YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE) podrán participar en las gestiones pertinentes para suscribir el contrato transaccional de solución definitiva de controversia y liberación general y recíproca de obligaciones con los accionistas privados de la nacionalizada Air BP.
Así lo establece el Decreto Supremo 1149 del 29 de febrero de 2011, informó Hidrocarburos Bolivia. Los accionistas con quienes se negociará la firma de este documento son: BP Global Investments Ltda., BP International Ltda. y BP Asia Pacific Holding.
El 1 de mayo de 2009, el Gobierno nacionalizó Air BP (British Petroleum) Bolivia, propietaria de 12 estaciones de servicio de venta de jet fuel en los aeropuertos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni y Pando, que tuvo a su cargo desde diciembre de 2000.
Air BP, que en Bolivia tiene su sede en Santa Cruz, es uno de los mayores proveedores mundiales de combustible de aviación y lubricantes, tanto para turbinas como para aviones con motores de pistón. El consorcio británico-español suministra por año más de 26 millones de toneladas (alrededor de 8.000 millones de galones) de combustibles y lubricantes de aviación en todo el mundo.
Desde 2006, el Gobierno ha mantenido una política de nacionalización de empresas que fueron privatizadas o capitalizadas en los gobiernos de Jaime Paz Zamora y Gonzalo Sánchez de Lozada. La nueva Ley del Servicio de Electricidad continuará con la nacionalización de las empresas transmisoras del sector.
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martes, 6 de marzo de 2012
miércoles, 1 de julio de 2009
CLHB, AirBP y Chaco, tras arbitrajes contra el Estado
Las empresas propietarias de AirBP, Chaco y la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB) comunicaron al Gobierno su intención de recurrir al arbitraje internacional en busca de la compensación por la nacionalización de sus acciones, informó ayer el presidente de YPFB, Carlos Villegas.
British Petroleum es dueña de Chaco, a través de la argentina Pan American Energy (PAE), y de AirBP; en tanto que CLHB era de propiedad de la sociedad germano-peruana Oiltanking-Graña Montero. "Todas ya han presentado notas que expresan intenciones de un probable arbitraje", aseguró el ejecutivo.
El arbitraje se enmarca en los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones que Bolivia suscribió con Perú, en el caso de CLHB y Argentina para el tema de Chaco; AirBP se ampara en el acuerdo con el Reino Unido.
Según Villegas, estos procesos van a ser enfrentados por el ministro Héctor Arce y YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos coadyuvarán y acompañarán los procesos.
Como acciones de apoyo, la estatal contratará consultoras para evaluar las acciones de AirBP y CLHB. En tanto que en el caso de Chaco, el Ministerio de Defensa Legal del Estado señala que PAE ya anunció su intención de negociar una ‘justa compensación’.
La CLHB fue nacionalizada el 8 de mayo del año pasado, por Decreto Supremo 29554; AirBP fue nacionalizada el 1 de mayo del 2009.
Al respecto, los analistas energéticos ven riesgos para el Estado boliviano porque estos procesos internacionales pueden derivar en el embargo del patrimonio nacional.
Recuerdan que en el último año, Argentina experimentó casos similares y perdió más de una decena de ellos.
El ex superintendente de Hidrocarburos Hugo de la Fuente recomendó no enfrentar estos procesos porque se violó la seguridad jurídica de las empresas.
British Petroleum es dueña de Chaco, a través de la argentina Pan American Energy (PAE), y de AirBP; en tanto que CLHB era de propiedad de la sociedad germano-peruana Oiltanking-Graña Montero. "Todas ya han presentado notas que expresan intenciones de un probable arbitraje", aseguró el ejecutivo.
El arbitraje se enmarca en los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones que Bolivia suscribió con Perú, en el caso de CLHB y Argentina para el tema de Chaco; AirBP se ampara en el acuerdo con el Reino Unido.
Según Villegas, estos procesos van a ser enfrentados por el ministro Héctor Arce y YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos coadyuvarán y acompañarán los procesos.
Como acciones de apoyo, la estatal contratará consultoras para evaluar las acciones de AirBP y CLHB. En tanto que en el caso de Chaco, el Ministerio de Defensa Legal del Estado señala que PAE ya anunció su intención de negociar una ‘justa compensación’.
La CLHB fue nacionalizada el 8 de mayo del año pasado, por Decreto Supremo 29554; AirBP fue nacionalizada el 1 de mayo del 2009.
Al respecto, los analistas energéticos ven riesgos para el Estado boliviano porque estos procesos internacionales pueden derivar en el embargo del patrimonio nacional.
