueron nacionalizadas por el gobierno del presidente Evo Morales Aima, determinando la transferencia de las acciones y el control de la administración de los antiguos consorcios extranjeros a manos del Estado boliviano, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
En el caso de CLHB, el control administrativo de la empresa se realizó el 9 de mayo dando cumplimiento a los Decretos Supremos 29542, 29555 y la Resolución Administrativa 0485/2008 de la Superintendencia de Hidrocarburos, que instruye el nombramiento de Ávalos como Interventor de la compañía, hasta que se consolide la valoración y compra–venta de las acciones del consorcio germano–peruano Oiltanking Investments Bolivia SA a YPFB.
Evaluación financiera
“Las primeras acciones tomadas por el nuevo ejecutivo estuvieron orientadas a realizar una minuciosa evaluación financiera de la empresa, al final de un sondeo preliminar los nuevos administradores se percataron que CLHB estaba con las arcas vacías, muy endeudada y siguiendo una política de gastos exagerada e incompatible con objetivos reales de desarrollo de la firma”, dice un comunicado institucional.
En ese sentido, afirma el gerente, ordenó a su equipo de trabajo una reingeniería financiera que dé soluciones a los compromisos urgentes de la empresa.
“El estado de las cosas mostraba una radiografía preocupante que ameritaba decisiones inteligentes y rápidas, para ello la administración de turno optó por priorizar los compromisos tributarios con el SIN por concepto de IUE (Impuesto a las Utilidades de las Empresas), que ascendían a 2 millones de dólares de la gestión 2007, vencido el pasado 29 de abril”, dice el comunicado.
Agrega que: “Otra medida financiera fue diseñar la Estrategia de Gestión de Activos y Pasivos del momento. En ese contexto el panorama de CLHB era de números rojos. La compañía tenía deudas por 15 millones de dólares aproximadamente y sólo 8 millones de dólares de cuentas por cobrar. A ello hay que sumarle los 75 mil dólares que había en la caja de la empresa al momento de la intervención, pues el 30 de junio, un día antes de la Nacionalización, los anteriores ejecutivos retiraron la suma de 800 mil dólares para pagar dividendos e indemnizaciones”.
De esa forma Ávalos se planteó replantear la estructura de gastos y definir con un nuevo enfoque el concepto de inversión.
Un sondeo preliminar de la Compañía Logística de hidrocarburos Bolivia (CLHB), demostró que la misma tiene “las arcas vacías”, “está excesivamente endeudada” y “tiene una política de gastos exagerada e incompatible con objetivos reales de desarrollo de la firma”, según informó el gerente General e Interventor de esa compañía nacionalizada, Saúl Avalos Cortez.
Una vez que transcurrieron dos meses de la intervención de CLHB, el nuevo gerente General, Saúl Avalos Cortez, dio una perspectiva de la compañía y los principales retos que debe afrontar en el futuro, en la visión de corto, mediano y largo plazo, así como los principales elementos que caracterizan la transición desde el pasado 1ro. de mayo.
Esa fecha, CLHB junto con otras tres empresas petroleras fueron nacionalizadas por el gobierno del presidente Evo Morales Aima, determinando la transferencia de las acciones y el control de la administración de los antiguos consorcios extranjeros a manos del Estado boliviano, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
En el caso de CLHB, el control administrativo de la empresa se realizó el 9 de mayo dando cumplimiento a los Decretos Supremos 29542, 29555 y la Resolución Administrativa 0485/2008 de la Superintendencia de Hidrocarburos, que instruye el nombramiento de Ávalos como Interventor de la compañía, hasta que se consolide la valoración y compra–venta de las acciones del consorcio germano–peruano Oiltanking Investments Bolivia SA a YPFB.
Evaluación financiera
“Las primeras acciones tomadas por el nuevo ejecutivo estuvieron orientadas a realizar una minuciosa evaluación financiera de la empresa, al final de un sondeo preliminar los nuevos administradores se percataron que CLHB estaba con las arcas vacías, muy endeudada y siguiendo una política de gastos exagerada e incompatible con objetivos reales de desarrollo de la firma”, dice un comunicado institucional.
En ese sentido, afirma el gerente, ordenó a su equipo de trabajo una reingeniería financiera que dé soluciones a los compromisos urgentes de la empresa.
“El estado de las cosas mostraba una radiografía preocupante que ameritaba decisiones inteligentes y rápidas, para ello la administración de turno optó por priorizar los compromisos tributarios con el SIN por concepto de IUE (Impuesto a las Utilidades de las Empresas), que ascendían a 2 millones de dólares de la gestión 2007, vencido el pasado 29 de abril”, dice el comunicado.
Agrega que: “Otra medida financiera fue diseñar la Estrategia de Gestión de Activos y Pasivos del momento. En ese contexto el panorama de CLHB era de números rojos. La compañía tenía deudas por 15 millones de dólares aproximadamente y sólo 8 millones de dólares de cuentas por cobrar. A ello hay que sumarle los 75 mil dólares que había en la caja de la empresa al momento de la intervención, pues el 30 de junio, un día antes de la Nacionalización, los anteriores ejecutivos retiraron la suma de 800 mil dólares para pagar dividendos e indemnizaciones”.
De esa forma Ávalos se planteó replantear la estructura de gastos y definir con un nuevo enfoque el concepto de inversión.
miércoles, 25 de junio de 2008
YPFB designa a un gerente como nuevo responsable de Andina SA
La designación del directorio de la petrolera Andina SA demora más de lo previsto. Una vez más la Junta General de Accionistas de la ex capitalizada determinó suspender hasta el próximo lunes la designación de los siete directores y dos síndicos; sin embargo, YPFB logró que se nombre interinamente como responsable de la compañía al gerente nacional de Fiscalización, Mario Arenas.
Luego de tres horas de reuniones, los accionistas decidieron aprobar los estados financieros de la empresa, además autorizaron reinvertir el 100% de las utilidades en la presente gestión en los campos de Camiri y Sararenda.
“El próximo lunes vamos a designar al directorio, los síndicos y dar posesión al presidente. Ese mismo día vamos a comenzar a trabajar con ejecutivos y profesionales de YPFB”, aseguró Ramírez y destacó el trabajo de Arenas en la estatal petrolera y que desde anoche asumió el control de la ex capitalizada.
Precisamente, Arenas es el encargado de la construcción de la planta separadora de líquidos Río Grande y la planta de ingeniería básica para el Chaco boliviano, dos obras estrellas de la estatal petrolera.
En una anterior junta de accionistas se aprobó el cambio de la denominación de la sociedad a YPFB Andina SA.
Al respecto, el presidente de Repsol YPF, Luis García, optó por no hacer mayores comentarios.
Entre tanto, Arenas adelantó que analizará todos los proyectos y los trabajos que se encarará en el corto y mediano plazo.
Consultado Ramírez sobre los cambios en las otras empresas nacionalizadas, anunció que este viernes se reunirá con el directorio de Transredes para analizar el avance de los planes de desarrollo y la construcción del gasoducto Carrasco-Cochabamba. Asimismo, se evaluará el ingreso de nuevos directores.
“He emitido un poder al compañero Daher (presidente de Transredes) para que contrate a tres empresas y agilice la compra de materiales para que en tres puntos empiece la ejecución del proyecto”, indicó.
En el caso de Chaco SA explicó que la próxima semana sostendrá reuniones con los accionistas para agilizar los trabajos y los planes de inversión.
Sobre la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB) manifestó que en esa empresa no hay ningún inconveniente y que el interventor Saúl Ávalos prosigue al mando.
