La publicación “Más Gasto que Inversión”, editada por dicha entidad, refiere que los principales beneficiarios del impuesto, dispuesto por ley, deben ser los municipios, 33%; Renta Dignidad, 22%; Tesoro General de la Nación, 20%; gobernaciones, 13% y universidades, 7%.
ANALISTAS
El analista económico Gonzalo Chávez expresa, acerca del IDH, que el Gobierno accedió a $us 60.000 millones en la reciente década, lo que equivale a más de la mitad del Plan Marshal l, aplicado por Estados Unidos en apoyó de la reconstrucción de Europa, en 1948, después de la segunda Guerra Mundial.
Para la Fundación, el hecho de que las entidades fiscales beneficiarias del IDH usen la mayoría de estos recursos en gasto corriente “genera riesgo de insostenibilidad e implica una pérdida de patrimonio”.
El documento de Jubileo precisó que fueron mínimos los recursos asignados en los sectores agropecuario, desarrollo económico y productivo y turismo, que han sido del 3% en promedio, en el mismo, aunque advirtió que el país está aún a tiempo para reorientar la inversión hacia sectores con alto rendimiento productivo y social.
Entre 2005 y 2017, los fondos provenientes de la hidrocarburos ascendieron a $us 15.000 millones, representando más del 20% de los ingresos tributarios, se sostiene en el documento.
El ministro de Economía, Luis Arce, informó, de su parte, que al presente los municipios y gobernaciones contarían con $us 2.000 millones en caja y bancos.
Anteriormente, Arce, en varias oportunidades, emplazó a los municipios a ejecutar los fondos acumulados en sus cuentas y no pocas veces los tildó de “ineficientes”.
Jubileo dio cuenta que los datos del documento que divulgó esta semana provienen de los presupuestos fiscales de 2011-2017, en los que “constató un panorama completo del destino de dichos fondos”.
LEY DE AUTONOMÍAS
El documento informa, asimismo, que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, de julio de 2010, abrió una serie aplicaciones de los recursos IDH y sujetó esa disposición a las competencias de los gobiernos subnacionales.
INCERTIDUMBRE
La Fundación, ante estas consideraciones, advirtió que la inversión pública en las instancias subnacionales (gobernaciones, municipios y universidades), está fuertemente atada al desempeño del IDH, que depende de los precios internacionales de los hidrocarburos, por lo que está expuesta a su volatilidad. “Esto implica introducir un elemento importante de incertidumbre”, se señala en la publicación.
“Ante la situación de caída de algunos ingresos para atender obligaciones comprometidas con el IDH, podrían presentarse problemas para su financiamiento futuro, como es el caso de la Renta Dignidad”, cuyo monto fue aumentado en este año, advirtió el estudio.
DETALLES DE NORMATIVA SECTORIAL
El IDH fue creado en el ámbito de la Ley de Hidrocarburos 3058, de mayo de 2005, con una alícuota de 32 por ciento sobre el valor de la producción de hidrocarburos en el país.
Las gobernaciones, entre 2011 y 2017 utilizaron, en promedio, el 43,4% de sus ingresos por IDH en gasto corriente y el resto en inversión
En cuanto a los municipios, usaron en promedio 46,1% de su IDH en gasto corriente y 53,9% en inversión.
En tanto, la Administración Central, en el mismo lapso, empleó el 91,9% de sus ingresos por IDH en gasto corriente e invirtió 8,1%.
Las universidades gastaron 64% en inversión y el Fondo Indígena usó 74% en este mismo concepto.
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