Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) reclama a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) una deuda de 6,5 millones de dólares por el costo del transporte del taladro de perforación PVD 08 que llegó al país el 30 de julio de 2008 desde Caracas.
Además a esta obligación, se suma el costo por el personal que se encontraba a la espera de la instalación del aparato.
Así consta en la minuta de la reunión que sostuvieron representantes de ambas empresas el 14 de noviembre del año pasado y difundida por el Comité Cívico de Camiri.
Ese día en las oficinas cruceñas de YPFB, el representante de la petrolera venezolana hizo conocer a los ejecutivos bolivianos su preocupación por este pasivo. “El Ing. Édgar Romero (PDVSA) … manifestó su preocupación sobre la factura de transporte marítimo, que a la fecha queda pendiente de pago por parte de YPFB a PDVSA”. En otro párrafo añade: “Adicionalmente, indicó el impacto en el costo asociado al personal en espera”.
Según agencias internacionales, este equipo partió del puerto de Guanta, en el país caribeño, recorrió el océano Pacífico en el buque Combi Dick por cerca de diez días, llegando al puerto de Arica, en Chile.
Luego fue trasladado en camiones por tierra hasta la población de Patacamaya, a 109 kilómetros de La Paz, en donde se realizó un acto de recepción con la participación del presidente Evo Morales, junto con el por entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez Valverde, y el vicepresidente de PDVSA, Eulogio del Pino. Finalmente, por el mismo medio se encaminó hasta el pozo 34D en el campo gasífero de Víbora, ubicado a 170 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz.
Una copia de la minuta de la reunión fue entregada por el Comité Cívico de Camiri a La Prensa, ésta fue firmada por Édgar Romero, Miguel Gonzales, Iván Gonzales, Elio Gutiérrez, Félix Macuare, Gabriela Hernández e Ignacio Sainz como representantes de la estatal petrolera venezolana; y por Ricardo Michel, Víctor Lema y Nelson Cabrera, por YPFB, y Rogelio Ashimine a nombre de la empresa privada YPFB-SIPSA.
Hace dos días, el presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, reveló que existen manejos irregulares en SIPSA, que datan de la gestión de su antecesor, Santos Ramírez, encarcelado por delitos de corrupción. “Se han encontrado serias anomalías desde el momento de la constitución de la empresa, en su manejo financiero, de pasivos (deudas) que se han contratado”.
Según esta minuta, un acuerdo anterior alcanzado entre ambas petroleras es “operar el taladro a través de YPFB-SIPSA”.
Se observa que existen cien días de retraso en ese proyecto, por esa razón se analizará “la creación de una sociedad anónima entre PDVSA y YPFB SIPSA en un corto plazo”.
Según el portal de internet, la empresa es signataria de un joint venture con la petrolera venezolana, para prestar servicios en el área. Fuentes del sector afirman que Ramírez también les otorgó el contrato de perforación del campo Víbora. El taladro fue comprado por la nacionalizada a PDVSA. Según la agencia de noticias estatal ABI, está valuada en más de 25 millones de dólares.
El taladro PDV 08 es del modelo ZTJ 70BB, fue elaborado en China y vendido a PDVSA, su peso alcanza a 1.500 toneladas, tiene una potencia de dos mil HP (Horses Power/ Caballos de Fuerza), por eso se la considera una perforadora grande con capacidad de llegar hasta cinco mil metros de profundidad. Desde su arribo hasta la fecha, el equipo no entró en funcionamiento, a pesar de que el 23 de enero el presidente Evo Morales inauguró la perforación.
El domingo reciente, el diario El Deber publicó un reportaje en el que constatan este hecho.
SIPSA es una empresa privada, aunque en su registro usa la sigla de la nacionalizada YPFB.
Después de dos semanas en que se cuestionó un contrato firmado por Ramírez y la Asociación Accidental Catler-Uniservices para la instalación de una planta petrolera en Río Grande, la investigación iniciada por el Gobierno a SIPSA es el segundo caso de posible corrupción que enfrentaría la ex autoridad y YPFB.
