Los diputados de Convergencia Nacional Mauricio Muñoz y David Mejía pidieron ayer al Ministerio de Transparencia y a la Fiscalía investigar a las empresas que postularon en las dos licitaciones impulsadas por dos exejecutivos de YPFB, que están detenidos en nuestra ciudad, bajo sospecha de corrupción. Los legisladores consideraron que tanto el que recibe prebendas como el que las ofrece son culpables de delitos tipificados en las leyes.
"Es una pena que se haya declarado la reserva de este caso por parte de los fiscales, porque así la población no podrá conocer mayores detalles de este gravísimo escándalo de corrupción, más aún cuando la construcción de ambas plantas demandaba cientos de millones de dólares", dijo Muñoz, al referirse a la determinación de la comisión de tres fiscales, que declaró la reserva del caso, por un tiempo no especificado.
Orden presidencial. La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, informó ayer que el presidente Evo Morales ordenó a la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, una investigación minuciosa de los supuestos actos de corrupción denunciados en la petrolera estatal.
Dávila precisó que el Ministerio de Transparencia evaluará los mecanismos al interior de YPFB, sobre todo en el control de los recursos. La vocera del Gobierno dejó en claro que el primer mandatario tiene "absoluta confianza" en Carlos Villegas, presidente de YPFB, que en la víspera negó las acusaciones de Gerson Rojas, quien había declarado que el máximo ejecutivo de la petrolera sabía todo su accionar.
¿Intimidado? Miguel Aparicio, abogado de Ugarte, dijo que su defendido ha recibido amenazas de muerte. Para mañana se tiene previsto que el imputado amplíe su testimonio en este caso. Ugarte es considerado pieza fundamental porque su declaración fue clave para ampliar la investigación, que inicialmente estaba focalizada en el uso indebido de bienes del Estado, tras accidente de Rojas.
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