Los diversos operativos ejecutados en los últimos años por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y su grupo de inteligencia han permitido generar una experiencia en la entidad reguladora, que en los últimos días ha ayudado a encontrar una nueva forma de contrabando de combustibles.
A ésta, la ANH la ha llamado "contrabando corporativo”, pues consiste en que los grupos criminales que delinquen con carburantes en el país están modernizando sus técnicas con una planificación que abarca temas logísticos, incluso la construcción de instrumentos específicos para cometer el ilícito.
Según explicó el titular de la Dirección de Operaciones de Interdicción de Hidrocarburos (DOIH), Jaime Cuéllar, los clanes familiares del contrabando son "bandas criminales” organizadas "corporativamente”, porque se ha identificado que tienen un equipo de trabajo que se encarga de operar en cada uno de los pasos del contrabando.
"Un primer equipo de estos clanes se encarga de la logística, otro que se encarga de la seguridad física y transporte, y otro no menos importante que es el que se encarga de dar soporte legal a quienes sean aprehendidos por este delito. A eso le hemos llamado contrabando corporativo y ahora estamos abocados a desbaratar esas bandas”, explicó.
Según el funcionario, estos clanes familiares como el "Clan Nina”, del municipio de Desaguadero (La Paz), han acumulado hasta siete casas -una frente a la otra- en las que se operaba para el contrabando. Incluso, la ANH pudo secuestrar de posesión de ese grupo 12 motorizados.
"Negocio rentable”
El contrabando de diésel y gasolina en algunas zonas fronterizas "es un negocio rentable, pero muy dañino para el país”, según Cuéllar. Esto se debe a que, al estar subvencionados los combustibles en territorio boliviano, los delincuentes pueden ganar mucho dinero haciendo que los vehículos crucen la frontera, especialmente con Perú.
Por ello recordó que en el país está vigente la Ley 100, que al ser una norma muy estricta permite la incautación de los bienes propiedad de los delincuentes y pone en riesgo su libertad; "por lo que los contrabandistas lo piensan dos veces antes de cometer los delitos”, dijo Cuéllar.
Como consecuencia del rigor de la ley, los clanes familiares se han dedicado incluso a elaborar herramientas para este tipo de tráfico. "Han estado fabricando tanques metálicos rústicos; hemos encontrado a una familia que se dedicaba a la fabricación de éstos para los contrabandistas”, ejemplificó el responsable de la DOIH.
Incautaciones
Según los datos de la ANH, en lo que va de la presente gestión se han secuestrado 550.000 litros de gasolina y diésel, 38,7% menos que en 2014 debido a que ahora hay más control, explicó Cuéllar. En ese periodo se secuestraron 250 vehículos, cerca de 150.000 cilindros de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y 210 tanques adicionales.
Por ello, según informó Cuéllar, una de las formas de combatir este flagelo para la economía del país es la futura implementación de nuevos sistemas operativos de control, como los drones o aviones no tripulados.
De acuerdo con los datos de la Unidad de Comunicación de la ANH, en el occidente del país que es fronterizo con Chile y Perú la actividad de manejo ilegal de combustibles se destina más al contrabando, mientras que en el resto del país está dirigida a la explotación ilegal de oro, madera y al narcotráfico.
Sanciones por la Ley 100
La Ley 100, de Desarrollo y Seguridad Fronteriza, promulgada en 2011 y que incorpora el artículo 226 del Código Penal, establece que la persona que "almacene o comercialice diésel, gasolina o GLP, sin estar autorizada por la entidad competente, será sancionada con la privación de libertad de tres a seis años y la confiscación de los bienes e instrumentos para la comisión del delito”.
12
motorizados
fueron incautados de un clan familiar que hacía contrabando de combustibles en
Desaguadero.
Los clanes familiares del contrabando son "bandas criminales” organizadas "corporativamente”, tienen un equipo de trabajo que opera en cada paso.
38,7%
menos
de combustibles se incautó la ANH en lo que va de 2015, en comparación a lo decomisado en 2014.
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