Lliquimuni marca expansión de frontera hidrocarburífera en Bolivia

Más de seis años después de haberse iniciado los primeros diagnósticos geofísicos, la empresa Petroandina (conformada por YPFB de Bolivia y PDVSA de Venezuela) comenzó la perforación del pozo exploratorio Lliquimuni (LQC-X1).

Esto marca un hito en la historia hidrocarburífera del país puesto que es un trabajo pionero en área no tradicional. El hecho, por sus distintas dimensiones, también logra graficar las “tensiones creativas” existentes entre dos facetas del actual gobierno: el “vivir bien” y el “neo-extractivismo”.
En realidad son dos visiones de desarrollo que no necesariamente debieran estar en contradicción, pero las urgencias y prioridades del Gobierno han favorecido una sobre la otra. El caso de Lliquimuni, del que se espera un potencial de 10,38 millones de barriles de petróleo y 153 millones de pies cúbicos (MMpc) de gas natural, vuelve a poner en tapete el debate sobre el tipo de desarrollo que le conviene a Bolivia, y sobre las formas de alcanzarlo.
Analistas energéticos consideran que la perforación del pozo exploratorio LQC-X1 es muy importante porque puede dar mayor producción de hidrocarburos y proporcionará información valiosa sobre nuevas reservas en zonas donde todavía se conoce muy poco. Al mismo tiempo, organizaciones ecologistas e indígenas han advertido que la exploración y eventual explotación de Lliquimuni “representa un alto riesgo medioambiental” y genera conflictos al interior de las organizaciones indígenas, que se da por la ampliación de la frontera petrolera más allá del área tradicional.
Los beneficios económicos del modelo de desarrollo, sus limitaciones y sus alternativas todavía serán tema de discusión a lo largo de los próximos años.

El “viejo” y el “nuevo” extractivismo
El extractivismo, entendido de manera general, se refiere a una serie de actividades para extraer grandes cantidades de recursos naturales sin procesar (o apenas procesados) mayormente para la exportación. Según detallan varios informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), e investigadores como Fernanda Wanderley y Leila Mokrani, este ha sido un factor constante en el patrón de desarrollo de Bolivia a lo largo de su historia, inclusive en el periodo “neoliberal” de los años 90s, así como en la actualidad.
Pese a ello, el investigador uruguayo Eduardo Gudynas identifica importantes diferencias entre el “viejo” extractivismo (del neoliberalismo) y el actual (de los gobiernos progresistas como el boliviano). Una diferencia básica es que mientras anteriormente el Estado tenía un rol muy limitado (se priorizaba el capital, los actores privados y el mercado), hoy éste controla gran parte de la cadena productiva, y además cuenta con mecanismos para apropiarse de una mayor cantidad del excedente económico proveniente de las actividades extractivas.
Esto ha permitido al Gobierno gastar importantes sumas de dinero en una serie de programas de asistencia social, como los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, Renta Dignidad, etc., lo que ha ayudado a aliviar considerablemente la pobreza extrema. Esto, dice Gudynas, es lo que en realidad ha permitido al gobierno boliviano definirse a sí mismo como “progresista” y al mismo tiempo legitimar las actividades extractivas.
Sin embargo, hay también importantes similitudes entre el viejo y el nuevo extractivismo. La primera de ellas es que en ambos casos estas actividades son consideradas como pilares para las estrategias de desarrollo (sean neoliberales o nacionalistas). Otra similitud que identifica el investigador uruguayo es que en ambos casos se prioriza la exportación de productos primarios con poco o ningún valor agregado, y en ambos casos se intenta incrementar este patrón primario exportador.
De hecho, el investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Jorge Campanini, considera que la motivación del Gobierno para ampliar la frontera hidrocarburífera es el “cumplir, a costa de la propia recuperación efectiva del gas en los reservorios, los compromisos adquiridos de exportación a los mercados de Brasil y Argentina. El Gobierno necesita garantizar la exportación de esta materia prima y contar con los fondos suficientes que sostengan su plan de gobierno, eso es lo que le impulsa”.

