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domingo, 23 de abril de 2017
Gobierno admite nivel de impacto en exploración en Tariquia
La viceministra de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Cynthia Silva, admitió que existe cierto nivel de impacto en las tareas de exploración que se realizan en la reserva natural de Tariquia (Tarija). Mañana existirá una marcha en La Paz en defensa de la biodiversidad de la región.
"Yo diría que hay una falta de información. No hay una intención de hacer un daño profundo (...) Primero están en la etapa de exploración, que tiene cierto nivel de impacto, pero se está haciendo un seguimiento cercano", explicó la autoridad.
Detalló que "es un pozo" en una superficie que "provoca un pequeño desmonte". Advirtió que existe un trasfondo político detrás de la protesta.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de su subsidiaria YPFB Chaco, y por compromisos firmados con Petrobras S.A., alista tres procesos de exploración en la zona tarijeña.
Respecto al cuidado de la Madre Tierra, Silva resaltó la legislación existente en el país y el compromiso del Estado de respetar el medio ambiente en sus proyectos. Reiteró acusaciones contra el capitalismo y Estados Unidos.
"Bolivia no tiene una inversión en un ministerio, Bolivia invierte en todos sus sectores. Yo diría que es imposible cuantificar porque no tenemos una cuentita para cuidar el medio ambiente", concluyó la viceministra.
domingo, 16 de abril de 2017
Repsol dejaría de usar oleoducto por un año
EL DERRAME
En el incidente se constató el derrame de 1,47 metros cúbicos de petróleo, que equivalen a 1.470 litros, además se procedió de inmediato a la suspensión de envíos y la contención del derrame, la limpieza y recuperación del suelo afectado, el cual será debidamente tratado, según Repsol.
La empresa española Repsol, que opera el campo Monteagudo, dejará de utilizar el oleoducto por un año, para realizar una revisión exhaustiva de todo su sistema de transporte de crudo, tras la rotura de tubería que sufrió y a sugerencia de la Gobernación de Chuquisaca.
El pasado 1 de abril, las intensas lluvias y deslizamientos de tierra que azotan al Chaco chuquisaqueño, dañaron y provocaron un derrame en el oleoducto que va desde el campo Monteagudo a la Estación Cerrillos, a 3,5 kilómetros del Pozo MGD-24.
Casi una semana después, Repsol emitió un comunicado en el que descartó daños a sembradíos o impactos a terceros, además verificó la inexistencia de evidencias de contaminación del riachuelo en la zona, según su informe.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), también a través de un boletín, señaló que ese incidente fue “sin consecuencias a personas”, pero afirmó que hubo “una mínima afectación al medio ambiente”.
El secretario de Desarrollo Productivo de Monteagudo, Juan Carlos Barrón, en cambio, declaró a CORREO DEL SUR que el derrame de petróleo sí tuvo consecuencias.
“Ha habido afectación, no en gran magnitud, pero sí ha habido afectación a siete familias aguas abajo donde fue el derrame”, aseveró, al asegurar que los daños recién se verán transcurridos los días, sobre todo en animales domésticos (ganado porcino y bovinos, por ejemplo) que consumen el agua del riachuelo por donde corrió parte del crudo derramado.
“Lo que nos preocupa es que la empresa a cargo de la tubería no ha hecho ninguna acción de mitigación para las familias afectadas que están aguas debajo de donde ha sido el derrame”, observó Barrón.
El Gobierno Municipal de Monteagudo realizó una inspección dos días después del derrame de crudo, pero no pudo colectar suficientes evidencias. “No hemos podido verificar la cantidad de derrame de petróleo porque había persistente lluvia que prácticamente ha borrado la evidencia, hemos llegado al segundo día del derrame y las evidencias eran muy pocas”, comentó el funcionario.
Las autoridades de Monteagudo exigirán un informe a Repsol para después tomar acciones al respecto si acaso amerita.
El presidente cívico de Monteagudo, Luis Gonzáles, anunció que si los informes no son satisfactorios pedirán al Ministerio de Medio Ambiente que haga una nueva valoración.
Este lunes o martes podría haber una reunión para tratar el tema con personeros de Repsol y la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación, en Monteagudo.
LA GOBERNACIÓN
La Secretaría de Medio Ambiente y Madre Tierra de la Gobernación desplegó su personal y realizó una cuantificación de daños. En la inspección constató que la empresa tomó medidas de prevención, aunque todavía desconoce si hubo daños a personas, animales y plantas a lo largo de la quebrada.
El secretario de dicha cartera, Jamil Flores, informó que Repsol le hizo llegar un informe con detalles de las medidas que realizó tras el derrame, que sin embargo no son suficientes para emitir un informe conclusivo.
“Les pedimos que complementen con un análisis de agua y hagan un monitoreo para ver si reportan daños en animales o personas en los habitantes cerca del lugar”, dijo.
Añadió que una vez que tengan ese análisis complementario, más el informe del Gobierno Municipal de Monteagudo, compatibilizarán los tres documentos para tener uno y enviarlo al Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
“La documentación se enviará al Ministerio para que también haga un análisis y sancionen si corresponde; por lo tanto, estamos recabando información para que podamos mandar con un informe completo al Ministerio”, remarcó Flores.
Para el funcionario, más que buscar la sanción, por ahora la Gobernación está empeñada en exigir la remediación y la prevención. “No ha sido una falla ocasionada por un error humano, ha sido algo fortuito. Toda la zona sufrió derrumbe de cerros y uno de estos derrumbes afectó la tubería”, explicó.
Agregó que a sugerencia del Gobierno Departamental, Repsol aceptó dejar de utilizar el oleoducto por lo menos en los próximos ocho meses. “Aunque reparen el ducto, no van a bombear por lo menos unos ocho meses a un año porque tienen que hacer un seguimiento minucioso, un control minucioso a todo el ducto, porque han habido varios derrumbes, entonces si solamente reparan este sector y empiezan a bombear, puede haber otra rotura con mayor consecuencia”, advirtió.
Mientras se estudia la integridad del oleoducto para ver si es posible su habilitación, Repsol transportará el petróleo del campo Monteagudo a través de cisternas.
El derrame de petróleo se cuantificó en aproximadamente diez barriles, de los que se recuperaron 2,5 barriles con paños absorbentes, que fueron trasladados a la piscina API en Batería 3, según YPFB.
UN HECHO SIMILAR
El presidente del Concejo Municipal de Monteagudo, Rómulo Serrudo, recordó que en 2012 se produjo un hecho similar en el sector Paso del Tigre, que está a 45 kilómetros de Monteagudo.
“Recuerdo un caso similar en el Paso del Tigre, pero fue por derrame de diesel, y la mitigación tardó tres años, entre 2002 y 2005. Creo que estaba a cargo la CLHB (Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB)”, indicó.
Dijo que en ese entonces familias humildes fueron afectadas y como compensación pidieron pozos de agua considerando que el lugar donde fue el derrame es seco en época de estiaje.
Monteagudo, un campo petrolero de 44 años en declinación
El campo chuquisaqueño Monteagudo, que inició operaciones en 1973 justo en la primera crisis del petróleo cuando se disparó el precio del barril, actualmente atraviesa por una lenta declinación.
En su mejor tiempo, Monteagudo alcanzó una producción máxima de líquidos de 10.273 barriles por día (BPD), con 49 grados API lo que significa un petróleo de primerísima calidad, recuerda el experto en temas petroleros y ex senador Fernando Rodríguez.
Este importante yacimiento enfrenta hoy una lenta declinación y su promedio de producción es de 3.000 barriles por mes, según pudo conocer la Gobernación de Chuquisaca.
“3.000 barriles mes son 100 barriles diarios. No es nada. Están haciendo recuperación secundaria con pozos inyectores de agua. Sin embargo, ese petróleo al mes significa casi 3.000 barriles de diesel, porque es buen petróleo para diesel, bueno para kerosene, jet fuel para los aviones, tiene gasolina y algo de (petróleo) pesado”, destacó.
Rodríguez explicó que Monteagudo es un campo petrolero que llegó a tener 51 pozos entre productores e inyectores de agua a una profundad de entre 2.800 y 3.200 metros, donde está el plano estructural Piraimiri. Son muy pocos los pozos productores a la fecha; hace tres años sólo ocho estaban activos.
lunes, 17 de agosto de 2015
CEDIB: en 7 años hubo al menos 49 consultas previas sobre hidrocarburos sin evaluación ambiental
El investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Pablo Villegas, informó que desde 2007 hasta 2014 se realizaron en el país alrededor de 49 consultas previas en materia de hidrocarburos, pero sin tomar en cuenta la evaluación ambiental. A raíz de ello subsisten conflictos en 18 territorios indígenas y 11 áreas protegidas.
"De 2007 a 2014 se hicieron 49 consultas previas por causa de los hidrocarburos según datos de ese ministerio (?) pero la evaluación de impacto ambiental no está amarrada a la realización de la consulta previa", criticó Villegas.La consulta previa es un derecho consagrado internacionalmente y es aplicado a las poblaciones indígenas, que tienen el derecho a ser consultados sobre hechos que los podrían afectar.
Según contó en investigador a ANF, el tratamiento del impacto ambiental se lo realiza sin base científica y cuando se habla sobre las compensaciones se lo hace sin la evaluación ambiental, lo que implica que los pueblos indígenas no conocen cómo les afectará la exploración en su territorio. Agregó que las evaluaciones de impacto ambiental son una especie de "secreto de Estado" y que su acceso es restringido para los ciudadanos y para los pueblos indígenas.
"Me atrevo a decir que ninguna consulta previa se ha hecho bien (?) no conozco un caso que se haya hecho la consulta atada a la evaluación ambiental concluida", evaluó Villegas. El investigador dijo que estas consultas previas causan problemas internos dentro de las poblaciones y que en 18 territorios indígenas hay problemas de autoridad porque las 49 consultas aceptaron las exploraciones hidrocarburíferas en su territorio.
"De alguna u otra forma se negocia la consulta, los dividen, los atemorizan, los amenazan y les dicen que están frenando el desarrollo", agregó Villegas. Entre los lugares que están en problemas internos por las consultas previas, las exploraciones y los megaproyectos están el norte de La Paz por las represas, Coro Coro por la instalación de una fundidora de cobre, la exploración minera de Mallku Khota en Potosí que no se realizó consulta previa y en el TIPNIS que hay divisiones internas.
