La sociedad Catler-Uniservice se conformó tres días antes de la firma del contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sin respetar los términos de licitación; además, dos de los implicados en el asesinato del empresario Jorge O’Connor trabajaban en la estatal petrolera.
Así lo reveló ayer, en declaraciones a la red Erbol, la viceministra de Transparencia, Nardy Suxo, quien investiga los supuestos hechos de corrupción en el interior de YPFB.
Las irregularidades que rodearon a la selección del consorcio Catler-Uniservice, para la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande, se comenzaron a conocer tras el asesinato de O’Connor cuando se aprestaba a hacer un desembolso de 450.000 dólares en un domicilio de la avenida Tejada Sorzano, donde los parientes del ex presidente de Yacimientos Santos Ramírez lo esperaban.
Suxo observó como un hecho anómalo que la Asociación Accidental Catler-Uniservice se hubiera creado como sociedad tres días antes de que se firmara el contrato con YPFB, el 14 de julio del año pasado en Río Grande.
Según la autoridad, el consorcio debió mantener esa condición desde que se presentó al proceso de licitación y logró adjudicarse el proyecto.
Aclaró que el Código de Comercio permite que se unan varias empresas para formar sociedades, pero se observa que en este caso se hiciera poco tiempo antes de la presentación del contrato y no desde el principio.
De acuerdo con el contrato firmado por esta sociedad y la estatal petrolera, la primera (Catler-Uniservice) fue constituida mediante escritura pública No. 136/2008 el 11 de julio de 2008.
El proyecto para la provisión e instalación de una planta de extracción de licuables de gas natural en Río Grande, provincia Cordillera en Santa Cruz, fue licitado el 24 de mayo de 2008, el 10 de julio se procedió a la adjudicación, y el 14 del mismo mes se firmó el contrato en el campo petrolero.
Un acta de YPFB del 6 de junio de 2008 —sobre una segunda reunión aclaratoria entre las firmas interesadas en el proyecto, la estatal petrolera y un representante del Ministerio de Hidrocarburos— adjunta una lista de 14 empresas participantes en el encuentro, entre ellas está el nombre “Catler Uniservice”, y no Asociación Accidental.
Suxo aclaró que son dos empresas las que forman esta tercera que se adjudicó la obra. La primera es Catler, que no tiene registro en Fundempresa y al parecer su sede se encuentra en Brasil o Panamá; aún se investiga. La segunda es Uniservice S.R.L., con oficinas en Santa Cruz y en Tarija porque tiene contratos con la Prefectura de esa región.
La viceministra añadió que los apellidos de los presuntos autores intelectuales del atraco de 450.000 dólares (Luis Fernando Córdoba Santibáñez y Ernesto Córdoba Santibáñez), además de familiares de la esposa de Santos Ramírez, de apellidos Navia, figuran en las planillas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Suxo, sin embargo, no quiso dar mayores detalles sobre los nombres exactos de los Córdoba y Navia, pero adelantó que esos apellidos se encuentran en varios documentos importantes que revisó desde hace algunos días, desde que se interviniera YPFB por supuesta corrupción.
“Sí, hemos encontrado varios de estos nombres, estamos cruzando información de uno y otro lados para ver cuál ha sido el accionar de estas personas, hay varios de estos nombres que incluso están en planillas de Yacimientos y de entidades que dependen de Yacimientos”.
La autoridad gubernamental aclaró que del registro en las planillas de los hermanos Córdoba —uno de ellos, acusado de ser autor intelectual del atraco sangriento del martes 27 de enero— se están todavía confirmando con mayores datos de otras fuentes. Erbol, con el objetivo de aclarar la información, insistió si realmente están registrados los apellidos mencionados, a lo que la Viceministra respondió: “Están los apellidos, pero hay que confirmar, incluso hemos pedido información a la propia Corte Nacional Electoral (CNE) para que se nos brinde esta documentación”.
Suxo anunció que hasta el miércoles la comisión que intervino YPFB el pasado sábado tendrá un informe de las investigaciones y observaciones al contrato. En principio reveló que se confirmaron los indicios que llevan a pensar que el ex Presidente de YPFB puede ser procesado por incumplimiento de deberes porque no protocolizó el contrato, además de contratos lesivos, daño económico al Estado y uso indebido de influencias.
La petrolera no publica el cronograma de obras del proyecto y los anexos
La propuesta de trabajo, que incluye un cronograma, de la Asociación Accidental Catler-Uniservice para la planta de Río Grande fue excluida del contrato que publicó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en su página web institucional.
