El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, dijo este martes que iniciará una querella penal contra el diputado Tomás Monasterio por dañar la imagen de la estatal petrolera y de sus autoridades.
El diputado opositor señaló el pasado jueves que "una cúpula de YPFB está haciendo uso malsano de los recursos para traficar cocaína" y por ese motivo se ve obligado "a constituirse en parte activa de la investigación y la denuncia".
Esta aseveración surgió luego de que Monasterio conociera que YPFB firmó contratos de adjudicación con la empresa Corporación Regional de Transportes Asociados (Creta SRL) y otras compañías de propiedad de José Luis Sejas Rosales, empresario sindicado por tráfico de sustancias controladas y droga por la justicia argentina, y propietario de una flota de 90 camiones.
De acuerdo a la Procuración de Narco Criminalidad (Procunar) de Argentina, en ese país se dieron al menos nueve casos de camiones cisterna que transportaban droga, todos ellos ligados a la empresa Creta SRL de propiedad de Sejas Rosales.
El presidente de YPFB reiteró que la estatal petrolera y sus autoridades no tienen responsabilidad sobre los delitos que puedan cometer terceras personas, y aclaró que "la responsabilidad sobre el objeto del contrato es desde los países de origen del producto hacia Bolivia y no desde Bolivia hacia los otros países". Sin embargo, Achá no dijo qué pasará con el contrato suscrito entre YPFB y la empresa Creta.
El presidente de YPFB, que no respondió ninguna pregunta a los periodistas, indicó que es la última vez que se refiere a ese tema. "Nosotros vamos a sentar un precedente, vamos a sentar una denuncia formal contra ese diputado", reiteró.
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