Hasta mediados de 2014, cuando el crudo estaba por encima 100 $us/Bl, todo era exitoso para el Gobierno. El Ministro de Hidrocarburos aseguraba el inicio de la exportación de electricidad (LR 08.09.2014), se hacían pruebas en la planta Gran Chaco, se inauguró la planta de licuefacción de LNG en Río Grande, se instalaron dos nuevas plantas en las refinerías, empezaron a operar Karachipampa y la termoeléctrica del Sur, todo con inversión estatal (ED. 14.09.2014). El optimismo gubernamental parecía no tener límites, pese a que la Fitch Ratings alertaba sobre el bajo nivel de las reservas de gas y el peligro de subir el riesgo país por la alta dependencia de las materias primas.
Haciendo un balance del sector y de YPFB en el tiempo transcurrido desde la caída de los precios del petróleo, también a mediados de 2014, se encuentra que fue tiempo perdido por encargar la gestión a personal sin experiencia, ineficiente y corrupto.
No se trató únicamente de la coyuntura desfavorable de precios, sino de la incapacidad para enfrentarla con medidas sensatas que amortigüen la crisis, pese a todas las alertas que el Gobierno recibió.
Al tomar posesión de sus despachos, tanto el actual Ministro de Hidrocarburos, como el anterior presidente de YPFB, aseguraron que el año 2015 sería el Año de Exploración, porque se contaba con planes e inversión de las subsidiarias y de las contratistas en 86 áreas y 63 proyectos.
Las equivocaciones empezaron cuando se encargó a la casa matriz tareas exploratorias en áreas reservadas asignadas para el efecto, en franca competencia con las subsidiarias Chaco y Andina, y un mayor presupuesto que ellas. En Itaguazurenda, que se dijo tenía un potencial de un millón de barriles, la casa matriz perforó el primer pozo en el lugar equivocado, que resultó seco.
Lo mismo sucedió con el pozo perforado en Boquerón, que se dijo descubrió 28 millones de barriles con un valor de 1.700 MM$us y debía producir 5.000 BPD. A la fecha y tras la perforación de dos pozos secos, el campo produce sólo 37 BPD. El caso Boquerón se ha repetido continuamente en áreas en las que aún sin perforar se anuncian reservas de varios TCF de gas.
El fracaso exploratorio ha sido grande, ni la casa matriz ni las subsidiarias han aportado con descubrimientos y toda la esperanza de éxitos está en las contratistas.
En enero de 2015, el Ministro de Hidrocarburos declaró que para enfrentar la crisis de precios se había decidido aumentar la producción de gas hasta 69 MMM3/d, diversificar las exportaciones a GLP, LNG, fertilizantes y electricidad. Todo fue hecho al revés. La producción de gas empezó a caer desde el año 2014; a la fecha, la producción se encuentra en 57 MMM3/d; el LNG no llega ni a los municipios locales; la exportación de GLP continúa confinada a Perú y Paraguay, en pequeñas cantidades; no hay producción de fertilizantes ni se exporta electricidad a ninguna parte.
Los proyectos de industrialización tienen problemas sin resolver. La separadora de Río Grande trabaja a la mitad de su capacidad y la de Gran Chaco al 27%, por falta de mercados o por falta de gas; la planta de LNG, inaugurada en febrero de 2016, trabaja parcialmente por desperfectos después de sólo 15 meses de funcionamiento y necesita repuestos nuevos; la planta de fertilizantes, que debía inaugurarse el año 2015, no tiene fecha de inicio de operaciones por razones desconocidas; la construcción del ferrocarril Bulo Bulo-Montero resultó una odisea que no termina; el proyecto de polietilenos fue postergado indefinidamente y la construcción de la planta de polipropileno fue anulada ante una adjudicación de escándalo.
Los sobreprecios en las compras y los proyectos han sido una constante acompañada por licitaciones arregladas a la medida de los proveedores. Los millonarios casos de Drillmec y Tecnimont son los últimos ejemplos del cúmulo de desatinos.
En octubre de 2015 el Gobierno decidió promocionar las inversiones petroleras y mineras en el país a través de un costoso evento en un lujoso hotel de Nueva York. A dos años de aquello, los resultados son nulos, en parte debido a que las autoridades del sector ni hablaban inglés ni habían tomado la previsión de contratar traductores.
La ignorancia fue más allá de la incapacidad cuando en la crisis del agua en la ciudad de La Paz, en la segunda mitad de 2016, el presidente de YPFB decidió transportar agua potable para uso de la población en cisternas contaminados por carburantes, amparado en falsos protocolos de habilitación, cuando tal uso está terminantemente prohibido por organismos internacionales de salud.
YPFB está semiparalizado por la desconfianza interna y el caos administrativo.
No se podía esperar otro resultado con un ministerio imaginando reservas incalculables y una empresa descontrolada por el derroche del auge.
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