Este documento se dio a conocer el miércoles 4 de febrero después de cerca de una semana en que se descubrió que existe relación con un asesinato y un acto de corrupción.
A pesar de que el presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, comprometió transparencia en la información al momento de tomar posesión de su cargo, el contrato que se dio a conocer está incompleto.
En la cláusula tercera, sobre el objeto de contrato, se hace referencia a tres anexos “del presente contrato”. En esta parte, Catler-Uniservice se compromete a ejecutar trabajos y estudios necesarios para emprender la obra.
En el primer anexo se nombra el inciso a. Éste debería contener los parámetros para la ingeniería de la planta y los estudios ambientales hasta lograr la licencia ambiental.
En el segundo (inciso b) estaría incluida la propuesta de trabajo de la firma contratada y las condiciones para la edificación de la planta. Esta propuesta tiene el cronograma de los trabajos y tiempos en que se ejecutarán las tareas.
Y el anexo tres (inciso c) establece las características que tendrá la construcción del sistema de evacuación de licuables.
En un párrafo adicional se señala que la propuesta contiene información sobre las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas del proyecto, y que con base en estos datos se harán los estudios necesarios y los trabajos. Además, en la cláusula sexta se establece que el importe de la primera garantía del 10 por ciento del anticipo que debió presentar la firma contratada será cobrada por YPFB si la obra no inició en el plazo establecido en el cronograma.
Este avance de obra aún no se pudo comprobar si está en cronograma o no porque se desconoce la fecha en que YPFB dio la orden de inicio de obra.
Según el ex presidente de la nacionalizada Santos Ramírez, se hizo la fiscalización a la obra y se estableció que Catler-Uniservice cumplió y por eso se desembolsaron los pagos a su favor por 6,8 millones de dólares.
Sin embargo, fuentes del sector y trabajadores de YPFB en Santa Cruz sostienen que no existen avances en la obra porque los tanques y tuberías aún se fabrican en el exterior.
Consorcio quedó sin exigencias
La segunda adenda introducida al contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB y Catler-Uniservice deja en suspenso al menos siete responsabilidades y obligaciones del consorcio.
El contrato original suscrito el 14 de julio señalaba que el socio de la estatal petrolera para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande estaba obligado a dar cumplimiento al pago de las cargas sociales y tributarias como uno de sus principales compromisos asumidos con Yacimientos.
En la adenda suscrita el 17 de octubre de 2008 ya no figura ésta, ni otras a las que se comprometió en el documento inicial.
La empresa debía mantener el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios, precautelar de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su cuenta y riesgo.
Catler-Uniservice también tenía la obligación de custodiar los materiales, equipos y trabajos ejecutados, instalar uno o dos letreros en la obra y registrar que es una obra llevada a cabo por YPFB.
Además, mantener permanentemente barreras, letreros, luces, y señales adecuadas y, en general, todo medio de seguridad en el lugar del proyecto, para prevenir riesgos de accidentes a terceros.
Suxo recibe amenazas
La viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, denunció ayer que recibió amenazas anónimas después de haberse hecho cargo de las investigaciones sobre los supuestos hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“Por cumplir mis obligaciones, por cumplir el mandato de Evo Morales, hay un sinnúmero de amenazas y amedrentamientos de personas anónimas, no sólo a mí, las amenazas ahora están alcanzando también a mi familia”. La autoridad, en diálogo con la red Erbol, sostuvo que incluso tuvo que cambiar los números de celular porque los mensajes y llamadas anónimas “groseras” no dejaban de llegar.
Fiscales irán a la planta
La comisión de fiscales que indaga los hechos sobre el asesinato de Jorge O’Connor y su relación con el proyecto de construcción de la planta de extracción de licuables en Río Grande (Santa Cruz) hará una inspección al avance de las obras en el campo petrolero.
El fiscal Edward Mollinedo dio la información, aunque no mencionó la fecha en que se efectuará el viaje.
La obra fue adjudicada a la empresa Catler-Uniservice en julio de 2008. Su contrato establece 340 días para la conclusión de la planta.
Según un empleado de la empresa adjudicada, existe un avance del 30 por ciento en la construcción de los tanques y tuberías que se instalarán en la planta.
LOS DATOS
La estatal petrolera fue intervenida el pasado sábado para su investigación.
El ex Presidente y otros funcionarios allegados fueron destituidos de la entidad.