Recuerdan que en el último año, Argentina experimentó casos similares y perdió más de una decena de ellos.
El ex superintendente de Hidrocarburos Hugo de la Fuente recomendó no enfrentar estos procesos porque se violó la seguridad jurídica de las empresas.
jueves, 18 de junio de 2009
Air BP amenaza con un juicio arbitral al Estado si no hay una compensación justa
Air BP Bolivia S.A. exige una compensación justa por sus inversiones y el lucro cesante luego de la nacionalización decretada el 1 de mayo y advierte de que si no se logra un acuerdo, está abierta la posibilidad de un juicio arbitral internacional, porque el Estado vulneró un acuerdo de protección a las inversiones que firmó con Inglaterra.
Bajo este amparo, la ex concesionaria de la distribución de carburantes en los aeropuertos quiere que el Estado le reconozca las ganancias que pudo obtener en los 13 años que le restaban de los 22 años de concesión que inició el 1 de noviembre de 2000.
Además, por sus inversiones, que alcanzan a 30 millones de dólares y que le permitieron en los anteriores años desempeñarse como una compañía con estándares de calidad internacionales.
En una carta enviada el 15 de mayo al presidente Evo Morales, BP Global Investments Limited, BP International Limited y BP Asia Pacific Holdings Limited, los socios de Air BP Bolivia S.A., le hacen saber que existe una “controversia bajo el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones que existe entre Bolivia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.
Este acuerdo establece en la parte de Solución de Controversias entre un Inversionista y un Estado de acogida, que “si no se alcanza un acuerdo de partes, en seis meses, a partir de la notificación de reclamación de una de las partes, cualquiera podrá acudir a un tribunal internacional”. En esta situación actualmente se encuentra el Estado con la firma italiana Euro Telecom Internacional (ETI), que capitalizó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), y con Quiborax.
La Prensa solicitó una entrevista con el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, petición que no fue atendida.
Sin embargo, en la página web de este ministerio se informa sobre este proceso que “ante dicha notificación escrita, el Ministerio de Defensa Legal del Estado ha adoptado las acciones de coordinación respectivas con el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).”
Paralelamente se coordina un proceso de negociación.
Una fuente de Air BP dijo a este medio que no se trata todavía de un arbitraje, porque existe un proceso de negociación que, de acuerdo con el Decreto 0111, es de 120 días, en el que el Ejecutivo debe reconocer el lucro cesante, es decir, las ganancias que ya no percibirá la firma. El 1 de mayo de este año, el Estado recuperó la empresa encargada de la distribución de jet fuel (combustible) en 15 aeropuertos del país. El Ministerio de Hidrocarburos y YPFB formaron una comisión de intervención y se nombró un gerente.
Además, recientemente se convocó mediante licitación a una empresa que haga la evaluación de Air BP para establecer el precio de negociación por sus acciones.
La concesión fue resultado de una licitación nacional e internacional en 1999, en el marco de la privatización de las empresas nacionales. El 29 de agosto de 2000, la comisión calificadora recibió la oferta de dos empresas: Texaco Bolivia INC y British Petroleum Europe Limited.
Esta última ganó el proceso por un precio de 11,1 millones de dólares. El 1 de noviembre del mismo año, con el Decreto 25971, se autoriza que YPFB le transfiera sus activos ubicados en aeropuertos, firmar un contrato por la concesión y otro por la operación para la explotación del servicio de suministro de combustibles de aviación.
Quiborax reanuda demanda
La chilena Quiborax reactivó el arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el monto demandado está alrededor de 40 millones de dólares.
El proceso quedó en suspenso el año pasado con la finalidad de buscar una solución concertada. A pesar de las reuniones, no se logró el acuerdo y el proceso legal prosigue.
Química e Industrial del Bórax (Quiborax) se amparó en el Acuerdo de Protección Recíproca a las Inversiones suscrito entre Bolivia y Chile, para recurrir al arbitraje en contra de la decisión del Gobierno de Carlos Mesa que revocó la concesión que Non Metallic Minerals tenía en el Salar de Uyuni. Por un convenio de partes, el proceso de arbitraje fue suspendido el 13 de junio del 2008, precisamente, para que los involucrados busquen un acuerdo. Un mes después se anunció la extensión de esas conversaciones. Como no se logró el pacto, entones en marzo del 2009, el Tribunal instruyó la reanudación del proceso.
La reanudación del pleito en el tribunal internacional fue reconocido en el Gobierno y aseguran que para hacer frente a este arbitraje, el Ministerio de Defensa Legal del Estado está trabajando en la argumentación que presentará en el proceso.
