Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) paga entre $us 30 y 60 millones por el alquiler de un taladro de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), denunció ayer la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, en una conferencia de prensa.
Según la autoridad, se trata de una irregularidad más cometida en la gestión de Santos Ramírez al frente de la estatal petrolera, que se constituiría en un posible “daño económico” para el Estado, debido a que con ese dinero, YPFB pudo haber adquirido un equipo similar propio.
La información que dio ayer la ministra contradice a las versiones del vicepresidente de PDVSA, Eulogio Pinto, y del ex presidente de YPFB, ofrecidas el 30 de julio del 2008 en un acto realizado cuando el taladro llegó a la localidad de Patacamaya.
Entonces, el ejecutivo de PDVSA sostuvo que el nuevo equipo de perforación que llegó a Bolivia fue puesto por la empresa venezolana como un capital de trabajo para la compañía que constituyeron junto a YPFB. Mientras, Ramírez indicó que la perforadora fue comprada a la petrolera venezolana, con un crédito que se pagaría a sí mismo, con cinco años de trabajo.
“Está aquí y está puesto por Petróleos de Venezuela SA como un capital de trabajo para una empresa que constituimos juntas”, sostuvo Pinto entonces.
“El equipo viene de la alianza (con PDVSA) bajo la administración de YPFB. Es el mismo equipo que con su trabajo irá pagando su costo”, dijo Ramírez.
El taladro ahora forma parte de la empresa Servicios e Industrias Petroleras SA (SIPSA-YPFB), cuya constitución fue observada por Carlos Villegas, actual presidente e interventor de YPFB.
En ese caso, Suxo explicó que YPFB tiene 100% del paquete accionario de SIPSA y que se pagó $us 216.000 por la empresa. Agregó que se desembolsó el 40% de $us 1,89 millones por el contrato de recalificación de garrafas. Involucró en el caso a Ramírez, Misael Gemio, Esther Carmona, Reynaldo Marín, Nelly Salvatierra, Rogelio Ashimine, entre otros.
Según la autoridad, se trata de una irregularidad más cometida en la gestión de Santos Ramírez al frente de la estatal petrolera, que se constituiría en un posible “daño económico” para el Estado, debido a que con ese dinero, YPFB pudo haber adquirido un equipo similar propio.
La información que dio ayer la ministra contradice a las versiones del vicepresidente de PDVSA, Eulogio Pinto, y del ex presidente de YPFB, ofrecidas el 30 de julio del 2008 en un acto realizado cuando el taladro llegó a la localidad de Patacamaya.
Entonces, el ejecutivo de PDVSA sostuvo que el nuevo equipo de perforación que llegó a Bolivia fue puesto por la empresa venezolana como un capital de trabajo para la compañía que constituyeron junto a YPFB. Mientras, Ramírez indicó que la perforadora fue comprada a la petrolera venezolana, con un crédito que se pagaría a sí mismo, con cinco años de trabajo.
“Está aquí y está puesto por Petróleos de Venezuela SA como un capital de trabajo para una empresa que constituimos juntas”, sostuvo Pinto entonces.
“El equipo viene de la alianza (con PDVSA) bajo la administración de YPFB. Es el mismo equipo que con su trabajo irá pagando su costo”, dijo Ramírez.
El taladro ahora forma parte de la empresa Servicios e Industrias Petroleras SA (SIPSA-YPFB), cuya constitución fue observada por Carlos Villegas, actual presidente e interventor de YPFB.
En ese caso, Suxo explicó que YPFB tiene 100% del paquete accionario de SIPSA y que se pagó $us 216.000 por la empresa. Agregó que se desembolsó el 40% de $us 1,89 millones por el contrato de recalificación de garrafas. Involucró en el caso a Ramírez, Misael Gemio, Esther Carmona, Reynaldo Marín, Nelly Salvatierra, Rogelio Ashimine, entre otros.
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