El vicepresidente Álvaro García Linera negó ayer que la entrega de la planta de urea que será instalada en Bulo Bulo, y que tiene un costo de 1.100 millones de dólares, haya sido realizada mediante la modalidad de “contratación directa”, como informó ayer Página Siete.
García Linera informó que el proceso de contratación se efectúa mediante una “licitación internacional pública”.
Sin embargo, posteriormente, YPFB Corporación envió una carta a este medio confirmando que la contratación de la fábrica de urea se da en el marco del Decreto Supremo 224 y no por una “licitación internacional pública” como afirmó García Linera.
La carta de YPFB, firmada por Eliseo Chávez, responsable de comunicación, señala que el proceso se llevó a cabo bajo el modelo de “contratación por comparación de ofertas” y no por “contratación directa”. De todas maneras, el Decreto Supremo 224 no hace diferencia entre ambas figuras. Por lo tanto, es correcta la cifra de que por lo menos 2.408 millones de dólares han sido contratados por el Gobierno sin realizar licitaciones, como señaló Página Siete el martes.
Eficiencia
Dos asambleístas del MAS justificaron la modalidad de contratación directa establecida en el Decreto 224 en que se busca “agilizar” la ejecución de los proyectos y políticas estatales de envergadura.
El segundo secretario de la Cámara de Senadores, David Sánchez, explicó que los procesos de licitación “demoran” entre 15 y 36 meses, y atribuyó sólo a “susceptibilidades” los cuestionamientos a la transparencia. El diputado Galo Silvestre comentó que son “decisiones” que toma el Ejecutivo y que son “acertadas”.
Sánchez dijo que “dentro de la normativa de contrataciones nos planteamos las licitaciones que generalmente, más que ayuda, generan un proceso adverso ('), en este tipo de (obras de) envergaduras los plazos tienden a dilatarse”, declaró el asambleísta.
Sánchez insistió que en esos casos las empresas cumplen los plazos establecidos y que ante las susceptibilidades de poca transparencia existen entidades que tienen la competencia de hacer la fiscalización.
La senadora de Convergencia Nacional Centa Rek opinó que en este tipo de contrataciones se encubren actos de “corrupción” en el país, pues los contratos se adjudican a empresas o personas vinculadas con el Gobierno y ésa “es una forma de lucrar”.
“Sólo deberían existir casos excepcionales de contrataciones directas”, sostuvo Rek.
Sobre una nota de Página Siete acerca de contrataciones directas
Página Siete informó el martes que el Gobierno realizó inversiones por contratación directa por un monto de 2.408 millones de dólares en diversas obras y bienes. El proceso de contratación directa no implica necesariamente que una sola empresa sea la proponente para realizar determinada obra y Página Siete, por lo tanto, no mencionó aquello.
La contratación directa, según el Decreto Supremo 224, se realiza “directamente” por la entidad contratante a un proponente o eligiendo de una lista de proponentes, a los que se debe evaluar. En cambio, en el caso de una licitación, una entidad ajena a la entidad contratante efectúa la selección.
En una declaración pública, el vicepresidente Álvaro García Linera negó ayer que una de las obras mencionadas por Página Siete, la referida a la planta de urea de Bulo Bulo, haya sido entregada bajo esa modalidad e informó que se lleva adelante más bien una “licitación internacional pública” para su adjudicación.
Pero según una carta enviada a este medio por Eliseo Chávez, responsable de comunicación de YPFB, ello no es correcto y el proceso de contratación de la empresa que se hará cargo de la planta de urea, a un costo de 1.100 millones de dólares, cae bajo lo establecido por el Decreto 224 y, por lo tanto, no es una licitación internacional.
Sin embargo, la carta de YPFB precisa que la contratación de la mencionada planta se lleva a cabo bajo la figura de “contratación por comparación de ofertas” y no por “contratación directa”. El Decreto 224 menciona estas dos opciones de manera indistinta. De todas maneras, por esa imprecisión, Página Siete se disculpa con sus lectores.
Este diario ratifica el hecho de que por lo menos 2.408 millones de dólares han sido contratados bajo la figura de excepción presente en el Decreto 224 y otras normas y no mediante licitaciones públicas. A esa cifra se pueden añadir otras compras directas, como la adquisición del avión presidencial (33 millones de dólares), la compra de perforadoras chinas (60 millones de dólares) y otras. En estos últimos casos se recibió una sola propuesta (la de la que se adjudicó la compra).
Finalmente, Página Siete rechaza los excesos verbales cometidos por el Vicepresidente ayer al referirse a este diario. (NdD)
No hay comentarios:
Publicar un comentario