A ello se suman los guaranies Takovo Mora que ahora bloquean la carretera Camiri- Santa Cruz en contra de la aprobación de decretos que autorizan explorar hidrocarburos en áreas protegidas. El investigador cree que los próximos conflictos se darán en el Parque Nacional Madidi por la represa de El Bala.
Villegas aseveró que los pueblos indígenas son parte de una cultura pacifista y que no tienen la costumbre de enfrentarse al Estado, pero al ver que están entrando a sus territorios sin respetar la consulta previa, podrían cambiar de táctica. "No les están dando otra salida que pasar a actitudes violentas, esa es la consecuencia de un Estado que no tiene la obligación de cumplir sus promesas", manifestó Villegas.
"De 2007 a 2014 se hicieron 49 consultas previas por causa de los hidrocarburos según datos de ese ministerio (?) pero la evaluación de impacto ambiental no está amarrada a la realización de la consulta previa", criticó Villegas.La consulta previa es un derecho consagrado internacionalmente y es aplicado a las poblaciones indígenas, que tienen el derecho a ser consultados sobre hechos que los podrían afectar.
Según contó en investigador a ANF, el tratamiento del impacto ambiental se lo realiza sin base científica y cuando se habla sobre las compensaciones se lo hace sin la evaluación ambiental, lo que implica que los pueblos indígenas no conocen cómo les afectará la exploración en su territorio. Agregó que las evaluaciones de impacto ambiental son una especie de "secreto de Estado" y que su acceso es restringido para los ciudadanos y para los pueblos indígenas.
"Me atrevo a decir que ninguna consulta previa se ha hecho bien (?) no conozco un caso que se haya hecho la consulta atada a la evaluación ambiental concluida", evaluó Villegas. El investigador dijo que estas consultas previas causan problemas internos dentro de las poblaciones y que en 18 territorios indígenas hay problemas de autoridad porque las 49 consultas aceptaron las exploraciones hidrocarburíferas en su territorio.
"De alguna u otra forma se negocia la consulta, los dividen, los atemorizan, los amenazan y les dicen que están frenando el desarrollo", agregó Villegas. Entre los lugares que están en problemas internos por las consultas previas, las exploraciones y los megaproyectos están el norte de La Paz por las represas, Coro Coro por la instalación de una fundidora de cobre, la exploración minera de Mallku Khota en Potosí que no se realizó consulta previa y en el TIPNIS que hay divisiones internas.
A ello se suman los guaranies Takovo Mora que ahora bloquean la carretera Camiri- Santa Cruz en contra de la aprobación de decretos que autorizan explorar hidrocarburos en áreas protegidas. El investigador cree que los próximos conflictos se darán en el Parque Nacional Madidi por la represa de El Bala.
Villegas aseveró que los pueblos indígenas son parte de una cultura pacifista y que no tienen la costumbre de enfrentarse al Estado, pero al ver que están entrando a sus territorios sin respetar la consulta previa, podrían cambiar de táctica. "No les están dando otra salida que pasar a actitudes violentas, esa es la consecuencia de un Estado que no tiene la obligación de cumplir sus promesas", manifestó Villegas.
sábado, 15 de agosto de 2015
Guía busca reducción de daños en reservas
La guía técnica para la exploración de hidrocarburos en áreas protegidas de Bolivia incluye entre sus pautas el interés de limitar el área de deforestación en la apertura de caminos y el traslado de la maquinaria por vía área en caso de iniciar la explotación.
"Deforestación en sí estamos hablando del campamento, helipuerto y algunos otros aspectos", dijo el viceministro de Medio Ambiente, Gonzalo Rodríguez, al explicar que se tiene previsto que la apertura de sendas por parte de YPFB "sea de un metro como máximo y sin la eliminación de árboles, por lo que "se está estableciendo hasta qué grosor se puede tumbar".
La guía técnica para la exploración de hidrocarburos se comenzó a trabajar en el Ministerio de Medio Ambiente tras la aprobación del Decreto Supremo 2366, que autoriza la exploración y explotación petrolífera y minera en las áreas protegidas.
"Deforestación en sí estamos hablando del campamento, helipuerto y algunos otros aspectos", dijo el viceministro de Medio Ambiente, Gonzalo Rodríguez, al explicar que se tiene previsto que la apertura de sendas por parte de YPFB "sea de un metro como máximo y sin la eliminación de árboles, por lo que "se está estableciendo hasta qué grosor se puede tumbar".
La guía técnica para la exploración de hidrocarburos se comenzó a trabajar en el Ministerio de Medio Ambiente tras la aprobación del Decreto Supremo 2366, que autoriza la exploración y explotación petrolífera y minera en las áreas protegidas.
martes, 11 de agosto de 2015
La contaminación por derrame de petróleo llega a 20 cm de profundidad
La contaminación por el derrame de petróleo en Ivirgarzama alcanzó hasta 20 centímetros de profundidad, informó la secretaria de los Derechos de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba, Soledad Delgadillo.
“Se pudo dimensionar el área afectada por la inundación y son alrededor de 20 metros por 11 metros cuadrados el área contaminada, hasta la arena ha sido impregnada que se puede ver que tiene entre 10 a 20 centímetros de profundidad”, dijo Delgadillo, según el reporte de la radio Pío XII de la Red Erbol.
De acuerdo al informe de la Secretaria de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba, 400 barriles de crudo de petróleo fueron derramados en el río Magareño, altura localidad de Ivirgarzama.
Asimismo, la funcionaria afirmó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) estableció cuatro puntos de recuperación del petróleo “con los llamados chorizos”, además de otro punto en el kilómetro 12 para asegurarse que el petróleo no llegue al río Ivirgarzama.
Agregó que la estatal petrolera debe asegurar la descontaminación de toda la zona afectada por el derrame de petróleo, incluida la arena impregnada, porque se trata de un producto altamente contaminante.
“Los efectos que logra alcanzar el petróleo son inmediatamente producidos, (es así que ya) hemos visto algunos peces muertos, el petróleo tiene sustancias altamente contaminantes, peligrosos para los seres vivos, por esa razón la remediación debe ser inmediata y la población debe evitar estar en contacto directo con el petróleo”, alertó.
Apuntó que Yacimientos tiene 10 días para presentar el informe de descontaminación y el plan de mitigación.
El pasado viernes, alrededor de las 8:00, se produjo el derrame de crudo de petróleo en la región de Ivirgarzama, sobre el río Magareño, producido por una pala mecánica privada que trabaja en inmediaciones y que golpeó el oleoducto Carrasco-Cochabamba.
Según el Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos, un informe de derrame debe contener la hora y fecha en la que ocurrió, la descripción de las circunstancias, un detalle de los procedimientos operación y recuperación de derrames, cómo evitar futuros derrames y la descripción del programa propuesto para la rehabilitación del sitio.
La ruptura del oleoducto ocasionó el derrame de 400 barriles de petróleo en la comunidad de Ivirgarzama, según YPFB.
Madre Tierra debe investigar si hay delito
Según la Ley de Medio Ambiente, la Secretaría de la Madre Tierra debe determinar si hubo delito por contaminación del río en el derrame de petróleo ocasionado por la ruptura del Oleoducto Carrasco-Cochabamba y, de ser así, presentar una denuncia ante el fiscal de Medio Ambiente del Ministerio Público, indicó ayer el representante del Consejo Departamental de Medio Ambiente, Jhon Zambrana.
El artículo 107 de la Ley de Medio Ambiente establece que el que vierta o arroje aguas residuales no tratadas, líquidos o bioquímicos, objetos o desechos de cualquier naturaleza a los causes de agua será sancionado con cárcel de uno a cuatro años y con la multa del 100 por ciento del daño causado.
Además, Zambrana dijo que “esto debería ser investigado por el Fiscal de Medio Ambiente del Ministerio Público, emitir el informe y después realizar la identificación de responsables”. Indicó que con su informe, la Secretaría de la Madre Tierra debe también entregar una resolución que establezca las medidas que asumirá la Gobernación y las medidas que debería asumir la empresa.
En enero del 2000, se rompió un ducto que operaba la empresa Transredes y se derramaron de 29 mil barriles de petróleo en el río Desaguadero, en Sica Sica. En ese entonces, el Viceministerio de Medio Ambiente multó a la empresa con 1,9 millones de dólares por infringir la Ley de Medio Ambiente y hubo otra multa de 100 mil dólares por no tramitar licencia ambiental para el lugar en el que depositó la tierra impregnada con petróleo. Además, una empresa externa realizó la Auditoría Ambiental y estableció una multa de 6,5 millones de dólares.
“Se pudo dimensionar el área afectada por la inundación y son alrededor de 20 metros por 11 metros cuadrados el área contaminada, hasta la arena ha sido impregnada que se puede ver que tiene entre 10 a 20 centímetros de profundidad”, dijo Delgadillo, según el reporte de la radio Pío XII de la Red Erbol.
De acuerdo al informe de la Secretaria de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba, 400 barriles de crudo de petróleo fueron derramados en el río Magareño, altura localidad de Ivirgarzama.
Asimismo, la funcionaria afirmó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) estableció cuatro puntos de recuperación del petróleo “con los llamados chorizos”, además de otro punto en el kilómetro 12 para asegurarse que el petróleo no llegue al río Ivirgarzama.
Agregó que la estatal petrolera debe asegurar la descontaminación de toda la zona afectada por el derrame de petróleo, incluida la arena impregnada, porque se trata de un producto altamente contaminante.
“Los efectos que logra alcanzar el petróleo son inmediatamente producidos, (es así que ya) hemos visto algunos peces muertos, el petróleo tiene sustancias altamente contaminantes, peligrosos para los seres vivos, por esa razón la remediación debe ser inmediata y la población debe evitar estar en contacto directo con el petróleo”, alertó.
Apuntó que Yacimientos tiene 10 días para presentar el informe de descontaminación y el plan de mitigación.
El pasado viernes, alrededor de las 8:00, se produjo el derrame de crudo de petróleo en la región de Ivirgarzama, sobre el río Magareño, producido por una pala mecánica privada que trabaja en inmediaciones y que golpeó el oleoducto Carrasco-Cochabamba.
Según el Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos, un informe de derrame debe contener la hora y fecha en la que ocurrió, la descripción de las circunstancias, un detalle de los procedimientos operación y recuperación de derrames, cómo evitar futuros derrames y la descripción del programa propuesto para la rehabilitación del sitio.