Por otra parte, anunció que romperá el monopolio en la compraventa de crudo reconstituido. Para ello ya lanzó 15 invitaciones a diferentes refinerías. “Eso ha molestado a los intermediarios, quienes ganaban de uno a cuatro millones de dólares por cada compra. Ahora YPFB cargará su producto y lo llevará directamente a las refinerías, aquí el que gana es el pueblo boliviano”, aseguró.
Los avances y las modificaciones
Andina SA
Accionistas molestos
Los accionistas minoritarios de la ex capitalizada Andina SA ratificaron ayer que la estatal petrolera cometió una serie de abusos con la nacionalización de la empresa, puesto que se atropelló a los inversionistas nacionales porque no se los tomó en cuenta.
El accionista René Arce criticó a YPFB y alertó que las inversiones peligran.
Transredes
Elegirán directorio
El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Transredes, Rolando Borda, dijo que todo sigue igual en la transportadora y que los únicos cambios fueron la designación del presidente Gary Daher en reemplazo de Ernesto Blanco y la renuncia del vicepresidente de Finanzas. Adelantó que este viernes habrá nuevo directorio
Chaco SA
Hay incertidumbre
En la petrolera Chaco SA todo se mantiene intacto, pese a la llamada nacionalización. Según fuentes de la empresa, las actividades se desarrollan en forma normal, pese a que hay incertidumbre en el personal por los cambios que se puedan producir a partir de la próxima semana, toda vez que se anuncia una reunión de accionistas.
CLHB
Tras la conciliación
En el caso de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana, tras los cambios introducidos con la designación del interventor Saúl Ávalos y ocho nuevos ejecutivos, las operaciones son normales. La empresa de ex capitales peruanos (Graña y Montero) y alemanes (Oil Tanking Investments Bolivia SA) busca la conciliación de cuentas.
ENTEL
Hay preocupación
El Ministerio Sin Cartera responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales está preocupado por el recurso de arbitraje planteado por Euro Telecom Internacional (ETI) en contra de Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
El caso es analizado por el Gobierno.
Luego de tres horas de reuniones, los accionistas decidieron aprobar los estados financieros de la empresa, además autorizaron reinvertir el 100% de las utilidades en la presente gestión en los campos de Camiri y Sararenda.
“El próximo lunes vamos a designar al directorio, los síndicos y dar posesión al presidente. Ese mismo día vamos a comenzar a trabajar con ejecutivos y profesionales de YPFB”, aseguró Ramírez y destacó el trabajo de Arenas en la estatal petrolera y que desde anoche asumió el control de la ex capitalizada.
Precisamente, Arenas es el encargado de la construcción de la planta separadora de líquidos Río Grande y la planta de ingeniería básica para el Chaco boliviano, dos obras estrellas de la estatal petrolera.
En una anterior junta de accionistas se aprobó el cambio de la denominación de la sociedad a YPFB Andina SA.
Al respecto, el presidente de Repsol YPF, Luis García, optó por no hacer mayores comentarios.
Entre tanto, Arenas adelantó que analizará todos los proyectos y los trabajos que se encarará en el corto y mediano plazo.
Consultado Ramírez sobre los cambios en las otras empresas nacionalizadas, anunció que este viernes se reunirá con el directorio de Transredes para analizar el avance de los planes de desarrollo y la construcción del gasoducto Carrasco-Cochabamba. Asimismo, se evaluará el ingreso de nuevos directores.
“He emitido un poder al compañero Daher (presidente de Transredes) para que contrate a tres empresas y agilice la compra de materiales para que en tres puntos empiece la ejecución del proyecto”, indicó.
En el caso de Chaco SA explicó que la próxima semana sostendrá reuniones con los accionistas para agilizar los trabajos y los planes de inversión.
Sobre la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB) manifestó que en esa empresa no hay ningún inconveniente y que el interventor Saúl Ávalos prosigue al mando.
Por otra parte, anunció que romperá el monopolio en la compraventa de crudo reconstituido. Para ello ya lanzó 15 invitaciones a diferentes refinerías. “Eso ha molestado a los intermediarios, quienes ganaban de uno a cuatro millones de dólares por cada compra. Ahora YPFB cargará su producto y lo llevará directamente a las refinerías, aquí el que gana es el pueblo boliviano”, aseguró.
Los avances y las modificaciones
Andina SA
Accionistas molestos
Los accionistas minoritarios de la ex capitalizada Andina SA ratificaron ayer que la estatal petrolera cometió una serie de abusos con la nacionalización de la empresa, puesto que se atropelló a los inversionistas nacionales porque no se los tomó en cuenta.
El accionista René Arce criticó a YPFB y alertó que las inversiones peligran.
Transredes
Elegirán directorio
El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Transredes, Rolando Borda, dijo que todo sigue igual en la transportadora y que los únicos cambios fueron la designación del presidente Gary Daher en reemplazo de Ernesto Blanco y la renuncia del vicepresidente de Finanzas. Adelantó que este viernes habrá nuevo directorio
Chaco SA
Hay incertidumbre
En la petrolera Chaco SA todo se mantiene intacto, pese a la llamada nacionalización. Según fuentes de la empresa, las actividades se desarrollan en forma normal, pese a que hay incertidumbre en el personal por los cambios que se puedan producir a partir de la próxima semana, toda vez que se anuncia una reunión de accionistas.
CLHB
Tras la conciliación
En el caso de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana, tras los cambios introducidos con la designación del interventor Saúl Ávalos y ocho nuevos ejecutivos, las operaciones son normales. La empresa de ex capitales peruanos (Graña y Montero) y alemanes (Oil Tanking Investments Bolivia SA) busca la conciliación de cuentas.
ENTEL
Hay preocupación
El Ministerio Sin Cartera responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales está preocupado por el recurso de arbitraje planteado por Euro Telecom Internacional (ETI) en contra de Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
El caso es analizado por el Gobierno.
sábado, 21 de junio de 2008
CLHB pide un precio justo por su propiedad
Los ex dueños de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB) esperan que el Gobierno elija a la valuadora internacional que justipreciará los activos de la empresa, precisamente, para recibir un precio justo por la empresa que fue nacionalizada el 1 de mayo.
Bolivia tiene seis meses de plazo, según lo establecen acuerdos internacionales que tiene con Perú y Alemania, pues la Oiltanking del país europeo poseía acciones en CLHB. De no haber un acuerdo en el monto, el tema se definirá en instancias de un proceso de arbitraje internacional.
Bolivia tiene seis meses de plazo, según lo establecen acuerdos internacionales que tiene con Perú y Alemania, pues la Oiltanking del país europeo poseía acciones en CLHB. De no haber un acuerdo en el monto, el tema se definirá en instancias de un proceso de arbitraje internacional.
lunes, 9 de junio de 2008
El Gobierno conciliará con los socios de Transredes y de CLHB
El Gobierno ratificó que, una vez recibida las notificaciones (cartas disparadoras) en rechazo al proceso de nacionalización de los principales socios de la transportadora Transredes (TR Holding) y de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), iniciará una fase de conciliación antes de abrir el caso de arbitraje internacional.
"Las recuperaciones se han hecho siempre consensuadas. Solamente se está optando por las nacionalizaciones cuando esa concertación no llega finalmente, porque no hay voluntad de las empresas y eso no obstaculiza que después de los procesos de nacionalización no se puedan abrir espacios de diálogo y se puedan llegar a acuerdos que beneficien al interés nacional y también eviten procesos. A veces los procesos no le sirven a nadie, a veces es preferible llegar a una conciliación y esa puerta siempre ha de estar abierta", afirmó el nuevo ministro de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, en declaraciones hechas al canal estatal.
