viernes, 27 de julio de 2012

Fiscalía analiza 49 carpetas de YPFB

Hasta ahora hay cinco personas detenidas y otras son investigadas.

La comisión de fiscales de Santa Cruz, que investiga sobre los procesos de contratación de las plantas de separación de líquidos Río Grande y Gran Chaco, analiza las 49 carpetas que entregaron ayer funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), informó la asesora legal de la estatal, Mónica Ramírez.
Con base en “estos documentos, seguramente, se desarrollará un interrogatorio amplio a (los integrantes de) la comisión que participó en (la licitación de) la planta de Río Grande con la empresa argentina Astra Evangelista Sociedad Anónima (AESA)”.
Explicó que también se analizará el procedimiento para la concesión del proyecto de la planta Gran Chaco.
Ramírez recalcó que YPFB y el Ministerio Público investigan los delitos de presunto enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes del Estado, por el que hasta el momento cinco personas están detenidas preventivamente en las cárceles de La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Sucre.
Los antecedentes. El hecho de corrupción se conoció el 17 de junio, cuando el exgerente de Plantas de Separación de Líquidos de YPFB, Gerson Rojas, sufrió un accidente de tránsito al conducir en estado de ebriedad en un vehículo perteneciente a la petrolera del Estado. Entre los fierros retorcidos se encontró el recibo del alquiler de una caja de caudales pagado a un banco, en cuyo interior se hallaron 90.000 dólares y notas.
Se determinó que esa caja era compartida por Rojas y Agustín Ugarte, exdirector del proyecto Gran Chaco. Estos permanecen detenidos preventivamente en diferentes presidios.
El dinero encontrado hizo que se abriera una investigación por el manejo de recursos fuera de norma, porque no fue reportado a la Contraloría General del Estado.
Después, los fiscales presentaron una acusación contra el exasesor legal de YPFB, Marcelo Oña, por la compra irregular de 470.000 metros cuadrados de terreno en Yacuiba. Además, fue detenido el abogado Clíver Villalba, quien presuntamente actuó junto a Oña en la transacción. Ambos están detenidos.
La quinta persona privada de libertad es Brenda Avilés Méndez, exresponsable de la Unidad de Medio Ambiente de AESA, la empresa contratista.

La REPRESENTANTE LEGAL DE YPFB, MÓNICA RAMÍREZ, AFIRMÓ QUE EL PRESIDENTE DE LA ESTATAL, CARLOS VILLEGAS, SE PRESENTARÁ A DECLARAR CUANDO LO REQUIERA la comisión de fiscales que investiga el proceso de contratación de las plantas separadoras de líquidos de Río Grande y Gran Chaco. “A su turno saldrán a declarar los directivos incluso el mismo Presidente de Yacimientos, quien no propuso objeciones”.
Entretanto, según un boletín de YPFB, Villegas aseguró ayer que no dimitirá al cargo que ejerce desde 2009 porque tiene “las manos limpias y la conciencia tranquila”.

“Un hecho de esta naturaleza no nos va a inhibir porque tengo la conciencia tranquila (...). Además de una trayectoria profesional y familiar que no la voy a lanzar a la bolsa por unos centavos. Continuaremos en la presidencia haciendo gestión”.

Carlos Villegas / PRESIDENTE DE YPFB-CORPORACIÓN

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