La ruptura del oleoducto ocasionó el derrame de 400 barriles de petróleo en la comunidad de Ivirgarzama, según YPFB.
Madre Tierra debe investigar si hay delito
Según la Ley de Medio Ambiente, la Secretaría de la Madre Tierra debe determinar si hubo delito por contaminación del río en el derrame de petróleo ocasionado por la ruptura del Oleoducto Carrasco-Cochabamba y, de ser así, presentar una denuncia ante el fiscal de Medio Ambiente del Ministerio Público, indicó ayer el representante del Consejo Departamental de Medio Ambiente, Jhon Zambrana.
El artículo 107 de la Ley de Medio Ambiente establece que el que vierta o arroje aguas residuales no tratadas, líquidos o bioquímicos, objetos o desechos de cualquier naturaleza a los causes de agua será sancionado con cárcel de uno a cuatro años y con la multa del 100 por ciento del daño causado.
Además, Zambrana dijo que “esto debería ser investigado por el Fiscal de Medio Ambiente del Ministerio Público, emitir el informe y después realizar la identificación de responsables”. Indicó que con su informe, la Secretaría de la Madre Tierra debe también entregar una resolución que establezca las medidas que asumirá la Gobernación y las medidas que debería asumir la empresa.
En enero del 2000, se rompió un ducto que operaba la empresa Transredes y se derramaron de 29 mil barriles de petróleo en el río Desaguadero, en Sica Sica. En ese entonces, el Viceministerio de Medio Ambiente multó a la empresa con 1,9 millones de dólares por infringir la Ley de Medio Ambiente y hubo otra multa de 100 mil dólares por no tramitar licencia ambiental para el lugar en el que depositó la tierra impregnada con petróleo. Además, una empresa externa realizó la Auditoría Ambiental y estableció una multa de 6,5 millones de dólares.
lunes, 10 de agosto de 2015
Ante derrame de petróleo reportan muerte de peces
Pese a que aún no se determinó el daño ambiental por la rotura del oleoducto Carrasco-Cochabamba (OCC), los pobladores de la zona reportaron la muerte de peces del río Magareño a donde se derramaron más de 60.000 litros de petróleo.
El oleoducto Carrasco-Cochabamba (OCC) que pasa por la localidad de Ivirgarzama del Chapare y que transporta petróleo fue perforado por una pala cargadora el viernes en la mañana, lo que le provocó un hueco y el derrame fue de 400 barriles de crudo que equivalen a 63.600 litros.
La afectación se prolongó por cuatro horas, según informes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Tras la alerta, los ductos fueron cerrados y personal de la estatal se trasladó al lugar, de acuerdo con una nota de prensa enviada el mismo día del incidente.
El vertido llegó hasta el río Magareño, donde se ha registrado la muerte de peces como consecuencia de la contaminación, según la red ATB.
En el testimonio de una habitante de la zona, que fue entrevistada por dicha red televisiva, se señala que los pobladores informaron de la muerte de varios peces denominados “sardinas”, usados para el consumo local. “Tememos que esto pueda dejar una mayor contaminación en el agua y la tierra de toda la región”, declaró preocupada la pobladora.
La secretaria de los Derechos de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba, Soledad Delgadillo, declaró a La Razón que se tendrá que esperar el informe de la estatal petrolera, que será presentado en diez días, para saber si hubo algún daño medioambiental y qué medidas de mitigación se asumirán sobre el incidente fortuito.
El área afectada ha sido aislada y el producto derramado fue contenido con equipos y materiales especializados para este fin. Delgadillo indicó que en cuatro puntos se puso material especial denominado “chorizos absorbentes”, que retienen el crudo en el paso del agua.
Sostuvo que con las medidas de mitigación se evitará que el crudo llegue al río Ivirgarzama, ya que en dicho cauce las poblaciones aledañas hacen uso de la corriente de agua para varios fines.
Asimismo, en el transcurso de los próximos días, YPFB Transporte continuará con las actividades de limpieza y remediación del área afectada en conformidad con los procedimientos y la normativa vigente, según el boletín institucional de la entidad, que se refirió al incidente causado por personas particulares.
Los Datos técnicos del ducto OCC
Ubicación
En el sistema occidente se encuentra el OCC que comienza en Carrasco y finaliza en Cochabamba. Transporta crudo natural a través de una extensión de 247 km.
Líquidos
La red de traslado de líquidos de YPFB Transporte cubre el centro y sur de Bolivia. Esta red se divide en cuatro subsistemas: Norte, Sur, Central y Occidental. Cuenta con 15 estaciones de bombeo y una potencia instalada de 41.767 HP 2.978 km.
NO SE ATIENDE EL CASO CON EFICIENCIA Un derrame de petróleo preocupa en Cochabamba
La insuficiencia de personal en el equipo y la precariedad en las medidas de seguridad aplicadas para mitigar los daños por el derrame de petróleo tras la ruptura del Oleoducto Carrasco Cochabamba (OCC), marcaron las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la comunidad de Ivirgarzama, en Cochabamba. El derramo no había sido controlado hasta el viernes.
Los Tiempos hizo un recorrido por la zona y constató que las viviendas afectadas por el crudo aún están habitadas; no existen brigadas de información; el personal no cuenta con el equipo necesario y aún no se desplazó maquinaria especializada. El viernes una pala cargadora rompió el OCC y provocó el derrame de, según YPFB, 400 barriles sobre el río Magariño. El crudo ya había contaminado 25 kilómetros del afluente.
LOS JUSTIFICATIVOS. El jefe de Gestión Ambiental del YPFB, Cristhian Euler, aseguró que no existen riesgos y “todo fue controlado”.
En la población de Ivirgarzama donde se registró la ruptura del Oleoducto Carrasco Cochabamba (OCC) se constató que Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) aún no desplazó el equipo técnico necesario, el personal no cuenta con indumentaria adecuada para trabajar en el lugar contaminado y no existen brigadas para informar a la población.
Según el investigador de la organización Productividad Biósfera y Medio Ambiente (Probioma), Miguel Ángel Crespo, el personal que atiende problemas de derrame mínimamente debe contar con overoles especiales, botas de seguridad, barbijos y mascarillas. El jefe de Gestión Ambiental del YPFB, Cristhian Euler, no existen riesgos y “todo fue controlado”.
Como medidas de seguridad se establecieron barreras de contención a lo largo del río Magariño para el flujo del contaminante, informó Euler. Cada barrera contiene “chorizos absorbentes”, paños y material vegetal que ayudan a retener el petróleo derramado.
LA POBLACIÓN DEL SECTOR CONTINÚA PESCANDO EN ESTE RÍO Y LAS DOS VIVIENDAS AFECTADAS NO FUERON DESALOJADAS. EL PERSONAL DE YPFB AFIRMA QUE REQUIERE INDUMENTARIA ESPECIAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA.
Los Tiempos hizo un recorrido por la zona y constató que las viviendas afectadas por el crudo aún están habitadas; no existen brigadas de información; el personal no cuenta con el equipo necesario y aún no se desplazó maquinaria especializada. El viernes una pala cargadora rompió el OCC y provocó el derrame de, según YPFB, 400 barriles sobre el río Magariño. El crudo ya había contaminado 25 kilómetros del afluente.
LOS JUSTIFICATIVOS. El jefe de Gestión Ambiental del YPFB, Cristhian Euler, aseguró que no existen riesgos y “todo fue controlado”.
En la población de Ivirgarzama donde se registró la ruptura del Oleoducto Carrasco Cochabamba (OCC) se constató que Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) aún no desplazó el equipo técnico necesario, el personal no cuenta con indumentaria adecuada para trabajar en el lugar contaminado y no existen brigadas para informar a la población.
Según el investigador de la organización Productividad Biósfera y Medio Ambiente (Probioma), Miguel Ángel Crespo, el personal que atiende problemas de derrame mínimamente debe contar con overoles especiales, botas de seguridad, barbijos y mascarillas. El jefe de Gestión Ambiental del YPFB, Cristhian Euler, no existen riesgos y “todo fue controlado”.
Como medidas de seguridad se establecieron barreras de contención a lo largo del río Magariño para el flujo del contaminante, informó Euler. Cada barrera contiene “chorizos absorbentes”, paños y material vegetal que ayudan a retener el petróleo derramado.
LA POBLACIÓN DEL SECTOR CONTINÚA PESCANDO EN ESTE RÍO Y LAS DOS VIVIENDAS AFECTADAS NO FUERON DESALOJADAS. EL PERSONAL DE YPFB AFIRMA QUE REQUIERE INDUMENTARIA ESPECIAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA.
sábado, 8 de agosto de 2015
Verifican daño ambiental por el derrame de petróleo en Ivirgarzama
La Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba verificará hoy el daño ambiental ocasionado por el derrame de petróleo en la comunidad de Ivirgarzama, a 225 kilómetros de la ciudad, informó la titular, Soledad Delgadillo.
El oleoducto (Carrasco - Cochabamba) fue roto por un tractorista mientras realizaba trabajos en el lugar. El líquido llegó rápidamente hasta el río Magareño.
La población se concentró en el lugar para recoger el combustible y comercializarlo en 15 bolivianos el litro, según el reporte del periodista Jonás Alegre.
Los pobladores expresaron su preocupación porque el cauce del Magareño se une con muchos ríos del Chapare donde viven varias comunidades.
Al lugar llegó una cuadrilla de 10 trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para resolver el problema.
Según un comunicado de YPFB Transporte, subsidiaria de YPFB Corporación, tras detectar el daño,las operaciones de dicho ducto fueron detenidas y se movilizó al personal especializado para la reparación. El accidente fue ocasionado por un tercero con el cierre de válvulas.
El oleoducto (Carrasco - Cochabamba) fue roto por un tractorista mientras realizaba trabajos en el lugar. El líquido llegó rápidamente hasta el río Magareño.
La población se concentró en el lugar para recoger el combustible y comercializarlo en 15 bolivianos el litro, según el reporte del periodista Jonás Alegre.
Los pobladores expresaron su preocupación porque el cauce del Magareño se une con muchos ríos del Chapare donde viven varias comunidades.
Al lugar llegó una cuadrilla de 10 trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para resolver el problema.