La autoridad precisó que al conocer el anuncio de la posibilidad de un arbitraje de la empresa mayoritaria del consorcio TR Holding (Ashmore), ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que se enmarca dentro de los tratados bilaterales que el país tiene, se abre un proceso de negociaciones que encarará el Ministerio de Hidrocarburos. Aclaró que, de no llegarse a ningún acuerdo, ahí se asumirá la defensa legal.
En el caso de CLHB, en una entrevista realizada La Prensa señaló que se lo toma como un anuncio de arbitraje, lo cual implica negociaciones amistosas.
Según los especialistas, un proceso de conciliación demora entre 8 y 24 meses y que, en tanto dure, no se puede congelar cuentas de Transredes, CLHB o del Estado boliviano.
En criterio del delegado presidencial para la Revisión y Mejora de la Capitalización, Francesco Zaratti, aún existe la posibilidad de un arreglo amistoso en el camino, antes de abrir la causa.
De igual manera, el presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros, Carlos Sánchez, señaló que la mejor opción es la negociación.
Por su lado, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos indicó que las empresas del sector están defendiéndose porque vieron vulnerados sus derechos.
Para tomar en cuenta
- El Ciadi es una institución del grupo del BM, diseñada para propiciar la solución de disputas entre gobiernos y nacionales de otros Estados. Una de sus finalidades es promover y brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales.
- El Ejecutivo argumenta que Bolivia ya no pertenece al Ciadi, pero que sí pueden iniciarle un arbitraje en otras instancias internacionales.
"Las recuperaciones se han hecho siempre consensuadas. Solamente se está optando por las nacionalizaciones cuando esa concertación no llega finalmente, porque no hay voluntad de las empresas y eso no obstaculiza que después de los procesos de nacionalización no se puedan abrir espacios de diálogo y se puedan llegar a acuerdos que beneficien al interés nacional y también eviten procesos. A veces los procesos no le sirven a nadie, a veces es preferible llegar a una conciliación y esa puerta siempre ha de estar abierta", afirmó el nuevo ministro de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, en declaraciones hechas al canal estatal.
La autoridad precisó que al conocer el anuncio de la posibilidad de un arbitraje de la empresa mayoritaria del consorcio TR Holding (Ashmore), ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que se enmarca dentro de los tratados bilaterales que el país tiene, se abre un proceso de negociaciones que encarará el Ministerio de Hidrocarburos. Aclaró que, de no llegarse a ningún acuerdo, ahí se asumirá la defensa legal.
En el caso de CLHB, en una entrevista realizada La Prensa señaló que se lo toma como un anuncio de arbitraje, lo cual implica negociaciones amistosas.
Según los especialistas, un proceso de conciliación demora entre 8 y 24 meses y que, en tanto dure, no se puede congelar cuentas de Transredes, CLHB o del Estado boliviano.
En criterio del delegado presidencial para la Revisión y Mejora de la Capitalización, Francesco Zaratti, aún existe la posibilidad de un arreglo amistoso en el camino, antes de abrir la causa.
De igual manera, el presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros, Carlos Sánchez, señaló que la mejor opción es la negociación.
Por su lado, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos indicó que las empresas del sector están defendiéndose porque vieron vulnerados sus derechos.
Para tomar en cuenta
- El Ciadi es una institución del grupo del BM, diseñada para propiciar la solución de disputas entre gobiernos y nacionales de otros Estados. Una de sus finalidades es promover y brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales.
- El Ejecutivo argumenta que Bolivia ya no pertenece al Ciadi, pero que sí pueden iniciarle un arbitraje en otras instancias internacionales.
domingo, 8 de junio de 2008
“Ha llegado una comunicación de arbitraje por CLHB”
Seguro y serio. Así se mostró el ministro de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, en una entrevista que concedió a La Prensa en el Palacio de Gobierno. Lucía un traje informal, pero elegante, lo que le permitía hacer ademanes mientras conversaba.
El abogado de 37 años, quien hasta la semana pasada se desempeñó como Viceministro de Coordinación Gubernamental, anticipó que está listo para defender al Estado de los cuatro procesos arbitrales que tiene encima, tres de ellos producto de la nacionalización. En la lista están el que inició la firma chilena Quiborax, por la explotación de ulexita en el Salar de Uyuni; Euro Telecom Internacional (ETI), por Entel; Ashmore, por Transredes y un último de los capitales peruano-alemanes por la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB).
—TR Holdings y ETI anunciaron el inicio de arbitraje contra Bolivia por las nacionalizaciones. ¿Cuál va a ser la estrategia legal que el Gobierno planteará para defender al Estado?
—El Gobierno actuó con mucha responsabilidad. Todas las acciones que se llevaron adelante, las acciones de recuperación, fueron precedidas de un proceso de negociación, o bien, establecidas en normas, procesos de negociación o conciliación.
Respetamos y valoramos al capital extranjero, siempre y cuando éste acepte las nuevas condiciones racionales que puso el Gobierno, acepte el principio fundamental de que “Queremos socios y no patrones”.
Si bien se presentaron solicitudes de arbitrajes por la estructura de los tratados bilaterales, los vamos a encarar junto con las áreas de Telecomunicaciones, Hidrocarburos y, si fuera necesario, Minería.
Vamos a tratar de llegar a soluciones de conciliación, en parámetros justos, equitativos, como establecen las normas de nacionalización y si no se diera esto, se va a usar la maquinaria de defensa que legítimamente tiene el Estado boliviano para velar por nuestros intereses.
—En el caso de TR Holdings ¿el anuncio de arbitraje lo planteó el mismo consorcio o las empresas que conforman esa sociedad?
—Es de la empresa AEI (Ashmore ), del consorcio TR Holdings y, por lo general, en todo consorcio hay una empresa que lidera.
—¿Cuánto pide esa empresa por Transredes?, extraoficialmente se habla de mil millones de dólares.
—No existen montos en el documento que enviaron.
—¿Ya empezó la conciliación, que es la primera etapa del arbitraje?
—Los tratados bilaterales siempre prevén una etapa previa de negociación, charlas, conversaciones amistosas. Y sólo si se agota esa etapa, recién viene el arbitraje, donde el Estado tiene que asumir una defensa, utilizando todos los instrumentos que tiene.
En ese sentido, se puede afectar la jurisdicción, por ejemplo. Recordemos que la Constitución establece que todas las empresas que están en el país están sometidas a las leyes bolivianas. Se puede objetar el fondo de la demanda, pero durante la tramitación de los procesos arbitrales siempre está abierta la posibilidad de concertación.
Nuestro objetivo es defender los intereses del Estado y lo haremos ante cualquier instancia. Es una tarea difícil y compleja y la vamos a hacer con el mismo espíritu con el que el Gobierno está defendiendo el patrimonio de todos los bolivianos.
No hay derecho más digno, soberano y humano que el de recuperar nuestro patrimonio, las empresas estratégicas para utilizar esos recursos en beneficio del Estado de bienestar, de desarrollo y del pueblo. Vamos a trabajar con la mayor transparencia, y hemos planteado realizar un trabajo coordinado con el Viceministro de Transparencia.
—La ex dueña de Transredes ¿a qué acuerdo de protección de inversiones se está acogiendo?
—De acuerdo al anuncio de arbitraje, se está utilizando el Tratado de la Comunidad Belga y de Luxemburgo.
En el país, en esa lógica pasada, draconiana de entrega de los recursos naturales, Bolivia firmó a diestra y siniestra tratados bilaterales (de protección de inversiones), desconociendo el orden constitucional, los principios de defensa de soberanía del Estado. Esos tratados hay que honrarlos y cumplirlos, sin embargo, dentro de ellos tenemos la posibilidad de utilizar diferentes mecanismos para defendernos.
