El dirigente indígena Fernando Vargas alerta de la desaparición de la biodiversidad y la violación de los preceptos constitucionales.
El Gobierno promulgó el 20 de mayo el Decreto 2366, que permite la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas protegidas. "El presente Decreto tiene por objeto establecer las medidas para el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos en todo el territorio nacional, en el marco de su carácter constitucional, estratégico y de interés público para el desarrollo del país; vinculado a la reducción de la extrema pobreza en comunidades que habitan las áreas protegidas y la gestión integral de los sistemas de vida", dice el Artículo 1.
Una de las primeras reacciones fue la del dirigente indígena Fernando Vargas, quien en su cuenta de Facebook señala "al pueblo boliviano que las áreas protegidas de Bolivia, que encierran gran biodiversidad biológica y brindan servicios ambientales importantes, como es las capturas de lluvias, del dióxido de carbono y la producción de aire limpio que brindan al país y al mundo, a partir del 20 de mayo del presente año entran en riesgo de desaparecer porque el PROTECTOR del medio ambiente y respetuosos de la diversidad biológica y de la madre tierra, señor Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional, promulgó el Decreto Supremo 2366", señala.
REGLAMENTACIÓN PARA INGRESAR A LAS ÁREAS. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), establece que "Bolivia cuenta con 123 áreas protegidas dentro de su territorio, las cuales de acuerdo a su administración están separadas en tres categorías". Pero, además, aclara que "las áreas protegidas son territorios especiales, geográficamente definidos, jurídicamente declarados y sujetos a legislación, manejo y jurisdicción especial para la consecución de objetivos de conservación de la diversidad biológica". Esta institución aclara que se encarga de administrar las 22 áreas protegidas de interés nacional que hay en el territorio boliviano.
El excandidato a la Presidencia por el Partido Verde, que participó en las elecciones nacionales del año precedente, Fernando Vargas, asegura que la determinación del Ejecutivo viola el principio constitucional, además de otras normas, pero también el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabaj0 (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos indígenas, la Ley de Medio Ambiente, la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria, el Reglamento de Áreas Protegidas, entre otros, por lo que convocó a los "hermanos bolivianos a unirnos para defender nuestras áreas protegidas y no permitir su desaparición", según la publicación que circuló en las redes.
EL GOBIERNO AUTORIZA LA EXPLORACIÓN HIDROCARBURÍFERA "DEBIENDO PREVER MEDIDAS AMBIENTALES ADECUADAS", con mayor atención en zonas de alta sensibilidad ecológica "para precautelar la conservación de los sistemas de vida de la madre tierra". Establece también la evaluación del impacto ambiental y en caso de que la exploración concluya con un descubrimiento, se debe solicitar al Sernap varios requisitos "cuando corresponda". Sólo se prohíben los trabajos en sitios con categorías de Santuario y Monumento Natural.
La norma también establece que se deben asumir medidas ambientales, aunque no hay ningún trabajo petrolero que no sea contaminante. Indica que del total de la inversión se debe destinar el 1 por ciento para el fortalecimiento de la zona.
1% de la inversión que destinen las empresas petroleras debe ir a fortalecer el lugar intervenido.
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