YPFB se protege contra el transporte de estupefacientes

Tras conocer denuncias en Argentina contra sus eventuales contratistas, YPFB incluyó una adenda en los contratos que suscribió con transportadoras de líquidos, la cual establece la rescisión de contrato con aquellas que se vean implicas con el transporte de estupefacientes. Ya rompió su relación con cinco de ellas.

Se ha incluido “hace más o menos tres meses” una adenda a los contratos suscritos entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las privadas que prestan a la corporación el servicio de transporte de hidrocarburos líquidos. Esta nueva cláusula establece que “cerraremos el contrato con cualquier empresa que se vea involucrada en el tránsito de sustancias controladas”, informó en entrevista con La Razón el presidente de la petrolera estatal, Guillermo Achá.

En mayo, medios de prensa argentinos comenzaron a informar en ese país sobre la relación que tenía con el tráfico de estupefacientes la empresa boliviana Corporación Regional de Transportes Asociados (Creta SRL), de propiedad del empresario cruceño José Luis Sejas Rosales, quien es investigado en Argentina por ese ilícito desde febrero de 2014.

La causa contra Sejas se inició en febrero de 2014, cuando la Gendarmería argentina detectó 600 kilos de cocaína líquida en el tanque de combustible desconectado de uno de los camiones de Creta durante un control en la zona de Salvador Mazza (Salta).

La primera orden de captura internacional en contra del empresario fue emitida por el Ministerio Público Fiscal de Argentina el 29 de junio.

La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) de la nación vecina reveló el 3 de julio que nueve cisternas de Creta, que eran usadas también para el traslado eventual de carburantes de YPFB, estaban vinculadas al transporte de narcóticos en territorio argentino, por lo que la Gendarmería de ese país procedió a su secuestro. Ese mismo día, la Procunar informó a la Cámara Federal de Salta (una entidad judicial) que Sejas está vinculado directamente con nueve casos de transporte de estupefacientes, causas que datan de 2011 y en las que hasta esa fecha habían sido acusados solo los choferes de Creta.

De acuerdo con información del ente federal argentino, el vínculo de Sejas Rosales con el ilícito quedó expuesto “al analizar en conjunto las causas que parecían ser individuales, lo que ocultaba la existencia de una organización transnacional delictiva de contrabando de droga”.

En Bolivia, 19 días después, renunció a su cargo el gerente Nacional de Comercialización de YPFB Mauricio Marañón, según Achá, por motivos personales. Dos días después (23 de julio), el titular de la empresa afirmó: “Un equipo técnico de abogados se ha ido a la frontera con Argentina para verificar cuál es la empresa que ha cometido este delito e inmediatamente vamos a cortar contrato”.

Sin embargo, en la entrevista realizada el miércoles con este medio, el presidente de la estatal sostuvo que la petrolera ya había rescindido contrato con la cruceña Creta antes de que la adenda fuera incluida en los contratos con las transportadoras de líquidos, “hace más o menos tres meses”. “Se ha firmado con todas las empresas, Creta ya tenía la rescisión de contrato”, declaró.

El 28 de julio, el Juzgado Federal de Salta I solicitó por segunda vez a la Interpol la captura de Sejas.

“Ellos (la Procunar) quieren arrastrar” los casos de 2011 “hasta 2014 (...) y ni siquiera son nueve casos, son solamente seis”, dijo el 5 de julio el empresario a La Razón luego de afirmar que todas sus actividades son legales.

Durante la entrevista con este medio, Achá explicó que la cisterna encontrada con sustancias controladas en territorio argentino (15 de febrero) —que luego de transportar alcohol hasta Chile debía volver de ese país a Bolivia con hidrocarburos líquidos para la petrolera estatal—, estaba, al momento de ser capturada por la Policía de ese país, “bajo contrato con una empresa cruceña y no tenía absolutamente ninguna relación con YPFB”. Los contratos que hagan las transportadoras de líquidos con otras empresas “no son responsabilidad” de la petrolera boliviana, agregó.

El ejecutivo informó que nueve empresas prestaban el servicio de transporte de líquidos para YPFB en la ruta Bolivia-Argentina y que, además de Creta y Vartra-Boliq, se rescindió contrato con otras tres en las que como representantes legales figuraban familiares de Sejas: Trans Land Cargo, Seal Cargo y Jac La Sierra (no se conoce de una relación de Vartra-Boliq con Sejas).

CONTRATOS. Los camiones cisternas de estas empresas —unos 250, según medios argentinos— no podrán volver a trabajar para ninguna compañía que preste servicio a YPFB, aseguró Achá, mientras que los dueños de vehículos asociados de forma independiente a Trans Land Cargo, Seal Cargo y Jac La Sierra sí podrán hacerlo para las otras cinco empresas que operan en la ruta binacional. “No podemos cerrar la puerta a personas que tienen una o dos cisternas”.

El 3 de agosto, Achá comunicó que al menos 550 carros cisternas transportan hidrocarburos para la estatal en el tramo Bolivia-Argentina.

El 23 de julio de 2014, la Dirección Legal General de YPFB instruyó a los jefes de unidad y asesores legales de la petrolera la incorporación de una cláusula anticorrupción en todos los contratos de adquisición de bienes, obras y servicios de la corporación, así como en las adendas a los contratos generados por esas unidades. Esa cláusula está enmarcada la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz.

“La idea es que busquemos la garantía de que las empresas no cometan actos irregulares que lleven al funcionario de YPFB o lo induzcan a evadir la línea de conducta que debe cumplir”, dijo el 15 de agosto de 2014 el gerente Nacional de Plantas de Separación de Líquidos, Mario Salazar.

“Esa cláusula se refiere a un control de transparencia (...), está referida a otro tipo de ilícitos. Hoy estamos hablando de sustancias controladas”, indicó el miércoles el titular de YPFB.