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sábado, 19 de diciembre de 2020
sábado, 23 de diciembre de 2017
Identifican 13 irregularidades en compra de equipo de YPFB
El Contralor General del Estado, Henry Ara, se presentó esta semana en la Cámara de Senadores para brindar un informe oral sobre el caso taladros e identificó 13 irregularidades en ese tema que aún está en investigación en el Ministerio Público.
Entre las irregularidades identificadas se confirmó que están las acciones que habría asumido el expresidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, pese a que no estaban definidas en disposiciones legales.
INVOLUCRADOS
Tras brindar su informe oral, Ara ratificó ante los medios de comunicación que Achá está involucrado en el caso, pero por “algún tema de desconocimiento de la normativa interna, pues él habría autorizado un incremento al precio de referencia, (…) cuando esa competencia era del Directorio”.
En este caso se investiga los presuntos hechos irregulares cometidos en el proceso de contratación de la empresa italiana Drillmec para la adquisición de tres taladros para Yacimientos por $us 148 millones.
Además, el Contralor dio a conocer en su informe un detalle de los 20 acusados ante el Ministerio Público, entre ellos, 19 funcionarios de la estatal petrolera y uno de Drillmec.
Entre las irregularidades identificadas se confirmó que están las acciones que habría asumido el expresidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, pese a que no estaban definidas en disposiciones legales.
INVOLUCRADOS
Tras brindar su informe oral, Ara ratificó ante los medios de comunicación que Achá está involucrado en el caso, pero por “algún tema de desconocimiento de la normativa interna, pues él habría autorizado un incremento al precio de referencia, (…) cuando esa competencia era del Directorio”.
En este caso se investiga los presuntos hechos irregulares cometidos en el proceso de contratación de la empresa italiana Drillmec para la adquisición de tres taladros para Yacimientos por $us 148 millones.
Además, el Contralor dio a conocer en su informe un detalle de los 20 acusados ante el Ministerio Público, entre ellos, 19 funcionarios de la estatal petrolera y uno de Drillmec.
jueves, 9 de noviembre de 2017
La estatal YPFB acusa a un funcionario por actos de corrupción
El directorio de YPFB presidido por Óscar Barriga, presentó este jueves una querella formal en contra del funcionario Javier M. J. F. que es acusado de cobros ilegales a una notaria que presta servicios a la entidad. Al acusado se lo encontró en flagrancia.Javier M. J. F. es acusado por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, concusión, incumplimiento de deberes y extorsión. El operativo de su detención se dio la tarde del 8 de noviembre cuando se encontró al acusado con parte de un monto solicitado irregularmente.Un día antes, la notaria de quien se reserva el nombre, se presentó ante la Dirección de Transparencia de YPFB para denunciar que el sujeto en cuestión habría solicitado una suma supuestamente destinada a cubrir servicios profesionales en la Dirección Legal.Así mismo, la notaria dijo que la segunda semana de octubre, Javier M. J. F. se comunicó con ella para comunicarle que existían nuevas observaciones a su proceso de pago y que para agilizar el mismo se debería cancelar el monto de Bs 3.500."Bajo el mandato presidencial de cero tolerancia a la corrupción la estatal realizó la investigación. Como parte de la reingeniería hemos aumentado los controles de los procesos internos y en un trabajo coordinado con la Dirección de Transparencia, se identificó estos presuntos delitos", dijo Óscar Barriga, presidente de YPFB.
martes, 22 de agosto de 2017
Fiscalía inició el análisis de la demanda penal por el caso Taladros
El Ministerio Público inició un análisis a la demanda penal que presentó la Contraloría General del Estado (CGE) por el proceso de contratación de tres equipos de perforación adjudicados a la empresa Drillmec por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La denuncia que presentó la Contraloría ante la Fiscalía –a principios de este mes– fue tras haber concluido con el informe de la supervisión que inició tras revelarse en marzo el caso del supuesto proceso irregular al proceso de contratación de los equipos valuados en $us 148 millones.
“Hace días atrás, la Contraloría presentó una denuncia en el caso taladros, la misma ha sido remitida ante la comisión de fiscales y contiene los mismos antecedentes que hemos ido investigando y los mismos delitos”, informó el fiscal departamental Edwin Blanco.
Según el representante del Ministerio Público, la documentación que presentó el contralor Henry Ara se encuentra en un proceso de análisis y en los siguientes días se tomará una decisión al respeto ya que varios de los aspectos presentados coindicen con la investigación de la Fiscalía.
En la demanda presentada por Ara se encuentran el expresidente de YPFB, Guillermo Achá, además de otros 18 funcionarios de la petrolera estatal que estarían implicadas en presuntas irregularidades en la compra de tres taladros. En este caso, fueron encarcelados siete funcionarios de YPFB, entre ellos, Achá. (22/08/2017)
miércoles, 9 de agosto de 2017
Audivert niega denuncias y dice que no hay pruebas
El ex Director Laboral y Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de YPFB, Carlos Audivert, se pronunció verbalmente para ratificar su rechazo a las afirmaciones del representante de Control Social, quien informó sobre su destitución por uso indebido de bienes del Estado e incumplimiento de deberes.
Anteriormente, el presidente de Control Social, Wilber Flores, informó este diario que Carlos Audivert había sido destituido de la Dirección Laboral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tras un proceso interno de la institución que tomó la decisión por acusaciones de uso indebido de bienes y servicios públicos, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
En su defensa, el ex Director negó “totalmente” las acusaciones y señaló que es un “tema personal” que busca dañar su imagen y tomar el Sindicato de Trabajadores Petroleros el cual dirige nuevamente. Explicó que tras la publicación de la supuesta destitución los obreros se reunieron de emergencia para posesionarlo como Secretario General a manera de respaldo.
“Es gente que quiere dañar mi imagen, yo estoy muy preocupado, tengo hijos y me molesta que haya personas que hacen lo imposible por querer tomar mi sindicato y eso nunca lo van a poder hacer. Los trabajadores saben quiénes son los corruptos y quiénes no y por eso me respaldaron, porque me conocen”, indicó.
Respecto al uso indebido de bienes y servicios públicos, aclaró en primera instancia que desde el año pasado ya no funge como Director Laboral, por lo que es incorrecto afirmar que “cae” en referencia a la destitución de ese cargo, sostuvo. Cuando asumió el cargo, contó, era llamado permanentemente para cumplir con sus obligaciones en La Paz, desde donde se instruyó su traslado en los vehículos oficiales por su seguridad y resguardo personal.
También negó haber usado el garaje del Distrito Comercial de manera cotidiana, pero aceptó haberlo hecho en tres ocasiones bajo autorización. “Me hice pisar con el tiempo y guardé tres veces. Me llamaron a emergencia de La Paz y no podía dejar mi vehículo en la calle. Entonces, pedí permiso al (Director) Distrital y ahora el portero se niega haberme dado el permiso”, apuntó.
Se lo culpó también por ofrecer puestos de trabajo a cambio de dinero, el sindicalista arguyó que mucha gente se postula a cargos constantemente y como Director sólo cumplió con convocar a nivel nacional.
En cuanto a otras investigaciones a más dirigentes que anunció Flores, dijo que “es como cacería de brujas” ya que quieren destruir el Distrito y el Directorio.
Anunció una reunión con dirigentes para fortalecer su defensa. “No todos somos ladrones, es fácil enlodar a las personas, pero lo difícil es mostrar documentos y aseguro que ese señor no tiene un documento para probar nada”, finalizó.
martes, 4 de julio de 2017
Fiscalía pide a Contraloría auditoría rechazada de YPFB
Una copia de la auditoria interna realizada por YPFB al proceso de contratación de la empresa italiana Drillmec para la provisión de tres taladros, misma que fue rechazada por la Contraloría General del Estado (CGE), fue solicitada por la Fiscalía con el fin de establecer si existe alguna irregularidad que se trató de encubrir.
Hace dos semanas, la CGE, a través de la subcontralora de Control Interno, Sandra Quiroga, informó que se rechazó la auditoría interna elaborada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) al proceso de contratación y recomendó acciones legales en contra del auditor interno, responsable del informe en cuestión.
“Hemos evaluado el informe del auditor interno y hemos llegado a la conclusión de que no se ha enmarcado en su totalidad en la normativa vigente, razón por la cual hemos procedido a rechazar este trabajo de auditoría y hemos remitido nuestro pronunciamiento a YPFB”, afirmó Quiroga en entrevista con ANF.
CONTRA-INFORME
Al respecto, el fiscal Ramiro Jarandilla informó que ya se ha solicitado una copia de dicha auditoria.
En la audiencia de medidas cautelares del expresidente de YPFB, Guillermo Achá, la Fiscalía citó un contra informe, elaborado por la Gerente Corporativa Legal, en el cual se desvirtuaba las denuncias de Transparencia.
