Yalile Bravo Espinoza y Erika Rojas Rivera, involucradas en el presunto caso de corrupción al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), solicitaron la cesación a la detención preventiva, según informó el Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia Familiar.
La audiencia donde se analizaría si corresponde medidas sustitutivas a la detención preventiva fue fijada, preliminarmente, para hoy en horas de la tarde. En esta oportunidad el representante del Ministerio Público hará conocer su acuerdo o desacuerdo con la determinación.
Rojas Rivera, por intermedio de su defensa, hizo conocer la predisposición para coadyuvar en la investigación y responsabilizó a Selva Camacho de ser una de las principales personas al frente de este supuesto caso de corrupción que tenía como centro de operaciones la Unidad de Comunicación de la empresa estatal.
Asimismo, se tiene pendiente la aprehensión de Ana Belén Camacho, quien se encuentra internada en una Clínica de la ciudad de Santa Cruz a consecuencia del riesgo que implica su embarazo y por el que se fue a tratar a Brasil.
Ana Belén Camacho, acusada en el caso de la supuesta red de corrupción en YPFB, denunció que la abogada de Yacimientos, Mónica Ramírez, le pidió 10 mil dólares para excluirla de la investigación. La jurista negó la acusación y anunció que se querellará en su contra por los delitos de difamación, injurias y calumnias.
“Aquí me encontré con la abogada Mónica Ramírez en donde esta señora me extorsionó prácticamente, me pidió 10 mil dólares para sacarme de este proceso”, aseveró.
También aseguró que fue Carlos Villegas quien le recomendó contactarse con Ramírez para que le ayude. Es más, dijo que el titular de YPFB le recomendó salir del país para evitar la investigación.
“El señor Carlos Villegas se contactó conmigo para decir que esta persona me iba a ayudar pero no me dijo que me iba a extorsionar (…) El señor éste se lavó las manos conmigo al decir que yo soy la pieza clave en este investigación que me di a la fuga. Yo salí del país por instrucciones de él, porque él me dijo que me ponga a buen recaudo”, aseveró.
REVELACIONES
En los últimos días se conoció por intermedio de la asesora legal de YPFB, Mónica Ramírez, que la empresaria cruceña Marthy Méndez, esposa del exdirector general de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Luis Nolberto Clavijo Castro, y presunta exsocia de Ana Belén Camacho Gonzales, fue quien destapó la denuncia en contra de la red de corrupción.
Según el matutino El Día, Marthy Méndez persigue penalmente a Camacho por el presunto delito de estafa, pues esta última, haciéndose pasar por funcionaria de la estatal le habría cobrado 20.000 bolivianos a cambio de adjudicarle un contrato que no se dio.
En el sitio web de Linkelin personalizado de Marthy Méndez, sería la empresaria en comunicaciones y agente en modelaje, directora y propietaria del Grupo Méndez Borda (GMB), directora de la revista Xclusiva y gerente de la agencia Supermodel.
Su esposo, Luis Nolberto Clavijo Castro, fue sindicado de participar como agente de inteligencia la noche previa al operativo policial ejecutado en el hotel Las Américas el 16 de abril de 2009, donde tres extranjeros fueron acribillados, bajo la sospecha de ser parte de un plan de separatismo y terrorismo. De Clavijo Castro dijo en su momento el exfiscal Marcelo Soza, exdirector de investigaciones del caso “terrorismo” y actual prófugo, que se enriqueció en su nombre.
En este caso por disposición de la juez Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia Familiar, Cinthia Delgadillo, se encuentran con detención preventiva Selva Camacho, Alejandro Bell Camacho, Yalile Bravo, Ericka Rojas, Guido Alarcón Terrazas y Ever Terán.
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