A pesar de la aplicación del plan Puño de Hierro de control fronterizo para evitar el contrabando de combustibles, en la localidad peruana de Puno el 75 por ciento del parque automotor del transporte público consume gasolina boliviana por su mejor calidad.
Así lo revela una nota difundida ayer en el diario Los Andes (www.losandes.com.pe) de esa región a propósito del rechazo de los transportistas interprovinciales de reducir el valor de los pasajes.
El presidente de la Federación de Transportistas, Choferes y afines de la Región, Milton Ángles Béjar, reveló que los puntos de ingreso de la gasolina de contrabando son Hancco Hancco (Moho) y Desaguadero, frontera boliviana.
La Superintendencia de Hidrocarburos anunció que analizará el asunto con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Aduana para evaluar las fuentes de provisión de los transportistas peruanos.
Además buscará información oficial de compras de gasolina en el país vecino para no sólo contar con datos de un gremio de choferes.
Para frenar la escasez de carburantes, el Gobierno, el 12 de noviembre de 2008, aprobó el Decreto 29788, que penaliza con la Ley 1008 (de lucha contra el narcotráfico) el comercio ilícito de carburantes en desmedro del mercado interno y puso en vigencia el plan Puño de Hierro, a cargo de la Aduana y las Fuerzas Armadas.
La norma establece que aquellas personas, surtidores o entidades que sean sorprendidos en posesión ilícita de gasolina, querosén, diésel oil y gas licuado de petróleo (GLP) serán sometidos a un proceso penal en el marco del artículo 48 de la Ley 1008 de sustancias controladas y otras normas legales vigentes. Además, dispone que la incautación de combustibles de contrabando pase directamente a YPFB, sin necesidad de intervención de jueces y fiscales.
Según el fiscal Fernando Ganam, un vacío legal en la Ley 1008 referente a los precursores para la elaboración de cocaína impide a la Fiscalía encarcelar a quienes se dedican al contrabando de combustibles.
En las primeras horas de su ejecución se incautaron de al menos 120.000 litros de diésel tras el desplazamiento de 900 efectivos para controlar la distribución y venta de carburantes en más de 500 surtidores. Datos oficiales de YPFB señalan que en 2008 la producción de petróleo en el país bajó en 4.250 barriles desde la gestión 2005 por la declinación de los campos petroleros y la falta de inversión.
La información procedente de Puno señala que en asamblea general de transportistas de servicio interprovincial se acordó no disminuir el costo actual de los pasajes en las distintas rutas como era el pedido de la población y del Ministerio de Energía y Minas (MEM), pues informaron que la mayor parte de la flota automotriz de la región se abastece de combustible procedente de Bolivia.
Ángles Béjar dijo que en la reciente asamblea estuvieron presentes transportistas de ocho provincias de la región, donde se rechazó el planteamiento del MEM, pues según dijo no hay razón para adoptar el pedido gubernamental. “Al final de la reunión, por unanimidad, los representantes de las diferentes empresas de transporte interprovincial rechazaron cualquier tipo de disminución en el pasaje, porque el combustible de Bolivia es mejor que el nacional, y éste tiende a aumentar”.
Contó que la gasolina de 84 octanos de procedencia peruana es escasa en las principales ciudades de la región.
El analista en hidrocarburos Hugo del Granado explicó que una de las causas para que en Perú se consuma principalmente gasolina boliviana es el descuido de las autoridades en control de la frontera entre ambos países.
“La norma que penaliza el contrabando sigue latente pero los controles se han descuidado y lo mismo seguramente sucede con el GLP”.
El otro factor puede ser la lejanía de las refinerías peruanas para abastecer con combustibles líquidos a poblaciones como la de Puno donde sus transportistas prefieren recurrir a la oferta boliviana.
Del Granado aseguró que la calidad del carburante es similar en ambos países.
El proyecto del Gobierno
El ex ministro de Hidrocarburos Saúl Ávalos culpó a las FFAA por fallas en los controles.