Pero la Fiscalía ha puesto en duda la objetividad de dicho informe, porque en primer lugar fue ordenado por Achá y el mismo fue elaborado por el gerente de Perforación Corporativa, David Pérez Alba, quien también formó parte del proceso de licitación.
AUDITORÍA
En el caso de la auditoría, las sospechan inician por la misma razón, que la misma fue elaborada por orden de Achá y no se tomaron en cuenta varios aspectos.
La subcontralora explicó que no se limitó al rechazo del informe del auditor interno, sino que también se recomendó iniciar las acciones legales en contra de este funcionario. “Ha omitido la norma, actos esenciales como el precio referencial, la aplicación en la norma y en qué condiciones empezó el proceso de contrataciones”, declaró.
Por el caso taladros, siete exfuncionarios de YPFB guardan detención preventiva en diferentes cárceles de La Paz y Santa Cruz, además del expresidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá, quien se benefició con detención domiciliaria.
Entre las observaciones que se identificaron, según Quiroga, están que el auditor desde el principio de su auditoría omitió analizar la aplicabilidad del reglamento para contrataciones a empresas del extranjero. “Lo principal que debía haber hecho es analizar si se aplica el reglamento o no, y no se pronuncia al respecto”, explicó.
También mencionó que el auditor de YPFB, de acuerdo con las normas y al inicio de la auditoría, debió hacer un relevamiento de información para ver si había las condiciones de auditabilidad, “y él no hizo ese relevamiento de información y directo por órdenes del presidente de YPFB (Guillermo Achá) ha iniciado la auditoría”.
Tercero, es que “el auditor no ha efectuado un análisis de la determinación del precio referencial que para nosotros es muy importante, ese análisis que tendría que haberse hecho, él dice no voy a hacer eso porque considera que eso le corresponde a la Unidad Solicitante, y no nos parece que debería proceder de esa manera”, manifestó.
Hace dos semanas, la CGE, a través de la subcontralora de Control Interno, Sandra Quiroga, informó que se rechazó la auditoría interna elaborada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) al proceso de contratación y recomendó acciones legales en contra del auditor interno, responsable del informe en cuestión.
“Hemos evaluado el informe del auditor interno y hemos llegado a la conclusión de que no se ha enmarcado en su totalidad en la normativa vigente, razón por la cual hemos procedido a rechazar este trabajo de auditoría y hemos remitido nuestro pronunciamiento a YPFB”, afirmó Quiroga en entrevista con ANF.
CONTRA-INFORME
Al respecto, el fiscal Ramiro Jarandilla informó que ya se ha solicitado una copia de dicha auditoria.
En la audiencia de medidas cautelares del expresidente de YPFB, Guillermo Achá, la Fiscalía citó un contra informe, elaborado por la Gerente Corporativa Legal, en el cual se desvirtuaba las denuncias de Transparencia.
Pero la Fiscalía ha puesto en duda la objetividad de dicho informe, porque en primer lugar fue ordenado por Achá y el mismo fue elaborado por el gerente de Perforación Corporativa, David Pérez Alba, quien también formó parte del proceso de licitación.
AUDITORÍA
En el caso de la auditoría, las sospechan inician por la misma razón, que la misma fue elaborada por orden de Achá y no se tomaron en cuenta varios aspectos.
La subcontralora explicó que no se limitó al rechazo del informe del auditor interno, sino que también se recomendó iniciar las acciones legales en contra de este funcionario. “Ha omitido la norma, actos esenciales como el precio referencial, la aplicación en la norma y en qué condiciones empezó el proceso de contrataciones”, declaró.
Por el caso taladros, siete exfuncionarios de YPFB guardan detención preventiva en diferentes cárceles de La Paz y Santa Cruz, además del expresidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá, quien se benefició con detención domiciliaria.
Entre las observaciones que se identificaron, según Quiroga, están que el auditor desde el principio de su auditoría omitió analizar la aplicabilidad del reglamento para contrataciones a empresas del extranjero. “Lo principal que debía haber hecho es analizar si se aplica el reglamento o no, y no se pronuncia al respecto”, explicó.
También mencionó que el auditor de YPFB, de acuerdo con las normas y al inicio de la auditoría, debió hacer un relevamiento de información para ver si había las condiciones de auditabilidad, “y él no hizo ese relevamiento de información y directo por órdenes del presidente de YPFB (Guillermo Achá) ha iniciado la auditoría”.
Tercero, es que “el auditor no ha efectuado un análisis de la determinación del precio referencial que para nosotros es muy importante, ese análisis que tendría que haberse hecho, él dice no voy a hacer eso porque considera que eso le corresponde a la Unidad Solicitante, y no nos parece que debería proceder de esa manera”, manifestó.
jueves, 29 de junio de 2017
YPFB revisará 20 procesos de contratación de Achá
El nuevo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga, dejó en claro que no quiere correr riesgos innecesarios y puso en revisión 20 procesos de contratación elaborados en la gestión de su antecesor, Guillermo Achá. Advirtió que si algún proceso presenta falencias u observaciones por parte de la Unidad de Transparencia no lo firmará.
“Tenemos alrededor de 20 procesos de contratación, al igual que este (con Tecnimont) van a ser revisados minuciosamente y este Presidente no va a firmar ningún contrato si es que existe observación”, aseguró.
Luego de que se evidenciara irregularidades en el proceso de contratación de la empresa italiana Drillmec, para la compra de tres taladros que derivó en un proceso penal y la detención de ocho exfuncionarios de YPFB, y después que se anulara el contrato adjudicado a Tecnimont para la Planta de Propileno y Polipropileno por presentar observaciones de tipo legal y administrativo, Barriga dijo que se inicia una nueva fase en la estatal petrolera.
Señaló que “andará de la mano” de la Unidad de Transparencia para la modificación de la reglamentación para los procesos de contratación, de tal forma que los sistemas de control interno garanticen a tiempo cualquier falencia y no existan ni vuelvan a suceder observaciones.
“Voy a instruir dos cosas internamente, tenemos como 20 procesos que están en el inicio y antes de la firma del contrato voy a revisar uno por uno, y si se encuentran algunas deficiencias y observaciones en alguno de los procesos se va anular tal cual se hizo con este proceso”, dijo en alusión al caso Tecnimont.
Barriga reconoció que “es un momento complicado para YPFB” por estas observaciones a los contratos. Sin embargo dijo que también se han dado muestras por transparentar la gestión. (ANF)
“Tenemos alrededor de 20 procesos de contratación, al igual que este (con Tecnimont) van a ser revisados minuciosamente y este Presidente no va a firmar ningún contrato si es que existe observación”, aseguró.
Luego de que se evidenciara irregularidades en el proceso de contratación de la empresa italiana Drillmec, para la compra de tres taladros que derivó en un proceso penal y la detención de ocho exfuncionarios de YPFB, y después que se anulara el contrato adjudicado a Tecnimont para la Planta de Propileno y Polipropileno por presentar observaciones de tipo legal y administrativo, Barriga dijo que se inicia una nueva fase en la estatal petrolera.
Señaló que “andará de la mano” de la Unidad de Transparencia para la modificación de la reglamentación para los procesos de contratación, de tal forma que los sistemas de control interno garanticen a tiempo cualquier falencia y no existan ni vuelvan a suceder observaciones.
“Voy a instruir dos cosas internamente, tenemos como 20 procesos que están en el inicio y antes de la firma del contrato voy a revisar uno por uno, y si se encuentran algunas deficiencias y observaciones en alguno de los procesos se va anular tal cual se hizo con este proceso”, dijo en alusión al caso Tecnimont.
Barriga reconoció que “es un momento complicado para YPFB” por estas observaciones a los contratos. Sin embargo dijo que también se han dado muestras por transparentar la gestión. (ANF)
miércoles, 7 de junio de 2017
Fiscalía allana vivienda para aprehender a una acusada en el caso Taladros
La directora Jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Cynthia N. se ocultaba en su domicilio por lo que se tramitó una orden de allanamiento para aprehenderla y llevarla a declarar por el caso Taladros, informó el fiscal General, Ramiro Guerrero. Añadió que se emitió mandamientos de apremio contra otras tres personas.
Guerrero explicó que desde hace algunos días se la buscada sin resultados a la acusada para citarla a declarar, pero no se la encontró porque se “ocultaba” en su domicilio.
Una vez aprehendida fue trasladada hasta al Ministerio Público, donde presta declaraciones por la contratación de la firma Drillmec para la compra de taladros para la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB.
Además de Cynthia N. están otros implicados en el caso. “(La investigación) se ha ampliado contra otras cuatro personas más, una de ellas, la señora (aprehendida). En ese trámite o transe de la investigación que realiza la comisión de fiscales seguramente se va a convocar a otras personas más”, explicó.
