Con la ampliación de la frontera petrolera en el país anunciada por autoridades de Gobierno en recientes días y de acuerdo a datos recabados por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), en Oruro las exploraciones petroleras generarían un impacto ambiental negativo en 18 territorios originarios, y a nivel nacional 64 territorios entre originarios e indígenas de la Amazonía, Chiquitanía, Chapare y Chaco.
Actualmente la frontera petrolera comprende 24 millones de hectáreas, equivalente al 22% del total del territorio nacional, con la promulgación del Decreto Supremo 2366 que legaliza la exploración en áreas protegidas, esta frontera abarca a 11 parques nacionales de los 22 que existen en el país.
Estos datos fueron expuestos en el taller "Extractivismos y derechos humanos: elementos de reflexión desde el caso boliviano" que se desarrolló el 27 y 28 de julio en el auditorio del Cedib en Cochabamba.
Las investigaciones documentadas por Cedib revelan que los impactos ambientales por operaciones petroleras o mineras utilizando cualquier tecnología son muy graves, pues al realizar exploraciones sísmicas se dañan aguas subterráneas, ríos, lagos, fauna y flora.
El investigador del Cedib, Jorge Campanini sostuvo que no se puede tratar de simplificar el grado de afectación de la explotación petrolera como indican las autoridades gubernamentales, más aún ahora que se ingresará a áreas protegidas donde habitan diferentes especies de fauna y flora.
Manifestó que la forma en que se realizan las exploraciones, por ejemplo utilizando procesos sísmicos, no solo afecta el lugar, sino el impacto se extiende por varios kilómetros que contienen fuentes de agua y otros elementos.
Por su parte la investigadora de Cedib, Georgina Jiménez dio a conocer datos sobre la cantidad de riqueza de fauna y flora que tiene Bolivia, constituyéndose entre los 16 países con mayor biodiversidad.
Por lo cual argumentó que este grado de afectación no solo perjudica a Bolivia, sino al resto del planeta, porque se destruye la armonía ambiental.
Además hizo referencia a la inflexión del Gobierno respecto a las normas ambientales que ahora permiten el ingreso a las áreas protegidas.
Aseveró que la llegada de la explotación minera o petrolera genera un desacomodo de las economías locales de los pueblos indígenas y especialmente en el vivir de las mujeres, puesto que desde que ingresa una empresa para realizar estos trabajos se apropia del agua, entonces la labor de las mujeres que antes tenían al alcance este recurso vital se aumenta porque deben traer el elemento liquido de otros sectores.
También provoca una desvinculación familiar porque las empresas que exploran otorgan trabajo a los varones de la comunidad, pero las víctimas de los impactos que se generan son sus esposas.
Enfatizó que es importante generar un debate integral al momento de promulgar normas y leyes, es decir no elaborar normas mineras solo con los mineros, o petroleras con los petroleros; sino englobar a todos los actores de la sociedad incluyendo principalmente a los afectados.
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