El ex ministro Carlos Villegas dirige la empresa e indaga el contrato junto a Suxo.
Así lo reveló ayer, en declaraciones a la red Erbol, la viceministra de Transparencia, Nardy Suxo, quien investiga los supuestos hechos de corrupción en el interior de YPFB.
Las irregularidades que rodearon a la selección del consorcio Catler-Uniservice, para la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande, se comenzaron a conocer tras el asesinato de O’Connor cuando se aprestaba a hacer un desembolso de 450.000 dólares en un domicilio de la avenida Tejada Sorzano, donde los parientes del ex presidente de Yacimientos Santos Ramírez lo esperaban.
Suxo observó como un hecho anómalo que la Asociación Accidental Catler-Uniservice se hubiera creado como sociedad tres días antes de que se firmara el contrato con YPFB, el 14 de julio del año pasado en Río Grande.
Según la autoridad, el consorcio debió mantener esa condición desde que se presentó al proceso de licitación y logró adjudicarse el proyecto.
Aclaró que el Código de Comercio permite que se unan varias empresas para formar sociedades, pero se observa que en este caso se hiciera poco tiempo antes de la presentación del contrato y no desde el principio.
De acuerdo con el contrato firmado por esta sociedad y la estatal petrolera, la primera (Catler-Uniservice) fue constituida mediante escritura pública No. 136/2008 el 11 de julio de 2008.
El proyecto para la provisión e instalación de una planta de extracción de licuables de gas natural en Río Grande, provincia Cordillera en Santa Cruz, fue licitado el 24 de mayo de 2008, el 10 de julio se procedió a la adjudicación, y el 14 del mismo mes se firmó el contrato en el campo petrolero.
Un acta de YPFB del 6 de junio de 2008 —sobre una segunda reunión aclaratoria entre las firmas interesadas en el proyecto, la estatal petrolera y un representante del Ministerio de Hidrocarburos— adjunta una lista de 14 empresas participantes en el encuentro, entre ellas está el nombre “Catler Uniservice”, y no Asociación Accidental.
Suxo aclaró que son dos empresas las que forman esta tercera que se adjudicó la obra. La primera es Catler, que no tiene registro en Fundempresa y al parecer su sede se encuentra en Brasil o Panamá; aún se investiga. La segunda es Uniservice S.R.L., con oficinas en Santa Cruz y en Tarija porque tiene contratos con la Prefectura de esa región.
La viceministra añadió que los apellidos de los presuntos autores intelectuales del atraco de 450.000 dólares (Luis Fernando Córdoba Santibáñez y Ernesto Córdoba Santibáñez), además de familiares de la esposa de Santos Ramírez, de apellidos Navia, figuran en las planillas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Suxo, sin embargo, no quiso dar mayores detalles sobre los nombres exactos de los Córdoba y Navia, pero adelantó que esos apellidos se encuentran en varios documentos importantes que revisó desde hace algunos días, desde que se interviniera YPFB por supuesta corrupción.
“Sí, hemos encontrado varios de estos nombres, estamos cruzando información de uno y otro lados para ver cuál ha sido el accionar de estas personas, hay varios de estos nombres que incluso están en planillas de Yacimientos y de entidades que dependen de Yacimientos”.
La autoridad gubernamental aclaró que del registro en las planillas de los hermanos Córdoba —uno de ellos, acusado de ser autor intelectual del atraco sangriento del martes 27 de enero— se están todavía confirmando con mayores datos de otras fuentes. Erbol, con el objetivo de aclarar la información, insistió si realmente están registrados los apellidos mencionados, a lo que la Viceministra respondió: “Están los apellidos, pero hay que confirmar, incluso hemos pedido información a la propia Corte Nacional Electoral (CNE) para que se nos brinde esta documentación”.
Suxo anunció que hasta el miércoles la comisión que intervino YPFB el pasado sábado tendrá un informe de las investigaciones y observaciones al contrato. En principio reveló que se confirmaron los indicios que llevan a pensar que el ex Presidente de YPFB puede ser procesado por incumplimiento de deberes porque no protocolizó el contrato, además de contratos lesivos, daño económico al Estado y uso indebido de influencias.
La petrolera no publica el cronograma de obras del proyecto y los anexos
La propuesta de trabajo, que incluye un cronograma, de la Asociación Accidental Catler-Uniservice para la planta de Río Grande fue excluida del contrato que publicó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en su página web institucional.
