La Contraloría General del Estado (CGE), a través de la Subcontraloría de Control Interno, rechazó la auditoría interna de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) al proceso de contratación de la empresa italiana Drillmec para la provisión de tres taladros, y recomendó acciones legales en contra del auditor interno, responsable del informe en cuestión.
"Hemos evaluado el informe del auditor interno y hemos llegado a la conclusión de que no se ha enmarcado en su totalidad en la normativa vigente, razón por la cual hemos procedido a rechazar este trabajo de auditoría y hemos remitido nuestro pronunciamiento a YPFB", afirmó la subcontralora de Control Interno, Sandra Quiroga a la Agencia de Noticias Fides.
Entre las observaciones que se identificaron, según Quiroga, están que el auditor desde el principio de su auditoría omitió analizar la aplicabilidad del reglamento para contrataciones a empresas del extranjero. "Lo principal que debía haber hecho es analizar si se aplica el reglamento o no, y no se pronuncia al respecto", dijo.
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También mencionó que el auditor de YPFB, de acuerdo a las normas y al inicio de la auditoría, debió hacer un relevamiento de información para ver si había las condiciones de auditabilidad, "y él no hizo ese relevamiento de información y directo por órdenes del presidente de YPFB (Guillermo Achá) ha iniciado la auditoría".
La tercera razón es que "el auditor no ha efectuado un análisis de la determinación del precio referencial que para nosotros es muy importante, ese análisis que tendría que haberse hecho, él dice no voy a hacer eso porque considera que eso le corresponde a la Unidad Solicitante, y no nos parece que debería proceder de esa manera", manifestó.
Quiroga señaló que el auditor no ha hecho un análisis de coherencia o consistencia entre la justificación técnica para hacer la compra, las especificaciones técnicas y el presupuesto que se tenía para la adquisición de los taladros.
"Al auditor le ha faltado este análisis que es muy importante y relevante y por tanto sus conclusiones para nosotros no tienen sustento y hemos rechazado el informe", sostuvo.
Frente a las denuncias de la defensa de los coimputados por el caso taladros, por no haber accedido de manera oportuna a dicha auditoría interna, la Subcontralora subrayó que el informe de auditoría interna de YPFB es un informe público al que podían haber tenido acceso no sólo el abogado sino cualquiera de las partes involucradas en el proceso.
"La norma dice que cuando termina un trabajo el auditor lo remite a la Contraloría y de manera simultánea también lo remite a la máxima autoridad de esa entidad y al ente que ejerce tuición, y cualquier persona interesada podría haber requerido y nadie podría haberles negado su acceso", aseveró.
Acciones legales
La Subcontralora de Control Interno explicó que esta instancia no se limitó al rechazo del informe del auditor interno en cuestión, sino que también se recomendó iniciar las acciones legales en contra de este funcionario. "Ha omitido la norma, actos esenciales como el precio referencial, la aplicación en la norma y en qué condiciones empezó el proceso de contrataciones", dijo.
Según la autoridad, las graves falencias en las que incurrió el auditor interno de YPFB le significaron a la Contraloría realizar su trabajo desde fojas cero. "Diría que no fue un análisis suficiente y por eso no avalamos ese informe, la conclusión del auditor está rechazado", recalcó.
Sin embargo aclaró que la auditoría interna de ninguna manera puede constituirse dentro de un proceso penal como prueba. "Esos documentos no pueden ser usados como pruebas, son medios de información porque el Fiscal debe recabar su propia prueba", señaló.
"Cuando evaluamos los informes tenemos tres caminos: uno, si el informe es consistente y convincente decimos que está conforme a norma; segundo, cuando hay observaciones que pueden ser subsanados por el auditor, pero lo devolvemos y rechazamos cuando no es pertinente porque desde el objetivo está mal planteada la auditoría", explicó.
En cuanto al análisis del proceso mismo de contratación, indicó que es la Subcontraloría de Empresas que trabaja de manera paralela y que en su momento hará conocer sus conclusiones.
Por el caso taladros hay siete exfuncionarios de YPFB que guardan detención preventiva en diferentes cárceles de La Paz y Santa Cruz, además del expresidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá, quien se benefició con la detención domiciliaria y las medidas sustitutivas a la detención preventiva.
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