Extractivismo, desarrollo y pobreza
Según la interpretación del vicepresidente Álvaro García Linera, una de las más fuertes “tensiones creativas” se ha estado dando estos años entre “el interés general de toda la sociedad y el interés particular de un segmento individual de ella, entre las demandas que buscan satisfacer las necesidades de todo el pueblo como modo de resolución de la demanda de uno, y las movilizaciones que apuntan solamente a satisfacer las necesidades de un grupo particular, un sector o un individuo”.
Esto, llevado al caso de ampliar la frontera hidrocarburífera, significa un mayor beneficio para el país en términos económicos, con su respectivo costo ambiental y social a nivel local. De hecho, según el PNUD las actividades extractivas tienen un papel fundamental en la generación de ingresos para Bolivia, e históricamente el país ha sido muy dependiente de las exportaciones concentradas en poca variedad de productos primarios. Particularmente, hoy en día el sector de hidrocarburos es considerado estratégico.
La mayor cantidad de ingresos provenientes de este sector a partir de la nacionalización han permitido un crecimiento del Producto Interno Bruto en un promedio de 4,1% anual durante el periodo intercensal 2001-2012, tasa que incluso se ha incrementado en los últimos años superando el 5%. Según el PNUD, esto, sumado a las políticas redistributivas del gobierno, han permitido una importante reducción de la pobreza extrema y de los índices de desigualdad, y un crecimiento notable en el índice de desarrollo humano.
Sin embargo, este modelo de crecimiento basado en sectores extractivos ha sido criticado tanto por su elevada vulnerabilidad y dependencia de factores externos y escasa sostenibilidad, como por no haber logrado un cambio en la estructura de la economía boliviana.
Las esperanzas del modelo extractivista están puestas en la concreción exitosa de los ambiciosos proyectos petroquímicos anunciados para los próximos años. Pero mientras tanto, las investigadoras Fernanda Wanderley y Leila Mokrani, consideran que Bolivia sigue siendo “un ejemplo paradigmático de los límites del patrón de crecimiento primario exportador”.
Este patrón de crecimiento primario exportador está caracterizado por tener “una baja articulación entre, por un lado, los sectores transables constituido principalmente por la explotación de recursos naturales y, por el otro, la producción, servicios y comercio no transables. Mientras los primeros son definidos como estratégicos, principales generadores de riqueza, los segundos se caracterizan por generar empleo e ingreso”, indican las expertas.
Por su parte, la Fundación Jubileo advierte que pese al crecimiento económico en Bolivia “el aprovechamiento de las favorables condiciones externas durante los últimos años fue solo parcial, no se han tomado medidas para fomentar la diversificación de la estructura productiva del país que permita un cambio estructural hacia actividades de mayor productividad, principalmente del sector manufacturero”.