El taladro PDV 08 aún no perforó el campo Víbora
El taladro PDV 08 comprado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) aún no está en funcionamiento, según afirmaron fuentes del sector.
Para dar inicio se espera la certificación, afirmó a El Deber un técnico de Servicios e Industrias Petroleras S.A. (YPFB-SIPSA), Ramiro Huerta.
El 23 de enero se realiza la inauguración de la perforación en un acto en el que participó el presidente de Bolivia, Evo Morales.
El analista económico Hugo Del Granado explicó que para que esta perforadora empiece a operar, debe contar con la certificación de la instalación que la otorga la empresa fabricante del equipo o aquella que la vendió.
Este proceso dura en promedio seis meses y se lo realiza en el proceso de montaje del equipo para verificar que las piezas estén completas y tengan conformidad en su entrega.
En el acto organizado para el arribo de la perforadora a La Paz, el ex presidente de YPFB Santos Ramírez anunciaba que se comprarían por lo menos cuatro perforadoras más a Venezuela.
Según declaraciones de la ex autoridad, reflejadas por los medios de comunicación, el costo de cada taladro oscilaría entre 12 y 35 millones de dólares, de acuerdo con su capacidad de rendimiento.
El objetivo de este proyecto era que la petrolera nacionalizada inicie actividades en el campo de la explotación petrolera en los diferentes pozos, para esto debe contar con equipo propio.
El 23 de enero, en Santa Cruz, Morales dijo que durante los años de capitalización (1993-1997), ocho perforadoras fueron sustraídas de YPFB.
Algunos antecedentes
El taladro adquirido a PDVSA fue transportado hasta el país en 90 trailers en julio.
Este equipo está destinado a los pozos 34D y 35H, ubicados en Santa Cruz.
El 27 de agosto se firma un acuerdo entre PDVSA y YPFB para el uso de este equipo.
Víbora forma parte de los campos petroleros asignados a la empresa YPFB Andina.
En su perforación participan YPFB con un 50,1 por ciento y Repsol con el 49,9 por ciento.
LOS DATOS
La empresa de servicios fue constituida el 25 de agosto del año pasado.
Es una empresa privada que junto con PDVSA promocionan sus actividades.
La firma también se dedica a la recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP).
Además a esta obligación, se suma el costo por el personal que se encontraba a la espera de la instalación del aparato.
Así consta en la minuta de la reunión que sostuvieron representantes de ambas empresas el 14 de noviembre del año pasado y difundida por el Comité Cívico de Camiri.
Ese día en las oficinas cruceñas de YPFB, el representante de la petrolera venezolana hizo conocer a los ejecutivos bolivianos su preocupación por este pasivo. “El Ing. Édgar Romero (PDVSA) … manifestó su preocupación sobre la factura de transporte marítimo, que a la fecha queda pendiente de pago por parte de YPFB a PDVSA”. En otro párrafo añade: “Adicionalmente, indicó el impacto en el costo asociado al personal en espera”.
Según agencias internacionales, este equipo partió del puerto de Guanta, en el país caribeño, recorrió el océano Pacífico en el buque Combi Dick por cerca de diez días, llegando al puerto de Arica, en Chile.
Luego fue trasladado en camiones por tierra hasta la población de Patacamaya, a 109 kilómetros de La Paz, en donde se realizó un acto de recepción con la participación del presidente Evo Morales, junto con el por entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez Valverde, y el vicepresidente de PDVSA, Eulogio del Pino. Finalmente, por el mismo medio se encaminó hasta el pozo 34D en el campo gasífero de Víbora, ubicado a 170 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz.
Una copia de la minuta de la reunión fue entregada por el Comité Cívico de Camiri a La Prensa, ésta fue firmada por Édgar Romero, Miguel Gonzales, Iván Gonzales, Elio Gutiérrez, Félix Macuare, Gabriela Hernández e Ignacio Sainz como representantes de la estatal petrolera venezolana; y por Ricardo Michel, Víctor Lema y Nelson Cabrera, por YPFB, y Rogelio Ashimine a nombre de la empresa privada YPFB-SIPSA.