La investigación preliminar detectó indicios de favorecimiento “directo” a la empresa Drillmec en el proceso de contratación de compra de tres equipos de perforación para YPFB por un valor aproximado de $us 148 millones.
“Ella (Cynthia N.) era directora jurídica y muchos de esos cambios y esas enmiendas que se han hecho (al contrato) han pasado por la dirección jurídica”, afirmó Guerrero, quien informó que todo el trabajo que se vino desarrollando hasta el momento fue sobre la base de documentos, declaración de testigos y las personas que fueron denunciadas.
De las tres personas nuevas investigadas, dos de ellas trabajan en la estatal petrolera en Santa Cruz y participaron “directamente en este proceso” de contratación y una última sería nexo entre la empresa Drillmec y YPFB. “Es una persona que ha estado en las reuniones de las comisiones representando a la empresa. Hay un flujo de llamadas, hay mensajes, cartas relativos a la participación de esta persona”, afirmó.
“Estamos buscando a estas tres personas, hemos ubicado ya los domicilios pero cerca de una semana que no van a su fuente de trabajo, entonces, eso nos está generando una cierta dificultad”, señaló Guerrero y ratificó que contra esas personas pesa mandamientos de apremio.
Añadió que se hizo nuevos requerimientos a la Embajada de Italia para aclarar la legalidad de la acreditación de Drillmec y el cumplimiento de todos los procedimientos para la suscripción del contrato con YPFB.
“Se ha hecho un requerimiento, el pedido a través de requerimientos para que certifique si evidentemente esos documentos tenían valor legal en Italia, si esos documentos existían en ese país. Hay muchas contradicciones que han surgido de la misma investigación que ha hecho la unidad de transparencia del Ministerio de Hidrocarburos”, indicó.
En este mismo caso, el 2 de junio, la juez Cuarto Anticorrupción en lo Penal, Melina Lima, determinó la detención preventiva de cinco imputados en el caso Taladros. La medida extrema fue tomada ante riesgos de fuga y obstaculización.
Bigmarck S. P., David P. A., Félix B. M. y Gizel S. R. fueron enviados a la cárcel de Palmasola en la ciudad de Santa Cruz y Julio C. N. deberá permanecer en el recinto de San Pedro en La Paz. Todos fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
Guerrero añadió que mientras avance la investigación “en cualquier momento” se podrá determinar la convocatoria al presidente de YPFB, Guillermo Achá, para que pueda declarar en el caso. (07/06/2017)
jueves, 11 de mayo de 2017
Exjefa de contrataciones de YPFB declaró por el caso taladros
El fiscal de La Paz, Rudy Terrazas, informó que el pasado viernes se presentó a declarar la exgerenta de contrataciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Paola Andrea Oporto Ríos, sindicada en presuntos hechos irregulares en el proceso de contratación y adquisición de tres taladros por $us 148 millones.
Junto a Oporto también son sindicados en este caso otros 14 exfuncionarios de YPFB y al representante de la empresa italiana Drillmec, Diego Bergonzi, todos acusados por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
"Se ha presentado a declarar y está en tema de valoración por la comisión. Ella está en calidad de sindicada", señaló el fiscal Terrazas.
La acusada se presentó a declarar el pasado viernes en el Ministerio Público y el fiscal del caso no quiso detallar la información que dio Oporto alegando que esos datos están siendo valorados.
Acotó que recién se convocará a declarar a los demás sindicados en el caso, para esclarecer las formas en que se adquirieron los taladros.
sábado, 1 de diciembre de 2012
Sale a la luz nuevo caso de corrupción en YPFB
El funcionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Edgar Ramón Palli Martínez, fue aprehendido en flagrancia por la Policía en el momento en que recibía 1.800 bolivianos de un vecino de la ciudad de Cochabamba para la instalación de la red de gas a su domicilio, reportó la radio Pío XII de la Red Erbol.
El vocero de la Felcc, teniente Marcelo Becerra, dijo que el hecho se registró aproximadamente a las 14.00 del jueves, cuando a denuncia del vecino afectado, personal del Ministerio Público y efectivos de inteligencia de la Policía se constituyeron en la avenida Antezana, casi esquina Salamanca.
“Se procedió en flagrancia al señor Palli Martínez (que cumpliría la función de supervisor de obras civiles), a denuncia de Rubén Jaime Quispe, en circunstancias de que esta persona estaría realizando cobros para la instalación de gas a domiciliario”, dijo.
Se conoce que el vecino hizo la entrega del dinero, después de haber alertado previamente a la Policía sobre el cobro irregular que le había hecho el sindicado funcionario de la estatal petrolera.
“Intervino la Policía y la Fiscalía, se le logró secuestrar en poder del (sindicado) la suma total del dinero mencionado”, apuntó el teniente Becerra.
Hasta el jueves, el último caso de corrupción registrado en la estatal petrolera era el de la adjudicación irregular para la construcción de las plantas separadoras de líquidos de Rio Grande (Santa Cruz) y Gran Chaco (Tarija).
El 17 de junio se produjo un accidente de tránsito en Yapacaní (Santa Cruz), provocado por el exgerente nacional de plantas de separación de líquidos, Gerson Rojas, en un auto oficial.
A raíz de la investigación, se revisaron dos cajas de seguridad del Banco Mercantil Santa Cruz, allí se encontraron 90.000 dólares, anotaciones de supuestos montos y fechas de movimientos de dinero. El funcionario Agustín Ugarte retiró el contenido de la segunda caja después del accidente.
Ugarte, en enero de 2011, recibió instrucciones de Gerson Rojas para hacerse presente en cierto lugar en Santa Cruz, donde le entregaron 100.000 bolivianos, supuestamente para favorecer a una empresa en la adjudicación de una de las obras mencionadas.
El vocero de la Felcc, teniente Marcelo Becerra, dijo que el hecho se registró aproximadamente a las 14.00 del jueves, cuando a denuncia del vecino afectado, personal del Ministerio Público y efectivos de inteligencia de la Policía se constituyeron en la avenida Antezana, casi esquina Salamanca.
“Se procedió en flagrancia al señor Palli Martínez (que cumpliría la función de supervisor de obras civiles), a denuncia de Rubén Jaime Quispe, en circunstancias de que esta persona estaría realizando cobros para la instalación de gas a domiciliario”, dijo.
Se conoce que el vecino hizo la entrega del dinero, después de haber alertado previamente a la Policía sobre el cobro irregular que le había hecho el sindicado funcionario de la estatal petrolera.
“Intervino la Policía y la Fiscalía, se le logró secuestrar en poder del (sindicado) la suma total del dinero mencionado”, apuntó el teniente Becerra.
Hasta el jueves, el último caso de corrupción registrado en la estatal petrolera era el de la adjudicación irregular para la construcción de las plantas separadoras de líquidos de Rio Grande (Santa Cruz) y Gran Chaco (Tarija).
El 17 de junio se produjo un accidente de tránsito en Yapacaní (Santa Cruz), provocado por el exgerente nacional de plantas de separación de líquidos, Gerson Rojas, en un auto oficial.
A raíz de la investigación, se revisaron dos cajas de seguridad del Banco Mercantil Santa Cruz, allí se encontraron 90.000 dólares, anotaciones de supuestos montos y fechas de movimientos de dinero. El funcionario Agustín Ugarte retiró el contenido de la segunda caja después del accidente.
Ugarte, en enero de 2011, recibió instrucciones de Gerson Rojas para hacerse presente en cierto lugar en Santa Cruz, donde le entregaron 100.000 bolivianos, supuestamente para favorecer a una empresa en la adjudicación de una de las obras mencionadas.
sábado, 29 de septiembre de 2012
Fiscalía no descarta detención de la hija de Gerson Rojas
La Fiscalía no descarta que Jessica Rojas Cortés, hija de Gerson Rojas, ex funcionario de YPFB implicado en presuntos hechos de corrupción, sea aprehendida si hay elementos que demuestren su complicidad en un presunto retiro de dinero de un banco.
La jefa de la comisión de fiscales asignados al caso, Yolanda Aguilera, informó que “cuando se encuentren todos los elementos que demuestren que (Jessica Rojas) está implicada en el caso se procederá a ampliar la querella y, si es necesario, se ordenará la aprehensión”.
La Fiscalía de Distrito de Santa Cruz aún no incluyó en la querella a la hija de Gerson Rojas, ex gerente de Plantas de Separación de Líquidos, debido a que se espera que la estatal YPFB haga conocer su denuncia formal.
El jueves, la abogada de la estatal petrolera, Mónica Ramírez, informó que con base al cuaderno de investigaciones se reveló que el ex gerente de plantas separadoras de líquidos autorizó a su primogénita a participar de la administración de una caja abierta en el Banco Mercantil a su nombre.
En esa arca se encontraron 90.000 dólares, que se sospecha provenían de sobornos que recibía a cambio de favorecer a determinadas empresas dentro de las contrataciones de YPFB.
