El diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterio, presentó ayer una querella penal contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, y el empresario argentino José Luis Sejas Rosales, por los delitos de contratos lesivos al Estado, asociación delictuosa y narcotráfico, entre otros.
El pasado jueves, Monasterio denunció que YPFB firmó contratos de adjudicación directa con la empresa Corporación Regional de Transportes Asociados (Creta SRL) y otras compañías de propiedad de Sejas, empresario sindicado por tráfico de sustancias controladas y droga por la justicia argentina, y propietario de una flota de 90 camiones.
Los delitos habrían sido cometidos bajo protección de altos ejecutivos de la estatal.
“Estamos formalizando en este preciso momento. Ha salido la denuncia penal contra el señor Sejas Rosales, contra el señor Guillermo Achá, contra otras autoridades dentro de Yacimientos, por los delitos de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, organización criminal, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo, cohecho activo y tráfico de sustancias controladas”, dijo en conferencia de prensa.
Monasterio indicó que los antecedentes sobre tráfico de drogas en cisternas con carburantes bolivianos, exportados hacia Argentina, datan de 2011, sin embargo el Gobierno mantuvo una “posición pasiva, cómplice como Estado”.
El Presidente de YPFB rechazó la semana pasada todas las sindicaciones de Monasterio indicando que la institución no puede hacer seguimiento de los camiones que utilizan empresas privadas.
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