—¿Cuáles?
—Partimos de un principio fundamental, las empresas extranjeras tienen que someterse a la legislación nacional, y allí se pueden hacer observaciones. Por lo general, los inversionistas percibieron cuantiosas ganancias y los nuevos regímenes también les garantizan ganancias racionales. Ya no pueden seguir teniendo como antes el 82 por ciento y el Estado sólo 18.
—El año pasado, Bolivia planteó su salida del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entonces, ¿qué instancia legal tendría que dirimir los nuevos anuncios de arbitrajes?
—Bolivia, soberanamente, por determinación del presidente Evo Morales, se retiró de la jurisdicción del CIADI en mayo del año pasado.
Hemos retirado nuestro consentimiento para solucionar ante este centro arbitral por una serie de circunstancias.
Primero, porque no ofrece una garantía. El análisis que se hizo es que siempre hay una tendencia a favorecer a las empresas y no a los Estados; segundo, porque son extremadamente onerosos los costos de defensa y operaciones en el CIADI; y tercero, porque en la nueva lógica del Gobierno está la idea de hacer prevalecer el derecho nacional. Sin embargo, la jurisdicción del CIADI no es la única que se establece en los tratados. Hay arbitrajes ad hoc y una serie de procedimientos en los que el Estado puede defenderse.
—¿En qué consiste esa modalidad?
—Los arbitrajes ad hoc son aquellos que se forman para solucionar determinado caso, en determinadas partes y se pueden utilizar normas arbitrales.
—Entonces, ¿el Gobierno va a pedir que los nuevos casos se traten como arbitrajes ad hoc?
—El Estado tiene la obligación de defenderse ante todo aquel foro en donde se presente la solicitud y que esté reconocido por los tratados.
—Pero si Ashmore insiste en que se recurra al CIADI, ¿qué van a hacer?
—Ellos han hecho un anuncio de iniciar conversaciones amistosas. Consideramos que hemos salido del CIADI y soberanamente esa decisión del Gobierno boliviano debe ser cumplida.
—El año pasado, el Gobierno anunció la revisión de los tratados de Protección de Inversiones porque no cumplían las normas bolivianas. Hasta la fecha ¿cuántos países aceptaron esto?
—Hay una estrategia que lleva adelante la Cancillería, que representa al Estado en las relaciones internacionales en la renegociación de los tratados. Los tratados son bilaterales. No tengo la certificación de con cuántos países se ha planteado, pero sé que con Holanda y Argentina se conversó, aunque desconozco la respuesta.
—Los dueños de CLHB anunciaron que se reservaban el derecho de plantear algún arbitraje por la nacionalización de su empresa, ¿ya lo hicieron?
—Ha llegado una comunicación, y yo he tenido conocimiento, pero en este momento no recuerdo bien si la enviaron los dueños de la CLHB o el Gobierno de Perú, pero sí llegó. Lo cual, jurídicamente, de acuerdo a su tratado de inversiones, nosotros tomamos como un anuncio, lo que implica un proceso de negociaciones amistosas. No plantearon montos. Esa es la información que tengo.
—Un arbitraje implica riesgos, ¿el Estado está en condiciones de pagar una indemnización a las empresas?
—En las refinerías, en toda acción de recuperación está prevista la posibilidad y el hecho de que se cancele lo que se deba cancelar, los derechos nacionalizados, en el monto justo y correcto.
En Transredes y Entel hay previsiones para que se hagan las valuaciones, después descontar las obligaciones que éstas tengan con el Estado y el monto justo, racional, conforme a los datos.
—¿Pero si las empresas piden más de lo que el Gobierno les fijó por el valor de sus acciones?
—Eso se tendrá que analizar caso por caso.
—¿Por los procesos contra el país, se corre el riesgo de que se congelen las cuentas en el exterior?
—Es posible que se intente ese tipo de acciones y si se presentaran cualquiera de esas acciones en contra del país, se asumirá la defensa y lograr el respeto a no ser embargados como el Estado.
—Usted anunció la conformación de equipos técnicos para encarar los arbitrajes, ¿cómo lo van a hacer, cuánto tiempo se van a dar para eso?
—Esperamos tener funcionando el Ministerio a la brevedad posible. Va a tener una estructura con dos áreas. Una de la Defensa Técnica legal, que será un laboratorio jurídico, donde se generen las estrategias de defensa del Estado boliviano y vamos a tener otra que va a facilitar la conciliación y el diálogo.
La otra ala trabajará directamente con los recursos: hidrocarburos, telecomunicaciones y bueno, en algún caso, minería, para que sean las instancias las que definan soluciones amigables y vamos a coadyuvar.
—¿Se van a contratar abogados en el exterior con conocimientos del Derecho Internacional?
—Así es. Bolivia cuenta con bufetes contratados, principalmente en Estados Unidos, para diferentes procesos en curso y que vamos a seguir atendiendo. Uno de ellos, el de la empresa chilena Quiborax. En el caso de Entel también hay gente contratada, siempre bajo los parámetros de transparencia, austeridad y cumplimiento de la norma.
—¿Quiénes son esos bufetes del exterior que trabajan para Bolivia?
—Folley Hoag, que es asesor de Ecuador, de Nicaragua, Venezuela en muchos temas y tiene una lógica de servicio a los países en vías de desarrollo, tiene alta capacidad técnica. Ellos son los que ya están trabajando, seguramente vamos a seguir con ellos, pero eso se verá.
—Respecto a las demandas que Quirobax y Euro Telecom presentaron ante el CIADI, ¿cuál es la situación de ambos procesos?
—Están en curso, sobre los cuales el Estado asumió su defensa y la Cancillería nos pasará la información.
perfil
Nombres y apellidos Héctor Enrique Arce Zaconeta
Nacido el 10 de febrero de 1971
Profesión Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Procesal Penal
Experiencia Abogado en ejercicio libre de la profesión (1998), asesor legal del Senado Nacional (2002-2005), Viceministro de Coordinación Gubernamental, dependiente del Ministerio de la Presidencia, enero 2005-junio 2008
El abogado de 37 años, quien hasta la semana pasada se desempeñó como Viceministro de Coordinación Gubernamental, anticipó que está listo para defender al Estado de los cuatro procesos arbitrales que tiene encima, tres de ellos producto de la nacionalización. En la lista están el que inició la firma chilena Quiborax, por la explotación de ulexita en el Salar de Uyuni; Euro Telecom Internacional (ETI), por Entel; Ashmore, por Transredes y un último de los capitales peruano-alemanes por la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB).
—TR Holdings y ETI anunciaron el inicio de arbitraje contra Bolivia por las nacionalizaciones. ¿Cuál va a ser la estrategia legal que el Gobierno planteará para defender al Estado?
—El Gobierno actuó con mucha responsabilidad. Todas las acciones que se llevaron adelante, las acciones de recuperación, fueron precedidas de un proceso de negociación, o bien, establecidas en normas, procesos de negociación o conciliación.
Respetamos y valoramos al capital extranjero, siempre y cuando éste acepte las nuevas condiciones racionales que puso el Gobierno, acepte el principio fundamental de que “Queremos socios y no patrones”.
Si bien se presentaron solicitudes de arbitrajes por la estructura de los tratados bilaterales, los vamos a encarar junto con las áreas de Telecomunicaciones, Hidrocarburos y, si fuera necesario, Minería.
Vamos a tratar de llegar a soluciones de conciliación, en parámetros justos, equitativos, como establecen las normas de nacionalización y si no se diera esto, se va a usar la maquinaria de defensa que legítimamente tiene el Estado boliviano para velar por nuestros intereses.
