Unas 549 licitaciones en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) son evaluadas en busca de posibles indicios o vínculos con la presunta red de corrupción que fue descubierta en la Unidad de Comunicación, informó ayer el jefe de la Unidad de Procesos de la estatal petrolera, William Alave.
“Hemos contabilizado casi 549 licitaciones en una unidad anualmente, entonces de esas tenemos que hacer una evaluación para saber en cuáles hay algún tipo de indicios de supuesta participación de esta red de corrupción”, afirmó.
Agregó que en esta evaluación se definirá si hay nuevas irregularidades o anormalidades en las licitaciones, para luego determinar si constituyen faltas administrativas o algún delito. “Todo eso es lo que vamos a evaluar conjuntamente con el Ministerio Público y nuestra Unidad de Transparencia Institucional a efectos de (definir) si corresponde o no iniciar nuevos procesos penales”, sostuvo.
Un caso en boga. Al momento suman seis las personas detenidas por estar involucradas en la presunta red de corrupción descubierta en YPFB y otras tres se encuentran con mandamientos de aprehensión.
Alave señaló que el número de personas involucradas puede crecer conforme avancen las investigaciones porque en Yacimientos se hicieron distintas licitaciones y adjudicaciones.
“Todo eso se está evaluando con el Ministerio Público a efectos de ya concretar cuántas personas van a ser denunciadas y cerrar con el círculo para continuar con una investigación dentro de la etapa preparatoria”, apuntó.
Supuestamente, funcionarios de la unidad de comunicación de YPFB integraba una red corrupta que adjudicaba millonarios contratos a empresas de parientes, conformadas con poco capital.
Revocan medida a un implicado. Un juez de La Paz revocó la medida de arresto domiciliario que tenía Evert Terán, quien fungía como jefe de la Unidad de Comunicación de YPFB cuando estalló el escándalo. Según el dictamen deberá cumplir detención preventiva en la cárcel.
Otros antecedentes. El caso más bullado en la petrolera estatal YPFB tumbó a su entonces presidente Santos Ramírez, un influyente dirigente del partido gobernante que había ocupado antes la presidencia del Senado. Se los acusó de adjudicar con sobreprecio la construcción de una planta separadora de líquidos a un consorcio privado.
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