Han pasado ocho meses y dos días de la explosión del Gasoducto Santa Cruz-Yacuiba (GSCY) en Ipa, Villa Montes, y esa comunidad sigue esperando una respuesta oficial, clara y precisa de YPFB Transporte sobre lo sucedido. Mientras, la gente vive allí con el Jesús en la boca y la empresa nacionalizada, simplemente, no quiere hablar.
Los pobladores de la zona aún lloran por los tres miembros de la familia Franco-Subia muertos por el siniestro, intenta contener los daños psicológicos en una docena de niños y clama por saber si puede echarse a dormir con la certeza de que despertará sana y salva, si el agua y las plantas no están contaminadas.
CORREO DEL SUR constató la incertidumbre que se apoderó de la agricultura en Ipa, habló con la gente del lugar y pudo acceder al corazón del estallido del GSCY. Lo logró con relativa facilidad, pero no tuvo la misma fortuna al tocar las puertas de YPFB Transporte en busca de respuestas.
¿Qué ocasionó la detonación del gasoducto aquel mediodía del 18 de octubre de 2018?
Técnicamente, solo la firma lo sabe. También la consultora en riesgos y seguros “Kiefner and Associates, inc”, que encargó a técnicos de Estados Unidos un “peritaje” sobre el siniestro, según conoció este diario por una entrevista con el fiscal de Villa Montes, Roberto Aguilar.
YPFB Transporte S.A. tiene concesiones para el transporte de hidrocarburos, en el Sistema de Gasoductos Mercado Interno, entre otros. El GSCY está bajo su tuición y, por ende, es responsable de su mantenimiento, monitoreo y funcionamiento.
“EL CASO PELÍCANO”: INTENTOS INFRUCTUOSOS
Hace más de un mes, el 28 de mayo, CORREO DEL SUR estableció el primer contacto con YPFB Transporte para gestionar una entrevista y conocer su versión oficial de lo acontecido. Desde entonces lo hizo por tres vías: correo electrónico, teléfono e incluso visitando la sede central de esa empresa en Santa Cruz de la Sierra.
En mayo pasado envió un cuestionario con 13 preguntas (ver recurso adjunto) que hasta ahora no fueron respondidas con una serie de argumentos expuestos por la coordinadora de Comunicación Empresarial de la firma, Leila Cortez.
Según un correo electrónico remitido a este diario el 20 de junio, YPFB Transporte S.A. estaba trabajando en absolverlas y justificó la demora indicando que “hubo una información que faltó revisar por recomendación del área Legal y estamos en ello”.
En la misma carta, Cortez lamenta que la semana se hiciera muy corta –hubo dos feriados, el jueves 20 y viernes 21– y comunica que estaban “viendo la posibilidad de invitarla (a una periodista de este medio) para recorrer algunos sitios operativos para que vea cómo trabajamos y las acciones tomadas en el caso Pelícano”.
Siempre vía e-mail, CORREO DEL SUR agradeció que la empresa estuviera analizando la posibilidad señalada e insistió en su requerimiento periodístico de contar con la contraparte sobre lo ocurrido.
A pesar de que eran días feriados, la funcionaria de YPFB Transporte S.A. se comunicó con este diario el jueves, como se indica precedentemente, y el viernes, cuando dijo en un nuevo correo electrónico que remitía una respuesta al pedido “en el marco de la responsabilidad con que la empresa siempre procede”.
“YPFB TRANSPORTE S.A. podrá ofrecer la información solicitada, una vez que la etapa de investigación por parte de las autoridades competentes sobre los hechos referidos, concluyan; debiendo, por el momento, precautelarse que dicha investigación sea desarrollada en el marco de la objetividad correspondiente”, reza la parte central de esa contestación.
En resumen, la empresa responderá a las preguntas de este medio una vez que la Fiscalía cierre el caso, y no antes, supuestamente para precautelar la objetividad en el proceso. Según el Ministerio Público, la investigación no ha sido declarada en reserva, por lo que la vía de acceso público a todos los actuados y el seguimiento periodístico a un hecho sensible como este se encuentra habilitada, no tiene traba legal alguna.
En el mismo e-mail, Cortez considera “importante manifestar y aclarar que YPFB TRANSPORTE S.A. opera los Sistemas de Transporte por Ductos en estricto cumplimiento de la normativa nacional aplicable y conforme las normas y estándares internacionales, todo en el marco de su Sistema de Gestión Integrado que cuenta con todas las Certificaciones respectivas”.
Cierra indicando que en el caso de la explosión del GSCY, “como es de público conocimiento, se aplicaron todas las medidas previstas para la atención, mitigación y remediación de los efectos del evento”.
EN LA SEDE
Antes de ambos correos, que a la postre serían los últimos en el marco de esta investigación periodística, CORREO DEL SUR visitó las oficinas de YPFB Transporte, el martes 11 de junio.
