La empresa YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA), formada por el ex presidente de la estatal Santos Ramírez, se creó sin resolución de directorio ni decreto supremo que autorice su constitución.
Los directivos Ebmar Galarza, Raúl Barroso y Fernando Vincenti aseguraron que no fueron informados por la ex autoridad sobre el nacimiento de la firma y tampoco sobre la suscripción de contratos con YPFB.
Para formar esta compañía dedicada a la recalificación de garrafas y otros servicios, Ramírez simplemente se amparó en la Resolución Suprema 228612 de su nombramiento, el 12 de marzo de 2008.
Según los directivos, para suscribir cualquier contrato o negocio que supere más de un millón de dólares, el presidente de la estatal está obligado a contar con el visto bueno de ese cuerpo fiscalizador.
El Estatuto de YPFB, en su artículo 9 (k), dice que el directorio debe otorgar el permiso para la creación de sociedades comerciales. Además, en la parte d) otorga como atribución del directorio aprobar las condiciones y suscripción de los contratos, prevista en la Ley de Hidrocarburos.
La norma fue incumplida por Ramírez, quien da curso a YPFB-SIPSA como empresa privada con la compra de 218 acciones a nombre de la estatal.
Quedaron con una acción en la firma Lucy Barbery Rivero y Nelly Salvatierra.
La notaria de Fe Pública que elaboró el Testimonio de Constitución de SIPSA y que modifica el nombre de Full Industry a la nueva firma da cuenta que sólo fueron presentados “una minuta de modificación de denominación en los estatutos y en la escritura de constitución adjunta la copia legalizada del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas y la Resolución Suprema No. 228612”.
Esta última confiere la representación legal de YPFB a Santos Ramírez al nombrarlo presidente interino.
Galarza explicó a La Prensa que si el Presidente de YPFB no tenía la resolución de directorio, podría haber creado alguna sociedad, siempre y cuando lo respalde un decreto supremo o la aprobación del Congreso, pero tampoco se cumplió con estos procedimientos.
En la página web de la Gaceta Oficial del Estado no existe una norma sobre la creación de SIPSA.
Vincenti justificó este requisito porque “si es una empresa que compromete activos de YPFB, debe ser autorizada y no solamente consultada por el directorio, porque se trata de la disposición de recursos”.
La sociedad se formó el 4 de septiembre sobre la base de lo que fue la recalificadora de garrafas Full Industry, a la que no se le terminó de cancelar los 216.000 dólares que se le comprometió por la transacción.
El 12 de febrero, el presidente de YPFB Carlos Villegas, informó que YPFB-SIPSA tenía irregularidades en su constitución, presupuesto y personal. Añadió que fue creado para cumplir la función de recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) y prestar servicios de perforación petrolera. Aunque también iba a dedicarse a la construcción de plantas, tendido e instalación de poliductos y plantas de almacenamiento.
Lo paradójico es que SIPSA pasó a hacer el mismo trabajo de Full Industry y logró firmar un contrato por 1,8 millones de dólares con YPFB, lo que tampoco fue conocido por el directorio.
También se le concedió la administración del taladro PDV-08 adquirido a Venezuela para el pozo 34D en el campo Víbora, de Santa Cruz, donde aún no se iniciaron las obras. Ese equipo debía ser manejado exclusivamente por la empresa y no por una firma privada.
Vincenti confirmó que fueron sorprendidos. “Nosotros sabíamos que YPFB iba a operar ese taladro, en el marco del convenio que se hizo entre YPFB con Petróleos de Venezuela (PDVSA)”.
Trabajadores de YPFB reconocen que existe exceso de personal
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) denunció que cuando el ex presidente Santos Ramírez asumió la presidencia advirtió de que la estatal tenía un déficit de 400 millones de bolivianos y, por eso, se tendría que parar las contrataciones.
Sin embargo se hizo lo contrario, incrementando la deuda a 500 millones con la selección de una mayor cantidad de personal.
El secretario general, Ramiro Saavedra, en entrevista en radio Erbol, reconoció que existe un exceso de personal en la estatal.
Agregó que el número debería bajar de 1500 empleados sobre la base de una relocalización de acuerdo con la preparación de los trabajadores y las necesidades en cada región.
“Tal vez estamos todos aquí en La Paz, pero podemos ir a los campos petroleros”.
El 12 de febrero, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, informó sobre el despido de 74 trabajadores, entre ejecutivos y obreros, debido a que la nacionalizada se convirtió en una agencia de empleos que no corresponde, porque es una empresa operativa.
