Alrededor de mil afiliados a la Cámara de Transporte Pesado del Oriente marcharon ayer por las calles del centro de la ciudad de Santa Cruz en protesta por la anulación unilateral de contratos que lleva a cabo la estatal YPFB con algunas empresas presuntamente ligadas a actividades ilícitas en el corredor energético Bolivia-Argentina.
Entretanto, el diputado opositor, Tomas Monasterio, que destapó y denunció el caso “narco-cisternas” llegando a implicar a altas autoridades de la estatal petrolera, viajó ayer a Buenos Aires en busca de más pruebas.
El pasado 23 de julio, YPFB rompió formalmente un contrato de transporte de líquidos con la firma Creta SRL, del empresario José Luis Sejas, y además rescindió contrato con Vartra-Boliq y Asociados. Ambas tenían acuerdos para transportar diésel, insumos y aditivos hasta diciembre de este año.
En el primer caso, según las denuncias de Monasterio, Sejas es dueño de la flotilla de más de 100 camiones cisternas que YPFB contrató para el transporte de carburantes. Este empresario habría sorteado procesos penales en Argentina por narcotráfico.
En el segundo caso, la Policía argentina incautó la semana pasada 135 kilos de cocaína, que era transportada en un camión cisterna de la empresa Vartra-Boliq. De ambos lados suman 180 camiones cisternas que fueron retirados del negocio del transporte por YPFB.
El ejecutivo de la Cámara de Transporte Pesado del Oriente, Roger Rivero, se quejó ayer porque la anulación de contratos por parte de YPFB afecta a casi 200 familias y pone en tela de juicio el accionar de empresarios y choferes que trabajan en el rubro.
“No nos oponemos a que se investigue si algún transportista comete actividades ilícitas, pero hay que ir al fondo del problema antes de tomar medidas que perjudiquen a un sector. Tampoco es cuestión de creerle de buenas a primeras a un diputado que echa tierra sobre el empresariado del transporte”, dijo Rivero.
Después de la marcha, los transportistas se declararon en emergencia y advirtieron nuevas medidas como una huelga de hambre y hasta el bloqueo de la frontera con Argentina.
Monasterio viajó ayer a Buenos Aires en busca de más pruebas sobre la supuesta red del caso “narco-cisternas”. Antes de irse dijo que sostendrá reuniones con autoridades fiscales, policiales y parlamentarias del país vecino.
También exigió al Ministerio Público que incluya en las investigaciones a Claudia Verónica Lenz Ardaya, jefa de la Unidad de Downstream de la Dirección Legal General en YPFB y sobrina de la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya.
“Quiero hacer conocer que Claudia Verónica Lenz Ardaya es parte de la administración jurídica de YPFB y debe ser y citada para declarar por qué empresas acusadas de narcotráfico en Argentina siguen vinculadas a la estatal petrolera”, manifestó.
SALIDA DE MARAÑÓN
El presidente de YPFB, Guillermo Achá, aseguró ayer que la renuncia del que fuera gerente de comercialización de la estatal petrolera, Mauricio Marañón, no tiene nada que ver con el supuesto caso de las “narco-cisternas”. Achá participó ayer de un acto junto al presidente Evo Morales en Santa Cruz y se abstuvo de dar más detalles.
Sin embargo, anunció que hoy se cerrará un convenio con el viceministro de Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, para hacer un control de las cisternas que ingresan y salen del país. “Queremos evitar delitos”, dijo.
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