Incluso, -en versión de Ramírez- cuando Rojas ya estaba preso en Palmasola otorgó a su hija un poder para que ella pudiera sacar el dinero que se hallaba en la caja, antes de que la allanen. “En esa caja estaban los 90.000 dólares incautados en el allanamiento, seguro era ése dinero el que quería sacar”, explicó Ramírez.
Los funcionarios de la entidad financiera declararon que Jessica Rojas se presentó y solicitó la apertura de la caja, pero no pudo hacerlo por que para ese entonces la Fiscalía había ordenado el bloqueo de la misma.
Gerson Rojas fue detenido el 30 de junio. El otro funcionario de YPFB aprehendido y miembro del comité de calificación y selección de ofertas para la planta separadora de Río Grande, Agustín Ugarte, en sus primeras declaraciones dijo que en una ocasión Rojas le pidió que favorezca a la empresa argentina Astra Evangelista para que gane a su favor un contrato.
Esa compañía fue seleccionada para llevar adelante la construcción de la planta de separación de líquidos de Río Grande.
Ramírez mostró su molestia porque el juez no les informó de que se había viabilizado el traslado del ex gerente de separación de líquidos de la cárcel de Palmasola a un centro médico, debido a que alega que está delicado de salud.
Prevén inspección a AESA en octubre
La fiscal Yolanda Aguilera, miembro de la comisión que el Ministerio Público designó para investigar los supuestos hechos de corrupción al interior de YPFB, informó que la visita a las instalaciones de la empresa argentina Astra Evangelista (AESA), en Buenos Aires, se pospuso del 8 al 12 de octubre.
Ramírez señaló que “es una fecha tentativa y realizaremos la visita siempre y cuando hayan los fondos suficientes en la Fiscalía de Distrito (de Santa Cruz)”.
La abogada dijo que ésa fue una de las dificultades que impidieron que el equipo de fiscales viaje a Buenos Aires en agosto, como estaba previsto.
Se presume que AESA pagó a funcionarios de YPFB para ser beneficiada con el contrato por la construcción de la planta de separación de líquidos de Río Grande.
Aguilera también manifestó que aún no se terminaron de recibir las declaraciones de todos los miembros de la comisión de calificación de YPFB.
Las investigaciones iniciadas hace tres meses ya dieron como resultado la detención de cuatro personas, entre ellas una ex funcionaria de AESA.
La jefa de la comisión de fiscales asignados al caso, Yolanda Aguilera, informó que “cuando se encuentren todos los elementos que demuestren que (Jessica Rojas) está implicada en el caso se procederá a ampliar la querella y, si es necesario, se ordenará la aprehensión”.
La Fiscalía de Distrito de Santa Cruz aún no incluyó en la querella a la hija de Gerson Rojas, ex gerente de Plantas de Separación de Líquidos, debido a que se espera que la estatal YPFB haga conocer su denuncia formal.
El jueves, la abogada de la estatal petrolera, Mónica Ramírez, informó que con base al cuaderno de investigaciones se reveló que el ex gerente de plantas separadoras de líquidos autorizó a su primogénita a participar de la administración de una caja abierta en el Banco Mercantil a su nombre.
En esa arca se encontraron 90.000 dólares, que se sospecha provenían de sobornos que recibía a cambio de favorecer a determinadas empresas dentro de las contrataciones de YPFB.
Incluso, -en versión de Ramírez- cuando Rojas ya estaba preso en Palmasola otorgó a su hija un poder para que ella pudiera sacar el dinero que se hallaba en la caja, antes de que la allanen. “En esa caja estaban los 90.000 dólares incautados en el allanamiento, seguro era ése dinero el que quería sacar”, explicó Ramírez.
Los funcionarios de la entidad financiera declararon que Jessica Rojas se presentó y solicitó la apertura de la caja, pero no pudo hacerlo por que para ese entonces la Fiscalía había ordenado el bloqueo de la misma.
Gerson Rojas fue detenido el 30 de junio. El otro funcionario de YPFB aprehendido y miembro del comité de calificación y selección de ofertas para la planta separadora de Río Grande, Agustín Ugarte, en sus primeras declaraciones dijo que en una ocasión Rojas le pidió que favorezca a la empresa argentina Astra Evangelista para que gane a su favor un contrato.
Esa compañía fue seleccionada para llevar adelante la construcción de la planta de separación de líquidos de Río Grande.
Ramírez mostró su molestia porque el juez no les informó de que se había viabilizado el traslado del ex gerente de separación de líquidos de la cárcel de Palmasola a un centro médico, debido a que alega que está delicado de salud.
Prevén inspección a AESA en octubre
La fiscal Yolanda Aguilera, miembro de la comisión que el Ministerio Público designó para investigar los supuestos hechos de corrupción al interior de YPFB, informó que la visita a las instalaciones de la empresa argentina Astra Evangelista (AESA), en Buenos Aires, se pospuso del 8 al 12 de octubre.
Ramírez señaló que “es una fecha tentativa y realizaremos la visita siempre y cuando hayan los fondos suficientes en la Fiscalía de Distrito (de Santa Cruz)”.
La abogada dijo que ésa fue una de las dificultades que impidieron que el equipo de fiscales viaje a Buenos Aires en agosto, como estaba previsto.
Se presume que AESA pagó a funcionarios de YPFB para ser beneficiada con el contrato por la construcción de la planta de separación de líquidos de Río Grande.
Aguilera también manifestó que aún no se terminaron de recibir las declaraciones de todos los miembros de la comisión de calificación de YPFB.
Las investigaciones iniciadas hace tres meses ya dieron como resultado la detención de cuatro personas, entre ellas una ex funcionaria de AESA.
viernes, 28 de septiembre de 2012
Hija de Jerson Rojas intentó retirar dinero de caja allanada
Jessica Katia Rojas Cortés, hija de Jerson Rojas, principal implicado en los hechos de presunta corrupción en la construcción de la planta separadora de Río Grande, intentó retirar 90.000 dólares retenidos de la caja de seguridad abierta a nombre del ex ejecutivo de YPFB en el BancoMercantil.
La abogada de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Mónica Ramírez, informó que el cuaderno de investigaciones revela que el ex gerente de plantas de separación de líquidos autorizó a su hija participar en la administración de la caja.
El 28 de junio en horas de la mañana y antes de que fuera detenido y enterado de la intervención a sus oficinas se dirigió a instalaciones del Banco Mercantil junto a su hija a sacar el dinero. Sin embargo, no pudo hacerlo debido a que había perdido la llave, según la respuesta de la entidad financiera al requerimiento fiscal.
Sin embargo, horas después, el ex ejecutivo fue detenido y conducido al penal de Palmasola.
Desde ese recinto, con un poder expedido por notario de fe pública, Rojas instruyó a su hija a que vuelva a intentar retirar el dinero del Banco Mercantil, pero no lo logró debido a que la estatal YPFB para entonces ya había solicitado a la Fiscalía que instruya a la entidad financiera el bloqueo de la caja.
Junto a Rojas fue detenido Agustín Ugarte, el ex miembro de la comisión de calificación de YPFB para la selección de la empresa que se iba a hacer cargo de la construcción de la planta separadora de Río Grande.
Según YPFB, ambos ex funcionarios tenían a su nombre dos cajas de seguridad en el Banco Mercantil Santa Cruz donde el 5 de julio se realizó una pesquisa.
En la primera, la número 298 -signada a Rojas-, se encontraron y secuestraron 90.000 dólares en nueve fajos, además de anotaciones de montos y fechas de movimientos de dinero. En la segunda, la 069 -a nombre de Ugarte y Rojas- no se recolectó nada. Sin embargo, el banco informó que Ugarte ingresó el 30 de junio a las 12:55 y retiró el contenido de la caja.
La Fiscalía presume que los dos ex funcionarios adjudicaron de manera irregular la construcción de la planta separadora de líquidos a la firma argentina Astra Evangelista (AESA).
Los indicios del caso salieron a la luz cuando Rojas protagonizó un choque triple mientras conducía en estado de ebriedad el vehículo Toyota placa KKL-28419 de YPFB, el 17 de junio en Yapacaní, Santa Cruz.
La abogada Mónica Ramírez, de YPFB, informó que como parte querellante en el proceso, se solicitó la aprehensión de la hija de Rojas, pero la Fiscalía en principio no atendió la solicitud.
El ex gerente de plantas separadoras de YPFB se encuentra ahora con permiso en el hospital Sirani por diez días.
La abogada de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Mónica Ramírez, informó que el cuaderno de investigaciones revela que el ex gerente de plantas de separación de líquidos autorizó a su hija participar en la administración de la caja.
El 28 de junio en horas de la mañana y antes de que fuera detenido y enterado de la intervención a sus oficinas se dirigió a instalaciones del Banco Mercantil junto a su hija a sacar el dinero. Sin embargo, no pudo hacerlo debido a que había perdido la llave, según la respuesta de la entidad financiera al requerimiento fiscal.
