La documentación que sustenta la acción fue entregada ayer al fiscal Edward Mollinedo, de la comisión especial que investiga los hechos de corrupción en YPFB, el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach, ejecutivo del consorcio Catler-Uniservice, y el volteo de $us 450.000 que llevaba el empresario el día del incidente.
Así, Villegas se constituyó en parte civil en la acción asumida contra el ex ejecutivo de la estatal y “quienes le colaboraron en la función administrativa y legal hasta el 31 de enero pasado”, señala una nota de prensa de YPFB.
Además de Ramírez, los ex trabajadores incluidos en la querella son Julio Anagua Chumacero, Esther Carmona Nogales, Daniel Álvarez Gantier, Javier Guzmán Navarro, Diego Argandoña Aramayo, Linneth Sclink Ontiveros, Marco Antonio Vega del Carpio, Elizabeth Morales Troncoso, Iván García Coca, Federico Galán Laime, Richard Aguilera Montesinos, María Cecilia Palacios Jiménez, Pablo Valeriano Barroso, Ramiro Lizarazu Orellana, Mauricio Ochoa Urioste y Juan Carlos Arellano Paz.
Los 16 ex funcionarios de la empresa y Santos Ramírez fueron imputados como autores intelectuales y materiales por hechos delictivos referidos al uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, malversación, contratos lesivos al Estado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
YPFB indicó que los 17 imputados habrían infringido seis artículos del Código Penal.
Según el informe de la estatal, las 17 personas estarían involucradas con el irregular contrato entre YPFB y la sociedad accidental Catler-Uniservice, para la provisión e instalación de la planta de extracción de licuables de gas natural en el campo Río Grande, ubicado en la provincia Cordillera de la región cruceña.
El contrato se firmó el 14 de julio del 2008, por un valor de $us 86,3 millones. Para financiar el proyecto, se constituyó un fideicomiso por $us 45 millones (la mitad del dinero requerido), de los cuales a la fecha ya se desembolsaron $us 16,3 millones.
Entre las irregularidades cometidas por Ramírez y los 16 ex funcionarios, están la contratación de Catler-Uniservice que “no contaba con la certificación presupuestaria, lo cual vulneró la Ley de la República 1178 y la Ley Financial 2042, apelando para esta contratación a la Resolución de Directorio 023/2008 de fecha 16 de abril, que no es compatible con la ley citada anteriormente”, informó YPFB.
También se observó que el consorcio se haya constituido tres días antes de la firma del contrato y que el documento no fuera protocolizado en la Notaría de Gobierno sino ante un notario de fe pública. Según YPFB, estas irregularidades implicaron “un manejo discrecional de las normas establecidas en el Decreto Supremo 29506”.
Antecedentes
Delitos • El escándalo de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se reveló tras el volteo de 450.000 dólares y el asesinato del representante de Catler-Uniservice, Jorge O’Connor D’Arlach, el 27 de enero.
Investigación • La semana pasada, Nardi Suxo, ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, pidió a la Fiscalía que amplíe la investigación a Miguel O’Connor D’Arlach, hermano del fallecido, para establecer el destino del dinero.
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