Hace dos días, el presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, reveló que existen manejos irregulares en SIPSA, que datan de la gestión de su antecesor, Santos Ramírez, encarcelado por delitos de corrupción. “Se han encontrado serias anomalías desde el momento de la constitución de la empresa, en su manejo financiero, de pasivos (deudas) que se han contratado”.
Según esta minuta, un acuerdo anterior alcanzado entre ambas petroleras es “operar el taladro a través de YPFB-SIPSA”.
Se observa que existen cien días de retraso en ese proyecto, por esa razón se analizará “la creación de una sociedad anónima entre PDVSA y YPFB SIPSA en un corto plazo”.
Según el portal de internet, la empresa es signataria de un joint venture con la petrolera venezolana, para prestar servicios en el área. Fuentes del sector afirman que Ramírez también les otorgó el contrato de perforación del campo Víbora. El taladro fue comprado por la nacionalizada a PDVSA. Según la agencia de noticias estatal ABI, está valuada en más de 25 millones de dólares.
El taladro PDV 08 es del modelo ZTJ 70BB, fue elaborado en China y vendido a PDVSA, su peso alcanza a 1.500 toneladas, tiene una potencia de dos mil HP (Horses Power/ Caballos de Fuerza), por eso se la considera una perforadora grande con capacidad de llegar hasta cinco mil metros de profundidad. Desde su arribo hasta la fecha, el equipo no entró en funcionamiento, a pesar de que el 23 de enero el presidente Evo Morales inauguró la perforación.
El domingo reciente, el diario El Deber publicó un reportaje en el que constatan este hecho.
SIPSA es una empresa privada, aunque en su registro usa la sigla de la nacionalizada YPFB.
Después de dos semanas en que se cuestionó un contrato firmado por Ramírez y la Asociación Accidental Catler-Uniservices para la instalación de una planta petrolera en Río Grande, la investigación iniciada por el Gobierno a SIPSA es el segundo caso de posible corrupción que enfrentaría la ex autoridad y YPFB.
El taladro PDV 08 aún no perforó el campo Víbora
El taladro PDV 08 comprado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) aún no está en funcionamiento, según afirmaron fuentes del sector.
Para dar inicio se espera la certificación, afirmó a El Deber un técnico de Servicios e Industrias Petroleras S.A. (YPFB-SIPSA), Ramiro Huerta.
El 23 de enero se realiza la inauguración de la perforación en un acto en el que participó el presidente de Bolivia, Evo Morales.
El analista económico Hugo Del Granado explicó que para que esta perforadora empiece a operar, debe contar con la certificación de la instalación que la otorga la empresa fabricante del equipo o aquella que la vendió.
Este proceso dura en promedio seis meses y se lo realiza en el proceso de montaje del equipo para verificar que las piezas estén completas y tengan conformidad en su entrega.
En el acto organizado para el arribo de la perforadora a La Paz, el ex presidente de YPFB Santos Ramírez anunciaba que se comprarían por lo menos cuatro perforadoras más a Venezuela.
Según declaraciones de la ex autoridad, reflejadas por los medios de comunicación, el costo de cada taladro oscilaría entre 12 y 35 millones de dólares, de acuerdo con su capacidad de rendimiento.
El objetivo de este proyecto era que la petrolera nacionalizada inicie actividades en el campo de la explotación petrolera en los diferentes pozos, para esto debe contar con equipo propio.
El 23 de enero, en Santa Cruz, Morales dijo que durante los años de capitalización (1993-1997), ocho perforadoras fueron sustraídas de YPFB.
Algunos antecedentes
El taladro adquirido a PDVSA fue transportado hasta el país en 90 trailers en julio.
Este equipo está destinado a los pozos 34D y 35H, ubicados en Santa Cruz.
El 27 de agosto se firma un acuerdo entre PDVSA y YPFB para el uso de este equipo.
Víbora forma parte de los campos petroleros asignados a la empresa YPFB Andina.
En su perforación participan YPFB con un 50,1 por ciento y Repsol con el 49,9 por ciento.
LOS DATOS
La empresa de servicios fue constituida el 25 de agosto del año pasado.
Es una empresa privada que junto con PDVSA promocionan sus actividades.
La firma también se dedica a la recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP).
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