“Hubo un crecimiento exponencial hasta llegar a 1.557 trabajadores, con una asimetría absoluta entre gente vinculada a lo administrativo versus lo técnico”.
Saavedra denunció que para contratar al personal, la decisión se hacía por convocatorias, pero llegaron cartas que decían que “Marcelino Cusicanqui, que trabajaba en Recursos Humanos, les indicaba que esa convocatoria no era para afuera, sino era interna; era muy extraño”.
Aseguró que existen “focos fundamentales de corrupción”, como en la planta de Senkata en El Alto, donde se contrata personal bajo influencia de familiares y no con criterios técnicos, que son los que necesita la empresa.
Además admitió diferencias salariales grandes entre los trabajadores y los ejecutivos.”Yo le cito un caso: hay un ingeniero que gana 12.000 bolivianos y no hace nada”.
Explicó que existe una escala salarial, una de no profesionales, que llegaba como máximo a 6.000 bolivianos, y la de profesionales, que tiene un nivel alto, que hasta antes de la promulgación del decreto supremo de austeridad llegaba a 30.000 bolivianos. Sin embargo, explicó que se optó por hacer una planilla única que en este momento no reconoce el trabajo de los técnicos. La Prensa informó sobre la existencia de personal ejecutivo en la empresa YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) con haberes de 22.000 bolivianos, por encima del sueldo del Presidente de la República.
Antecedentes
El 27 de enero es asesinado el empresario Jorge O’Connor en un domicilio de la Tejada Sorzano.
La investigación del asesinato devela corrupción y hechos irregulares en la estatal.
El 31 de enero, el presidente de YPFB, Santos Ramírez, es destituido del cargo.
El presidente Evo Morales ordena la intervención de la estatal petrolera.
Se inicia la auditoría a todos los contratos hechos por YPFB en los anteriores tres años.
El 12 de febrero, el actual presidente, Carlos Villegas, informa irregularidades en SIPSA.
El Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción inicia una auditoría.
YPFB-SIPSA tendría deudas y se hace de personal sin contratos y presupuesto.
La empresa formada por Santos Ramírez pagaba jugosos salarios.
Su gerente, Rogelio Ashmine, percibía 23.500 bolivianos como honorarios, más que Evo.
Los directivos Ebmar Galarza, Raúl Barroso y Fernando Vincenti aseguraron que no fueron informados por la ex autoridad sobre el nacimiento de la firma y tampoco sobre la suscripción de contratos con YPFB.
Para formar esta compañía dedicada a la recalificación de garrafas y otros servicios, Ramírez simplemente se amparó en la Resolución Suprema 228612 de su nombramiento, el 12 de marzo de 2008.
Según los directivos, para suscribir cualquier contrato o negocio que supere más de un millón de dólares, el presidente de la estatal está obligado a contar con el visto bueno de ese cuerpo fiscalizador.
El Estatuto de YPFB, en su artículo 9 (k), dice que el directorio debe otorgar el permiso para la creación de sociedades comerciales. Además, en la parte d) otorga como atribución del directorio aprobar las condiciones y suscripción de los contratos, prevista en la Ley de Hidrocarburos.
La norma fue incumplida por Ramírez, quien da curso a YPFB-SIPSA como empresa privada con la compra de 218 acciones a nombre de la estatal.
Quedaron con una acción en la firma Lucy Barbery Rivero y Nelly Salvatierra.
La notaria de Fe Pública que elaboró el Testimonio de Constitución de SIPSA y que modifica el nombre de Full Industry a la nueva firma da cuenta que sólo fueron presentados “una minuta de modificación de denominación en los estatutos y en la escritura de constitución adjunta la copia legalizada del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas y la Resolución Suprema No. 228612”.
Esta última confiere la representación legal de YPFB a Santos Ramírez al nombrarlo presidente interino.
Galarza explicó a La Prensa que si el Presidente de YPFB no tenía la resolución de directorio, podría haber creado alguna sociedad, siempre y cuando lo respalde un decreto supremo o la aprobación del Congreso, pero tampoco se cumplió con estos procedimientos.
En la página web de la Gaceta Oficial del Estado no existe una norma sobre la creación de SIPSA.
Vincenti justificó este requisito porque “si es una empresa que compromete activos de YPFB, debe ser autorizada y no solamente consultada por el directorio, porque se trata de la disposición de recursos”.
