Defensa de funcionarios suspendidos: Presidente y Directorio de YPFB tienen la obligación de dar explicación

Guillermo Achá, presidente de YPFB. Defensa de acusados exige explicaciones al ejecutivo de la empresa estatal para aclarar el tema de los taladros.

El Directorio y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, “están en la obligación de dar una explicación”, respecto del proceso de licitación en el cual resultó ganadora la empresa italiana Drillmec, afirmó la defensa de los cinco funcionarios detenidos en la cárcel que, mediante documentos, aseguran que sólo cumplieron con órdenes superiores.

“El presidente de YPFB está casi en la obligación de orientar y justificar este proceso de contratación que ha sido atacado de modo perverso (…) incluso el Directorio, que está por encima del presidente de YPFB. No se puede esconder nada, si hablan de transparencia y lucha contra la corrupción, pues es tiempo de aclarar todo esto, para que la gente esté tranquila y los mismos denunciantes retrocedan, pues han equivocado el procedimiento”, aseveró a EL DIARIO, Andrés Zuñiga, abogado de una de los asesores legales detenidos por este caso.

El jurista fue consultado a raíz de las críticas que han surgido en el proceso de investigación, implementado por la fiscalía, donde de los 23 nombres comprometidos, se han detenidos a funcionarios de bajo rango que no tenían poder de decisión para la adjudicación de contratos.

Senador

Para el senador opositor Oscar Ortiz, la detención del Director interino de Operaciones de Perforación, Bigmarck Serrano Parada, y el gerente de Perforación Corporativa, David Pérez Alba, además de los abogados de la Unidad Jurídica de YPFB, Félix Bustos Martin, Gizel Siles Roca y Julio Kjari Nina, son solo una pantalla para evitar involucrar a los altos mandos.

Ortiz, que presentó querella contra Achá, aseguró que el Gobierno usa una “clara estrategia” para protegerlo y no involucrarlo en los presuntos hechos irregulares en la adquisición de tres taladros, por 148 millones de dólares, de la empresa italiana Drillmec.

Por su lado, la fiscalía maneja la hipótesis de que el equipo de cinco funcionarios estaba a cargo de elaborar el formato de la licitación que se hizo pública para la adquisición de los taladros, a la cual se presentaron siete empresas, clasificaron cuatro y Drillmec resultó ganadora.

Zuñiga sostiene que este fue un proceso de meses, donde están involucrados varios niveles de fiscalización y en ese sentido, asegura que no se justifica la comisión de un delito de incumplimiento de deberes o uso indebido de influencias, cuando existe documentación que prueba que los subalternos explicaron los procedimientos que se siguieron y, al mismo tiempo, cumplieron con las órdenes emitidas por superiores.

FISCALÍA

Sobre la convocatoria a Achá, el fiscal general, Ramiro Guerrero, aseguró que esta no está en función de “exigencias políticas ni tiempos mediáticos”, y que esta se daría a su debido tiempo, según los plazos procesales, señala la directiva de las investigaciones.

La Fiscalía investiga el caso iniciado a instancias del Ministro de Justicia, Héctor Arce que luego de recibir una denuncia anónima, y una investigación de la unidad de transparencia reveló irregularidades en la adjudicación de taladros a Drillmec, por un monto de 148,8 millones de dólares.

Al momento, en este caso, se han detenido a seis personas, la última fue la exgerente legal corporativa Cynthia Novillo, quien negó haber aprobado las enmiendas y recargó toda responsabilidad a los cinco funcionarios.