El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez armó una empresa irregular con 140 funcionarios y la contrató para que prestara servicios a la propia petrolera estatal.
Se trata de la empresa YPFB- Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima S.A. (SIPSA) que tiene carácter privado aunque usa la sigla de la estatal.
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, informó que en esa compañía se han encontrado anomalías graves desde su constitución, en su manejo financiero y en los pasivos o deudas que se han contratado.
Según la autoridad, el caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para que impulse una auditoría técnica y legal de SIPSA.
Se espera que hasta la próxima semana se tengan más detalles de sus actividades.
La firma estaba gerentada por Rogelio Ashmine, funcionario que el 31 de enero quedó suspendido junto con nueve funcionarios jerárquicos tras la intervención de YPFB y destitución de Ramírez del cargo.
Esta persona ya fue alejada del cargo de Viceministro de Transportes el 8 de febrero de 2006, cuando el Gobierno lo acusó de haberse extralimitado en sus funciones al elaborar un decreto supremo de intervención del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). Por esos días, los trabajadores de la empresa acataban un paro en demanda del pago de salarios atrasados y el Gobierno prefería quedarse al margen y que el problema lo resolviera el LAB.
De acuerdo con Villegas, SIPSA contrató a 140 funcionarios sin certificación presupuestaria, sin contratos, lo cual se constituye en una anomalía inaceptable.
Agregó que esta empresa fue creada para cumplir dos funciones principales. La primera consistía en efectuar la recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP). Éste es un procedimiento mediante el cual estos recipientes deben ser acondicionados para su rehabilitación, obligatoriamente cada diez años.
La segunda función de la empresa es la de prestar servicios de perforación petrolera.
En su portal (ypfb-sipsacombo.jeparaportal.com), la empresa se hace conocer como YPFB-SIPSA, signataria de un joint venture con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para prestar servicios al sector.
Documentos notariales a los que accedió La Prensa revelan que, luego de su constitución el 4 de septiembre de 2008, el 16 de septiembre de ese año se procedió con la designación de Ashmine como gerente general y la de sus directores. Estos cargos recayeron en Misael Gemio como presidente, Esther Carmona como vicepresidenta, Reynaldo Marín como director y Nelly Salvatierra como síndico. El primero fungía como Viceministro de Desarrollo Energético y fue suspendido el 31 de enero, mientras que Carmona era la directora jurídica de YPFB (también fue alejada del cargo y formaba parte del entorno cercano de Ramírez).
Antecedentes
Los documentos notariales de la compañía de servicios dan cuenta de que se constituyó el 4 de septiembre del año pasado cuando la firma Full Industry S.A. cambia su denominación a SIPSA.
Esto atendiendo a que el 25 de agosto de ese año Ramírez, a nombre de YPFB, había comprado 218 acciones de esta empresa y se convertía en socio mayoritario, mientras que Lucy Barbery, ex presidenta del Directorio y apoderada de la sociedad Full Industry, y Nilda Domínguez poseían una acción cada una.
El mantenimiento de estas personas con una participación tan pequeña le da el carácter privado y de sociedad anónima a la empresa de servicios y no de una subsidiaria de YPFB.
Como antecedente se tiene que Full Industry, fabricante de garrafas, fue autorizada mediante Resolución Administrativa de la Superintendencia de Hidrocarburos SSDH No. 0666/2002, del 19 de diciembre de 2002, para la recalificación de los balones de GLP en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.
Además, Ramírez, como máxima autoridad de YPFB, de acuerdo con fuentes del sector, le dio a esta firma el contrato de perforación del campo Víbora.
En los hechos aparece prestándole este servicio a YPFB-Andina, la administradora de ese campo en Santa Cruz.
Lo paradójico es que también la estatal petrolera le entregó el equipo de perforación de origen chino que había llegado al
país el 30 de julio del año pasado desde Venezuela. Este aparato debía entrar en funcionamiento tras la inauguración, el 23 de enero, de los trabajos de perforación en el pozo 34D de campo Víbora.
El Deber, en un reportaje publicado el domingo, verificó que el taladro de origen chino todavía no le hizo ni un rasguño a la tierra del lugar porque aún se está haciendo el trabajo de la certificación.
Según Ramiro Huerta, técnico de SIPSA, todo trabajo petrolero se basa en el control de la calidad y la seguridad y por el momento “se está haciendo una certificación de las piezas del taladro”.
La creación de SIPSA se constituye en una más de las irregularidades cometidas por Ramírez al frente de la estatal, entre ellas la suscripción del contrato con Catler-Uniservice para la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande.