Sin embargo, horas después, el ex ejecutivo fue detenido y conducido al penal de Palmasola.
Desde ese recinto, con un poder expedido por notario de fe pública, Rojas instruyó a su hija a que vuelva a intentar retirar el dinero del Banco Mercantil, pero no lo logró debido a que la estatal YPFB para entonces ya había solicitado a la Fiscalía que instruya a la entidad financiera el bloqueo de la caja.
Junto a Rojas fue detenido Agustín Ugarte, el ex miembro de la comisión de calificación de YPFB para la selección de la empresa que se iba a hacer cargo de la construcción de la planta separadora de Río Grande.
Según YPFB, ambos ex funcionarios tenían a su nombre dos cajas de seguridad en el Banco Mercantil Santa Cruz donde el 5 de julio se realizó una pesquisa.
En la primera, la número 298 -signada a Rojas-, se encontraron y secuestraron 90.000 dólares en nueve fajos, además de anotaciones de montos y fechas de movimientos de dinero. En la segunda, la 069 -a nombre de Ugarte y Rojas- no se recolectó nada. Sin embargo, el banco informó que Ugarte ingresó el 30 de junio a las 12:55 y retiró el contenido de la caja.
La Fiscalía presume que los dos ex funcionarios adjudicaron de manera irregular la construcción de la planta separadora de líquidos a la firma argentina Astra Evangelista (AESA).
Los indicios del caso salieron a la luz cuando Rojas protagonizó un choque triple mientras conducía en estado de ebriedad el vehículo Toyota placa KKL-28419 de YPFB, el 17 de junio en Yapacaní, Santa Cruz.
La abogada Mónica Ramírez, de YPFB, informó que como parte querellante en el proceso, se solicitó la aprehensión de la hija de Rojas, pero la Fiscalía en principio no atendió la solicitud.
El ex gerente de plantas separadoras de YPFB se encuentra ahora con permiso en el hospital Sirani por diez días.
martes, 11 de septiembre de 2012
Transparencia firma acuerdo con YPFB
YPFB Corporación y el Ministerio de Transparencia firmaron ayer una “carta de intenciones” con el objetivo de prevenir ilícitos mediante el fomento del control social en la gestión pública, con mecanismos de participación ciudadana, acceso a la información y la implementación de sistemas de transparencia en servicios clave.
Según un boletín de prensa de la estatal petrolera, la firma del acuerdo responde al propósito de cooperar en el logro de los objetivos del Programa Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en su Componente II, mediante acciones dirigidas a reducir la impunidad en los actos irregulares, aumentar el control social y la rendición pública de las cuentas.
De acuerdo con el Ministerio de Transparencia, el Componente I se refiere a la integridad y reducción de la impunidad de los actos de corrupción. El Componente II al control social en la gestión pública y el Componente III al fomento de una cultura de ética e integridad.
La estatal petrolera y la cartera estatal anticorrupción se comprometen a coordinar esfuerzos para lograr resultados del Componente II aplicándolos en la de estándares mínimos de información activa en procesos de contratación y ejecución de proyectos de inversión pública.
Según un boletín de prensa de la estatal petrolera, la firma del acuerdo responde al propósito de cooperar en el logro de los objetivos del Programa Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en su Componente II, mediante acciones dirigidas a reducir la impunidad en los actos irregulares, aumentar el control social y la rendición pública de las cuentas.
De acuerdo con el Ministerio de Transparencia, el Componente I se refiere a la integridad y reducción de la impunidad de los actos de corrupción. El Componente II al control social en la gestión pública y el Componente III al fomento de una cultura de ética e integridad.
La estatal petrolera y la cartera estatal anticorrupción se comprometen a coordinar esfuerzos para lograr resultados del Componente II aplicándolos en la de estándares mínimos de información activa en procesos de contratación y ejecución de proyectos de inversión pública.
martes, 28 de agosto de 2012
YPFB investigará a los funcionarios y sus familiares
El Ministerio de Transparencia ejercerá mayor control sobre las estatales.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, dijo ayer que los funcionarios de la estatal y sus familiares hasta segundo grado serán investigados para evitar la corrupción en la entidad.
“Vamos a pedir a todos los trabajadores de YPFB que suscriban una declaración voluntaria y además acepten que desde el momento de su ingreso a YPFB, sean objeto permanente de investigación por parte del Ministerio de Transparencia”.
Indicó que la metodología será averiguar a través de la Unidad de Investigación Financiera, Derechos Reales y otras entidades del Estado la evolución de las finanzas y de los bienes de cada funcionario, sus familiares de primera línea, esposa e hijos, y la de segunda línea que pueden ser sus hermanos o padres.
Las condiciones. La autoridad informó que se incorporarán otros ejecutivos en el proceso de contratación de tal manera que la responsabilidad no recaiga tan sólo en el presidente de la estatal petrolera. Actualmente, se elabora la normativa que será aprobada y se pondrá en consideración del Ministerio de Economía y Finanzas.
“Todos van a poder ser objeto de investigación. De tal manera que si se observara algún problema en cuentas bancarias, activos, compra de casas o terrenos, inmediatamente va a intervenir el Ministerio de Transparencia que directamente va a tener a su cargo este trabajo fundamentalmente con las empresas estratégicas del Estado”.
El exgerente de Plantas de Separación de Líquidos Gerson Rojas en estado de embriaguez chocó una vagoneta estatal, a raíz del hecho y de las investigaciones en su contra, el indicado no supo explicar la procedencia de más de 95.000 dólares que se encontraban en una caja de seguridad bancaria, que se cree que pertenecen a la estatal petrolera.
YPFB intensifica la presencia del ministerio de transparencia en la contratación de licitaciones.
viernes, 17 de agosto de 2012
No descartan ampliar la investigación a estatal YPF
La comisión de fiscales que investiga los presuntos hechos de corrupción en los procesos de adjudicación de la planta separadora de Río Grande no descarta que las investigaciones se amplíen a ejecutivos de la estatal argentina YPF, accionista mayoritaria de Astra Evangelista SA (AESA).
“Si es necesario vamos a tomar declaraciones también allá (en Argentina), no es solamente inspección, quizás vamos a tomar declaraciones de los funcionarios de la empresa allá; si es necesario escuchar a esas personas (ejecutivos de YPF), entonces lo vamos a hacer”, afirmó la fiscal Yolanda Aguilera, parte de la comisión que prevé realizar una visita -entre el 21 y el 24 de agosto- a las oficinas de AESA en Buenos Aires.
La adjudicación a esa firma de la construcción de la planta de separación de líquidos de Río Grande está en la mira del Ministerio Público desde que el ex miembro del comité de calificación de Yacimientos Agustin Ugarte, detenido hoy en la cárcel de Chonchocoro por presunto enriquecimiento ilícito, declaró que el ex gerente Gerson Rojas le pidió favorecer a la firma argentina para que se adjudique esa obra.
La semana pasada, YPF informó en un comunicado que se está efectuando un análisis de los trabajos en la planta de tratamiento de gas en Río Grande, a cargo de AESA, una de sus empresas “controladas”. Pero aclaró que “los estudios realizados hasta ahora no revelan ninguna anomalía ni actividad que pudiera considerarse contraria a nuestros estándares comerciales o que esté en contra de la normativa vigente en los distintos países en que YPF desarrolla sus actividades. En caso de encontrarse alguna anormalidad se adoptarán las medidas necesarias”.
Aguilera informó que de los 20 miembros del comité calificador, quienes debían prestar sus declaraciones, “aún faltan tres o cuatro; pero hasta ahora ninguno dijo haber sido instruido para favorecer a AESA”.
“Si es necesario vamos a tomar declaraciones también allá (en Argentina), no es solamente inspección, quizás vamos a tomar declaraciones de los funcionarios de la empresa allá; si es necesario escuchar a esas personas (ejecutivos de YPF), entonces lo vamos a hacer”, afirmó la fiscal Yolanda Aguilera, parte de la comisión que prevé realizar una visita -entre el 21 y el 24 de agosto- a las oficinas de AESA en Buenos Aires.
La adjudicación a esa firma de la construcción de la planta de separación de líquidos de Río Grande está en la mira del Ministerio Público desde que el ex miembro del comité de calificación de Yacimientos Agustin Ugarte, detenido hoy en la cárcel de Chonchocoro por presunto enriquecimiento ilícito, declaró que el ex gerente Gerson Rojas le pidió favorecer a la firma argentina para que se adjudique esa obra.
