El ex gerente de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA), Rogelio Ashimine Oshiro, presentó una denuncia en la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz en contra del actual presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, y el interventor Fernando Vincenti por cuatro delitos relacionados con la intervención de la empresa que dirigía.
La queja también fue ampliada al comandante de la Policía cruceña, Franz Lea Plaza, e incluye a otros presuntos partícipes en el hecho, como Dante Justiniano, Sergio Reyes, Asunta Arteaga, Guido Sandoval y Juana Mery Ortiz.
Villegas informó el jueves que en esta compañía, conformada por el ex presidente de la estatal Santos Ramírez, se encontraron irregularidades en su constitución y se instruyó una auditoría técnico-legal.
El documento, presentado por la red PAT, señala que desde el 31 de enero YPFB-SIPSA “vive siendo víctima de los delitos de allanamiento de domicilio, asociación delictuosa, robo agravado y atentado contra la libertad de trabajo”.
En comunicación con La Prensa, Vincenti aseguró que la denuncia “le tiene sin cuidado” y que Ashimine debe probar lo que dice en su acusación.
Aclaró que la intervención se hizo en el marco de la ley y con la presencia de un Notario de Fe Pública a quien le fueron entregados los documentos hallados.
Este medio también buscó una entrevista con Villegas, pero en su oficina dijeron que estaba de viaje y se buscaría un contacto. La solicitud no fue atendida.
Ashimine fue destituido del cargo de gerente el mismo día de la intervención (31 de enero). Sin embargo, la formulación de cargos hecha ayer la presentó como gerente de la firma porque asegura que sólo el Directorio puede definir su alejamiento de YPFB-SIPSA al ser una empresa privada y donde la estatal YPFB no tiene tuición alguna.
Argumentó que “un numeroso grupo de fiscales, armados y encabezados por el actual comandante departamental de la Policía, Franz Lea Plaza Vargas, y también personas vestidas de civil armadas procedieron a la toma física de sus instalaciones”. Además se desalojó a sus empleados bajo amenaza de ser detenidos en caso de resistencia. Vincenti detalló que se trata de una oficina con tres ambientes ubicada en la empresa constructora RW. Añadió que “Ashimine debe explicar por qué una fotocopiadora y dos computadoras de YPFB estaban en el lugar”.
YPFB ordenó investigar a SIPSA después de las irregularidades encontradas en el contrato entre la estatal petrolera y Catler-Uniservice que llevó a la destitución de Ramírez el 31 de enero, acusado de actos de corrupción en Yacimientos.
“Acciones son de la estatal”
La accionista de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. Lucy Barbery Rivero aseguró que las 220 acciones de su empresa Full Industry fueron vendidas en su totalidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y no como figura en los documentos notariados, sólo 218 acciones.
El testimonio notariado de cambio de nombre de la firma establece como socios a YPFB con 218 acciones, Lucy Barbery con una acción y Nilda Domínguez con otra.
Barbery relató que “un gerente de planificación” hizo el negocio con los tres propietarios. “Ellos nos piden que por una o dos semanas pongamos nuestro nombre como socios”.
En declaración a la red PAT aseguró que el pedido fue para conformar una sociedad anónima. El precio de venta era de 216.000 dólares que no fueron pagados a los socios de Full Industry. De acuerdo con la ley, el Estado conforma con empresas privadas sociedades anónimas mixtas sometidas a control de la Ley Safco, pero una sociedad anónima está libre de esa fiscalización.
En Potosí hallan irregularidades
En la imagen se observa el muro perimetral por el que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pagó 100.000 bolivianos a Ingeniería de Proyectos y Construcción (Inprocon) para la edificación de una planta de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) en Cala Cala, Potosí. Según la cadena A, esta obra no se inició y en lugar de la pared de delimitación sólo se ubicó una estaca. El dinero se desembolsó en dos pagos, el 7 de noviembre de 2008, respaldado con facturas. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) iniciará la indagación sobre la veracidad del documento fiscal.
Suman deudas con PDVSA
El ex gerente de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA) Rogelio Ashimine afirmó que hay un contrato con YPFB Andina por 120.000 dólares por el montaje del taladro PDV-08 en el campo Víbora y reveló mayores obligaciones con Petróleos de Venezuela (PDVSA) por la perforación de este pozo.
La deuda por la puesta en operación del equipo, de acuerdo con Ashimine, asciende a 13.500 dólares por día, sin embargo aclaró que aún no se llegó a cancelar nada.
Documentos a los que accedió La Prensa la semana pasada dan cuenta de que la petrolera estatal venezolana había reclamado en principio a YPFB y Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) una deuda de 6,5 millones de dólares por el costo del transporte del taladro de perforación que llegó al país el 30 de julio de 2008 desde Caracas. A esta obligación se suma el costo por el personal que se encontraba a la espera de la instalación del aparato.
Así consta en la minuta de la reunión que sostuvieron representantes de ambas empresas el 14 de noviembre del año pasado y difundida por el Comité Cívico de Camiri.
El ex ejecutivo, que asegura ser aún gerente de la empresa, confirmó que SIPSA tiene un contrato suscrito con YPFB por 1,8 millones de dólares para prestarle el servicio de recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP).
Algunos datos
El 4 de septiembre de 2008 se constituyó YPFB-SIPSA como una sociedad anónima.
De una recalificadora de garrafas amplió sus actividades a la perforación de pozos.