Según un comunicado de YPFB Transporte, subsidiaria de YPFB Corporación, tras detectar el daño,las operaciones de dicho ducto fueron detenidas y se movilizó al personal especializado para la reparación. El accidente fue ocasionado por un tercero con el cierre de válvulas.
viernes, 31 de julio de 2015
Petroleras comprometen un 90% del parque Iñao
Un 90% del Parque Natural del Iñao, en Chuquisaca, está comprometido como área petrolera, afirmó ayer, en Sucre, el investigador del (Centro de Documentación e Información Bolivia) CEDIB, Jorge Campanini, uno de los expositores del curso-taller “Extractivismo y derechos humanos: elementos de reflexión desde el caso boliviano”, organizado por el Observatorio de los Recursos Naturales, proyecto del Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL).
Campanini informó que en 2013 se firmó el contrato para los trabajos de exploración en el área Azero, trabajo que se sobrepone al área de Manejo Integrado Iñao, donde ya empezaron con tareas de relevamiento geográfico, topográfico superficial además que tienen comprometido $us 130 millones para realizar justamente la exploración en los próximos dos años.
En esta área “nos llamó la atención que el 90% de la superficie del Parque Nacional Iñao ahora está comprometido como área petrolera”.
Campanini sostuvo que además del Iñao, hay otras ocho áreas protegidas, "cuya afectación es de más del 50%”.
Detalló que en La Paz, está por ejemplo el Madidi y el Pilón Lajas; en Chuquisaca el Iñao; en Tarija el Aguarague y Tariquía, y en Santa Cruz El Amboró. “El TIPNIS también es uno de los parques que ha sido emblemático en cuanto a su resistencia por la carretera, entonces tenemos gran parte de nuestros sistemas de áreas protegidas afectada por actividades petroleras”, señaló.
Consultado sobre cómo pueden respaldar estas afirmaciones, Campanini respondió que el CEDIB tiene dos ejes de trabajo fundamentales en cuanto a investigación de recursos naturales en minería e hidrocarburos.
“Son muchos años que venimos haciendo justamente investigación a partir de las normativas y de las actividades que se desarrollan y que se están desarrollando en estas zonas. Entonces son datos oficiales los que siempre utilizamos, datos del SERNAP de áreas protegidas, de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos, por el tema de los bloques petroleros como también muchas otras informaciones que nos ayudan a corroborar y a tener una perspectiva y un análisis más cabal”, explicó.
Respecto a la afirmación gubernamental de que la exploración de hidrocarburos en áreas protegidas tendrá una incidencia menor a 0.4%, Campanini dijo que “es algo bien relativo porque al final de cuentas la exploración petrolera fundamentalmente consiste en la apertura de kilómetros de brechas”.
En Chuquisaca, la rusa Gazprom y la francesa TOTAL se adjudicaron el bloque Azero, cuya primera fase de exploración comprende las actividades de levantamiento de magnetotelúrica y gravimetría para luego ingresar a la etapa de perforación de dos pozos exploratorios de 5.000 metros de profundidad.
Pueblo Guaraní respalda tareas de exploración
La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Itika Guazu firmó ayer una declaración de apoyo a tres decretos supremos del Gobierno que permitirán la exploración y explotación de recursos naturales en áreas protegidas, previa consulta pública, por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
"Nosotros con las 37 comunidades de la APG Itika Guazu estamos apoyando los decretos para consolidar más al pueblo guaraní, para que nos puedan llegar proyectos para todas las comunidades, por eso estamos muy de acuerdo con estos decretos", afirmó el dirigente Hugo Arebayo, en un encuentro de indígenas guaraníes con el presidente Evo Morales.
Los decretos supremos que recibieron el respaldo de los guaraníes son el 2195, que tiene que ver con la exploración, explotación e industrialización de los recursos naturales estratégicos; el 2298, de la consulta pública a los pueblos indígenas; y el 2366 sobre las actividades petroleras en áreas protegidas.
También el presidente de YPFB, Guillermo Achá, agradeció el respaldo del pueblo guaraní a los tres decretos, que permitirán -dijo- que los beneficios retornen para las diferentes comunidades en proyectos productivos.
miércoles, 1 de julio de 2015
Decreto busca allanar exploración petrolera: Fijan 45 días para consulta previa
El decreto 2298 modifica los artículos 10 y 11, en los que se establecen plazos estrictos. En cuanto al artículo 10, para la fase de información sobre la actividad energética, las autoridades prevén “tres convocatorias”, pero si los pueblos indígena originario campesinos (PIOs y CC) no concurren a las reuniones “o no se obtenga una respuesta escrita por parte de los PIOs y CC, la AC establecerá una metodología y cronograma para ejecutar el proceso de Consulta y Participación”.
En el artículo 11 se describe la planificación de la consulta. También se fijan plazos y se realizarán hasta dos reuniones y si los PIOs y CC no asisten se presentará la “metodología, presupuesto y cronograma” del proceso. Los tres documentos deberán ser difundidos mediante publicación escrita, comunicación radial y notificación notariada a los pueblos afectados.
Asimismo, se coloca un plazo fatal para llevar adelante la consulta. “La metodología contemplará las actividades y/o procedimientos de ejecución de la Consulta y Participación, mismos que en ningún caso excederán los 45 días calendario”, señala el decreto.
PREVISIÓN
Se agrega el artículo 20, sobre la “determinación de la autoridad competente (AC)”, el que señala que cuando no se pueda “desarrollar o concluir” la consulta por causas que no sean atribuidas a esta autoridad, se toma una previsión para evitar se obstaculice las actividades extractivas.
“La AC emitirá como resultado una Resolución Administrativa que determine el estado de ejecución del proceso y la constancia de todos los esfuerzos realizados en cumplimiento de la normativa vigente, para desarrollar o concluir con el proceso de Consulta y Participación, salvaguardando en todo momento los derechos de los PIOs y CC “, señala la disposición.
El decreto reglamentario de 2007 preveía un proceso de mayor participación de los pueblos indígenas con contrapropuestas metodológicas para la consulta, validación de propuestas, de actas de entendimiento y de acuerdo a los procedimientos y tiempos de los actores afectados por las actividades que se desarrollen en la zona de intervención.
PLAZOS
También prevé que una vez “cumplidos los plazos en el acta del entendimiento se establece un plazo perentorio adicional de hasta tres (3) meses, para cumplir con el procedimiento de consulta, llegar a un acuerdo conjunto y firmar el convenio de validación”.
El Gobierno autorizó a través del decreto 2366, el ingreso de las empresas petroleras a las 22 áreas protegidas, para facilitar la exploración y explotación de hidrocarburos.
La Constitución Política del Estado en el artículo 30 reconoce el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.
En el artículo 11 se describe la planificación de la consulta. También se fijan plazos y se realizarán hasta dos reuniones y si los PIOs y CC no asisten se presentará la “metodología, presupuesto y cronograma” del proceso. Los tres documentos deberán ser difundidos mediante publicación escrita, comunicación radial y notificación notariada a los pueblos afectados.
Asimismo, se coloca un plazo fatal para llevar adelante la consulta. “La metodología contemplará las actividades y/o procedimientos de ejecución de la Consulta y Participación, mismos que en ningún caso excederán los 45 días calendario”, señala el decreto.
PREVISIÓN
Se agrega el artículo 20, sobre la “determinación de la autoridad competente (AC)”, el que señala que cuando no se pueda “desarrollar o concluir” la consulta por causas que no sean atribuidas a esta autoridad, se toma una previsión para evitar se obstaculice las actividades extractivas.
“La AC emitirá como resultado una Resolución Administrativa que determine el estado de ejecución del proceso y la constancia de todos los esfuerzos realizados en cumplimiento de la normativa vigente, para desarrollar o concluir con el proceso de Consulta y Participación, salvaguardando en todo momento los derechos de los PIOs y CC “, señala la disposición.
El decreto reglamentario de 2007 preveía un proceso de mayor participación de los pueblos indígenas con contrapropuestas metodológicas para la consulta, validación de propuestas, de actas de entendimiento y de acuerdo a los procedimientos y tiempos de los actores afectados por las actividades que se desarrollen en la zona de intervención.
PLAZOS
También prevé que una vez “cumplidos los plazos en el acta del entendimiento se establece un plazo perentorio adicional de hasta tres (3) meses, para cumplir con el procedimiento de consulta, llegar a un acuerdo conjunto y firmar el convenio de validación”.
El Gobierno autorizó a través del decreto 2366, el ingreso de las empresas petroleras a las 22 áreas protegidas, para facilitar la exploración y explotación de hidrocarburos.
La Constitución Política del Estado en el artículo 30 reconoce el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.
lunes, 22 de junio de 2015
Según Cedib: Explotación de hidrocarburos afectará a zonas protegidas
Millones de hectáreas protegidas en las que existe vida de fauna y flora silvestre serán devastadas por la explotación de hidrocarburos, autorizada mediante decreto supremo del gobierno boliviano.
El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) estimó que tres millones de hectáreas de las áreas protegidas del país serán afectadas por las actividades hidrocarburíferas, después que el Gobierno autorizó mediante Decreto Supremo 2366 el desarrollo de la exploración y explotación en estas zonas.
Marco Gandarillas, director ejecutivo del Cedib, dijo a Erbol que como resultado de estas nuevas determinaciones que se asumieron, tendremos un total de 11 de las 22 áreas protegidas, comprometidas con la explotación de hidrocarburos.
"Es decir, cinco más de las que antes estaban comprometidas, (lo que significa que de) una superficie total del sistema nacional de áreas protegidas que abarca 18.2 millones de hectáreas, tres millones de hectáreas estarían afectadas por esta superposición de contratos o áreas hidrocarburíferas", explicó.
El investigador indicó que esos tres millones de hectáreas representan el 17 por ciento del sistema nacional de áreas protegidas.
Indicó que el DS 2366 sólo forma parte de un paquete de medidas que tomó el gobierno de Evo Morales para facilitar estas actividades y es en ese sentido que también emitieron otras normas como el DS 2298 que recorta mucho el derecho a la consulta de los pueblos indígenas para la explotación y exploración, además del DS 2368 referido a declarar los ductos para el transporte de hidrocarburos como una actividad de necesidad nacional.
"Todas estas medidas lo que hacen es dar una sentencia a las áreas protegidas, facilitar las actividades hidrocarburíferas, sin respetar criterios de conservación y los derechos que asisten a las comunidades y pueblos que también viven en áreas protegidas y fuera de ellas", remarcó.
