Luego de conocerse la denuncia sobre una supuesta red de corrupción al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ayer, el tema dio un giro repentino, cuando la principal implicada, Selva Camacho, involucró al presidente de la Estatal Petrolera, Carlos Villegas, acusándolo de un aparente acoso sexual y señalando que existen videos que lo demuestran. En contrapartida, mediante un comunicado, Villegas negó la acusación y dio a conocer de una querella abierta en septiembre de este año en contra de Camacho, por los delitos de difamación e injurias.
“Don Carlos Villegas, esto es parte de una venganza de él”, afirmó visiblemente contrariada, Selva Camacho, a la salida de dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, (Felcc) donde prestó sus declaraciones informativas, luego de ser trasladada, el miércoles, desde la ciudad de Santa Cruz, junto a sus tres hijos, el menor de apenas tres meses, para quien, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) pidió la intervención de la Defensoría de la Niñez.
Camacho, con su bebé en brazos y ante la resistencia de los efectivos policiales, pidió dar su versión ante los medios de comunicación, asegurando que el presidente de YPFB, “armó esta mentira” en su contra, porque ella se negó a acceder al acoso sexual del que afirma, era víctima.
“Todos ustedes me conocen, siempre fui del entorno de Carlos Villegas, y ahora él se quiere hacer que no sabía nada sobre los contratos que se firman, (…) intentó violarme, si él quiere hacer un careo le voy a decir las veces que intentó violarme en el Hotel Las Américas, el Camino Real; pidan las grabaciones y los registros cuando este señor me llevo allá (…), no lo denuncie antes porque me amenazaba, que si yo hablaba me botaba de mi trabajo”, aseguró Camacho.
Se dirigió a la ministra Anticorrupción, Nardi Suxo, y de Gobierno, Jorge Pérez, para que “no se presten al juego” de Villegas y pidió que se investigue la firma de un contrato de 300 mil bolivianos, en favor de su sobrina, Deysi Villegas, “resulta que este señor, se descubre el hecho y lo tapan, anulan el contrato, pero el delito ya está, se llama tráfico de influencias, corrupción”, aseveró Camacho.
CONTRAPARTE
Ante las duras acusaciones de Camacho, EL DIARIO realizó las consultas respectivas, a fin de contar con la contraparte del presidente de YPFB, los personeros de la Unidad de Comunicación señalaron que Carlos Villegas se encuentra de viaje por vacaciones y estará de retorno a su cargo, el día lunes y YPFB emitió dos comunicados.
En el primero se brinda más detalles sobre la supuesta red de corrupción, señalando que la Estatal “desbarató un clan de familiares y amigos que conformaron varias empresas para favorecerse con licitaciones que fueron solicitadas por la Unidad de Comunicación de la estatal petrolera. Una de ellas se refiere a un monto de aproximadamente medio millón de dólares”.
A pesar de que se adelantó, que no se podía contar con la versión del presidente de YPFB, porque se encuentra en el exterior por vacaciones, la empresa emitió un segundo comunicado dando a conocer de una querella interpuesta en septiembre por Villegas en contra de Camacho, por los supuestos delitos “de difamación e injurias (…). La demanda tiene que ver con afirmaciones similares formuladas durante la jornada de este este jueves por la acusada de liderar un clan de familiares y amigos que conformaron varias empresas para favorecerse con licitaciones que fueron solicitadas por la Unidad de Comunicación de la estatal petrolera”.
El presidente de la estatal petrolera habría señalado que estas afirmaciones lo difaman: “Atacan mi reputación, honor y honra, afectando no solo lo personal en cuanto a mi núcleo familiar, sino también profesional e institucional, dada las funciones ejecutivas que me tocan cumplir”, menciona el comunicado.
Según se conoce, Camacho formó parte del círculo de confianza de Villegas desde el 2006 y trabajó junto a él desde que este era titular del Ministerio de Planificación.
INVESTIGACIÓN
Por su parte, el fiscal asignado a la investigación Leopoldo Ramos informó ayer que si bien no tienen un dato preciso del daño económico causado al Estado por la red de corrupción descubierta en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por ahora calculan que la cifra bordea los 2.5 millones de bolivianos.
Por este caso hay cinco personas aprehendidas, dos son funcionarios de YPFB y están por el delito de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, una sexta persona que era jefe nacional de Comunicación de YPFB se encuentra con medidas sustitutivas.
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