Este documento se dio a conocer el miércoles 4 de febrero después de cerca de una semana en que se descubrió que existe relación con un asesinato y un acto de corrupción.
A pesar de que el presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, comprometió transparencia en la información al momento de tomar posesión de su cargo, el contrato que se dio a conocer está incompleto.
En la cláusula tercera, sobre el objeto de contrato, se hace referencia a tres anexos “del presente contrato”. En esta parte, Catler-Uniservice se compromete a ejecutar trabajos y estudios necesarios para emprender la obra.
En el primer anexo se nombra el inciso a. Éste debería contener los parámetros para la ingeniería de la planta y los estudios ambientales hasta lograr la licencia ambiental.
En el segundo (inciso b) estaría incluida la propuesta de trabajo de la firma contratada y las condiciones para la edificación de la planta. Esta propuesta tiene el cronograma de los trabajos y tiempos en que se ejecutarán las tareas.
Y el anexo tres (inciso c) establece las características que tendrá la construcción del sistema de evacuación de licuables.
En un párrafo adicional se señala que la propuesta contiene información sobre las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas del proyecto, y que con base en estos datos se harán los estudios necesarios y los trabajos. Además, en la cláusula sexta se establece que el importe de la primera garantía del 10 por ciento del anticipo que debió presentar la firma contratada será cobrada por YPFB si la obra no inició en el plazo establecido en el cronograma.
Este avance de obra aún no se pudo comprobar si está en cronograma o no porque se desconoce la fecha en que YPFB dio la orden de inicio de obra.
Según el ex presidente de la nacionalizada Santos Ramírez, se hizo la fiscalización a la obra y se estableció que Catler-Uniservice cumplió y por eso se desembolsaron los pagos a su favor por 6,8 millones de dólares.
Sin embargo, fuentes del sector y trabajadores de YPFB en Santa Cruz sostienen que no existen avances en la obra porque los tanques y tuberías aún se fabrican en el exterior.
Consorcio quedó sin exigencias
La segunda adenda introducida al contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB y Catler-Uniservice deja en suspenso al menos siete responsabilidades y obligaciones del consorcio.
El contrato original suscrito el 14 de julio señalaba que el socio de la estatal petrolera para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande estaba obligado a dar cumplimiento al pago de las cargas sociales y tributarias como uno de sus principales compromisos asumidos con Yacimientos.
En la adenda suscrita el 17 de octubre de 2008 ya no figura ésta, ni otras a las que se comprometió en el documento inicial.
La empresa debía mantener el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios, precautelar de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su cuenta y riesgo.
Catler-Uniservice también tenía la obligación de custodiar los materiales, equipos y trabajos ejecutados, instalar uno o dos letreros en la obra y registrar que es una obra llevada a cabo por YPFB.
Además, mantener permanentemente barreras, letreros, luces, y señales adecuadas y, en general, todo medio de seguridad en el lugar del proyecto, para prevenir riesgos de accidentes a terceros.
Suxo recibe amenazas
La viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, denunció ayer que recibió amenazas anónimas después de haberse hecho cargo de las investigaciones sobre los supuestos hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“Por cumplir mis obligaciones, por cumplir el mandato de Evo Morales, hay un sinnúmero de amenazas y amedrentamientos de personas anónimas, no sólo a mí, las amenazas ahora están alcanzando también a mi familia”. La autoridad, en diálogo con la red Erbol, sostuvo que incluso tuvo que cambiar los números de celular porque los mensajes y llamadas anónimas “groseras” no dejaban de llegar.
Fiscales irán a la planta
La comisión de fiscales que indaga los hechos sobre el asesinato de Jorge O’Connor y su relación con el proyecto de construcción de la planta de extracción de licuables en Río Grande (Santa Cruz) hará una inspección al avance de las obras en el campo petrolero.
El fiscal Edward Mollinedo dio la información, aunque no mencionó la fecha en que se efectuará el viaje.
La obra fue adjudicada a la empresa Catler-Uniservice en julio de 2008. Su contrato establece 340 días para la conclusión de la planta.
Según un empleado de la empresa adjudicada, existe un avance del 30 por ciento en la construcción de los tanques y tuberías que se instalarán en la planta.
LOS DATOS
La estatal petrolera fue intervenida el pasado sábado para su investigación.
El ex Presidente y otros funcionarios allegados fueron destituidos de la entidad.
El ex ministro Carlos Villegas dirige la empresa e indaga el contrato junto a Suxo.
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