Santa Cruz / El Deber.- Por graves “irregularidades y anomalías” en la constitución de la empresa Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA), el presidente ejecutivo de la estatal petrolera, Carlos Villegas, decidió que la perforación de los pozos 34D y 35H en el campo Víbora, de propiedad de la YPFB-Andina, no se inicien hasta que se resuelvan las deficiencias jurídicas, administrativas y financieras.
Villegas, quien ayer inspeccionó el estado en que se encuentra el equipo de perforación en el campo Víbora, en especial el taladro chino alquilado a YPFB por la compañía PDVSA Servicios de Venezuela, dijo que esta maquinaria está en condiciones óptimas para iniciar los trabajos planificados.
Sin embargo insistió que las tareas no comenzarán de inmediato por los problemas legales que tiene YPFB-SIPSA.
Para empezar, Villegas remarcó que esta empresa se creó sin la autorización del directorio de Yacimientos. La compra de acciones por parte de la petrolera estatal de la firma Full Industry, por más de 200.000 dólares, para que cambie su razón social y se transforme en SIPSA, no tuvo el aval de la máxima instancia de la nacionalizada y de las autoridades nacionales del sector de hidrocarburos.
La autoridad afirmó posteriormente que entre las distintas irregularidades cometidas en la administración de SIPSA, su ex gerente Rogelio Ashimine Oshiro dio un aporte individual de aproximadamente 100.000 bolivianos para iniciar las actividades de perforación, pues aparentemente la empresa carecía de fondos. Por si fuera poco, denunció que Ashimine Oshiro, después de ser destituido de su cargo, siguió trabajando en la empresa.
“Cuando me posesionaron como Presidente de Yacimientos, yo mandé una carta indicándole que quedaba inmediatamente destituido del cargo; a pesar de eso, pude verificar que hubo un trabajo. A pesar de haber estado destituido, el señor Ashimine y todo el equipo que le acompaña, del 3 de enero a esta parte, ha emitido cheques, ha realizado erogaciones por montos importantes, no me acuerdo exactamente, está entre 600.000 y 800.000 bolivianos, más o menos”. Villegas dijo que este hecho le parece que es otra irregularidad.
Con relación al anuncio que hizo Ashimine Oshiro días atrás en sentido de iniciar un juicio contra Villegas, el aludido restó importancia a la posibilidad, pues mencionó que YPFB, como propietaria del 99 por ciento de las acciones de SIPSA, es la que toma la decisión de intervenir las oficinas.
Villegas enfatizó que más bien será YPFB que presente una querella contra los ejecutivos de SIPSA, por las supuestas irregularidades cometidas.
Recordó la denuncia que la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, presentó ante la Fiscalía de La Paz contra YPFB-SIPSA y su directorio, por los supuestos daños económicos contra el Estado.
Los delitos que cometieron los funcionarios implicados, según la ministra Suxo, son: asociación delictuosa, peculado, malversación, uso indebido de influencia, negociaciones incompatibles con el uso de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
No fue posible ubicar a Rogelio Ashimine Oshiro ni a ninguno de los ejecutivos de SIPSA. En la página web de esta empresa hay un número de un teléfono celular, pero nadie contestó ante el llamado de este diario.
SIPSA es una empresa privada que debió ser formada con capitales del Estado, cuyas remuneraciones a sus principales ejecutivos eran superiores a las que percibe el Presidente de la República, en tanto que generaba sus propios pasivos para abonar los sueldos de sus trabajadores, funcionarios y ejecutivos jerárquicos.
Contradicciones por un supuesto soborno
Ernesto Michel, gobernador del penal de San Pedro, afirmó ayer que los hermanos Córdoba le informaron haber recibido una oferta de soborno de 150.000 dólares el martes 17, alrededor de las 16.00, mientras que el abogado defensor de Ernesto Córdoba, Jorge Borda, sostuvo que la correspondiente denuncia fue hecha la semana pasada.
El miércoles, Borda aseguró que dos hombres, a través de la reja que separa el zaguán del patio delantero en el panóptico, formularon a su cliente y a su hermano Luis Fernando la propuesta de “callar o inculpar” al ex presidente de YPFB Santos Ramírez a cambio de 50.000 dólares para cada uno, aunque los internos del sector La Posta, donde se hallan recluidos los hermanos, no acceden a ese espacio.
Villegas, quien ayer inspeccionó el estado en que se encuentra el equipo de perforación en el campo Víbora, en especial el taladro chino alquilado a YPFB por la compañía PDVSA Servicios de Venezuela, dijo que esta maquinaria está en condiciones óptimas para iniciar los trabajos planificados.
Sin embargo insistió que las tareas no comenzarán de inmediato por los problemas legales que tiene YPFB-SIPSA.
Para empezar, Villegas remarcó que esta empresa se creó sin la autorización del directorio de Yacimientos. La compra de acciones por parte de la petrolera estatal de la firma Full Industry, por más de 200.000 dólares, para que cambie su razón social y se transforme en SIPSA, no tuvo el aval de la máxima instancia de la nacionalizada y de las autoridades nacionales del sector de hidrocarburos.
