"Uno de los principales beneficios del reglamento es que establece procesos más ágiles, desburocratizando los trámites en tiempo y en pasos. En tres meses se simplifica lo que antes era en un año; esto se traduce en un 75 por ciento de reducción de plazo", explicó el titular de dicho ministerio, Luis Alberto Sánchez.
El decreto supremo pretende adecuar la normativa sectorial de hidrocarburos y electricidad sobre la protección de los derechos de los usuarios y consumidores y los procedimientos de reclamación, que pueden ser de tres formas: directos, administrativos y recurso de revisión, a la Ley N° 453.
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