domingo, 2 de agosto de 2015

Casi el 50% estará en manos del extractivismo

En el modelo neoliberal, la superficie comprometida para la explotación hidrocarburífera fue de un poco más de 13 millones de hectáreas, hoy llega casi 25 millones de hectáreas.

El extractivismo avanza a pasos agigantados en la región, proceso del cual no pueden escapar ni siquiera los denominados gobiernos "socialistas" o "progresistas", como el caso de Bolivia o Ecuador. Si la tendencia se mantiene, hasta la gestión 2025 el país tendrá comprometido casi el 50 por ciento de su territorio.

Cuando se le consultó al vicepresidente Álvaro García Linera hasta cuándo Bolivia seguirá siendo exportador de materias primas, aseguro que este proceso no tiene fecha de vencimiento.

Según datos recogidos por los investigadores del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), las hectáreas comprometidas para la explotación petrolera en el país durante el mejor momento del neoliberalismo (1999) llegó a un poco más de 13 millones de hectáreas, mientras que en el actual proceso se acerca a los 25 millones de hectáreas, que representa el 22,55 por ciento del territorio nacional, que alcanza a casi 110 millones de hectáreas. Si a esto se suma la intención del Gobierno de otorgar unas 15 millones de hectáreas para la producción de la agroindustria y la explotación minera, Bolivia estaría entregando la mitad de su territorio al extractivismo, proceso que se caracteriza principalmente por exportar la producción de un país.

El investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Eduardo Gudynas, en su último trabajo asegura que extractivismos como la explotación minera o petrolera, o los monocultivos, se están difundiendo en toda América Latina, ocasionando severos impactos sociales y ambientales. "Pero esas estrategias son mucho más que emprendimientos con efectos locales. En ellas están encerradas formas particulares de entender la Naturaleza, en concebir la política y en especial la democracia, en manejar el marco de derechos de las personas y del ambiente, y en acoplarse a la globalización. A su vez, la proliferación de conflictos ciudadanos ante los extractivismos expresan distintas visiones y sensibilidades sobre los territorios, sus ambientes, la calidad de vida y el desarrollo. Estos son efectos que se derraman sobre toda la sociedad, más allá de los sectores extractivos, y afectan diferentes ámbitos de la vida política y cultural en nuestros países. Son circunstancias que a su vez fortalecen todavía más a los extractivismos e impiden buscar alternativas de cambio". Presenta nuevas categorías, como las de extrahección, para referirse a los extractivismos que son llevados adelante violando los derechos humanos, la de modos de apropiación para entender las formas por las cuales los humanos toman recursos de la naturaleza o las vías por las cuales los extractivismos locales se articulan con redes de producción y comercialización globalizadas.

En Bolivia se promulgó en el mes de mayo el Decreto 2366, que autoriza la exploración y explotación de recursos naturales en las áreas protegidas, aunque muchas de ellas ya tienen comprometido un 90 por ciento de su territorio.



EL CEDIB ASEGURA QUE EL INTERÉS PETROLERO EN BOLIVIA ES LLEGAR A SUPERAR LAS 53 MILLONES DE HECTÁREAS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS.





EL PRESIDENTE EVO MORALES DIJO RECIENTEMENTE QUE SU GOBIERNO TIENE todo "el derecho de hacer exploraciones en las llamadas áreas protegidas y lo vamos hacer con mucha fuerza. Para información del pueblo boliviano y del mundo entero, Bolivia tiene 22 áreas protegidas, de las 22 áreas protegidas solamente vamos a explorar en siete áreas protegidas".

Durante a inauguración del V Congreso Internacional de Gas y Petróleo el Mandatario también señaló que "tal vez por culpa de algunos hermanos indígenas, quién sabe el movimiento indígena ya no es una reserva moral, pero por culpa de algunos. Ahí tienen los datos, ahí tienen la información, que algunos sacan por compensación, depositan a bancos extranjeros y esa plata nunca llega a los pueblos", en relación al sistema de compensación económica que se entregaba a los dirigentes de las zonas afectadas por algún trabajo de exploración de recursos naturales y que ahora se decidió modificar a la entrega de obras para desarrollo local.

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