Gandarillas afirmó que antes el Estado boliviano ya amplió la frontera hidrocarburífera como nunca antes en la historia del país y es así que pasamos de tres millones de hectáreas dedicadas a la explotación y exploración, a más de 24 millones de hectáreas.
"Es una superficie nunca antes visto en nuestra historia, que compromete áreas protegidas y áreas urbanas", sostuvo.
sábado, 6 de junio de 2015
Gobierno autoriza explotación de petróleo y gas en áreas protegidas
El pasado 20 de mayo, y al parecer sólo con la alerta del periódico La Razón seis días después, y ahora del diario británico "The Guardian", el Gobierno aprobó el decreto 2366 por el cual se autoriza la actividad hidrocarburífera en las áreas protegidas.
La medida es justificada desde el primer artículo de dicho documento, bajo el argumento de que es de interés público para el desarrollo del país, y de interés local, en la medida en que podría contribuir a reducir la pobreza de los habitantes en las zonas intervenidas.
El ingreso de las petroleras a las áreas protegidas se daría bajo ciertas condiciones supervisadas, dice su artículo 2, por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Autoridad competente. Solo se restringe el ingreso de la maquinaria en lugares considerados santuario o monumento natural. El decreto señala que las empresas deben usar tecnología de última generación, considerar los ecosistemas frágiles y actuar para mitigar la pobreza de los pobladores. Además se ordena que el 1% de la inversión petrolera o gasífera debe ser depositada para el mantenimiento del área protegida en la cual se ha explorado y perforado.
En Bolivia hay un total de 22 áreas protegidas, demarcadas bajo esa condición por su diversidad biológica y la fragilidad de sus ecosistemas.
De acuerdo al periódico "The Guardian", el Cedib, un centro de investigación y documentación de Cochabamba, ha descubierto que 11 de las 22 áreas protegidas se sobreponen a las concesiones hidrocarburíferas ya acordadas entre las autoridades y las empresas.
La zona en mayor peligro es el Iñao, donde el 90% del dicho territorio boscoso fue entregado formalmente a las empresas Total y Gazprom de Francia y Rusia, respectivamente. En el caso de la reserva de Pilón Lajas, más de 85% está en poder de Petrobras y Repsol. En el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), región situada entre los departamentos de Cochabamba y Beni, el 35% está abierto para explorar y explotar gas y petróleo. En el Madidi, el 75% de 1,8 millones de hectáreas, está bajo el interés de Repsol, Petrobras y Petroandina (YPFB-PDVSA). Por ello se habla de una superposición de áreas protegidas y concesiones petroleras. El decreto 2366 ha terminado de cargar la balanza a favor de éstas últimas.
Sectores ambientalistas han destacado que solo en el Madidi se encuentra el 11% de todas las especies de aves del planeta (SERNAP-Wildlife Conservation Society).
Alrededor de 24 millones de hectáreas (22% del territorio nacional) habrían sido identificadas en todo Bolivia como zonas de potencial explotación de hidrocarburos. Es la nueva frontera petrolera del país.
DECRETO
Entrevistado por el citado diario británico, Jorge Campanini del Cedib, aclaró que el decreto "ha hecho viable" la exploración en las áreas protegidas, sobre las cuales el Gobierno ya ha firmado contratos con las empresas. Algunos de esos contratos son recientes, mientras otros como los suscritos por Repsol y Petrobras datan de 2007 como el que pesa sobre el Madidi. El ingreso de las petroleras había sido frenado ya sea por la oposición o porque estaba en estado latente. "El decreto remueve los obstáculos que impedían la aplicación de los contratos firmados con las empresas", dijo Campanini.
Por su parte, Carlos Arze del Cedla, entidad dedicada a la investigación, señaló a "The Guardian", que aunque la Constitución afirma que las áreas protegidas son parte del patrimonio natural y cultural de Bolivia, se les atribuye también funciones económicas para el desarrollo sostenible. Arze dijo que el decreto en cuestión viola los derechos de los pueblos indígenas al permitir actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas habitadas generalmente por estos grupos étnicos.
La medida es justificada desde el primer artículo de dicho documento, bajo el argumento de que es de interés público para el desarrollo del país, y de interés local, en la medida en que podría contribuir a reducir la pobreza de los habitantes en las zonas intervenidas.
El ingreso de las petroleras a las áreas protegidas se daría bajo ciertas condiciones supervisadas, dice su artículo 2, por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Autoridad competente. Solo se restringe el ingreso de la maquinaria en lugares considerados santuario o monumento natural. El decreto señala que las empresas deben usar tecnología de última generación, considerar los ecosistemas frágiles y actuar para mitigar la pobreza de los pobladores. Además se ordena que el 1% de la inversión petrolera o gasífera debe ser depositada para el mantenimiento del área protegida en la cual se ha explorado y perforado.
En Bolivia hay un total de 22 áreas protegidas, demarcadas bajo esa condición por su diversidad biológica y la fragilidad de sus ecosistemas.
De acuerdo al periódico "The Guardian", el Cedib, un centro de investigación y documentación de Cochabamba, ha descubierto que 11 de las 22 áreas protegidas se sobreponen a las concesiones hidrocarburíferas ya acordadas entre las autoridades y las empresas.
La zona en mayor peligro es el Iñao, donde el 90% del dicho territorio boscoso fue entregado formalmente a las empresas Total y Gazprom de Francia y Rusia, respectivamente. En el caso de la reserva de Pilón Lajas, más de 85% está en poder de Petrobras y Repsol. En el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), región situada entre los departamentos de Cochabamba y Beni, el 35% está abierto para explorar y explotar gas y petróleo. En el Madidi, el 75% de 1,8 millones de hectáreas, está bajo el interés de Repsol, Petrobras y Petroandina (YPFB-PDVSA). Por ello se habla de una superposición de áreas protegidas y concesiones petroleras. El decreto 2366 ha terminado de cargar la balanza a favor de éstas últimas.
Sectores ambientalistas han destacado que solo en el Madidi se encuentra el 11% de todas las especies de aves del planeta (SERNAP-Wildlife Conservation Society).
Alrededor de 24 millones de hectáreas (22% del territorio nacional) habrían sido identificadas en todo Bolivia como zonas de potencial explotación de hidrocarburos. Es la nueva frontera petrolera del país.
DECRETO
Entrevistado por el citado diario británico, Jorge Campanini del Cedib, aclaró que el decreto "ha hecho viable" la exploración en las áreas protegidas, sobre las cuales el Gobierno ya ha firmado contratos con las empresas. Algunos de esos contratos son recientes, mientras otros como los suscritos por Repsol y Petrobras datan de 2007 como el que pesa sobre el Madidi. El ingreso de las petroleras había sido frenado ya sea por la oposición o porque estaba en estado latente. "El decreto remueve los obstáculos que impedían la aplicación de los contratos firmados con las empresas", dijo Campanini.
Por su parte, Carlos Arze del Cedla, entidad dedicada a la investigación, señaló a "The Guardian", que aunque la Constitución afirma que las áreas protegidas son parte del patrimonio natural y cultural de Bolivia, se les atribuye también funciones económicas para el desarrollo sostenible. Arze dijo que el decreto en cuestión viola los derechos de los pueblos indígenas al permitir actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas habitadas generalmente por estos grupos étnicos.
martes, 5 de junio de 2012
A 26 llegan los proyectos de YPFB que disponen de la licencia ambiental
En la presente gestión, 26 son los proyectos hidrocarburíferos que lleva adelante la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que obtuvieron la respectiva licencia ambiental necesaria para su ejecución o implementación, como en el caso del proyecto de la Planta de Separación de Líquidos Río Grande en Santa Cruz y la autorización para encarar tareas de Sísmica 3D de Itaguazurenda.
"Este esfuerzo que obtuvo resultados emblemáticos para los proyectos más importantes de YPFB, fue trabajado coordinadamente con nuestras unidades operativas y la Dirección de Medio Ambiente. Son 26 licencias que cumplieron todos los pasos establecidos en la ley, previa realización de consultas públicas y procesos de consulta y participación para entrar en una fase de negociación de compensaciones", informó el Gerente Nacional de Seguridad, Salud, Ambiente y Social de la estatal petrolera, Miguel Ángel Rojas.
Entre las licencias más importantes que disponen de los permisos ambientales está el proyecto de la Planta de Separación de Líquidos Río Grande en Santa Cruz y la autorización para encarar tareas de Sísmica 3D de Itaguazurenda a cargo de YPFB. Esta última retomará la actividad exploratoria, por cuenta propia tras 25 años. En la misma área, destaca un programa social con el que se puede abastecer con gas natural a los vecinos directos en las sedes urbanas.
Entre otros proyectos que tienen la licencia ambiental está la estación de servicio de San Pedro, Cuarto Anillo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; los sistemas de distribución de gas natural (SDGN) de las localidades de Yamparáez, Presto, El Villar, Yotala, Icla, Carreras, entre otros. Además, de las Redes Primarias Portachuelo - Yapacani y las estaciones de servicio El Tejar, Ostria Gutierrez e Ivirgarzama.
Un informe de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DNMA) de la estatal petrolera, señala que en 2011 se consiguieron un total de 177 licencias ambientales para la realización de proyectos como la perforación de pozos, poliductos, redes de distribución de gas natural, ampliaciones de redes primarias de gas natural, ampliación de redes secundarias, tendido de líneas de gas natural, plantas engarrafadoras, estaciones de servicio, distribución y comercialización en diferentes regiones del país.
"Actuar con responsabilidad cuidando el medio ambiente", es el lema con el cual YPFB Corporación se sumó este 5 de junio a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.
El 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General de la ONU designó el cinco de junio como Día Mundial del Medio Ambiente porque en esta fecha se inició la conferencia sobre el Medio Humano, celebrada en Suecia.
Entre las actividades de la Dirección Nacional de Medio Ambiente de YPFB figuran la fiscalización socioambiental, donde le DNMA realiza el seguimiento técnico a las actividades socioambientales programadas en los Planes de Trabajo y Presupuesto (PTP’s) por las operadoras y subsidiarias.
La DNMA se encarga de elaborar los documentos ambientales, que siguen los procedimientos de Licenciamiento Ambiental. Esta Dirección realiza anualmente inspecciones a todas las actividades operativas de YPFB Casa Matriz para informar a los ministerios de Hidrocarburos y de Medio Ambiente o Gobernaciones del seguimiento y control de calidad ambiental.