Tiene un contrato con YPFB por 1,8 millones de dólares y una planta en El Alto.
La queja también fue ampliada al comandante de la Policía cruceña, Franz Lea Plaza, e incluye a otros presuntos partícipes en el hecho, como Dante Justiniano, Sergio Reyes, Asunta Arteaga, Guido Sandoval y Juana Mery Ortiz.
Villegas informó el jueves que en esta compañía, conformada por el ex presidente de la estatal Santos Ramírez, se encontraron irregularidades en su constitución y se instruyó una auditoría técnico-legal.
El documento, presentado por la red PAT, señala que desde el 31 de enero YPFB-SIPSA “vive siendo víctima de los delitos de allanamiento de domicilio, asociación delictuosa, robo agravado y atentado contra la libertad de trabajo”.
En comunicación con La Prensa, Vincenti aseguró que la denuncia “le tiene sin cuidado” y que Ashimine debe probar lo que dice en su acusación.
Aclaró que la intervención se hizo en el marco de la ley y con la presencia de un Notario de Fe Pública a quien le fueron entregados los documentos hallados.
Este medio también buscó una entrevista con Villegas, pero en su oficina dijeron que estaba de viaje y se buscaría un contacto. La solicitud no fue atendida.
Ashimine fue destituido del cargo de gerente el mismo día de la intervención (31 de enero). Sin embargo, la formulación de cargos hecha ayer la presentó como gerente de la firma porque asegura que sólo el Directorio puede definir su alejamiento de YPFB-SIPSA al ser una empresa privada y donde la estatal YPFB no tiene tuición alguna.
Argumentó que “un numeroso grupo de fiscales, armados y encabezados por el actual comandante departamental de la Policía, Franz Lea Plaza Vargas, y también personas vestidas de civil armadas procedieron a la toma física de sus instalaciones”. Además se desalojó a sus empleados bajo amenaza de ser detenidos en caso de resistencia. Vincenti detalló que se trata de una oficina con tres ambientes ubicada en la empresa constructora RW. Añadió que “Ashimine debe explicar por qué una fotocopiadora y dos computadoras de YPFB estaban en el lugar”.
YPFB ordenó investigar a SIPSA después de las irregularidades encontradas en el contrato entre la estatal petrolera y Catler-Uniservice que llevó a la destitución de Ramírez el 31 de enero, acusado de actos de corrupción en Yacimientos.
“Acciones son de la estatal”
La accionista de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. Lucy Barbery Rivero aseguró que las 220 acciones de su empresa Full Industry fueron vendidas en su totalidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y no como figura en los documentos notariados, sólo 218 acciones.
El testimonio notariado de cambio de nombre de la firma establece como socios a YPFB con 218 acciones, Lucy Barbery con una acción y Nilda Domínguez con otra.
Barbery relató que “un gerente de planificación” hizo el negocio con los tres propietarios. “Ellos nos piden que por una o dos semanas pongamos nuestro nombre como socios”.
En declaración a la red PAT aseguró que el pedido fue para conformar una sociedad anónima. El precio de venta era de 216.000 dólares que no fueron pagados a los socios de Full Industry. De acuerdo con la ley, el Estado conforma con empresas privadas sociedades anónimas mixtas sometidas a control de la Ley Safco, pero una sociedad anónima está libre de esa fiscalización.
En Potosí hallan irregularidades
En la imagen se observa el muro perimetral por el que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pagó 100.000 bolivianos a Ingeniería de Proyectos y Construcción (Inprocon) para la edificación de una planta de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) en Cala Cala, Potosí. Según la cadena A, esta obra no se inició y en lugar de la pared de delimitación sólo se ubicó una estaca. El dinero se desembolsó en dos pagos, el 7 de noviembre de 2008, respaldado con facturas. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) iniciará la indagación sobre la veracidad del documento fiscal.
Suman deudas con PDVSA
El ex gerente de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA) Rogelio Ashimine afirmó que hay un contrato con YPFB Andina por 120.000 dólares por el montaje del taladro PDV-08 en el campo Víbora y reveló mayores obligaciones con Petróleos de Venezuela (PDVSA) por la perforación de este pozo.
La deuda por la puesta en operación del equipo, de acuerdo con Ashimine, asciende a 13.500 dólares por día, sin embargo aclaró que aún no se llegó a cancelar nada.
Documentos a los que accedió La Prensa la semana pasada dan cuenta de que la petrolera estatal venezolana había reclamado en principio a YPFB y Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) una deuda de 6,5 millones de dólares por el costo del transporte del taladro de perforación que llegó al país el 30 de julio de 2008 desde Caracas. A esta obligación se suma el costo por el personal que se encontraba a la espera de la instalación del aparato.
Así consta en la minuta de la reunión que sostuvieron representantes de ambas empresas el 14 de noviembre del año pasado y difundida por el Comité Cívico de Camiri.
El ex ejecutivo, que asegura ser aún gerente de la empresa, confirmó que SIPSA tiene un contrato suscrito con YPFB por 1,8 millones de dólares para prestarle el servicio de recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP).
Algunos datos
El 4 de septiembre de 2008 se constituyó YPFB-SIPSA como una sociedad anónima.
De una recalificadora de garrafas amplió sus actividades a la perforación de pozos.
Tiene un contrato con YPFB por 1,8 millones de dólares y una planta en El Alto.
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