La ex gerente legal corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Cynthia Novillo, niega haber aprobado las modificaciones que se realizaron a la licitación, que en última instancia ganó la italiana Drillmec para la compra de tres taladros por un valor de 148 millones de dólares, y descargó toda la responsabilidad sobre el equipo jurídico de Santa Cruz, según lo detalló ayer en la audiencia de medidas cautelares, el abogado Gonzalo Cordero.
Pese a los argumentos de la defensa, la juez cuarto anticorrupción de La Paz, Melina Lima, ayer, luego de cinco horas de audiencia, determinó enviar a Novillo, con detención preventiva, al Centro de Orientación Femenina de Obrajes.
La juez Lima, en su resolución, justificó la detención porque de lo expuesto por la Fiscalía, se encontraron indicios suficientes para afirmar que Novillo es, “con probabilidad”, responsable de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
SUBALTERNOS
En audiencia cautelar, Cordero se ratificó en la versión de su inocencia, explicando que Novillo no participó ni en el proceso de licitación ni en el de calificación de las empresas.
Novillo reconoció tener conocimiento sobre las recomendaciones para realizar la “enmienda Nº 3” que el equipo jurídico realizó, que le fue hecha conocer mediante el “informe” GLC 733ULGAJ385/2016.
Pero negó que haya emitido “una resolución o acto administrativo”, por la cual haya “ordenado, aprobado, autorizado o avalado”, la implementación de la enmienda Nº 3, señaló Cordero.
Para la defensa, existe una gran diferencia entre tomar conocimiento y aprobar una acción.
Las modificaciones a la licitación fueron recomendadas por los abogados Julio Kjari, Gizel Siles y Félix Bustos, todos ahora detenidos.
“Sin que exista una aprobación o autorización expresa, se da cueros a estos elementos (modificación de los requisitos técnicos) por terceros y se pretende imbuir, hacer coparticipe de los mismos a la doctora Novillo”, aseguró Cordero.
El abogado afirmó que los tres abogados sobrepasaron la autoridad de Novillo y realizaron estas modificaciones que ahora son causa de la persecución fiscal.
APELACIÓN
Ante la determinación de la juez Lima, la defensa presentó apelación a la fundamentación de la autoridad, sobre los riesgos procesales de falta de trabajo, obstaculización a la investigación e influencia en los testigos, según la explicación que dio a EL DIARIO, el abogado Gustavo Ayala.
El jurista calificó la determinación de arbitraria y adelantó que acatarían lo que indica el fallo pero que acudirían a todas las instancias.
En audiencia, la juez reconoció que Novillo si tiene una familia constituida con una menor de cuatro años, además de un domicilio permanente. Pero le negó la acreditación del trabajo en una empresa del rubro de construcción.
Sin embargo, en la audiencia de medidas cautelares, el fiscal asignado al caso, Ramiro Jarandilla, sostuvo que bajo las directrices de Novillo, los abogados, miembros del Comité de Licitación, Siles, Bustos y Kjari, procedieron a elaborar la ‘enmienda Nº3’ que fue puesta en conocimiento de Novillo, quien ordenó y autorizó la misma en su calidad de Gerente Legal Corporativa, desconociendo el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero.
“Se estableció que la Unidad Jurídica no tenía dicha atribución ni mucho menos la ahora imputada tenía esa facultad para la aprobación ilegal de la enmienda III, lo que derivó en la recomendación de la Comisión de Licitación para la adjudicación de Drillmec, a pesar de que no cumplió con especificaciones técnicas, administrativas y legales para adjudicarse el proceso de contratación”, argumentó el fiscal.
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