El tribunal está integrado por el suizo Gabrielle Kaufmann-Kohler, el canadiense Marc Lalonde, que es el árbitro de la empresa, y la francesa Brigitte Stern, mediadora por Bolivia. Fue constituido el 19 de diciembre de 2007; y la primera sesión, en marzo de 2008.
Bajo este amparo, la ex concesionaria de la distribución de carburantes en los aeropuertos quiere que el Estado le reconozca las ganancias que pudo obtener en los 13 años que le restaban de los 22 años de concesión que inició el 1 de noviembre de 2000.
Además, por sus inversiones, que alcanzan a 30 millones de dólares y que le permitieron en los anteriores años desempeñarse como una compañía con estándares de calidad internacionales.
En una carta enviada el 15 de mayo al presidente Evo Morales, BP Global Investments Limited, BP International Limited y BP Asia Pacific Holdings Limited, los socios de Air BP Bolivia S.A., le hacen saber que existe una “controversia bajo el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones que existe entre Bolivia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.
Este acuerdo establece en la parte de Solución de Controversias entre un Inversionista y un Estado de acogida, que “si no se alcanza un acuerdo de partes, en seis meses, a partir de la notificación de reclamación de una de las partes, cualquiera podrá acudir a un tribunal internacional”. En esta situación actualmente se encuentra el Estado con la firma italiana Euro Telecom Internacional (ETI), que capitalizó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), y con Quiborax.
La Prensa solicitó una entrevista con el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, petición que no fue atendida.
Sin embargo, en la página web de este ministerio se informa sobre este proceso que “ante dicha notificación escrita, el Ministerio de Defensa Legal del Estado ha adoptado las acciones de coordinación respectivas con el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).”
Paralelamente se coordina un proceso de negociación.
Una fuente de Air BP dijo a este medio que no se trata todavía de un arbitraje, porque existe un proceso de negociación que, de acuerdo con el Decreto 0111, es de 120 días, en el que el Ejecutivo debe reconocer el lucro cesante, es decir, las ganancias que ya no percibirá la firma. El 1 de mayo de este año, el Estado recuperó la empresa encargada de la distribución de jet fuel (combustible) en 15 aeropuertos del país. El Ministerio de Hidrocarburos y YPFB formaron una comisión de intervención y se nombró un gerente.
Además, recientemente se convocó mediante licitación a una empresa que haga la evaluación de Air BP para establecer el precio de negociación por sus acciones.
La concesión fue resultado de una licitación nacional e internacional en 1999, en el marco de la privatización de las empresas nacionales. El 29 de agosto de 2000, la comisión calificadora recibió la oferta de dos empresas: Texaco Bolivia INC y British Petroleum Europe Limited.
Esta última ganó el proceso por un precio de 11,1 millones de dólares. El 1 de noviembre del mismo año, con el Decreto 25971, se autoriza que YPFB le transfiera sus activos ubicados en aeropuertos, firmar un contrato por la concesión y otro por la operación para la explotación del servicio de suministro de combustibles de aviación.
Quiborax reanuda demanda
La chilena Quiborax reactivó el arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el monto demandado está alrededor de 40 millones de dólares.
El proceso quedó en suspenso el año pasado con la finalidad de buscar una solución concertada. A pesar de las reuniones, no se logró el acuerdo y el proceso legal prosigue.
Química e Industrial del Bórax (Quiborax) se amparó en el Acuerdo de Protección Recíproca a las Inversiones suscrito entre Bolivia y Chile, para recurrir al arbitraje en contra de la decisión del Gobierno de Carlos Mesa que revocó la concesión que Non Metallic Minerals tenía en el Salar de Uyuni. Por un convenio de partes, el proceso de arbitraje fue suspendido el 13 de junio del 2008, precisamente, para que los involucrados busquen un acuerdo. Un mes después se anunció la extensión de esas conversaciones. Como no se logró el pacto, entones en marzo del 2009, el Tribunal instruyó la reanudación del proceso.
La reanudación del pleito en el tribunal internacional fue reconocido en el Gobierno y aseguran que para hacer frente a este arbitraje, el Ministerio de Defensa Legal del Estado está trabajando en la argumentación que presentará en el proceso.
El tribunal está integrado por el suizo Gabrielle Kaufmann-Kohler, el canadiense Marc Lalonde, que es el árbitro de la empresa, y la francesa Brigitte Stern, mediadora por Bolivia. Fue constituido el 19 de diciembre de 2007; y la primera sesión, en marzo de 2008.
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