El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, en una entrevista concedida al canal estatal reconoció la existencia de hidrocarburos en Alto Parapetí. Ante requerimiento de EL DEBER, destacó que esa información le fue proporcionada por YPFB y reconoció que no tenía el dato exacto sobre las reservas probadas en la zona.
Por su parte, el especialista en hidrocarburos Luis Lema informó de que en el subandino sur, donde se encuentra Alto Parapetí, existe una alta probabilidad de encontrar estas riquezas. “Falta información adecuada por parte de YPFB. Lo que se conoce es que se han realizado varias prospecciones en la zona, aunque se lo hizo mediante sísmica que no siempre brinda datos fidedignos”, acotó Lema.
El especialista puntualizó que realizar trabajos de exploración en la zona significará al Estado erogar ingentes cantidades de dinero. Calcula que el desarrollo de cada pozo estará en el orden de los $us 30 millones a $us 50 millones. “Se precisarían cerca de $us 400 millones para de-sarrollar 10 pozos debido a las condiciones del lugar”, señaló Lema.
El presidente de Fegasacruz, Guido Nayar, informó de que ellos tenían conocimiento de que en la zona había reservas probadas por valor de $us 5.000 millones y que por ello la TCO había sido conformada, buscando que los 26 pozos que hay en la zona queden en su interior.
Nayar insistió en que la reversión de 10 propiedades en la zona es para dotar esas tierras a los indígenas y que ellos se beneficien con los recursos hidrocarburíferos, lo cual fue desmentido por Almaraz, que dijo que la TCO no se beneficiará con los recursos; sólo serán consultados y, en caso de explotarse el área, se les dará una compensación por el daño ecológico que sufrirían, aunque sí reconoció que las tierras serán dotadas a los indígenas.
Este criterio fue reforzado por un especialista petrolero, quien indicó que el Estado es el dueño originario de los hidrocarburos. Por lo tanto, el propietario de la superficie tan sólo se beneficia con el pago de la servidumbre (monto que recibe el dueño de la tierra por la instalación de las torres y por el espacio que utilizan los ductos).
La CAO, Fegasacruz y la Prefectura el miércoles visitarán uno de los predios en conflicto, Caraparicito, donde realizarán un acto para demostrar su apoyo a los ganaderos perjudicados.
INRA insiste en conciliación por Palmarito
El director departamental del INRA, Víctor Camacho, insiste en que la mejor manera de determinar el derecho propietario de la propiedad Palmarito, ubicada a 20 kilómetros de San Julián, es la conciliación.
Camacho aclaró que el caso de Palmarito, cuyo derecho propietario asegura tener la empresa Sojima SRL, se debe ventilar por la vía agraria y no por la penal, en alusión a la orden de desapoderamiento emitida por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz.
Camacho indicó que en tres semanas más concluirá el saneamiento de tierras en el lugar y que, producto de ello, se definirá el mejor derecho propietario sobre el predio.
El representante legal de Palmarito BC, Jorge Franco, denunció que la Policía y el Ministerio Público hicieron caso omiso de la resolución de la sala penal primera. Además, descartó que exista disputa por el derecho propietario sobre el predio.
Por su parte, el especialista en hidrocarburos Luis Lema informó de que en el subandino sur, donde se encuentra Alto Parapetí, existe una alta probabilidad de encontrar estas riquezas. “Falta información adecuada por parte de YPFB. Lo que se conoce es que se han realizado varias prospecciones en la zona, aunque se lo hizo mediante sísmica que no siempre brinda datos fidedignos”, acotó Lema.
El especialista puntualizó que realizar trabajos de exploración en la zona significará al Estado erogar ingentes cantidades de dinero. Calcula que el desarrollo de cada pozo estará en el orden de los $us 30 millones a $us 50 millones. “Se precisarían cerca de $us 400 millones para de-sarrollar 10 pozos debido a las condiciones del lugar”, señaló Lema.
El presidente de Fegasacruz, Guido Nayar, informó de que ellos tenían conocimiento de que en la zona había reservas probadas por valor de $us 5.000 millones y que por ello la TCO había sido conformada, buscando que los 26 pozos que hay en la zona queden en su interior.
Nayar insistió en que la reversión de 10 propiedades en la zona es para dotar esas tierras a los indígenas y que ellos se beneficien con los recursos hidrocarburíferos, lo cual fue desmentido por Almaraz, que dijo que la TCO no se beneficiará con los recursos; sólo serán consultados y, en caso de explotarse el área, se les dará una compensación por el daño ecológico que sufrirían, aunque sí reconoció que las tierras serán dotadas a los indígenas.
Este criterio fue reforzado por un especialista petrolero, quien indicó que el Estado es el dueño originario de los hidrocarburos. Por lo tanto, el propietario de la superficie tan sólo se beneficia con el pago de la servidumbre (monto que recibe el dueño de la tierra por la instalación de las torres y por el espacio que utilizan los ductos).
La CAO, Fegasacruz y la Prefectura el miércoles visitarán uno de los predios en conflicto, Caraparicito, donde realizarán un acto para demostrar su apoyo a los ganaderos perjudicados.
INRA insiste en conciliación por Palmarito
El director departamental del INRA, Víctor Camacho, insiste en que la mejor manera de determinar el derecho propietario de la propiedad Palmarito, ubicada a 20 kilómetros de San Julián, es la conciliación.
Camacho aclaró que el caso de Palmarito, cuyo derecho propietario asegura tener la empresa Sojima SRL, se debe ventilar por la vía agraria y no por la penal, en alusión a la orden de desapoderamiento emitida por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz.
Camacho indicó que en tres semanas más concluirá el saneamiento de tierras en el lugar y que, producto de ello, se definirá el mejor derecho propietario sobre el predio.
El representante legal de Palmarito BC, Jorge Franco, denunció que la Policía y el Ministerio Público hicieron caso omiso de la resolución de la sala penal primera. Además, descartó que exista disputa por el derecho propietario sobre el predio.
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