La autoridad afirmó posteriormente que entre las distintas irregularidades cometidas en la administración de SIPSA, su ex gerente Rogelio Ashimine Oshiro dio un aporte individual de aproximadamente 100.000 bolivianos para iniciar las actividades de perforación, pues aparentemente la empresa carecía de fondos. Por si fuera poco, denunció que Ashimine Oshiro, después de ser destituido de su cargo, siguió trabajando en la empresa.
“Cuando me posesionaron como Presidente de Yacimientos, yo mandé una carta indicándole que quedaba inmediatamente destituido del cargo; a pesar de eso, pude verificar que hubo un trabajo. A pesar de haber estado destituido, el señor Ashimine y todo el equipo que le acompaña, del 3 de enero a esta parte, ha emitido cheques, ha realizado erogaciones por montos importantes, no me acuerdo exactamente, está entre 600.000 y 800.000 bolivianos, más o menos”. Villegas dijo que este hecho le parece que es otra irregularidad.
Con relación al anuncio que hizo Ashimine Oshiro días atrás en sentido de iniciar un juicio contra Villegas, el aludido restó importancia a la posibilidad, pues mencionó que YPFB, como propietaria del 99 por ciento de las acciones de SIPSA, es la que toma la decisión de intervenir las oficinas.
Villegas enfatizó que más bien será YPFB que presente una querella contra los ejecutivos de SIPSA, por las supuestas irregularidades cometidas.
Recordó la denuncia que la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, presentó ante la Fiscalía de La Paz contra YPFB-SIPSA y su directorio, por los supuestos daños económicos contra el Estado.
Los delitos que cometieron los funcionarios implicados, según la ministra Suxo, son: asociación delictuosa, peculado, malversación, uso indebido de influencia, negociaciones incompatibles con el uso de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
No fue posible ubicar a Rogelio Ashimine Oshiro ni a ninguno de los ejecutivos de SIPSA. En la página web de esta empresa hay un número de un teléfono celular, pero nadie contestó ante el llamado de este diario.
SIPSA es una empresa privada que debió ser formada con capitales del Estado, cuyas remuneraciones a sus principales ejecutivos eran superiores a las que percibe el Presidente de la República, en tanto que generaba sus propios pasivos para abonar los sueldos de sus trabajadores, funcionarios y ejecutivos jerárquicos.
Contradicciones por un supuesto soborno
Ernesto Michel, gobernador del penal de San Pedro, afirmó ayer que los hermanos Córdoba le informaron haber recibido una oferta de soborno de 150.000 dólares el martes 17, alrededor de las 16.00, mientras que el abogado defensor de Ernesto Córdoba, Jorge Borda, sostuvo que la correspondiente denuncia fue hecha la semana pasada.
El miércoles, Borda aseguró que dos hombres, a través de la reja que separa el zaguán del patio delantero en el panóptico, formularon a su cliente y a su hermano Luis Fernando la propuesta de “callar o inculpar” al ex presidente de YPFB Santos Ramírez a cambio de 50.000 dólares para cada uno, aunque los internos del sector La Posta, donde se hallan recluidos los hermanos, no acceden a ese espacio.
La versión hecha pública por Michel indica que los Córdoba le comunicaron que un hombre, a quien no se pudo identificar, conversó con ellos. “El martes, aproximadamente a las 16.00, me encontraba en la puerta de la sección La Posta. Se me acercó uno de los Córdoba y solicitó hablar conmigo, entramos a la oficina del oficial de servicio y manifestó que un ciudadano de civil, aparentemente policía, le había indicado que le iba a entregar 150.000 dólares para que se calle. Nada más”.
El Gobernador del penal mostró el registro de visitas de ese día, en el que no constaba el ingreso de persona alguna a esa hora.
La teoría de Borda consiste en que Lucio Lazo, garzón de El Caballito, club nocturno de propiedad de Ernesto Córdoba, recibió el dinero a nombre de su patrón, sin consulta ni aviso previo, y pretendía llevarlo a Palos Blancos, provincia Sud Yungas, de donde es originario.
“Gulsby tiene condiciones”
La empresa estadounidense Gulsby, subcontratada por Catler-Uniservice para la construcción del 80 por ciento de la planta separadora de licuables en Río Grande, que se adjudicó de manera “irregular”, cumple las especificaciones necesarias para realizar la obra, afirmó ayer el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce.
“Aparentemente la empresa Gulsby ha estado cumpliendo las especificaciones que tenía que cumplir para la construcción de la planta y obviamente será valorada técnicamente por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)”.
La autoridad dijo que por mandato del Presidente de la República, junto con YPFB y el Ministerio de Transparencia, se realizó, de manera conjunta, una valoración jurídica sobre los contratos firmados entre la estatal petrolera y Catler-Uniservice, empresa que subcontrató a Gulsby.
“Nosotros estamos haciendo la valoración jurídica de estos contratos, y cuando concluyamos esa labor, vamos a informar al Presidente y al Vicepresidente”.
Un grupo de fiscales viajará el 5 de marzo a Estados Unidos y Argentina para verificar si las empresas Gulsby, Sika y Lito Gonella realizan trabajos para Catler-Uniservice, a fin de construir la planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.
Energía
SIPSA debió hacerse cargo de la perforación de pozos en el campo Víbora.
El Presidente de la estatal prefiere solucionar irregularidades antes de comenzar esa labor.
Transparencia abrió querella contra los ejecutivos de la empresa de servicios SIPSA.
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