La semana pasada, YPF informó en un comunicado que se está efectuando un análisis de los trabajos en la planta de tratamiento de gas en Río Grande, a cargo de AESA, una de sus empresas “controladas”. Pero aclaró que “los estudios realizados hasta ahora no revelan ninguna anomalía ni actividad que pudiera considerarse contraria a nuestros estándares comerciales o que esté en contra de la normativa vigente en los distintos países en que YPF desarrolla sus actividades. En caso de encontrarse alguna anormalidad se adoptarán las medidas necesarias”.
Aguilera informó que de los 20 miembros del comité calificador, quienes debían prestar sus declaraciones, “aún faltan tres o cuatro; pero hasta ahora ninguno dijo haber sido instruido para favorecer a AESA”.
Mantendrán la contratación directa para “evitar burocracia”
El Gobierno mantendrá la contratación directa de bienes y servicios para evitar la burocracia, aunque no puede garantizar la integridad de las personas que se adjudican los proyectos.
Así lo explicó la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, luego de que se le consultara si no era hora de volver a las licitaciones como un mecanismo para transparentar la adquisición de bienes y servicios, debido a que se presentaron irregularidades en algunos procesos de contratación directa.
“Lo que hay que evitar es la burocracia, porque la burocracia es parte también de la corrupción y lo que hay que hacer es tratar de agilizar, pero cumpliendo la normativa, simplemente eso, y cuando se hace contratación directa no significa que a cualquier persona se le va a dar ese contrato, hay que cumplir un sinnúmero de requisitos que muchas veces se los cumple, pero no podemos garantizar a las personas que llevan adelante la firma de los contratos”, dijo.
Como un mecanismo para evitar hechos irregulares, el Gobierno prevé incorporar una boleta de garantía anticorrupción en las cláusulas de futuros contratos.
Suxo planteó que ese documento sea presentado no sólo a partir de la adjudicación, sino desde el momento en que se lanza una convocatoria, es decir que las empresas que remitan sus propuestas lo hagan adjuntando ese documento.
La autoridad considera necesario seguir ese procedimiento porque si una empresa se presenta para hacerse cargo de una obra millonaria, eso quiere decir que tiene “los recursos y la posibilidad de que cualquier banco pueda garantizarle (con una boleta)”.
Suxo precisó que ese planteamiento ya fue elevado al gabinete de ministros para su consideración. Propuso también que la boleta anticorrupción tenga una vigencia de cinco años.
Irregularidades
El Gobierno autorizó los procesos de contratación directa como un mecanismo para acelerar la inversión, pero se presentaron algunas irregularidades.
Uno de esos casos es el de Papelbol, cuyo contrato fue adjudicado a la empresa brasileña D’Andrea por 13,5 millones de dólares. Sin embargo, según las investigaciones de la Fiscalía, hay un sobreprecio de siete millones de dólares; además, el montaje de la planta no fue concluido.
También cursa en el Ministerio Público una demanda sobre presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la planta de Cartonbol, que ya está en operaciones.
A esos dos casos se suman la presunta adjudicación fraudulenta de la planta de separación de líquidos de Río Grande, que involucra a Gerson Rojas y Agustín Ugarte, ambos funcionarios de YPFB, quienes habrían recibido sobornos para beneficiar a la estatal argentina AESA. El ex presidente de YPFB Santos Ramírez, hoy preso, adjudicó la misma planta por contratación directa.
Se calcula que el Gobierno destinó 2.408 millones de dólares para realizar contrataciones directas o contrataciones por comparación de ofertas.
Ambos mecanismos de compra están establecidos en el Decreto Supremo 224.
Así lo explicó la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, luego de que se le consultara si no era hora de volver a las licitaciones como un mecanismo para transparentar la adquisición de bienes y servicios, debido a que se presentaron irregularidades en algunos procesos de contratación directa.
“Lo que hay que evitar es la burocracia, porque la burocracia es parte también de la corrupción y lo que hay que hacer es tratar de agilizar, pero cumpliendo la normativa, simplemente eso, y cuando se hace contratación directa no significa que a cualquier persona se le va a dar ese contrato, hay que cumplir un sinnúmero de requisitos que muchas veces se los cumple, pero no podemos garantizar a las personas que llevan adelante la firma de los contratos”, dijo.
Como un mecanismo para evitar hechos irregulares, el Gobierno prevé incorporar una boleta de garantía anticorrupción en las cláusulas de futuros contratos.
Suxo planteó que ese documento sea presentado no sólo a partir de la adjudicación, sino desde el momento en que se lanza una convocatoria, es decir que las empresas que remitan sus propuestas lo hagan adjuntando ese documento.
La autoridad considera necesario seguir ese procedimiento porque si una empresa se presenta para hacerse cargo de una obra millonaria, eso quiere decir que tiene “los recursos y la posibilidad de que cualquier banco pueda garantizarle (con una boleta)”.
Suxo precisó que ese planteamiento ya fue elevado al gabinete de ministros para su consideración. Propuso también que la boleta anticorrupción tenga una vigencia de cinco años.
Irregularidades
El Gobierno autorizó los procesos de contratación directa como un mecanismo para acelerar la inversión, pero se presentaron algunas irregularidades.
Uno de esos casos es el de Papelbol, cuyo contrato fue adjudicado a la empresa brasileña D’Andrea por 13,5 millones de dólares. Sin embargo, según las investigaciones de la Fiscalía, hay un sobreprecio de siete millones de dólares; además, el montaje de la planta no fue concluido.
También cursa en el Ministerio Público una demanda sobre presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la planta de Cartonbol, que ya está en operaciones.
A esos dos casos se suman la presunta adjudicación fraudulenta de la planta de separación de líquidos de Río Grande, que involucra a Gerson Rojas y Agustín Ugarte, ambos funcionarios de YPFB, quienes habrían recibido sobornos para beneficiar a la estatal argentina AESA. El ex presidente de YPFB Santos Ramírez, hoy preso, adjudicó la misma planta por contratación directa.
Se calcula que el Gobierno destinó 2.408 millones de dólares para realizar contrataciones directas o contrataciones por comparación de ofertas.
Ambos mecanismos de compra están establecidos en el Decreto Supremo 224.
miércoles, 15 de agosto de 2012
YPFB incluirá cláusula anticorrupción en contrato con Samsung
Una cláusula anticorrupción incorporará la estatal YPFB en el contrato que firmará el 12 de septiembre con la compañía coreana Samsung para la construcción de la planta de amoniaco y urea, informó el presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas Quiroga.
“En el contrato que se firmará con la empresa Samsung vamos a incluir una cláusula anticorrupción. Estamos trabajando en YPFB de tal manera de tener una garantía en el transcurso de los próximos días”, manifestó Villegas.
Esta acción asume la decisión del Gobierno Nacional de incluir una garantía de esta naturaleza en las cláusulas de los contratos de inversión pública para asegurar la transparencia institucional.
“La idea de esta cláusula anticorrupción es que podamos buscar la garantía de que las empresas no cometan actos irregulares que lleven al funcionario de YPFB o lo induzcan a evadir la línea de conducta que deben cumplir”, sostuvo por su parte el Gerente Nacional de Plantas de Separación de Líquidos, Mario Salazar.
Este mecanismo también está aprobado por el Directorio de YPFB, como una medida preventiva. Esta instancia decidió instruir a nivel nacional la incorporación de una cláusula anticorrupción, en los contratos de adquisición de bienes, obras y servicios. Asimismo, encomendó elaborar las adendas correspondientes en los contratos vigentes.
Los miembros del directorio de la estatal petrolera también resolvieron implementar una “Declaración Jurada de Integridad y Anticorrupción” para todos los servidores públicos que participen en los procesos de contratación.
Según una comunicación interna de la Dirección Legal General de YPFB, del 23 de julio, se instruye a los jefes de unidad y asesores legales la incorporación de una cláusula anticorrupción en todos los contratos, como en las Adenda a los contratos generados por esas unidades.
Esta cláusula está enmarcada la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
De acuerdo a la Dirección Legal General de YPFB, ésta será la segunda oportunidad en la que se incluirá la cláusula anticorrupción. Su primera implementación se hizo efectiva en el contrato interrumpible de compra y venta de gas natural suscrito entre los representantes de YPFB y Energía Argentina S.A. (ENARSA) en el mes de julio.
“En el contrato que se firmará con la empresa Samsung vamos a incluir una cláusula anticorrupción. Estamos trabajando en YPFB de tal manera de tener una garantía en el transcurso de los próximos días”, manifestó Villegas.
Esta acción asume la decisión del Gobierno Nacional de incluir una garantía de esta naturaleza en las cláusulas de los contratos de inversión pública para asegurar la transparencia institucional.
“La idea de esta cláusula anticorrupción es que podamos buscar la garantía de que las empresas no cometan actos irregulares que lleven al funcionario de YPFB o lo induzcan a evadir la línea de conducta que deben cumplir”, sostuvo por su parte el Gerente Nacional de Plantas de Separación de Líquidos, Mario Salazar.