En materia de remediación de pasivos ambientales, los primeros pozos considerados como pasivos ambientales hidrocarburíferos más críticos a nivel nacional que fueron priorizados para su remediación fueron los pozos SAN-31 y SAN-X3, en el Campo Sanandita.
"Este esfuerzo que obtuvo resultados emblemáticos para los proyectos más importantes de YPFB, fue trabajado coordinadamente con nuestras unidades operativas y la Dirección de Medio Ambiente. Son 26 licencias que cumplieron todos los pasos establecidos en la ley, previa realización de consultas públicas y procesos de consulta y participación para entrar en una fase de negociación de compensaciones", informó el Gerente Nacional de Seguridad, Salud, Ambiente y Social de la estatal petrolera, Miguel Ángel Rojas.
Entre las licencias más importantes que disponen de los permisos ambientales está el proyecto de la Planta de Separación de Líquidos Río Grande en Santa Cruz y la autorización para encarar tareas de Sísmica 3D de Itaguazurenda a cargo de YPFB. Esta última retomará la actividad exploratoria, por cuenta propia tras 25 años. En la misma área, destaca un programa social con el que se puede abastecer con gas natural a los vecinos directos en las sedes urbanas.
Entre otros proyectos que tienen la licencia ambiental está la estación de servicio de San Pedro, Cuarto Anillo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; los sistemas de distribución de gas natural (SDGN) de las localidades de Yamparáez, Presto, El Villar, Yotala, Icla, Carreras, entre otros. Además, de las Redes Primarias Portachuelo - Yapacani y las estaciones de servicio El Tejar, Ostria Gutierrez e Ivirgarzama.
Un informe de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DNMA) de la estatal petrolera, señala que en 2011 se consiguieron un total de 177 licencias ambientales para la realización de proyectos como la perforación de pozos, poliductos, redes de distribución de gas natural, ampliaciones de redes primarias de gas natural, ampliación de redes secundarias, tendido de líneas de gas natural, plantas engarrafadoras, estaciones de servicio, distribución y comercialización en diferentes regiones del país.
"Actuar con responsabilidad cuidando el medio ambiente", es el lema con el cual YPFB Corporación se sumó este 5 de junio a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.
El 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General de la ONU designó el cinco de junio como Día Mundial del Medio Ambiente porque en esta fecha se inició la conferencia sobre el Medio Humano, celebrada en Suecia.
Entre las actividades de la Dirección Nacional de Medio Ambiente de YPFB figuran la fiscalización socioambiental, donde le DNMA realiza el seguimiento técnico a las actividades socioambientales programadas en los Planes de Trabajo y Presupuesto (PTP’s) por las operadoras y subsidiarias.
La DNMA se encarga de elaborar los documentos ambientales, que siguen los procedimientos de Licenciamiento Ambiental. Esta Dirección realiza anualmente inspecciones a todas las actividades operativas de YPFB Casa Matriz para informar a los ministerios de Hidrocarburos y de Medio Ambiente o Gobernaciones del seguimiento y control de calidad ambiental.
En materia de remediación de pasivos ambientales, los primeros pozos considerados como pasivos ambientales hidrocarburíferos más críticos a nivel nacional que fueron priorizados para su remediación fueron los pozos SAN-31 y SAN-X3, en el Campo Sanandita.
viernes, 17 de febrero de 2012
Esperan licencia ambiental para GVT
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, informó que espera obtener la licencia ambiental para la ampliación del Gasoducto Villamontes-Tarija (GVT) hoy después de suscribir un acuerdo con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Itika Guasu.
"Esperamos concluir hasta el día viernes ya todo el trámite y obtención de la licencia ambiental, esto nos va a permitir que la empresa YPFB Transporte proceda con la firma de los contratos que ya estaban preadjudicados", explicó.
Sosa recordó que el acuerdo con la APG se suscribió después de dos años de negociaciones, el mismo que establece que "el Pueblo Guaraní Itika Guasu no opone ningún tipo de problemas" a ese proyecto importante. Según el Ministerio de Hidrocarburos, actualmente el GVT tiene 4 pulgadas de diámetro. La población tarijeña corría riesgo de ser desabastecida de gas./
"Esperamos concluir hasta el día viernes ya todo el trámite y obtención de la licencia ambiental, esto nos va a permitir que la empresa YPFB Transporte proceda con la firma de los contratos que ya estaban preadjudicados", explicó.
Sosa recordó que el acuerdo con la APG se suscribió después de dos años de negociaciones, el mismo que establece que "el Pueblo Guaraní Itika Guasu no opone ningún tipo de problemas" a ese proyecto importante. Según el Ministerio de Hidrocarburos, actualmente el GVT tiene 4 pulgadas de diámetro. La población tarijeña corría riesgo de ser desabastecida de gas./
lunes, 30 de enero de 2012
Falta de acuerdos para licencia ambiental pone en riesgo suministro de gas en Tarija
El gerente de la Empresa Tarijeña del Gas (EMTAGAS), Alejandro Gallardo, manifestó hoy que adoptarán medidas de contingencia en la distribución del energético, ante la falta de acuerdos entre YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) y la APG (Asamblea del Pueblo Guaraní) del Iticahuasu, para la obtención de la licencia ambiental.
La demora en el proceso de obtención de la licencia, retrasa la construcción de la tercera fase del gasoducto Villamontes-Tarija que proveerá del energético al sur del país.
"La consulta de YPFB y la APG del Iticahuasu deberá darse lo más antes posible para obtener la licencia ambiental, (mientras tanto) estamos realizando un plan de contingencia en coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para los meses en los que desciende la temperatura, es decir desde mayo hasta agosto, (?) es necesario realizar el racionamiento en la categoría industrial que iniciará cuando tengamos peligro de que el sistema falle", sostuvo el funcionario, según reporta radio Aclo de Erbol.
Gallardo aseguró que en Tarija se racionará el suministro de gas a siete empresas, entre ellas a Servicios Eléctricos de Tarija y a la fábrica de cemento El Puente.
La demora en el proceso de obtención de la licencia, retrasa la construcción de la tercera fase del gasoducto Villamontes-Tarija que proveerá del energético al sur del país.
"La consulta de YPFB y la APG del Iticahuasu deberá darse lo más antes posible para obtener la licencia ambiental, (mientras tanto) estamos realizando un plan de contingencia en coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para los meses en los que desciende la temperatura, es decir desde mayo hasta agosto, (?) es necesario realizar el racionamiento en la categoría industrial que iniciará cuando tengamos peligro de que el sistema falle", sostuvo el funcionario, según reporta radio Aclo de Erbol.
Gallardo aseguró que en Tarija se racionará el suministro de gas a siete empresas, entre ellas a Servicios Eléctricos de Tarija y a la fábrica de cemento El Puente.
martes, 20 de diciembre de 2011
Elaboran nueva norma ambiental petrolera
En el marco de la presentación del plan de exploración de YPFB 2012-2020, el presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, planteó la necesidad de una nueva normativa ambiental, que permita acelerar y obtener resultados más rápidos en la exploración de los recursos naturales, lo que significa evitar un efecto del proceso de consulta previa con los pueblos indígenas.
Villegas anunció que esta normativa "está en proceso de discusión", justamente, para poner fin a "algunos obstáculos" socio-ambientales que están impidiendo actividades hidrocarburíferas. El objetivo de la normativa es agilizar el trámite de la licencia ambiental, la consulta pública y la participación de las comunidades circundantes a las áreas de operaciones petroleras.
El presidente del Estado, Evo Morales, declaró que es necesario garantizar la exploración de los campos hidrocarburíferos, así como la consulta previa. Sin embargo, destacó que estos procesos no deben retrasar la actividad exploratoria.
“En las áreas de exploración, es necesario garantizar la consulta previa, coadyuvar y apoyar a la consulta y no mediante la consulta, perjudicar la exploración; son los problemas que se nos han presentado en los últimos años”, precisó el primer mandatario.
Plan. La estrategia de exploración de YPFB Corporación contempla el desarrollo de actividades de prospección en 118 áreas en el próximo decenio con una inversión de $us 1.800 millones, con el objetivo de incrementar las reservas, afirmó Villegas.
“En los próximos 10 años vamos a trabajar intensamente para explorar 118 áreas que hemos identificado porque la exploración es prácticamente la columna vertebral de la vida hidrocarburífera. Sin exploración ponemos en riesgo el uso de las reservas, el desarrollo de las mismas. Tenemos la obligación de reponer el consumo de las reservas y cumplir con los compromisos hacia adelante”, manifestó el presidente de YPFB.
Operaciones. Actualmente, la estatal realiza la estimación de recursos hidrocarburíferos de las 56 áreas entre reservadas disponibles (14) y nuevas (42).
“Hemos contratado a una empresa internacional para que realice la estimación de los recursos. Asimismo, se está elaborando al interior de YPFB paquetes de datos técnicos y se está preparando convocatorias públicas nacionales e internacionales de selección de empresas para firmar en algunos casos contratos de servicios de exploración y explotación y en otros casos convenios de estudio”, complementó Villegas.
De las 42 áreas nuevas, se realizó una delimitación para que ninguna se sobreponga a parques nacionales.
52 Áreas
De exploración y explotación en este momento opera YPFB.
Instituciones encargadas de la ley
La nueva normativa ambiental requiere una sinergia del ministerio de hidrocarburos, medio ambiente y agua, la agencia nacional de hidrocarburos (ANH).
Villegas anunció que esta normativa "está en proceso de discusión", justamente, para poner fin a "algunos obstáculos" socio-ambientales que están impidiendo actividades hidrocarburíferas. El objetivo de la normativa es agilizar el trámite de la licencia ambiental, la consulta pública y la participación de las comunidades circundantes a las áreas de operaciones petroleras.
El presidente del Estado, Evo Morales, declaró que es necesario garantizar la exploración de los campos hidrocarburíferos, así como la consulta previa. Sin embargo, destacó que estos procesos no deben retrasar la actividad exploratoria.
“En las áreas de exploración, es necesario garantizar la consulta previa, coadyuvar y apoyar a la consulta y no mediante la consulta, perjudicar la exploración; son los problemas que se nos han presentado en los últimos años”, precisó el primer mandatario.
Plan. La estrategia de exploración de YPFB Corporación contempla el desarrollo de actividades de prospección en 118 áreas en el próximo decenio con una inversión de $us 1.800 millones, con el objetivo de incrementar las reservas, afirmó Villegas.