La sociedad se formó el 4 de septiembre sobre la base de lo que fue la recalificadora de garrafas Full Industry, a la que no se le terminó de cancelar los 216.000 dólares que se le comprometió por la transacción.
El 12 de febrero, el presidente de YPFB Carlos Villegas, informó que YPFB-SIPSA tenía irregularidades en su constitución, presupuesto y personal. Añadió que fue creado para cumplir la función de recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) y prestar servicios de perforación petrolera. Aunque también iba a dedicarse a la construcción de plantas, tendido e instalación de poliductos y plantas de almacenamiento.
Lo paradójico es que SIPSA pasó a hacer el mismo trabajo de Full Industry y logró firmar un contrato por 1,8 millones de dólares con YPFB, lo que tampoco fue conocido por el directorio.
También se le concedió la administración del taladro PDV-08 adquirido a Venezuela para el pozo 34D en el campo Víbora, de Santa Cruz, donde aún no se iniciaron las obras. Ese equipo debía ser manejado exclusivamente por la empresa y no por una firma privada.
Vincenti confirmó que fueron sorprendidos. “Nosotros sabíamos que YPFB iba a operar ese taladro, en el marco del convenio que se hizo entre YPFB con Petróleos de Venezuela (PDVSA)”.
Trabajadores de YPFB reconocen que existe exceso de personal
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) denunció que cuando el ex presidente Santos Ramírez asumió la presidencia advirtió de que la estatal tenía un déficit de 400 millones de bolivianos y, por eso, se tendría que parar las contrataciones.
Sin embargo se hizo lo contrario, incrementando la deuda a 500 millones con la selección de una mayor cantidad de personal.
El secretario general, Ramiro Saavedra, en entrevista en radio Erbol, reconoció que existe un exceso de personal en la estatal.
Agregó que el número debería bajar de 1500 empleados sobre la base de una relocalización de acuerdo con la preparación de los trabajadores y las necesidades en cada región.
“Tal vez estamos todos aquí en La Paz, pero podemos ir a los campos petroleros”.
El 12 de febrero, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, informó sobre el despido de 74 trabajadores, entre ejecutivos y obreros, debido a que la nacionalizada se convirtió en una agencia de empleos que no corresponde, porque es una empresa operativa.
“Hubo un crecimiento exponencial hasta llegar a 1.557 trabajadores, con una asimetría absoluta entre gente vinculada a lo administrativo versus lo técnico”.
Saavedra denunció que para contratar al personal, la decisión se hacía por convocatorias, pero llegaron cartas que decían que “Marcelino Cusicanqui, que trabajaba en Recursos Humanos, les indicaba que esa convocatoria no era para afuera, sino era interna; era muy extraño”.
Aseguró que existen “focos fundamentales de corrupción”, como en la planta de Senkata en El Alto, donde se contrata personal bajo influencia de familiares y no con criterios técnicos, que son los que necesita la empresa.
Además admitió diferencias salariales grandes entre los trabajadores y los ejecutivos.”Yo le cito un caso: hay un ingeniero que gana 12.000 bolivianos y no hace nada”.
Explicó que existe una escala salarial, una de no profesionales, que llegaba como máximo a 6.000 bolivianos, y la de profesionales, que tiene un nivel alto, que hasta antes de la promulgación del decreto supremo de austeridad llegaba a 30.000 bolivianos. Sin embargo, explicó que se optó por hacer una planilla única que en este momento no reconoce el trabajo de los técnicos. La Prensa informó sobre la existencia de personal ejecutivo en la empresa YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) con haberes de 22.000 bolivianos, por encima del sueldo del Presidente de la República.
Antecedentes
El 27 de enero es asesinado el empresario Jorge O’Connor en un domicilio de la Tejada Sorzano.
La investigación del asesinato devela corrupción y hechos irregulares en la estatal.
El 31 de enero, el presidente de YPFB, Santos Ramírez, es destituido del cargo.
El presidente Evo Morales ordena la intervención de la estatal petrolera.
Se inicia la auditoría a todos los contratos hechos por YPFB en los anteriores tres años.
El 12 de febrero, el actual presidente, Carlos Villegas, informa irregularidades en SIPSA.
El Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción inicia una auditoría.
YPFB-SIPSA tendría deudas y se hace de personal sin contratos y presupuesto.
La empresa formada por Santos Ramírez pagaba jugosos salarios.
Su gerente, Rogelio Ashmine, percibía 23.500 bolivianos como honorarios, más que Evo.
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