Este mecanismo también está aprobado por el Directorio de YPFB, como una medida preventiva. Esta instancia decidió instruir a nivel nacional la incorporación de una cláusula anticorrupción, en los contratos de adquisición de bienes, obras y servicios. Asimismo, encomendó elaborar las adendas correspondientes en los contratos vigentes.
Los miembros del directorio de la estatal petrolera también resolvieron implementar una “Declaración Jurada de Integridad y Anticorrupción” para todos los servidores públicos que participen en los procesos de contratación.
Según una comunicación interna de la Dirección Legal General de YPFB, del 23 de julio, se instruye a los jefes de unidad y asesores legales la incorporación de una cláusula anticorrupción en todos los contratos, como en las Adenda a los contratos generados por esas unidades.
Esta cláusula está enmarcada la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
De acuerdo a la Dirección Legal General de YPFB, ésta será la segunda oportunidad en la que se incluirá la cláusula anticorrupción. Su primera implementación se hizo efectiva en el contrato interrumpible de compra y venta de gas natural suscrito entre los representantes de YPFB y Energía Argentina S.A. (ENARSA) en el mes de julio.
viernes, 3 de agosto de 2012
Fiscal decide citar al presidente de YPFB en calidad de testigo
La comisión de fiscales integrada por Carlos Candia, Cándido Blanco, Anuncio Piérola, Yolanda Aguilera, Rosmery Barrientos y la coordinadora nacional anticorrupción, Norma Olmos, decidió citar al presidente de YPFB, Carlos Villegas -tentativamente la próxima semana-, para que declare en calidad de testigo en el caso de supuesta corrupción en la empresa estatal.
“Hemos decidido citarlo y en el transcurso de estos días será notificado. Él es la máxima autoridad ejecutiva y, por lo tanto, tiene que venir a declarar como testigo, pues aquí no hay una investigación abierta contra su persona. Reitero, solo declarará como testigo, no hay que olvidar que YPFB es la que hizo la denuncia”, explicó Candia.
La respuesta no se dejó esperar. Villegas aseguró que coadyuvará con la Fiscalía y se presentará a declarar cuando sea requerido por la justicia boliviana. Explicó que tiene el principio de luchar contra la corrupción ‘caiga quien caiga’ y un compromiso con Bolivia.
En medio de esa situación, ayer declararon cinco representantes de la comisión de calificación del proceso de licitación de las plantas separadoras de líquidos de Río Grande y Gran Chaco y hoy se prevé similar número de declaraciones testificales.
Sobre la amenaza del abogado de Gerson Rojas de presentar un amparo constitucional contra los fiscales por no entregar los cuadernillos de investigación, Candia indicó que autorizó a la defensa acceder a fotocopias de los documentos.
El abogado de Rojas, Sergio Romero, indicó que hoy pedirán el informe.
Por otro lado, la empresa Bolpegas informó de que el hermano de Rojas, Carlos Alberto Rojas, gerente técnico de la Unidad de Ingeniería, nunca fue representante legal, socio, ni formaba parte del equipo de negociación del proyecto de referencia.
A las 20:00 fuentes cercanas a la Fiscalía dieron a conocer sobre la destitución de Candia del caso; sin embargo, él rechazo la versión.
Los diputados solicitan informe oral a Villegas
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Galo Bonifaz anunció que la Comisión de Hidrocarburos de la Cámara Baja pedirá un informe oral al presidente de YPFB, Carlos Villegas, sobre las denuncias de corrupción en esa entidad estatal.
Sostuvo que esa comisión solicitará información sobre el proceso de investigación de uso indebido de bienes del Estado, que involucra a dos exfuncionarios.
Respecto a la solicitud de la opositora Convergencia Nacional (CN) de conformar una comisión especial multipartidaria que investigue las denuncias de corrupción en YPFB, Bonifaz instó a esos legisladores a adscribirse a la Comisión de Hidrocarburos, que es la instancia pertinente de acuerdo con las normas. La diputada de Convergencia Nacional (CN) Norma Piérola solicitó un informe oral a Villegas para la segunda quincena de este mes, en busca de conocer el manejo de los recursos del Estado en la petrolera. /ANF
Carlos Candia
«Citaremos a ejecutivos de AESA»
Fiscal anticorrupción
-Tengo entendido que prestarán declaraciones 17 funcionarios de YPFB, ¿a qué obedece esta situación?
- Son declaraciones testificales que toma el Ministerio Público. Este proceso culminará el martes 7 de agosto. Se trata de investigar delitos tipificados en la ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, entre ellos el enriquecimiento ilícito. Ellos son miembros del proceso de la comisión calificadora del proceso de licitación. Queremos conocer cómo se evalúa y los pasos que se siguen para calificar a una empresa. Hasta el momento no hay más detenciones. Las investigaciones están direccionadas a esclarecer el hecho y vamos a citar a todas las personas que veamos conveniente.
-¿Qué avances hay y qué pasos se seguirá para citar a los ejecutivos extranjeros de AESA?
- Mire, somos cuatro fiscales asignados al caso y hay cinco detenidos. Nosotros vamos a citarlos de acuerdo con procedimiento y determinaremos lo que corresponda. Vamos a citar a un sinnúmero de personas, entre ellas a los personeros que se adjudicaron la obra.
-¿Cuándo citarán al presidente de YPFB?
- Vamos a citarlo próximamente. La comisión ha decidido citarlo como testigo porque es la máxima autoridad de YPFB.
“Hemos decidido citarlo y en el transcurso de estos días será notificado. Él es la máxima autoridad ejecutiva y, por lo tanto, tiene que venir a declarar como testigo, pues aquí no hay una investigación abierta contra su persona. Reitero, solo declarará como testigo, no hay que olvidar que YPFB es la que hizo la denuncia”, explicó Candia.
La respuesta no se dejó esperar. Villegas aseguró que coadyuvará con la Fiscalía y se presentará a declarar cuando sea requerido por la justicia boliviana. Explicó que tiene el principio de luchar contra la corrupción ‘caiga quien caiga’ y un compromiso con Bolivia.
En medio de esa situación, ayer declararon cinco representantes de la comisión de calificación del proceso de licitación de las plantas separadoras de líquidos de Río Grande y Gran Chaco y hoy se prevé similar número de declaraciones testificales.
Sobre la amenaza del abogado de Gerson Rojas de presentar un amparo constitucional contra los fiscales por no entregar los cuadernillos de investigación, Candia indicó que autorizó a la defensa acceder a fotocopias de los documentos.
El abogado de Rojas, Sergio Romero, indicó que hoy pedirán el informe.
Por otro lado, la empresa Bolpegas informó de que el hermano de Rojas, Carlos Alberto Rojas, gerente técnico de la Unidad de Ingeniería, nunca fue representante legal, socio, ni formaba parte del equipo de negociación del proyecto de referencia.
A las 20:00 fuentes cercanas a la Fiscalía dieron a conocer sobre la destitución de Candia del caso; sin embargo, él rechazo la versión.
Los diputados solicitan informe oral a Villegas
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Galo Bonifaz anunció que la Comisión de Hidrocarburos de la Cámara Baja pedirá un informe oral al presidente de YPFB, Carlos Villegas, sobre las denuncias de corrupción en esa entidad estatal.
Sostuvo que esa comisión solicitará información sobre el proceso de investigación de uso indebido de bienes del Estado, que involucra a dos exfuncionarios.
Respecto a la solicitud de la opositora Convergencia Nacional (CN) de conformar una comisión especial multipartidaria que investigue las denuncias de corrupción en YPFB, Bonifaz instó a esos legisladores a adscribirse a la Comisión de Hidrocarburos, que es la instancia pertinente de acuerdo con las normas. La diputada de Convergencia Nacional (CN) Norma Piérola solicitó un informe oral a Villegas para la segunda quincena de este mes, en busca de conocer el manejo de los recursos del Estado en la petrolera. /ANF
Carlos Candia
«Citaremos a ejecutivos de AESA»
Fiscal anticorrupción
-Tengo entendido que prestarán declaraciones 17 funcionarios de YPFB, ¿a qué obedece esta situación?
- Son declaraciones testificales que toma el Ministerio Público. Este proceso culminará el martes 7 de agosto. Se trata de investigar delitos tipificados en la ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, entre ellos el enriquecimiento ilícito. Ellos son miembros del proceso de la comisión calificadora del proceso de licitación. Queremos conocer cómo se evalúa y los pasos que se siguen para calificar a una empresa. Hasta el momento no hay más detenciones. Las investigaciones están direccionadas a esclarecer el hecho y vamos a citar a todas las personas que veamos conveniente.
-¿Qué avances hay y qué pasos se seguirá para citar a los ejecutivos extranjeros de AESA?
- Mire, somos cuatro fiscales asignados al caso y hay cinco detenidos. Nosotros vamos a citarlos de acuerdo con procedimiento y determinaremos lo que corresponda. Vamos a citar a un sinnúmero de personas, entre ellas a los personeros que se adjudicaron la obra.