Ex autoridad elevó burocracia de 525 a 1.557 personas
La nueva administración de la empresa pública despidió a 74 trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) luego de verificar que la planilla creció excesivamente.
El presidente de la estatal, Carlos Villegas, informó que se tomó esta determinación por diferentes causas y motivos: algunos están involucrados en la contratación de Catler-Uniservice, y los servicios de otros ya no son de utilidad para la petrolera.
“En YPFB hubo un crecimiento exponencial hasta llegar a 1.557 trabajadores con una asimetría absoluta entre gente vinculada a lo administrativo versus lo técnico. Una empresa petrolera no es una agencia de empleo, es altamente intensiva en capital”.
Además señaló que la mayoría de estas personas se ocupaba en funciones administrativas en las oficinas centrales, por lo que a partir de la fecha sólo se contará con el personal que sea necesario, porque la empresa debe garantizar inversión, no gasto corriente como sucedía hasta ayer.
Para ese fin, la estatal se encuentra elaborando un estudio que determinará cuántos trabajadores son los ideales para funcionar.
El secretario ejecutivo de los trabajadores petroleros del distrito oriente, Wilson Ramírez, informó que hasta 2005 YPFB contaba con 525 trabajadores, pero durante las gestiones de Guillermo Aruquipa y Santos Ramírez este número se triplicó y la intención de las ex autoridades era subir el personal a 1.700 este año. Esto para La Paz y en desmedro de una región productora, como Santa Cruz, donde hacen falta técnicos calificados para el engarrafado y otras labores.
Villegas denuncia que en YPFB desaparecieron los anexos del contrato con Catler-Uniservice
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, denunció que los anexos del contrato con Catler-Uniservice desaparecieron de las oficinas de la estatal petrolera.
La comisión interventora de YPFB compuesta por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, el de Defensa Legal y la misma estatal petrolera no pudo hallar dichos anexos, razón que les obliga a demandar una copia a la firma contratada Catler-Uniservice.
Este documento fue firmado el 14 de julio de 2008 en un acto público en Santa Cruz, por el ex presidente de YPFB Santos Ramírez para la instalación y construcción de una planta de extracción de líquidos (gas licuado de petróleo y gasolina natural) en el campo petrolífero de Río Grande.
El sábado 7 de febrero, La Prensa informó sobre la falta de tres anexos en el contrato publicado por YPFB el 4 de febrero. El primero contiene los parámetros para la ingeniería de la planta y los estudios ambientales que se harán en la zona hasta lograr la licencia ambiental.
El segundo incluye la propuesta de trabajo de Catler-Uniservice, el cronograma de trabajo, el tiempo de ejecución y las condiciones para la construcción de la planta.
En el anexo tres se explican las características que tendrá la construcción del sistema de evacuación de licuables. Además, estos documentos adicionales contienen información sobre las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas del proyecto, sobre cuya base se harán los estudios necesarios y los trabajos. ANF detalló que en total son siete anexos los extraviados
El miércoles, la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo, admitió que cuando entró en las oficinas de YPFB encontró un desorden y faltaban varios documentos.
Villegas anunció que en cuanto se obtenga una copia de estos anexos se harán públicos así como se dio a conocer el contrato.
El contrato firmado entre YPFB y Catler-Uniservice contiene al menos nueve irregularidades, entre estas, se desconocen los plazos en que se deberían ejecutar las obras.
Por esta razón aún no se pudo establecer el avance real en la construcción de las partes de la planta, delegado a la empresa Gulsby PS, con sede en Estados Unidos, ni el desarrollo de los tanques, que debe hacerlo Sica y Gonella, en Argentina.
A pesar de que Ramírez afirmó que se había enviado una comisión a EEUU para verificar el estado de las obras, se desconoce el informe de esta misión.
Además contó que estuvieron otros profesionales en Argentina. Un documento presentado por Ramírez da cuenta de grandes avances de parte de SIca y adjunta unos planos hechos por Gulsby.
Antecedente
25-08-2008: se efectúa la compra de acciones para conformar SIPSA.
14-09-2008: se procede a constituir la empresa de servicios.
16-09-2008: se designa al gerente, presidente y directores.
23-01-09: SIPSA es contratada para perforar para YPFB-Andina.
Personeros
El gerente de la firma es Rogelio Ashmine Oshiro, con todas las prerrogativas.
Su presidente es Misael Gemio y la vicepresidenta es Esther Carmona.
Son socias minoritarias Lucy Barbery y Nilda Domínguez, con una acción cada una.
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