En el pasillo de ingreso a las oficinas fue recibido por Cortez, quien –luego de indagar sobre la procedencia del medio y el fin del trabajo, pese a que en semanas previas hubo contactos telefónicos y por correo electrónico– volvió a excusarse de brindar un informe absolviendo nuestras dudas.
La funcionaria también cerró la posibilidad de concretar una entrevista al respecto con algún ejecutivo de la firma, aduciendo que el gerente general, Wilson Zelaya Prudencio, estaba de viaje, y se comprometió a remitir en el día una respuesta al cuestionario de fecha 28 de mayo, pues, según dijo, ya contaba con autorización para hacerlo. Su versión cambió la semana pasada, pero el resultado no: YPFB Transporte S.A. no responde a las interrogantes abiertas tras la explosión.
En medio de este proceso hubo más correos con el mismo fin. Es la misma exigencia que recogimos de la población de Ipa.
Lo que YPFB transporte no responde (cuestionario de este diario)
1. ¿Qué fue lo que ocurrió, según los estudios que realizaron?, ¿qué tipo de estudios realizaron y quiénes intervinieron en ellos (personal de la empresa, autoridades judiciales o de la Fiscalía, consultoras o aseguradoras externas) y en qué fecha dieron por cerradas las indagaciones sobre el tema?
2. En esa línea, en cierto momento se cuestionó que como causas del hecho se hubiese citado el paso de vehículo de alto peso, ya que no se encontró entre los escombros o restos de la zona afectada, algún motorizado de ese tipo. ¿Cómo responden a esa observación? y ¿Está impedido el paso de vehículos con cierto tonelaje, hay señalética en el lugar, había cuando ocurrió el incidente?
3. ¿Cuál fue el área (kilómetros) afectada por la explosión? ¿Quiénes y qué objetos (animales, bienes, árboles y similares) fueron afectados, de qué manera?
4. ¿Qué dicen las normas y leyes sobre la instalación de gasoductos y los asentamientos humanos? ¿La ubicación de las viviendas afectadas y de otros bienes o víctimas en el caso de Villa Montes, cumplían con la regulación vigente al respecto?
5. ¿Era posible evitar técnicamente la explosión? ¿Era posible evitar que se registraran víctimas humanas?
6. En este tipo de explosiones (explicar por favor la intensidad de las llamas y onda expansiva que se registró en el caso de Villa Montes), ¿a qué distancia no podía sobrevivir ningún ser vivo?
7. ¿Continúan realizando acciones para reducir el impacto de la explosión en la comunidad y el medioambiente, o en su defecto cuándo concluyeron?
8. Entendemos que se hizo seguimiento al caso de parte de un médico de YPFB Transporte, ¿el servicio médico ofrecido por la entidad es constante para la sociedad o es un médico destinado a la atención del personal de YPFB?
9. ¿Cómo se coordinó la atención de los dos niños de la familia Franco-Subia afectados por la explosión?
10. ¿Cómo se resarce o resarcirá el daño ocasionado a la familia? ¿Quién será el beneficiario de esto, cómo se cuantificaron los daños y las pérdidas de vidas humanas?
11. ¿Cuál es el estado de salud del niño de la familia Franco-Subia que sobrevivió a la explosión, cuándo le dieron de alta y cómo fue beneficiario por la entidad?
12. Hubo una mujer atendida en Villa Montes tras la explosión, ¿cuál es el estado de salud de ella y cómo se evalúa la atención psicológica que recibieron algunos habitantes?
13. ¿Consideran necesario aplicar o mejorar protocolos de atención a explosiones y a las personas afectadas? ¿Cuántos incidentes de este tipo atendieron anteriormente?
Ruiz: YPFB aceptó su responsabilidad
“Interpretamos como que (YPFB Transporte) han asumido la falta de mantenimiento en ese ducto que, según datos históricos, estaba cerca ya de 50 años instalado. Al no haberse pronunciado, al no haber dado un informe oficial, ellos de alguna manera han aceptado su responsabilidad”, afirma el subgobernador de Villa Montes, Robert Ruiz, sobre las causas de la explosión del gasoducto en Ipa.
Contactada por CORREO DEL SUR, la autoridad detalla que desde hace dos meses, YPFB Transporte ejecuta trabajos de mantenimiento en toda la línea, dentro y fuera del municipio de Villa Montes. “Han pasado una nota comunicándonos eso y entendemos que es a consecuencia del incidente (explosión del gasoducto con muertos y heridos)”, sentencia.
Consultado sobre si encararán alguna acción legal, considerando que además asumen que YPFB Transporte fue negligente en el mantenimiento de ductos, el Subgobernador explica que “no, porque no se ha afectado ningún bien de la entidad (Subgobernación), por lo tanto no tenemos nosotros argumentos para iniciar el proceso”.
Explica que los daños son a bienes privados y comunales, por lo que la empresa trabajó compensaciones directamente con los afectados. “Desde luego no es suficiente, se han perdido vidas humanas”, agrega.