-¿Cuándo citarán al presidente de YPFB?
- Vamos a citarlo próximamente. La comisión ha decidido citarlo como testigo porque es la máxima autoridad de YPFB.
jueves, 2 de agosto de 2012
Allanan la casa de ejecutivo de Bolpegas
La Fiscalía allanó el domicilio de Carlos Rojas, hermano de Gerson Rojas, exgerente de Planta de Separación de Líquidos, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y acusado de corrupción en el proceso de licitación de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande. Carlos es gerente de Ingeniería de Bolpegas, empresa que es responsable de supervisar la construcción de este proyecto.
Documentación. El allanamiento se produjo a las 16:00 y duró hasta 18:00. Del domicilio, ubicado en la calle Toborochi del barrio Hilandería, se secuestró documentación relacionada al caso que será analizada. Además, la Fiscalía informó que notificó a Carlos para que preste su declaración para el próximo martes. Esta persona actualmente está en Argentina.
Denuncian favoritismo de la Justicia. Por otro lado, el abogado de Gerson Rojas, Sergio Romero, denunció que la justicia se está parcializando a favor de YPFB. Denunció que incluso la juez que lleva esta causa, Romy Peredo, tiene reuniones con los abogados de la empresa estatal.
"La juez es imparcial porque hay memoriales y solicitudes que se han realizado desde el viernes y no son requeridas hasta el momento y solo atiende a los abogados de yacimientos”, dijo.
Para la defensa de Rojas la supuesta corrupción de YPFB proviene de los altos cargos, dado que ellos son los únicos que firman cualquier contrato millonario.
"Hay una comisión calificadora. existe un presidente (Carlos Villegas) y un directorio que no se lo está citando porque parece que el Ministerio Público los está protegiendo", cuestionó.
YPFB descarta acusación. Mónica Ramírez, asesora jurídica de YPFB, rechazó las acusaciones "temerarias" de Romero, e instó al abogado a mostrar pruebas de los memoriales entregados.
Señaló que, además, en ningún momento "ha visitado" a la administradora de justicia.
Documentación. El allanamiento se produjo a las 16:00 y duró hasta 18:00. Del domicilio, ubicado en la calle Toborochi del barrio Hilandería, se secuestró documentación relacionada al caso que será analizada. Además, la Fiscalía informó que notificó a Carlos para que preste su declaración para el próximo martes. Esta persona actualmente está en Argentina.
Denuncian favoritismo de la Justicia. Por otro lado, el abogado de Gerson Rojas, Sergio Romero, denunció que la justicia se está parcializando a favor de YPFB. Denunció que incluso la juez que lleva esta causa, Romy Peredo, tiene reuniones con los abogados de la empresa estatal.
"La juez es imparcial porque hay memoriales y solicitudes que se han realizado desde el viernes y no son requeridas hasta el momento y solo atiende a los abogados de yacimientos”, dijo.
Para la defensa de Rojas la supuesta corrupción de YPFB proviene de los altos cargos, dado que ellos son los únicos que firman cualquier contrato millonario.
"Hay una comisión calificadora. existe un presidente (Carlos Villegas) y un directorio que no se lo está citando porque parece que el Ministerio Público los está protegiendo", cuestionó.
YPFB descarta acusación. Mónica Ramírez, asesora jurídica de YPFB, rechazó las acusaciones "temerarias" de Romero, e instó al abogado a mostrar pruebas de los memoriales entregados.
Señaló que, además, en ningún momento "ha visitado" a la administradora de justicia.
viernes, 27 de julio de 2012
El detenido Gerson Rojas movía más de medio millón de dólares
Mientras descubren que más de medio millón de dólares se movía en la caja de seguridad de Gerson Rojas, anuncian multas diarias a la contratista AESA, por día de demora en la Planta Separadora de Lícuables de Río Grande, los datos son proporcionados por informes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
La Planta "debe ser entregada el 8 de junio del próximo año, en completo funcionamiento", si esto no ocurriera, entonces "AESA tendrá que pagar una multa de 150.000 dólares por día", señala uno de los informes, que, este jueves, difundió YPFB.
En tanto que las investigaciones del proceso judicial por "enriquecimiento ilícito" señalan que "existía un manejo de más de medio millón de dólares" en "esa caja de seguridad (de Rojas)", señala la asesora legal de la petrolera, Mónica Ramírez, en declaración que difunde otro informe de YPFB.
INVESTIGACIONES Hasta el momento, y después de un mes de indagaciones, aún no citan a ejecutivos de la contratista argentina encargada de la construcción de la Planta de Río Grande, contratada por poco más de 159 millones de dólares, ni al presidente de YPFB, Carlos Villegas, ni a otros ejecutivos.
Como el Ministerio Público ya "recibió, para su lectura y análisis, más de 49 carpetas" con información de los procesos de contratación de las dos Plantas, entonces "seguramente se desarrollará un interrogatorio amplio a la comisión que participó en la Planta de Río Grande con la empresa AESA y, a su vez, en base a esta documentación también se analizará el proyecto de la Planta Gran Chaco", señala Ramírez.
Hasta el momento, las investigaciones condujeron a cuatro posibles involucrados en "enriquecimiento ilícito", de la Gerencia Nacional de Plantas de Separación su exejecutivo, Gerson Rojas, Agustín Ugarte y los abogados Marcelo Oña y Clibert Villalba. Una funcionaria de AESA, hermana de la pareja de Rojas.
Las pesquisas y las declaraciones condujeron a descubrir dos cajas de seguridad en el Banco Mercantil Santa Cruz alquiladas por Rojas y Ugarte. Justamente, en una de ellas, pues la abogada menciona "esa caja", se estableció un movimiento de ingresos y salidas superior a 500.000 dólares.
El análisis realizado permite establecer "el manejo de recursos económicos "fuera de norma" porque los montos no fueron reportados a la Contraloría General del Estado", señala uno de los informes de YPFB.
Este hecho de corrupción fue descubierto a raíz del accidente de tránsito que protagonizó Gerson Rojas, el domingo 17 de junio, ocurrido en Yapacaní. Por este caso le iniciaron proceso por uso indebido de bienes del Estado, pues, conducía un vehículo de YPFB, que quedó destrozado, en día no hábil y sin autorización, según detalló el 8 de julio, la petrolera.
La Planta "debe ser entregada el 8 de junio del próximo año, en completo funcionamiento", si esto no ocurriera, entonces "AESA tendrá que pagar una multa de 150.000 dólares por día", señala uno de los informes, que, este jueves, difundió YPFB.
En tanto que las investigaciones del proceso judicial por "enriquecimiento ilícito" señalan que "existía un manejo de más de medio millón de dólares" en "esa caja de seguridad (de Rojas)", señala la asesora legal de la petrolera, Mónica Ramírez, en declaración que difunde otro informe de YPFB.
INVESTIGACIONES Hasta el momento, y después de un mes de indagaciones, aún no citan a ejecutivos de la contratista argentina encargada de la construcción de la Planta de Río Grande, contratada por poco más de 159 millones de dólares, ni al presidente de YPFB, Carlos Villegas, ni a otros ejecutivos.
Como el Ministerio Público ya "recibió, para su lectura y análisis, más de 49 carpetas" con información de los procesos de contratación de las dos Plantas, entonces "seguramente se desarrollará un interrogatorio amplio a la comisión que participó en la Planta de Río Grande con la empresa AESA y, a su vez, en base a esta documentación también se analizará el proyecto de la Planta Gran Chaco", señala Ramírez.
Hasta el momento, las investigaciones condujeron a cuatro posibles involucrados en "enriquecimiento ilícito", de la Gerencia Nacional de Plantas de Separación su exejecutivo, Gerson Rojas, Agustín Ugarte y los abogados Marcelo Oña y Clibert Villalba. Una funcionaria de AESA, hermana de la pareja de Rojas.
Las pesquisas y las declaraciones condujeron a descubrir dos cajas de seguridad en el Banco Mercantil Santa Cruz alquiladas por Rojas y Ugarte. Justamente, en una de ellas, pues la abogada menciona "esa caja", se estableció un movimiento de ingresos y salidas superior a 500.000 dólares.
El análisis realizado permite establecer "el manejo de recursos económicos "fuera de norma" porque los montos no fueron reportados a la Contraloría General del Estado", señala uno de los informes de YPFB.
Este hecho de corrupción fue descubierto a raíz del accidente de tránsito que protagonizó Gerson Rojas, el domingo 17 de junio, ocurrido en Yapacaní. Por este caso le iniciaron proceso por uso indebido de bienes del Estado, pues, conducía un vehículo de YPFB, que quedó destrozado, en día no hábil y sin autorización, según detalló el 8 de julio, la petrolera.
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