—En el caso de TR Holdings ¿el anuncio de arbitraje lo planteó el mismo consorcio o las empresas que conforman esa sociedad?
—Es de la empresa AEI (Ashmore ), del consorcio TR Holdings y, por lo general, en todo consorcio hay una empresa que lidera.
—¿Cuánto pide esa empresa por Transredes?, extraoficialmente se habla de mil millones de dólares.
—No existen montos en el documento que enviaron.
—¿Ya empezó la conciliación, que es la primera etapa del arbitraje?
—Los tratados bilaterales siempre prevén una etapa previa de negociación, charlas, conversaciones amistosas. Y sólo si se agota esa etapa, recién viene el arbitraje, donde el Estado tiene que asumir una defensa, utilizando todos los instrumentos que tiene.
En ese sentido, se puede afectar la jurisdicción, por ejemplo. Recordemos que la Constitución establece que todas las empresas que están en el país están sometidas a las leyes bolivianas. Se puede objetar el fondo de la demanda, pero durante la tramitación de los procesos arbitrales siempre está abierta la posibilidad de concertación.
Nuestro objetivo es defender los intereses del Estado y lo haremos ante cualquier instancia. Es una tarea difícil y compleja y la vamos a hacer con el mismo espíritu con el que el Gobierno está defendiendo el patrimonio de todos los bolivianos.
No hay derecho más digno, soberano y humano que el de recuperar nuestro patrimonio, las empresas estratégicas para utilizar esos recursos en beneficio del Estado de bienestar, de desarrollo y del pueblo. Vamos a trabajar con la mayor transparencia, y hemos planteado realizar un trabajo coordinado con el Viceministro de Transparencia.
—La ex dueña de Transredes ¿a qué acuerdo de protección de inversiones se está acogiendo?
—De acuerdo al anuncio de arbitraje, se está utilizando el Tratado de la Comunidad Belga y de Luxemburgo.
En el país, en esa lógica pasada, draconiana de entrega de los recursos naturales, Bolivia firmó a diestra y siniestra tratados bilaterales (de protección de inversiones), desconociendo el orden constitucional, los principios de defensa de soberanía del Estado. Esos tratados hay que honrarlos y cumplirlos, sin embargo, dentro de ellos tenemos la posibilidad de utilizar diferentes mecanismos para defendernos.
—¿Cuáles?
—Partimos de un principio fundamental, las empresas extranjeras tienen que someterse a la legislación nacional, y allí se pueden hacer observaciones. Por lo general, los inversionistas percibieron cuantiosas ganancias y los nuevos regímenes también les garantizan ganancias racionales. Ya no pueden seguir teniendo como antes el 82 por ciento y el Estado sólo 18.
—El año pasado, Bolivia planteó su salida del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entonces, ¿qué instancia legal tendría que dirimir los nuevos anuncios de arbitrajes?
—Bolivia, soberanamente, por determinación del presidente Evo Morales, se retiró de la jurisdicción del CIADI en mayo del año pasado.
Hemos retirado nuestro consentimiento para solucionar ante este centro arbitral por una serie de circunstancias.
Primero, porque no ofrece una garantía. El análisis que se hizo es que siempre hay una tendencia a favorecer a las empresas y no a los Estados; segundo, porque son extremadamente onerosos los costos de defensa y operaciones en el CIADI; y tercero, porque en la nueva lógica del Gobierno está la idea de hacer prevalecer el derecho nacional. Sin embargo, la jurisdicción del CIADI no es la única que se establece en los tratados. Hay arbitrajes ad hoc y una serie de procedimientos en los que el Estado puede defenderse.
—¿En qué consiste esa modalidad?
—Los arbitrajes ad hoc son aquellos que se forman para solucionar determinado caso, en determinadas partes y se pueden utilizar normas arbitrales.
—Entonces, ¿el Gobierno va a pedir que los nuevos casos se traten como arbitrajes ad hoc?
—El Estado tiene la obligación de defenderse ante todo aquel foro en donde se presente la solicitud y que esté reconocido por los tratados.
—Pero si Ashmore insiste en que se recurra al CIADI, ¿qué van a hacer?
—Ellos han hecho un anuncio de iniciar conversaciones amistosas. Consideramos que hemos salido del CIADI y soberanamente esa decisión del Gobierno boliviano debe ser cumplida.
—El año pasado, el Gobierno anunció la revisión de los tratados de Protección de Inversiones porque no cumplían las normas bolivianas. Hasta la fecha ¿cuántos países aceptaron esto?
—Hay una estrategia que lleva adelante la Cancillería, que representa al Estado en las relaciones internacionales en la renegociación de los tratados. Los tratados son bilaterales. No tengo la certificación de con cuántos países se ha planteado, pero sé que con Holanda y Argentina se conversó, aunque desconozco la respuesta.
—Los dueños de CLHB anunciaron que se reservaban el derecho de plantear algún arbitraje por la nacionalización de su empresa, ¿ya lo hicieron?
—Ha llegado una comunicación, y yo he tenido conocimiento, pero en este momento no recuerdo bien si la enviaron los dueños de la CLHB o el Gobierno de Perú, pero sí llegó. Lo cual, jurídicamente, de acuerdo a su tratado de inversiones, nosotros tomamos como un anuncio, lo que implica un proceso de negociaciones amistosas. No plantearon montos. Esa es la información que tengo.
—Un arbitraje implica riesgos, ¿el Estado está en condiciones de pagar una indemnización a las empresas?
—En las refinerías, en toda acción de recuperación está prevista la posibilidad y el hecho de que se cancele lo que se deba cancelar, los derechos nacionalizados, en el monto justo y correcto.
En Transredes y Entel hay previsiones para que se hagan las valuaciones, después descontar las obligaciones que éstas tengan con el Estado y el monto justo, racional, conforme a los datos.
—¿Pero si las empresas piden más de lo que el Gobierno les fijó por el valor de sus acciones?
—Eso se tendrá que analizar caso por caso.
—¿Por los procesos contra el país, se corre el riesgo de que se congelen las cuentas en el exterior?
—Es posible que se intente ese tipo de acciones y si se presentaran cualquiera de esas acciones en contra del país, se asumirá la defensa y lograr el respeto a no ser embargados como el Estado.
—Usted anunció la conformación de equipos técnicos para encarar los arbitrajes, ¿cómo lo van a hacer, cuánto tiempo se van a dar para eso?
—Esperamos tener funcionando el Ministerio a la brevedad posible. Va a tener una estructura con dos áreas. Una de la Defensa Técnica legal, que será un laboratorio jurídico, donde se generen las estrategias de defensa del Estado boliviano y vamos a tener otra que va a facilitar la conciliación y el diálogo.
La otra ala trabajará directamente con los recursos: hidrocarburos, telecomunicaciones y bueno, en algún caso, minería, para que sean las instancias las que definan soluciones amigables y vamos a coadyuvar.
—¿Se van a contratar abogados en el exterior con conocimientos del Derecho Internacional?
—Así es. Bolivia cuenta con bufetes contratados, principalmente en Estados Unidos, para diferentes procesos en curso y que vamos a seguir atendiendo. Uno de ellos, el de la empresa chilena Quiborax. En el caso de Entel también hay gente contratada, siempre bajo los parámetros de transparencia, austeridad y cumplimiento de la norma.
—¿Quiénes son esos bufetes del exterior que trabajan para Bolivia?
—Folley Hoag, que es asesor de Ecuador, de Nicaragua, Venezuela en muchos temas y tiene una lógica de servicio a los países en vías de desarrollo, tiene alta capacidad técnica. Ellos son los que ya están trabajando, seguramente vamos a seguir con ellos, pero eso se verá.
