La Gobernación de Santa Cruz y dos analistas pidieron que YPFB deje de adjudicar obras millonarias por invitación directa y sugirieron que se hagan licitaciones o se mejoren los sistemas de control, como una forma de evitar los actos de corrupción.
La solicitud surgió a propósito de lo ocurrido con el montaje de la planta separadora de líquidos de Río Grande, obra que presuntamente fue adjudicada de manera fraudulenta a la empresa argentina Astra Evangelista SA (AESA).
Carlos Hugo Sossa, secretario de Energía de la Gobernación de Santa Cruz, miembro del directorio de YPFB y de la Empresa Siderúrgica del Mutún, afirmó que se deben revisar los procedimientos de contratación directa o mejorar los controles que existen actualmente.
“Todo lo que ha sucedido vulnera la confiabilidad; entonces, como están las cosas, dan lugar a corrupción; hay que hacer un cambio y mientras no se lo haga yo creo que, por lo menos en mi participación en el directorio, yo no voy a seguir aprobando las cosas”, aseguró.
En criterio del ex ministro de Hidrocarburos Guillermo Torres, la mejor vía para evitar hechos ilícitos es que las contrataciones de servicios o de plantas se efectúen vía licitaciones o invitaciones públicas.
Agregó que todo el trabajo de evaluación debe hacerse mediante una junta colegiada, que esté integrada por técnicos de trayectoria, que estimen el costo de un proyecto antes de que se pueda licitar.
En su criterio, lo primero que debería hacer YPFB, en sus procesos de contratación, es una rigurosa evaluación técnica del proyecto para que cada empresa obtenga un puntaje sobre la base de su propuesta y posteriormente se debería cruzarla con la oferta económica.
El también experto en temas hidrocarburíferos, Hugo de la Fuente, dijo que independientemente de si se hace una licitación pública o invitación directa, se debe mejorar el procedimiento de contratación.
Considera que se tendría que acudir a empresas de contratación directa extranjeras , que tienen opiniones técnicas de alto nivel y que se encargarían de evaluar los proyectos con base en los parámetros fijados por YPFB.
El experto cuestionó que las contrataciones actuales se hagan sin personal con experiencia.
AESA demanda a Agustín Ugarte
Rodolfo Pablo Fernitz, vicepresidente y representante legal de la empresa argentina AESA, presentó una demanda en la Fiscalía de Santa Cruz en contra de Agustín Ugarte, ex ejecutivo de YPFB, por la comisión del delito de acusación y denuncia falsas.
Ugarte y el ex funcionario de la estatal petrolera Gerson Rojas son investigados porque presuntamente favorecieron a AESA en la adjudicación de la construcción de la planta de Río Grande, en Tarija.
En sus declaraciones ante la Fiscalía, la pasada semana, Ugarte dijo que a cambio de la adjudicación de Río Grande a favor de AESA en una ocasión se recibieron 100.000 bolivianos.
Sin embargo, la empresa argentina sostiene que es “absolutamente falso” que haya pagado “sumas de dinero en calidad de soborno para adjudicarse” el montaje de esa planta.
“Esta grave, injusta e infundada sindicación, además de provocar irreparables daños al prestigio e imagen corporativa (...), también podrían provocar un injusto procesamiento de sus representantes”, indica el memorial presentado a la Fiscalía el jueves.
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