YPFB anuncia demanda contra diputado de UD

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, informó ayer que presentará una querella penal en contra del diputado opositor Tomás Monasterio por vincularlo con un empresario argentino investigado por delitos de narcotráfico.

“Estamos tomando las acciones legales correspondientes, se está dañando de forma irreparable la imagen de YPFB, se está dañando la imagen de las autoridades”, afirmó Achá en conferencia de prensa. El titular de la estatal petrolera convocó a los periodistas para aclarar por “última vez” las denuncias en su contra que realizó el diputado de Unidad Demócrata Tomás Monasterio.

El pasado lunes, el legislador denunció que la máxima autoridad de YPFB y una cúpula de la empresa estatal estarían siendo beneficiadas con contratos que suscribieron con la empresa Corporación Regional de Transportes Asociados (Creta SRL), cuyo propietario, José Luis Sejas Rosales, está sindicado de tráfico de sustancias ilícitas y narcotráfico. Esta persona es investigada por la Justicia argentina.

Riesgo. Achá reconoció que la empresa Creta presta el servicio de transporte de diésel y gasolina desde Argentina hacia zonas del sur del país, a localidades como Villazón, Bermejo, Villa Montes y Yacuiba. Pero negó cualquier responsabilidad sobre algún ilícito que estén cometiendo miembros de la empresa contratada y agregó que YPFB se hace cargo solo del tránsito del producto que ingresa del país vecino, y no así de las operaciones de retorno que hacen los camiones cisterna.

El ejecutivo aseguró que la contratación de Creta fue tras un proceso de licitación. “Si (Achá) quiere iniciarme proceso, adelante, lo espero. No tengo ningún problema, conozco la ley y sé muy bien quién tiene mayor responsabilidad en este caso”, afirmó en respuesta el diputado Monasterio.

El asambleísta presentó una denuncia en contra de Achá y Sejas por legitimación ilícita de ganancias y otros delitos penales. Ratificó que existe delito en el accionar del titular de YPFB porque no anuló los contratos con Creta pese a conocer las denuncias por narcotráfico que datan de 2011.