—Respecto a las demandas que Quirobax y Euro Telecom presentaron ante el CIADI, ¿cuál es la situación de ambos procesos?
—Están en curso, sobre los cuales el Estado asumió su defensa y la Cancillería nos pasará la información.
perfil
Nombres y apellidos Héctor Enrique Arce Zaconeta
Nacido el 10 de febrero de 1971
Profesión Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Procesal Penal
Experiencia Abogado en ejercicio libre de la profesión (1998), asesor legal del Senado Nacional (2002-2005), Viceministro de Coordinación Gubernamental, dependiente del Ministerio de la Presidencia, enero 2005-junio 2008
jueves, 5 de junio de 2008
La nacionalización le cuesta a Bolivia $us 383 millones
La nacionalización de cinco empresas petroleras en Bolivia, iniciada hace más de dos años por el presidente Evo Morales, tendrá finalmente un costo de $us 383 millones, según las cifras acordadas con las transnacionales o fijadas de forma unilateral por el Estado boliviano.
De esa suma, $us 240 millones serán pagados próximamente a la empresa británica Ahsmore y la anglo-holandesa Shell por todas las acciones que tenían en la transportadora de hidrocarburos Transredes, confirmó ayer el ministro del sector, Carlos Villegas, según la agencia EFE.
Transredes fue intervenida por decreto, tras varias semanas de una infructuosa negociación. Con esa decisión, YPFB subió su participación accionaria en Transredes de 47 a 97 por ciento, ya que la firma británica y la anglo-holandesa poseían juntas el 50 por ciento de la compañía.
El pago por las acciones se efectuará mediante una operación que será acordada en negociaciones con Ahsmore y Shell.
El fin de semana, el Gobierno también alcanzó un acuerdo de compra con la petrolera Chaco, filial de Pan American Energy, pero sólo sobre un porcentaje de sus acciones y por un pago de $us 4,8 millones. A la empresa hispano-argentina Repsol YPF se le pagó $us 6,2 millones también por una parte pequeña de sus acciones en la empresa Andina.
En cambio, la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB) fue intervenida por el Gobierno, que decidió unilateralmente pagar a sus inversores $us 20 millones por el cien por cien de sus acciones. A esas sumas establecidas, hay que añadir los $us 112 millones pagados a mediados del año pasado por el Estado boliviano a Petrobras por la compra de dos refinerías.
De esa suma, $us 240 millones serán pagados próximamente a la empresa británica Ahsmore y la anglo-holandesa Shell por todas las acciones que tenían en la transportadora de hidrocarburos Transredes, confirmó ayer el ministro del sector, Carlos Villegas, según la agencia EFE.
Transredes fue intervenida por decreto, tras varias semanas de una infructuosa negociación. Con esa decisión, YPFB subió su participación accionaria en Transredes de 47 a 97 por ciento, ya que la firma británica y la anglo-holandesa poseían juntas el 50 por ciento de la compañía.
El pago por las acciones se efectuará mediante una operación que será acordada en negociaciones con Ahsmore y Shell.
El fin de semana, el Gobierno también alcanzó un acuerdo de compra con la petrolera Chaco, filial de Pan American Energy, pero sólo sobre un porcentaje de sus acciones y por un pago de $us 4,8 millones. A la empresa hispano-argentina Repsol YPF se le pagó $us 6,2 millones también por una parte pequeña de sus acciones en la empresa Andina.
En cambio, la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB) fue intervenida por el Gobierno, que decidió unilateralmente pagar a sus inversores $us 20 millones por el cien por cien de sus acciones. A esas sumas establecidas, hay que añadir los $us 112 millones pagados a mediados del año pasado por el Estado boliviano a Petrobras por la compra de dos refinerías.
jueves, 22 de mayo de 2008
Reducen sueldos en la CLHB; analistas critican
Comenzó la reestructuración de sueldos en el sector energético. Tal como estaba previsto y de acuerdo al anuncio del presidente de YPFB, Santos Ramírez, ayer se dio inicio al plan de austeridad en la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB) y se aprobó una significativa disminución de los sueldos para los principales 15 ejecutivos de esta empresa.
“En este momento tenemos un gerente general, cuatro gerencias operativas, un departamento de comercialización, otro administrativo y otro técnico, además están los jefes de plantas. El organigrama no ha variado, pero hemos comenzado la austeridad que llega a la reducción de los sueldos de los ejecutivos”, afirmó el interventor de la CLHB, Saúl Ávalos.
La autoridad que a la vez cumple funciones de gerente general, dijo: “A la fecha tenemos ocho personas que han renunciado. Los sueldos que ya se han disminuido corresponden a los principales ejecutivos de la empresa, entre ellos están el gerente general que ganaba 65 mil bolivianos y que ahora percibirá 13.800, esa es mi persona. Otro es el gerente administrativo que ganaba 39.700 bolivianos, ahora percibirá 13.200, luego tenemos el gerente de operaciones que ganaba 51.600, que es el único cargo en el que hemos decidido mantener el sueldo porque se promovió a un trabajador de la compañía; el gerente comercial que ganaba 34.800 ahora percibirá 12.500”, indicó.
Ávalos aclaró que el personal cumple funciones en forma interina y que en próximos días se prevé lanzar una convocatoria pública para ocupar los puestos jerárquicos. Asimismo aseguró que no habrá despido de trabajadores. Además informó que se modificó el servicio de los teléfonos móviles ya que antes se tenía 120 celulares por los que se pagaba Bs 60.000 por mes en un plan ilimitado. Ayer se suscribió un nuevo contrato fijo con Entel de Bs 20.000.
Para los especialistas la medida es errónea habida cuenta que no guarda relación con los estándares internacionales.
Por su parte, el embajador de Alemania, Erich Riedler, espera que el Gobierno respete las reglas y las inversiones extranjeras. La opinión está relacionada con la nacionalización de la CLHB, que tiene capitales alemanes, a través de Oiltanking Investiments Bolivia y que administraba 19 plantas de almacenaje y 1.147 kms de ductos.
El director de la Comisión Europea, Eneko Landaburu, precisó que no objeta las decisiones del Ejecutivo sino el método: "Hubiese sido mejor encontrar cauces de negociación con las empresas extranjeras".
Opinan los expertos y las petroleras
Carlos Alberto López
Analista energético
Se tiene que mantener sueldos que sean competitivos a escala internacional para poder inclusive atraer capital humano boliviano que está en este momento en el exterior. El Gobierno tiene que entender que el país está exportando profesionales y técnicos. Además, cabe aclarar que las empresas son industrias internacionales, que operan en función de un alto grado de profesionalismo y de riesgo. Si queremos que nuestras industrias sean competitivas tenemos que dar incentivos.
Francesco Zaratti
Ex delegado de capitalización
Hay que ver caso por caso y si esos sueldos son reales o exagerados. Pueden haber casos en que los sueldos no guardaban relación con la función, pero en principio no está bien la modificación. Ninguno de estos sueldos puede compararse a lo establecido en la ley Financial, es decir al establecido para el presidente de la República. No puedo decir más mientras no vea la escala salarial de los ejecutivos. A lo mejor le rebajan de 10 mil a 9.900 para decir que se ajustan al plan de austeridad.
Petroleras
Pronunciamiento de la CBH
El tema salarial es muy sensible en las empresas. Esperamos que se dé la estabilidad funcionaria y salarial a los profesionales, técnicos y empleados apoyando una gestión y operación eficiente y manteniendo así una fuerza laboral que tomó años desarrollar, capacitar y certificar y, que podrá coadyuvar en el fortalecimiento de YPFB, condición fundamental para que este sector avance. Debe mantenerse la competitividad y hay que evitar la dimisión de dichos recursos humanos.
