Informe de YPFB rechaza objeción en caso taladros

A pesar de las observaciones realizadas por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos y del Directorio de YPFB, que instruyó a su titular, Guillermo Achá frenar cualquier acuerdo comercial con la empresa Drillmec, un informe técnico y legal del 3 de abril de las gerencias de Perforación y Legal Corporativa de-sestimó las objeciones.

Para ello se informó a los diez integrantes del directorio de la estatal petrolera, que el “Comité de Licitación del proceso de contratación cumplió con sus funciones enmarcados en lo establecido en el Documento Base de Contrataciones (DBC) y el reglamento, normativa aplicable en el Estado Plurinacional de Bolivia y Derecho Comparado, no existiendo irregularidades; corresponde desestimar el informe DTC-JUPPD-017/2017”.

Cabe recordar que, dicho informe del 13 de marzo, hizo notar que el Comité de Licitación incumplió el DBC, que existió un posible sobreprecio y que la adjudicación de la firma italiana fue irregular.
Al respecto, Víctor Hugo Áñez, integrante del directorio de YPFB en representación de la Gobernación de Santa Cruz, sostuvo que a toda costa se busca tapar la realidad para indicar que en el proceso de compra de los taladros no hubo irregularidades.

“Cómo es posible que en el informe del 3 de abril se diga que todo está bien, cuando ahora hay cinco personas con detención preventiva y todas ellas indicaron que siguieron órdenes”, sostuvo Áñez.
Ante esta situación, Áñez subrayó que la objetividad y credibilidad de Achá no es la adecuada por lo que en lo que concierne a la Gobernación de Santa Cruz, debería dejar su cargo mientras dura la investigación.

A su vez, Anatoly Flores, integrante del directorio de YPFB por Chuquisaca, sostuvo que en el caso hay distintas irregularidades y que el accionar de Achá no fue el más adecuado por lo que se debe analizar su situación al frente de la estatal petrolera.

“No podemos emitir una opinión personal, sino que debe ser en conjunto”, dijo Flores.
Carlos Quispe y Fernando Salinas, miembros del directorio en representación de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos, respectivamente, indicaron que se debe esperar el avance de las investigaciones para tener un criterio final.

Quispe hizo notar que el directorio no tiene atribución para pedir el alejamiento de Achá.

Declaran en la Fiscalía
Claudia Lens Ardaya, gerente legal, y Paola Andrea Oporto, gerente de contrataciones de YPFB, prestaron ayer sus declaraciones informativas ante la comisión de fiscales que investiga las supuestas irregularidades en la compra de taladros para la estatal petrolera a la empresa italiana Drillmec Spa.
Lens fue convocada para explicar los procedimientos legales de las enmiendas que se aprueban, toda vez que durante el proceso de investigación fiscal se develó el cambio del Documento Base de Contratación (DBC), que supuestamente benefició a Drillmec, aunque los abogados de la petrolera rechazaron ese extremo.

Según voceros del Ministerio Público de La Paz, Oporto realizó una declaración ampliatoria ante los fiscales. El abogado de la sindicada, Róger Valverde, explicó a la agencia ANF, consultado si Oporto tenía la facultad de rechazar o aprobar los informes técnico, legal o administrativo que recomendaban la contratación de Drillmec, así como las enmiendas al DBC del proceso de adjudicación, dijo que su defendida no tenía esa atribución. Luego de declarar, ambas y cada una por su lado, se fueron a sus respectivos domicilios.

Los remiten a la cárcel

La jueza del Juzgado 4to. Anticorrupción y Contra la Violencia, Melina Lima, dispuso el viernes la detención preventiva de cinco funcionarios de YPFB involucrados en la presunta contratación que se investiga.

Al respecto, cuatro de los detenidos preventivos ya fueron trasladados a Palmasola, de Santa Cruz, y otro a San Pedro, de La Paz.
Los abogados defensores presentaron ayer las apelaciones contra el fallo de la jueza que los envió a prisión preventiva.

Práctica impropia

El senador Óscar Ortiz critica la "práctica impropia" de Guillermo Achá y otros directivos de YPFB, de delegar sus firmas a subalternos para salvar sus responsabilidades, como en este caso.
“Pero el hecho de que deleguen sus firmas no los exonera de responsabilidades", dijo Ortiz, pidiendo la destitución de Achá.

Sobre las destituciones de los funcionarios sindicados en el caso, YPFB informó que aún se analiza cada uno de los 15 casos, que son muy delicados.