Según Ruiz, estuvieron en reuniones de aclaración sobre el hecho, pero, como entidad regional, esa participación no fue mayor.
Desde Ipa, los cuestionamientos acerca del rol de las autoridades locales respecto a este tema son contundentes: hay silencio y no se siente su apoyo. Sin embargo, el Subgobernador responde que continuamente envían notas a la empresa para pedir acciones, mantenimiento y que incluso se instale una variante en los ductos que atraviesan el corazón de Villa Montes.
Sobre el tema, dice que, por factores económicos, YPFB Transporte abrió la posibilidad de incluir esa variante recién en su plan 2020-2025. “Si pasa algo, es responsabilidad de YPFB Transporte”, acentúa Ruiz.
En una estimación preliminar, más de un centenar de familias están asentadas en el área de influencia del gasoducto que pasa por el Mercado Campesino de Villa Montes. Además, en el barrio Ferroviario de ese municipio hay un centro de almacenamiento con ocho tanques de combustible.
¿Familias de Villa Montes en riesgo?
El subgobernador Robert Ruiz explicó que Villa Montes está “cuadriculado” por ductos y que al menos esperan que se retiren los que pasan por el área urbana del municipio.
Ipa se ubica en el Distrito 6 de Villa Montes.
“También ellos (YPFB Transporte) argumentan que hubo un poquito de descuido de parte de la población porque había una vivienda sobre el derecho de vía del ducto y sabe que está prohibido por ley. Eso también ha dicho YPFB, que no deberían haberse puesto”, comentó la autoridad a CORREO DEL SUR.
La Ley de Hidrocarburos señala que en las “tierras agrícolas, ganaderas, forestales o de conservación que sean de propiedad o posesión individual o colectiva de Comunidades Campesinas, Pueblos Indígenas y Originarios, independientemente de su tipo de organización y del tipo de propiedad” solo se podrá solicitar la constitución de servidumbres para las actividades de Transporte y Distribución de Gas por Redes y que esta “no significa pérdida del derecho de propiedad o posesión por las Comunidades Campesinas, Pueblos Indígenas y Originarios”.
Según los testimonios recogidos por este diario, los comunarios afirman que nunca les dijeron que la zona donde viven y ocurrió la tragedia era peligrosa o si debían tener algún cuidado en particular.
“Eso es una mala información. Para empezar, cuando usted ve un ducto, siempre tiene señalización, ¿es cierto o no?; le pregunto. Entonces, ahí está desvirtuada esa afirmación que le hicieron”, dijo Ruiz al indicar que se socializa la información sobre la servidumbre para el paso de ductos, conocida como derecho de vía.
¿Sobre el daño ambiental? La autoridad considera que el impacto no fue “mayor” porque se controlaron las válvulas.
En lo que sí coincide la posición de Ruiz con la de los comunarios es en que hay un marcado hermetismo de parte de YPFB Transporte. Él espera que con la información publicada en esta investigación se encuentren respuestas de parte de autoridades del Gobierno central y del propio directorio de YPFB.
La molestia de los comunarios se traduce en reclamos sin eco
La falta de un reporte que explique la causa de la explosión es la principal molestia de los comunarios de Ipa. Ellos buscan respuestas, quieren saber si pueden seguir viviendo en la zona, si pueden cocinar –a leña, como lo hace la mayoría porque es difícil conseguir gas en garrafa, ahí, desde donde Bolivia exporta gas–, necesitan saber si sus hijos pueden crecer o los abuelos envejecer en sus tierras.
De esa forma, exponen una serie de demandas y reclamos contra YPFB Transporte por los daños causados a la OTB Ipa y la afectación de su medioambiente, y no avizoran un futuro inmediato prometedor.
“Es algo preocupante para nosotros, a ratos nos hacen pensar que es algo grave, o por qué no nos quieren dar una noticia, sea buena o sea mala, para que estemos enterados de lo que ha pasado”, afirma la presidenta de la OTB Ipa, Juana Roldán, al precisar que en su última reunión, en la que esperaban el prometido informe del peritaje sobre el hecho, personeros de YPFB Transporte les dijeron que solo la Fiscalía podía decirles qué había ocurrido.
“Nos dicen que nos sintamos tranquilos, como diciendo que hay garantías; ojalá, Dios quiera que haya garantías y que nunca vuelvan a pasar estas cosas porque, si no, sería algo doloroso (…) Ellos dicen que mandan el chancho (maquinaria para limpiar ductos), entonces ¿por qué ha pasado eso si cuando pasa esa máquina ya se sabe dónde está fregado o hay una fuga? No soy experta, pero me doy cuenta, uno no es tan sonso, como se dice, pero si se hace ese control ¿por qué ha pasado la explosión?”, cuestiona, por su parte, la vicepresidenta de la Organización Territorial de Base (OTB) Ipa, Marisol Benítez.