Hijo de Canelas pasó de YPFB a una ‘súper’
Fuentes gubernamentales denunciaron ayer que el hijo del vocero del Gobierno, Iván Canelas, se desempeña como responsable del departamento de comunicación de la Superintendencia de Hidrocarburos, lo cual demuestra un caso de nepotismo.
Al respecto, Canelas (hijo) admitió que trabaja en esa repartición; sin embargo, aclaró que no es nepotismo, ya que antes que su padre sea nombrado vocero, él se desempeñaba como encargado de prensa en YPFB y ahora pasó a la entidad fiscalizadora.
Por otro lado, el presidente de YPFB destituyó al director de Comunicación de YPFB, Víctor Hugo Chávez, por supuesta corrupción.
Intentan frenar contrabando de diésel y GLP
Con la finalidad de evitar el contrabando de gas licuado de petróleo (GLP), diésel y gasolina a los países vecinos, el Gobierno estudia la posibilidad de colocar un ‘cerco de acero’, en las fronteras con Perú, Paraguay, Brasil y Chile, informó ayer el superintendente interino de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa.
Para ello reveló que la entidad reguladora a su cargo está trabajando en un plan estratégico en coordinación con la Aduana, FFAA y otras entidades que en los próximos días será anunciado por el presidente Evo Morales.
"No va a pasar ni una sola garrafa de GLP, o litro de diésel", puntualizó, al excusarse de no dar mayores detalles del plan. Además responsabilizó a algunas distribuidoras de GLP por el desabastecimiento.
“En este momento tenemos un gerente general, cuatro gerencias operativas, un departamento de comercialización, otro administrativo y otro técnico, además están los jefes de plantas. El organigrama no ha variado, pero hemos comenzado la austeridad que llega a la reducción de los sueldos de los ejecutivos”, afirmó el interventor de la CLHB, Saúl Ávalos.
La autoridad que a la vez cumple funciones de gerente general, dijo: “A la fecha tenemos ocho personas que han renunciado. Los sueldos que ya se han disminuido corresponden a los principales ejecutivos de la empresa, entre ellos están el gerente general que ganaba 65 mil bolivianos y que ahora percibirá 13.800, esa es mi persona. Otro es el gerente administrativo que ganaba 39.700 bolivianos, ahora percibirá 13.200, luego tenemos el gerente de operaciones que ganaba 51.600, que es el único cargo en el que hemos decidido mantener el sueldo porque se promovió a un trabajador de la compañía; el gerente comercial que ganaba 34.800 ahora percibirá 12.500”, indicó.
Ávalos aclaró que el personal cumple funciones en forma interina y que en próximos días se prevé lanzar una convocatoria pública para ocupar los puestos jerárquicos. Asimismo aseguró que no habrá despido de trabajadores. Además informó que se modificó el servicio de los teléfonos móviles ya que antes se tenía 120 celulares por los que se pagaba Bs 60.000 por mes en un plan ilimitado. Ayer se suscribió un nuevo contrato fijo con Entel de Bs 20.000.
Para los especialistas la medida es errónea habida cuenta que no guarda relación con los estándares internacionales.
Por su parte, el embajador de Alemania, Erich Riedler, espera que el Gobierno respete las reglas y las inversiones extranjeras. La opinión está relacionada con la nacionalización de la CLHB, que tiene capitales alemanes, a través de Oiltanking Investiments Bolivia y que administraba 19 plantas de almacenaje y 1.147 kms de ductos.
El director de la Comisión Europea, Eneko Landaburu, precisó que no objeta las decisiones del Ejecutivo sino el método: "Hubiese sido mejor encontrar cauces de negociación con las empresas extranjeras".
Opinan los expertos y las petroleras
Carlos Alberto López
Analista energético
Se tiene que mantener sueldos que sean competitivos a escala internacional para poder inclusive atraer capital humano boliviano que está en este momento en el exterior. El Gobierno tiene que entender que el país está exportando profesionales y técnicos. Además, cabe aclarar que las empresas son industrias internacionales, que operan en función de un alto grado de profesionalismo y de riesgo. Si queremos que nuestras industrias sean competitivas tenemos que dar incentivos.
Francesco Zaratti
Ex delegado de capitalización
Hay que ver caso por caso y si esos sueldos son reales o exagerados. Pueden haber casos en que los sueldos no guardaban relación con la función, pero en principio no está bien la modificación. Ninguno de estos sueldos puede compararse a lo establecido en la ley Financial, es decir al establecido para el presidente de la República. No puedo decir más mientras no vea la escala salarial de los ejecutivos. A lo mejor le rebajan de 10 mil a 9.900 para decir que se ajustan al plan de austeridad.
Petroleras
Pronunciamiento de la CBH
El tema salarial es muy sensible en las empresas. Esperamos que se dé la estabilidad funcionaria y salarial a los profesionales, técnicos y empleados apoyando una gestión y operación eficiente y manteniendo así una fuerza laboral que tomó años desarrollar, capacitar y certificar y, que podrá coadyuvar en el fortalecimiento de YPFB, condición fundamental para que este sector avance. Debe mantenerse la competitividad y hay que evitar la dimisión de dichos recursos humanos.
Hijo de Canelas pasó de YPFB a una ‘súper’
Fuentes gubernamentales denunciaron ayer que el hijo del vocero del Gobierno, Iván Canelas, se desempeña como responsable del departamento de comunicación de la Superintendencia de Hidrocarburos, lo cual demuestra un caso de nepotismo.
Al respecto, Canelas (hijo) admitió que trabaja en esa repartición; sin embargo, aclaró que no es nepotismo, ya que antes que su padre sea nombrado vocero, él se desempeñaba como encargado de prensa en YPFB y ahora pasó a la entidad fiscalizadora.
Por otro lado, el presidente de YPFB destituyó al director de Comunicación de YPFB, Víctor Hugo Chávez, por supuesta corrupción.
Intentan frenar contrabando de diésel y GLP
Con la finalidad de evitar el contrabando de gas licuado de petróleo (GLP), diésel y gasolina a los países vecinos, el Gobierno estudia la posibilidad de colocar un ‘cerco de acero’, en las fronteras con Perú, Paraguay, Brasil y Chile, informó ayer el superintendente interino de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa.
Para ello reveló que la entidad reguladora a su cargo está trabajando en un plan estratégico en coordinación con la Aduana, FFAA y otras entidades que en los próximos días será anunciado por el presidente Evo Morales.
"No va a pasar ni una sola garrafa de GLP, o litro de diésel", puntualizó, al excusarse de no dar mayores detalles del plan. Además responsabilizó a algunas distribuidoras de GLP por el desabastecimiento.
sábado, 17 de mayo de 2008
CLHB no puede pedir un monto alto por acciones
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, aseguró que el flujo de caja que tiene la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB) no le permite determinar el precio de sus acciones.
Agregó que “los actuales estados financieros y el flujo de caja de la CLHB no le permiten subsistir, debido a que no realizó inversión, por lo que no le permite colocar el precio que quisiera a las acciones”. El embajador de Perú en el país, Fernando Rojas, dijo el jueves que “espera que se pague a CLHB un precio justo por sus acciones”.