Lliquimuni, urgencia exploratoria
En los últimos años el Gobierno ha decido expandir las actividades de exploración de hidrocarburos a zonas no tradicionales. Las zonas tradicionales, como explica el experto Carlos Miranda, están ubicadas entre las serranías desde Santa Cruz hasta la frontera con Argentina, cuyo epicentro actual son los megacampos de gas en el departamento de Tarija.
“Al norte de Santa Cruz, las serranías siguen la curvatura de la Cordillera Real y se espera que también contenga campos productores en el subsuelo. Esa es el área no tradicional”, complementa Miranda. Entre estas zonas no tradicionales se encuentra Lliquimuni, ubicado al noreste del departamento de La Paz.
Una particularidad del bloque Lliquimuni es que está cerca del Parque Nacional Madidi y justo al lado del Parque Pilón Lajas (ambas son áreas protegidas), en el municipio de Palos Blancos, y afecta al pueblo indígena Mosetén, agrupado a través de la Organización del Pueblo Indígena Moseten (OPIM).
Esta particularidad ha ocasionado una serie de complejidades y conflictos a lo largo de los pasados años, que involucró temas como la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y el proceso de Consulta Previa a los pueblos indígenas. Estas complejidades, a su vez, han servido para visibilizar las tensiones o contradicciones entre las visiones de desarrollo contenidas en el propio discurso gubernamental.
Un trabajo de la investigadora belga Chantal Liegeois detalla que el proceso de Consulta Previa se hizo de forma irregular desde un principio. Según este documento, que data del año 2009, el Gobierno, a través del Ministerio de Hidrocarburos, se contactó directamente con distintos dirigentes Mosetenes para convencerles de apoyar el proyecto en vez de respetar los procedimientos y la estructura orgánica de la OPIM. Según Liegeois, este accionar ocasionó una fuerte división entre las comunidades mosetenes.
Por su parte, el entonces abogado del Foro Boliviano del Medio Ambiente (FOBOMADE), Marin Gutiérrez, indicó que el proceso de consulta debía haberse realizado en tres meses, pero el ministerio se tomó más de nueve meses en hacer una consulta incompleta y de poco alcance. Gutiérrez denunció que el ministerio presentó en el canal de televisión estatal un recibo mostrando que Petroandina entregó dinero a un dirigente mosetén como prueba de que la OPIM efectivamente participó de la consulta.
Más allá de esto, los conflictos han servido para que se haga un análisis de los mecanismos que tiene el Estado para llevar a cabo actividades extractivas en áreas no tradicionales.

En duda los objetivos de la Consulta Previa y del EIA

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés), la EIA es “la herramienta ambiental más importante y comúnmente utilizada tanto en minería como hidrocarburos”, necesaria para la toma de decisiones y la adopción de medidas respecto a las actividades extractivas y sus impactos sobre el ambiente y la población local.
La legislación boliviana establece que todo proyecto exploratorio o extractivo requiere una licencia ambiental que se otorga después de la EIA y el proceso de Consulta Previa. La EIA, según la legislación actual, debe ser realizada por la propia empresa que se hará cargo del proyecto hidrocarburífero a ser evaluado, sea YPFB, una transnacional que tenga la concesión del Estado o una sociedad entre ambas.
El investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Pablo Villegas, considera que esta situación es una debilidad, porque difícilmente se podría esperar que ninguna empresa produzca una EIA que revele impactos que puedan poner en peligro la continuación de sus proyectos.
Por su parte, el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada a los pueblos indígenas está explícitamente reconocido en la Constitución Política del Estado, la ley de hidrocarburos 3058, la ley de Derechos Indígenas del año 2007, y en el Plan Nacional de Desarrollo de 2006. Para actividades hidrocarburíferas, la legislación establece que es el Ministerio de Hidrocarburos y Energía es quien debe realizar el proceso de consulta previa.
Se ha establecido también que la consulta no es vinculante, o sea que aunque poblaciones locales rechacen el proyecto éste puede continuar. Por tanto, la consulta es más bien un proceso para informar a las poblaciones sobre los posibles impactos y facilitar negociaciones entre los actores involucrados (Estado y sociedad).
Sin embargo, según Pablo Villegas, incluso la información presentada a las poblaciones puede ser de dudosa calidad, ya que las empresas encargadas de realizar las EIAs (sea YPFB, una transnacional, o en este caso Petroandina) son precisamente las que están interesadas en que el proyecto continúe. En este sentido, “la consulta previa es más un acto propagandístico que apunta a convencer a las poblaciones y no a informarlas realmente”.
¿Hasta dónde las EIAs y las consultas previas son instrumentos útiles para proteger el ambiente y las poblaciones locales, y en qué punto se convierten en trabas para el desarrollo o instrumentos de extorsión de grupos locales o dirigentes que buscan beneficios propios?