“En los próximos 10 años vamos a trabajar intensamente para explorar 118 áreas que hemos identificado porque la exploración es prácticamente la columna vertebral de la vida hidrocarburífera. Sin exploración ponemos en riesgo el uso de las reservas, el desarrollo de las mismas. Tenemos la obligación de reponer el consumo de las reservas y cumplir con los compromisos hacia adelante”, manifestó el presidente de YPFB.
Operaciones. Actualmente, la estatal realiza la estimación de recursos hidrocarburíferos de las 56 áreas entre reservadas disponibles (14) y nuevas (42).
“Hemos contratado a una empresa internacional para que realice la estimación de los recursos. Asimismo, se está elaborando al interior de YPFB paquetes de datos técnicos y se está preparando convocatorias públicas nacionales e internacionales de selección de empresas para firmar en algunos casos contratos de servicios de exploración y explotación y en otros casos convenios de estudio”, complementó Villegas.
De las 42 áreas nuevas, se realizó una delimitación para que ninguna se sobreponga a parques nacionales.
52 Áreas
De exploración y explotación en este momento opera YPFB.
Instituciones encargadas de la ley
La nueva normativa ambiental requiere una sinergia del ministerio de hidrocarburos, medio ambiente y agua, la agencia nacional de hidrocarburos (ANH).
jueves, 1 de septiembre de 2011
Chaco pide ajustar tributos y acelerar la licencia ambiental
El presidente de YPFB Chaco, subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Corporación), Pedro Torquemada, planteó ayer reducir los plazos para los trámites de licencia ambiental y redefinir el sistema tributario para acelerar los proyectos hidrocarburíferos y convertir al país en un polo atractivo para las inversiones privadas.
Torquemada lanzó ambas propuestas en el seminario Introducción al Sector de Hidrocarburos, organizado por YPFB Chaco para los senadores del Estado, instancia que iniciará en breve el tratamiento de la nueva ley del sector energético.
Precisamente, el presidente de YPFB Chaco señaló que la nueva ley tendrá el reto de ajustar la actual normativa (Ley 3058) y mejorarla en su parte procedimental.
La nueva ley “irá dirigida al sistema operativo, (es decir) que si un permiso ambiental se lo saca entre seis y ocho meses, con esto, potencialmente, podemos sacarlo en tres, que es muy importante, por lo que significa una inversión más rápida en desarrollo y exploración”, indicó.
En la actualidad, la Ley 1333 de Medio Ambiente regula todas las actividades relacionadas con el uso y explotación de los recursos naturales para su aprovechamiento y explotación de manera sostenible.
La norma le da al Ministerio de Medio Ambiente y Agua la tarea de emitir declaratorias de impacto ambiental y las sanciones respectivas en los proyectos que dañen la naturaleza. De acuerdo con datos oficiales, la obtención de la licencia ambiental para el sector petrolero se demora hasta un año, lo que repercute en una dilación en el desarrollo de los proyectos.
TRIBUTOS-CONTRATOS
Otro aspecto que debe ajustarse, según Torquemada, está relacionado con el sistema tributario y los contratos de operaciones que “fueron diseñados para campos ya descubiertos y no así para nuevos emprendimientos exploratorios”.
“Es necesario redefinir las condiciones contractuales para el aspecto exploratorio creando competitividad con los sistemas de atracción de inversiones de los países vecinos”, insistió.
Torquemada hizo mención al ránking de regímenes fiscales petroleros a nivel mundial elaborado por la compañía internacional Wood Mackenzie, que considera el atractivo del régimen fiscal para las empresas petroleras y su estabilidad, en el cual Bolivia ocupa el puesto 99 entre 133, ubicándose por delante de Rusia, Venezuela y Libia.
De acuerdo con el marco normativo, el Estado recibe el 50 por ciento de los ingresos por las operaciones que se produzcan en el sector: regalías y participación 18 por ciento, y 32 por ciento por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Además, las empresas deben cubrir otros tributos como el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), entre otros.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez (MAS), indicó que se debe hacer una revisión de todo lo que ha “significado la economía jurídica del país en la medida en que muchos de estos obedecían a otra realidad”.
Sobre el trámite de la licencia ambiental, Martínez dijo que, de acuerdo con cada empresa, se puede “realizar una mayor dinámica”, pero antes es necesario acceder a “un informe técnico para ver cuáles serán los límites y los extremos” de esta acción.
Torquemada lanzó ambas propuestas en el seminario Introducción al Sector de Hidrocarburos, organizado por YPFB Chaco para los senadores del Estado, instancia que iniciará en breve el tratamiento de la nueva ley del sector energético.
Precisamente, el presidente de YPFB Chaco señaló que la nueva ley tendrá el reto de ajustar la actual normativa (Ley 3058) y mejorarla en su parte procedimental.
La nueva ley “irá dirigida al sistema operativo, (es decir) que si un permiso ambiental se lo saca entre seis y ocho meses, con esto, potencialmente, podemos sacarlo en tres, que es muy importante, por lo que significa una inversión más rápida en desarrollo y exploración”, indicó.
En la actualidad, la Ley 1333 de Medio Ambiente regula todas las actividades relacionadas con el uso y explotación de los recursos naturales para su aprovechamiento y explotación de manera sostenible.
La norma le da al Ministerio de Medio Ambiente y Agua la tarea de emitir declaratorias de impacto ambiental y las sanciones respectivas en los proyectos que dañen la naturaleza. De acuerdo con datos oficiales, la obtención de la licencia ambiental para el sector petrolero se demora hasta un año, lo que repercute en una dilación en el desarrollo de los proyectos.
TRIBUTOS-CONTRATOS
Otro aspecto que debe ajustarse, según Torquemada, está relacionado con el sistema tributario y los contratos de operaciones que “fueron diseñados para campos ya descubiertos y no así para nuevos emprendimientos exploratorios”.
“Es necesario redefinir las condiciones contractuales para el aspecto exploratorio creando competitividad con los sistemas de atracción de inversiones de los países vecinos”, insistió.
Torquemada hizo mención al ránking de regímenes fiscales petroleros a nivel mundial elaborado por la compañía internacional Wood Mackenzie, que considera el atractivo del régimen fiscal para las empresas petroleras y su estabilidad, en el cual Bolivia ocupa el puesto 99 entre 133, ubicándose por delante de Rusia, Venezuela y Libia.
De acuerdo con el marco normativo, el Estado recibe el 50 por ciento de los ingresos por las operaciones que se produzcan en el sector: regalías y participación 18 por ciento, y 32 por ciento por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Además, las empresas deben cubrir otros tributos como el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), entre otros.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez (MAS), indicó que se debe hacer una revisión de todo lo que ha “significado la economía jurídica del país en la medida en que muchos de estos obedecían a otra realidad”.
Sobre el trámite de la licencia ambiental, Martínez dijo que, de acuerdo con cada empresa, se puede “realizar una mayor dinámica”, pero antes es necesario acceder a “un informe técnico para ver cuáles serán los límites y los extremos” de esta acción.
domingo, 21 de agosto de 2011
Hay petroleras que abandonan pozos y causan daño ambiental
Instalaciones y pozos petroleros abandonados causan impactos ambientales en el Departamento, según se pudo conocer el viernes en el seminario de análisis sobre la situación ambiental hidrocarburíferas en Chuquisaca, organizado por la Asociación Sucrense de Ecología (ASE).
El ingeniero petrolero Félix Navarro, en representación de la Gobernación, lamentó que algunas petroleras no hayan realizado el cierre o abandono técnico de pozos como corresponde.
Citó que sólo en el campo Monteagudo o Piraymiri, donde inicialmente operaban 57 pozos y ahora quedan nueve en producción, la empresa petrolera dejó 48 pozos “prácticamente abandonados” y “eso genera pasivos ambientales”.
Navarro remarcó que en este caso “la empresa Repsol, por lo menos eso es lo que nos han indicado, ya tiene una planificación para hacer el abandono correspondiente de los pozos y de las instalaciones superficiales”.
Agregó que si no se realizan cierres técnicos, este tipo de instalaciones pueden ocasionar daños al suelo con materiales que incluso resultan cancerígenos.
Se calcula que a nivel nacional, entre los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba, hay unos 400 pozos en similares condiciones.
Similar criterio tuvo Marcelo Higueras, asistente técnico del Observatorio Boliviano de los Recursos Naturales, un proyecto del Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL).
Higueras sostuvo que a pesar del compromiso que tienen, las transnacionales petroleras no cumplen con el correspondiente sellado de las bocas de pozo.
“La actividad petrolera donde más impactos se puede ocasionar es en la fase de estabilización, es decir, se tiene que hacer un montón de adecuaciones como deforestación, movimiento de maquinaria pesada y la apertura de caminos”, aseguró.
En el caso de Monteagudo “hay una serie de pasivos ambientales, están todavía saliendo restos de petróleo que no han sido extraídos; restos de gas que están contaminando ríos, bosques, aguas que son bebidas incluso por los propios comunarios”, agregó.
El ingeniero petrolero Félix Navarro, en representación de la Gobernación, lamentó que algunas petroleras no hayan realizado el cierre o abandono técnico de pozos como corresponde.
Citó que sólo en el campo Monteagudo o Piraymiri, donde inicialmente operaban 57 pozos y ahora quedan nueve en producción, la empresa petrolera dejó 48 pozos “prácticamente abandonados” y “eso genera pasivos ambientales”.
Navarro remarcó que en este caso “la empresa Repsol, por lo menos eso es lo que nos han indicado, ya tiene una planificación para hacer el abandono correspondiente de los pozos y de las instalaciones superficiales”.
Agregó que si no se realizan cierres técnicos, este tipo de instalaciones pueden ocasionar daños al suelo con materiales que incluso resultan cancerígenos.
Se calcula que a nivel nacional, entre los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba, hay unos 400 pozos en similares condiciones.
Similar criterio tuvo Marcelo Higueras, asistente técnico del Observatorio Boliviano de los Recursos Naturales, un proyecto del Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL).
Higueras sostuvo que a pesar del compromiso que tienen, las transnacionales petroleras no cumplen con el correspondiente sellado de las bocas de pozo.
“La actividad petrolera donde más impactos se puede ocasionar es en la fase de estabilización, es decir, se tiene que hacer un montón de adecuaciones como deforestación, movimiento de maquinaria pesada y la apertura de caminos”, aseguró.
