Una auditoría forense a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se convierte en la demanda de los analistas dedicados a los hidrocarburos. La maraña de escándalos en el seno de la empresa estatal del petróleo no para de crecer. El caso de corrupción destapada vuelve a salpicar las plantas separadoras de líquidos de Río Grande y Gran Ghaco, con su gerente Gerson Rojas en el centro de la polémica.
Ésta amenaza con llevarse por delante nuevamente los relativos avances logrados hasta el momento en la cadena de industrialización. Para los expertos, la única forma de evitarlo es “encargar una urgente auditoría forense”.
Los analistas Jorge Téllez, Ramiro Paz y Mirko Orgaz coincidieron en señalar que una auditoría internacional, contratada por el Estado para auditar casos de corrupción en la principal empresa estatal no garantiza el éxito, sino que hay que hay que aplicar la fórmula forense.
La auditoría forense siempre está circunscrita a una investigación judicial. Para el auditor Miguel Cano “es una auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas”. Para Jorge Badillo, “la Auditoría Forense es aquella labor de auditoría que se enfoca en la prevención y detección del fraude financiero”, es decir, que la auditoría forense se fundamenta en la investigación de un delito.
Para Téllez, la corrupción en el seno de YPFB, en la nueva etapa, inició a los cuatro meses de gestión de Evo Morales y no se ha detenido hasta ahora. Para Ramiro Paz, la auditoría debe ser, además, integral e investigar todo lo que se ha hecho con Yacimientos. Para Paz hay un problema superior, y es la ausencia de un informe veraz sobre las reservas hidrocarburíferas del país.
Para Paz, el gas tarijeño sigue siendo objeto de discordia, puesto que grande empresas y países acomodan las reservas a sus intereses especulativos en las bolsas de valores, con el visto bueno del Estado y su empresa operadora, YPFB.
El cruce de acusaciones entre el ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, preso por el escándalo Catler – Uniservice relacionado con la planta de Río Grande, y el actual presidente ejecutivo, Carlos Villegas, a quien los principales acusados le recuerdan que estaba al corriente de “todo lo que pasaba”.
“Villegas no sólo engaña al presidente Evo Morales sino a todos los bolivianos”, dijo Ramírez a los periodistas en uno de los tribunales del Palacio de Justicia de la ciudad de La Paz.
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