En 7 años, hubo 5 escándalos en YPFB

En 2009, el precio de referencia para adjudicar Río Grande fue de $us 85 millones.

En los últimos siete años, cinco escándalos sacudieron a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Estos hechos determinaron la caída de dos presidentes de la estatal petrolera, dos jefes del Distrito Comercial Oriente, un gerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos y un exdirector de Proyectos Gran Chaco.
En 2006 se iniciaron las denuncias de corrupción en contra de funcionarios jerárquicos de YPFB y el último se conoció el 17 de junio pasado.
Los escándalos, que agobian a la empresa petrolera estatal, se refieren a contratos lesivos contra el Estado, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, un accidente de tránsito, e incluso el atraco y asesinato del empresario tarijeño Jorge O’Connor D'Arlach. Hasta la fecha, no se conoce el daño económico global causado al Estado por los supuestos delitos.
Accidente de tránsito destapa el último caso. El último caso de corrupción en YPFB se destapó por la triple colisión de una vagoneta Toyota de propiedad del Estado, que era conducida, en supuesto estado de embriaguez, por el entonces gerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos, Gerson Richard Rojas Terán.
El hecho, ocurrido el pasado 17 de junio, causó la destitución de Rojas de su cargo. El 28 de junio, YPFB inició un proceso en contra de éste por los supuestos delitos de uso indebido de bienes del Estado y enriquecimiento ilícito.
Durante las investigaciones, se descubrió que el acusado era titular de cajas de seguridad en el Banco Mercantil Santa Cruz y que éstas eran compartidas con Agustín Javier Ugarte Méndez, exdirector de Proyectos Gran Chaco. Ambos guardan detención en Santa Cruz de la Sierra.
Los principales escándalos. El 1 de mayo de 2006 se nacionalizó YPFB y pocos meses después de este proceso, agosto, surgieron las denuncias por hechos de corrupción.
El 28 de agosto de 2006, Jorge Alvarado renunció a la Presidencia de YPFB por contratos supuestamente ilegales y lesivos contra el Estado y que significarían la pérdida para las arcas nacionales de 39 millones de dólares. El caso tuvo que ver con la exportación de 2.000 barriles diarios de crudo al Brasil y la importación de diésel oil.
En febrero de 2009, Santos Ramírez, entonces presidente de YPFB, fue destituido por denuncias de supuesta recepción de dinero. Fue acusado de recibir, por intermedio de familiares, unos 450.000 dólares de la empresa Catler-Uniservice, que se adjudicó la construcción de una planta separadora de gas natural por un valor de 86 millones de dólares. En este caso, se ventila el asesinato del empresario O'Connor D'Arlach. Ramírez guarda reclusión en el penal de San Pedro.
En marzo de 2010, se presentó una querella en contra de Marcelo Limón por la supuesta estafa y cobro de 2,3 millones de bolivianos y el fraude en la venta de 580.000 litros de diésel y 94.000 litros de gasolina. Se involucró a cuatro funcionarios de YPFB, entre ellos, el jefe Distrital Comercial Oriente, Marco Antonio Teodovich.
El 27 de octubre de 2011, Rómulo Velásquez, exjefe del Distrito Comercial Oriente, fue recluido por supuestas irregularidades.

662,91 millones de dólares es el monto de adjudicación para la construcción de las plantas separadoras de Río Grande y Gran Chaco.

Por segunda vez, la planta separadora de líquidos de río grande es el centro de atención por denuncias de corrupción, después del escándalo que surgió por la detención y la condena de santos ramírez, exdirigente del mas.