En el caso de Monteagudo “hay una serie de pasivos ambientales, están todavía saliendo restos de petróleo que no han sido extraídos; restos de gas que están contaminando ríos, bosques, aguas que son bebidas incluso por los propios comunarios”, agregó.
domingo, 24 de julio de 2011
YPFB descarta derrame petrolero en Bermejo
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) señala que el pozo Bermejo X2, operado por la argentina Pluspetrol, está produciendo sin provocar pérdidas de petróleo, por lo tanto, las emanaciones mínimas son naturales y para evitar su esparcimiento recomienda cavar fosas. "En la actualidad, el pozo no presenta fugas superficiales ni desde el subsuelo", señala el informe técnico de la Vicepresidencia de Administración Contratos y Fiscalización que divulga YPFB.
Además especifica que se trata de un "ínfimo vertido de petróleo y aguas sulfurosas en la rivera norte del río Bermejo y en la latitud del pozo BJO-X2", afirmando que la presencia de éste "se debe a un manadero natural de petróleo". La comisión "evidenció la ínfima emanación de un fluido de hidrocarburos líquidos con mezcla de aguas sulfurosas de formación en la parte norte del río Bermejo, ésta produce una película superficial focal de coloración tornasol", señala el informe de YPFB.
"El origen de este fenómeno", ubicado a quince kilómetros del pozo Bermejo X2, "se debe a fugas naturales del petróleo desde el subsuelo en el transcurso de su migración, debiéndose estas fugas fundamentalmente a la menor densidad del petróleo respecto al agua", detalla el informe técnico al especificar que esto se denomina "oil seep".
Estos "manaderos o vertederos de petróleo son comunes a lo largo de la faja Subandino Sur, zona tradicional donde se explota hidrocarburos desde 1920", especifica el informe de la petrolera estatal.
La identificación y las posteriores explicaciones son parte de las conclusiones de la misión técnica que visitó el lugar y la plataforma del pozo Bermejo X2, operado por la petrolera argentina.
Recomendaciones
Como hay presencia de "ínfimos" y "naturales" emanaciones, la Vicepresidencia de Administración Contratos y Fiscalización de YPFB recomienda "trabajos de emergencia, como la construcción de trampas artesanales para evitar el contacto del vertido de petróleo con aguas del río Bermejo". Además, "se debe monitorear el llenado de los hoyos para evaluar los volúmenes de agua sulfurosa y petróleo", lo que "permitirá conocer el caudal de hidrocarburo surgido", especifica el informe técnico.
En la misión que recorrió el área de la filtración y la plataforma del pozo Bermejo X2 participaron técnicos de YPFB y autoridades de la región, del Comité Cívico, de la Asamblea departamental y dirigentes campesinos.
Además especifica que se trata de un "ínfimo vertido de petróleo y aguas sulfurosas en la rivera norte del río Bermejo y en la latitud del pozo BJO-X2", afirmando que la presencia de éste "se debe a un manadero natural de petróleo". La comisión "evidenció la ínfima emanación de un fluido de hidrocarburos líquidos con mezcla de aguas sulfurosas de formación en la parte norte del río Bermejo, ésta produce una película superficial focal de coloración tornasol", señala el informe de YPFB.
"El origen de este fenómeno", ubicado a quince kilómetros del pozo Bermejo X2, "se debe a fugas naturales del petróleo desde el subsuelo en el transcurso de su migración, debiéndose estas fugas fundamentalmente a la menor densidad del petróleo respecto al agua", detalla el informe técnico al especificar que esto se denomina "oil seep".
Estos "manaderos o vertederos de petróleo son comunes a lo largo de la faja Subandino Sur, zona tradicional donde se explota hidrocarburos desde 1920", especifica el informe de la petrolera estatal.
La identificación y las posteriores explicaciones son parte de las conclusiones de la misión técnica que visitó el lugar y la plataforma del pozo Bermejo X2, operado por la petrolera argentina.
Recomendaciones
Como hay presencia de "ínfimos" y "naturales" emanaciones, la Vicepresidencia de Administración Contratos y Fiscalización de YPFB recomienda "trabajos de emergencia, como la construcción de trampas artesanales para evitar el contacto del vertido de petróleo con aguas del río Bermejo". Además, "se debe monitorear el llenado de los hoyos para evaluar los volúmenes de agua sulfurosa y petróleo", lo que "permitirá conocer el caudal de hidrocarburo surgido", especifica el informe técnico.
En la misión que recorrió el área de la filtración y la plataforma del pozo Bermejo X2 participaron técnicos de YPFB y autoridades de la región, del Comité Cívico, de la Asamblea departamental y dirigentes campesinos.
jueves, 19 de mayo de 2011
Desde el mes de abril se están realizando acciones de restauración ambiental en Sanandita, en los pozos San-x3 y San-x31
La directora de Calidad y Servicios Ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente y Agua de la Gobernación, Erika Ferrufino, informó que hoy, en la ciudad de Yacuiba, la Asamblea del Pueblo Guaraní se reúne para tratar el tema de los pasivos ambientales y otras cuestiones de importancia sobre el medio ambiente.
Ferrufino explicó que desde el pasado mes de abril se están realizando acciones de restauración ambiental en Sanandita, en los pozos San-x3 y San-x31. En el presente mes se licitarán trabajos para llevar adelante el plan de abandono y restauración ambiental de los pozos seis y ocho de Los Monos y de Caigua, ambos en Villamontes.
Ambas actividades fueron dadas a conocer por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Petrolera Chaco el pasado 28 de abril en la ciudad de Santa Cruz, donde también se comprometieron a tomar acciones inmediatas de mitigación en los pozos once y dos de Caigua.
También informó que el personal técnico de la Empresa Petrolera Chaco, hasta fines de mes, realizará la apertura de camino para que ingrese maquinaria chica y pueda realizar las labores que conllevan solucionar de forma inmediata algunos problemas de contaminación en los pasivos ambientales.
Además se planifica acciones a mediano y largo plazo ya que el cierre de los pasivos ambientales identificados por la dirección de Medio Ambiente de YPFB, merecen la realización de diferentes acciones que lleva tiempo ejecutarlas, esto con el fin de otorgar al área las condiciones favorables para su recuperación natural, en cumplimiento con las normas ambientales vigentes en el país, sostuvo Ferrufino.
La autoridad dijo que el plan de abandono de los pasivos ambientales lleva su tiempo, ya que para ello es necesario involucrar y consensuar el plan de abandono y restauración con las autoridades ambientales y autoridades locales. “Capacitar al personal local en temas técnicos, realizar el seguimiento y control continuo de las operaciones, realizar monitoreos ambientales en el área en las diferentes fases como ser, para estabilizar las planchadas y caminos de accesos, recuperación de la cobertura vegetal, la remediación de suelos contaminados”, expresó.
Es por ello que se debe realizar varios trabajos y acciones como ser, retiro, transporte y disposición de los suelos contaminados, construcción de disipadores de energía para disminuir la velocidad de las aguas superficiales, como también la construcción de canales de drenaje pluvial, trabajos de control de cárcavas en taludes, escarificado de plataforma de caminos y planchadas, reforestación, entre otros, comentó.
Por último indicó que en la provincia O’Connor también se identificó pasivos ambientales procedentes de actividades de exploración por las empresas petroleras de gestiones pasadas, por lo que el pasado 11 de mayo, personal técnico de YPFB y técnicos de la Dirección de Calidad Y Servicios Ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación, ingresaron al lugar denominado Honduras; sitio en el que se encuentran los pozos hnd-x1 y hnd-x2. “Sin lugar a duda son muchos los sitios en el departamento donde podemos encontrar pasivos ambientales y YPFB tiene identificados más de cien”, concluyó.
Ferrufino explicó que desde el pasado mes de abril se están realizando acciones de restauración ambiental en Sanandita, en los pozos San-x3 y San-x31. En el presente mes se licitarán trabajos para llevar adelante el plan de abandono y restauración ambiental de los pozos seis y ocho de Los Monos y de Caigua, ambos en Villamontes.
Ambas actividades fueron dadas a conocer por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Petrolera Chaco el pasado 28 de abril en la ciudad de Santa Cruz, donde también se comprometieron a tomar acciones inmediatas de mitigación en los pozos once y dos de Caigua.
También informó que el personal técnico de la Empresa Petrolera Chaco, hasta fines de mes, realizará la apertura de camino para que ingrese maquinaria chica y pueda realizar las labores que conllevan solucionar de forma inmediata algunos problemas de contaminación en los pasivos ambientales.
Además se planifica acciones a mediano y largo plazo ya que el cierre de los pasivos ambientales identificados por la dirección de Medio Ambiente de YPFB, merecen la realización de diferentes acciones que lleva tiempo ejecutarlas, esto con el fin de otorgar al área las condiciones favorables para su recuperación natural, en cumplimiento con las normas ambientales vigentes en el país, sostuvo Ferrufino.
La autoridad dijo que el plan de abandono de los pasivos ambientales lleva su tiempo, ya que para ello es necesario involucrar y consensuar el plan de abandono y restauración con las autoridades ambientales y autoridades locales. “Capacitar al personal local en temas técnicos, realizar el seguimiento y control continuo de las operaciones, realizar monitoreos ambientales en el área en las diferentes fases como ser, para estabilizar las planchadas y caminos de accesos, recuperación de la cobertura vegetal, la remediación de suelos contaminados”, expresó.
Es por ello que se debe realizar varios trabajos y acciones como ser, retiro, transporte y disposición de los suelos contaminados, construcción de disipadores de energía para disminuir la velocidad de las aguas superficiales, como también la construcción de canales de drenaje pluvial, trabajos de control de cárcavas en taludes, escarificado de plataforma de caminos y planchadas, reforestación, entre otros, comentó.
Por último indicó que en la provincia O’Connor también se identificó pasivos ambientales procedentes de actividades de exploración por las empresas petroleras de gestiones pasadas, por lo que el pasado 11 de mayo, personal técnico de YPFB y técnicos de la Dirección de Calidad Y Servicios Ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación, ingresaron al lugar denominado Honduras; sitio en el que se encuentran los pozos hnd-x1 y hnd-x2. “Sin lugar a duda son muchos los sitios en el departamento donde podemos encontrar pasivos ambientales y YPFB tiene identificados más de cien”, concluyó.
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