El precio congelado en el país es una de las causas para la salida de carburantes.
La subvención le cuesta al país más de 120 millones de dólares anuales.
Así lo revela una nota difundida ayer en el diario Los Andes (www.losandes.com.pe) de esa región a propósito del rechazo de los transportistas interprovinciales de reducir el valor de los pasajes.
El presidente de la Federación de Transportistas, Choferes y afines de la Región, Milton Ángles Béjar, reveló que los puntos de ingreso de la gasolina de contrabando son Hancco Hancco (Moho) y Desaguadero, frontera boliviana.
La Superintendencia de Hidrocarburos anunció que analizará el asunto con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Aduana para evaluar las fuentes de provisión de los transportistas peruanos.
Además buscará información oficial de compras de gasolina en el país vecino para no sólo contar con datos de un gremio de choferes.
Para frenar la escasez de carburantes, el Gobierno, el 12 de noviembre de 2008, aprobó el Decreto 29788, que penaliza con la Ley 1008 (de lucha contra el narcotráfico) el comercio ilícito de carburantes en desmedro del mercado interno y puso en vigencia el plan Puño de Hierro, a cargo de la Aduana y las Fuerzas Armadas.
La norma establece que aquellas personas, surtidores o entidades que sean sorprendidos en posesión ilícita de gasolina, querosén, diésel oil y gas licuado de petróleo (GLP) serán sometidos a un proceso penal en el marco del artículo 48 de la Ley 1008 de sustancias controladas y otras normas legales vigentes. Además, dispone que la incautación de combustibles de contrabando pase directamente a YPFB, sin necesidad de intervención de jueces y fiscales.
Según el fiscal Fernando Ganam, un vacío legal en la Ley 1008 referente a los precursores para la elaboración de cocaína impide a la Fiscalía encarcelar a quienes se dedican al contrabando de combustibles.
En las primeras horas de su ejecución se incautaron de al menos 120.000 litros de diésel tras el desplazamiento de 900 efectivos para controlar la distribución y venta de carburantes en más de 500 surtidores. Datos oficiales de YPFB señalan que en 2008 la producción de petróleo en el país bajó en 4.250 barriles desde la gestión 2005 por la declinación de los campos petroleros y la falta de inversión.
La información procedente de Puno señala que en asamblea general de transportistas de servicio interprovincial se acordó no disminuir el costo actual de los pasajes en las distintas rutas como era el pedido de la población y del Ministerio de Energía y Minas (MEM), pues informaron que la mayor parte de la flota automotriz de la región se abastece de combustible procedente de Bolivia.
Ángles Béjar dijo que en la reciente asamblea estuvieron presentes transportistas de ocho provincias de la región, donde se rechazó el planteamiento del MEM, pues según dijo no hay razón para adoptar el pedido gubernamental. “Al final de la reunión, por unanimidad, los representantes de las diferentes empresas de transporte interprovincial rechazaron cualquier tipo de disminución en el pasaje, porque el combustible de Bolivia es mejor que el nacional, y éste tiende a aumentar”.
Contó que la gasolina de 84 octanos de procedencia peruana es escasa en las principales ciudades de la región.
El analista en hidrocarburos Hugo del Granado explicó que una de las causas para que en Perú se consuma principalmente gasolina boliviana es el descuido de las autoridades en control de la frontera entre ambos países.
“La norma que penaliza el contrabando sigue latente pero los controles se han descuidado y lo mismo seguramente sucede con el GLP”.
El otro factor puede ser la lejanía de las refinerías peruanas para abastecer con combustibles líquidos a poblaciones como la de Puno donde sus transportistas prefieren recurrir a la oferta boliviana.
Del Granado aseguró que la calidad del carburante es similar en ambos países.
El proyecto del Gobierno
El ex ministro de Hidrocarburos Saúl Ávalos culpó a las FFAA por fallas en los controles.
El precio congelado en el país es una de las causas para la salida de carburantes.
La subvención le cuesta al país más de 120 millones de dólares anuales.
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