Agregó que “los actuales estados financieros y el flujo de caja de la CLHB no le permiten subsistir, debido a que no realizó inversión, por lo que no le permite colocar el precio que quisiera a las acciones”. El embajador de Perú en el país, Fernando Rojas, dijo el jueves que “espera que se pague a CLHB un precio justo por sus acciones”.
viernes, 16 de mayo de 2008
Perú espera compensación justa para la empresa CLHB
El Gobierno de Perú espera que el Estado boliviano otorgue una justa compensación a la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), cuyas acciones peruanas y alemanas fueron nacionalizadas el 1 de mayo. Además, pide que se actúe en el marco de los tratados bilaterales de promoción y respeto de inversiones, dijo el embajador de ese país en Bolivia, Fernando Rojas.
El diplomático peruano señaló que su país respeta las decisiones que puedan adoptar las autoridades bolivianas, pero manifestó su esperanza en que se haga una evaluación apropiada para definir la compensación que se le hará a la empresa. “No hay que olvidar que tenemos en vigor un tratado de promoción y, sobre todo, de protección de inversiones entre Perú y Bolivia”, declaró ayer a la red ATB.
La CLHB junto a otras dos petroleras (Transredes y Chaco) fueron obligadas por decreto a pasar sus acciones a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a principios de este mes, en el marco de la nacionalización de los hidrocarburos.
La determinación gubernamental se dio después de que no se pudo avanzar en la negociación con los ejecutivos de la CLHB para la compra y venta de acciones. El Estado quería pagar $us 10 millones por ésta, pero los accionistas pedían 30 millones.
Según un comunicado, las firmas Oiltanking (Alemania) y Graña y Montero (Perú), ex propietarias de la CLHB, expresan su “decepción por la actitud brusca” que asumió el presidente de Bolivia, Evo Morales, al nacionalizar la empresa que gerenciaban en el país. Agregan que el Gobierno negocie para determinar el valor justo de las acciones.
La empresa, después de que fue obligada a vender sus acciones y aceptar que el Ejecutivo ponga precio a las mismas, el 9 de mayo fue intervenida por la Superintendencia de Hidrocarburos por supuestas irregularidades que se presentaron al interior de la compañía, que ponían en riesgo el almacenamiento, transporte y distribución de los carburantes.
Un día antes al 9 de mayo, el presidente de YPFB, Santos Ramírez, denunció que en la empresa se estaban presentando una serie de irregularidades, como la de retirar dineros para pagar beneficios a sus trabajadores.
Al respecto, el embajador Rojas dijo que este es un asunto que debe ser resuelto entre la empresa y las autoridades bolivianas.
"Es un tema que corresponde tratar a la empresa, ellos tendrán que decir sus puntos de vista..., es un asunto que corresponde a la empresa. Sobre eso, nosotros no somos a quienes nos corresponde opinar", sostuvo.
El diplomático peruano señaló que su país respeta las decisiones que puedan adoptar las autoridades bolivianas, pero manifestó su esperanza en que se haga una evaluación apropiada para definir la compensación que se le hará a la empresa. “No hay que olvidar que tenemos en vigor un tratado de promoción y, sobre todo, de protección de inversiones entre Perú y Bolivia”, declaró ayer a la red ATB.
La CLHB junto a otras dos petroleras (Transredes y Chaco) fueron obligadas por decreto a pasar sus acciones a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a principios de este mes, en el marco de la nacionalización de los hidrocarburos.
La determinación gubernamental se dio después de que no se pudo avanzar en la negociación con los ejecutivos de la CLHB para la compra y venta de acciones. El Estado quería pagar $us 10 millones por ésta, pero los accionistas pedían 30 millones.
Según un comunicado, las firmas Oiltanking (Alemania) y Graña y Montero (Perú), ex propietarias de la CLHB, expresan su “decepción por la actitud brusca” que asumió el presidente de Bolivia, Evo Morales, al nacionalizar la empresa que gerenciaban en el país. Agregan que el Gobierno negocie para determinar el valor justo de las acciones.
La empresa, después de que fue obligada a vender sus acciones y aceptar que el Ejecutivo ponga precio a las mismas, el 9 de mayo fue intervenida por la Superintendencia de Hidrocarburos por supuestas irregularidades que se presentaron al interior de la compañía, que ponían en riesgo el almacenamiento, transporte y distribución de los carburantes.
Un día antes al 9 de mayo, el presidente de YPFB, Santos Ramírez, denunció que en la empresa se estaban presentando una serie de irregularidades, como la de retirar dineros para pagar beneficios a sus trabajadores.
Al respecto, el embajador Rojas dijo que este es un asunto que debe ser resuelto entre la empresa y las autoridades bolivianas.
"Es un tema que corresponde tratar a la empresa, ellos tendrán que decir sus puntos de vista..., es un asunto que corresponde a la empresa. Sobre eso, nosotros no somos a quienes nos corresponde opinar", sostuvo.
miércoles, 14 de mayo de 2008
Súper dice que ex ejecutivos de CLHB se llevaron $us 800.000 de la empresa
La Superintendencia de Hidrocarburos aseguró que intervino la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB) porque el 30 de abril, un día antes de la nacionalización de la empresa, sus ejecutivos habían retirado 800.000 dólares del flujo de caja y la dejaron con 15.000 para dar continuidad a las operaciones.
El superintendente sectorial, Guillermo Aruquipa, cuestionó esa situación, pues sólo para pagar la planilla de sueldos se requieren 300.000 dólares.
“Se desmanteló la empresa y se la dejó sin flujo de caja. Por eso se decidió intervenirla por el plazo de 90 días”.
Aruquipa develó ese hecho el viernes de la semana pasada, durante el acto de posesión del economista Saúl Ávalos (MAS), ex presidente de la Comisión de Autonomías de la Constituyente, como interventor de CLHB.
El Superintendente denunció además que el 30 de abril los dueños de la firma germano-peruana interrumpieron por tres horas el servicio de bombeo de hidrocarburos, con lo que se puso en riesgo el suministro del mercado interno.
CLHB opera en 19 plantas de almacenamiento de Bolivia y en 1.447 kilómetros de ductos.
Este diario trató de comunicarse con el gerente general de la firma, Mauricio Prudencio, quien hasta la semana pasada era el portavoz, pero en su oficina informaron que ya no trabaja ahí.
Además se buscó un contacto con la Embajada de Perú, pero no fue posible.
El 1 de mayo, el Estado nacionalizó CLHB y prometió pagarle 20 millones de dólares por todas sus acciones.
Tres días después, YPFB informó que la empresa retiró dinero para pagar por adelantado los beneficios de sus ejecutivos.
El superintendente sectorial, Guillermo Aruquipa, cuestionó esa situación, pues sólo para pagar la planilla de sueldos se requieren 300.000 dólares.
“Se desmanteló la empresa y se la dejó sin flujo de caja. Por eso se decidió intervenirla por el plazo de 90 días”.
Aruquipa develó ese hecho el viernes de la semana pasada, durante el acto de posesión del economista Saúl Ávalos (MAS), ex presidente de la Comisión de Autonomías de la Constituyente, como interventor de CLHB.
El Superintendente denunció además que el 30 de abril los dueños de la firma germano-peruana interrumpieron por tres horas el servicio de bombeo de hidrocarburos, con lo que se puso en riesgo el suministro del mercado interno.
CLHB opera en 19 plantas de almacenamiento de Bolivia y en 1.447 kilómetros de ductos.
Este diario trató de comunicarse con el gerente general de la firma, Mauricio Prudencio, quien hasta la semana pasada era el portavoz, pero en su oficina informaron que ya no trabaja ahí.
Además se buscó un contacto con la Embajada de Perú, pero no fue posible.
El 1 de mayo, el Estado nacionalizó CLHB y prometió pagarle 20 millones de dólares por todas sus acciones.
Tres días después, YPFB informó que la empresa retiró dinero para pagar por adelantado los beneficios de sus ejecutivos.
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