Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) omitió observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (antes Hacienda) y desembolsó el dinero del fideicomiso a Catler-Uniservice para desarrollar el proyecto de la planta de extracción de licuables (gasolina natural y gas licuado de petróleo, GLP) en el campo Río Grande, en Santa Cruz.
Así lo confirmó la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, en una entrevista en Cadena A. “Tenemos conocimiento de que incluso hay observaciones que se habrían hecho de parte del Ministro de Hacienda (Luis Arce) cuando se instruían los desembolsos”.
Añadió que, a pesar de esto, el ex presidente de YPFB Santos Ramírez no tomó en cuenta al fideicomitente, que en este caso era Hacienda.
“Lamentablemente, quien debía cuidar que ese fideicomiso sea desembolsado de acuerdo a norma, al propio decreto que se le facultaba para lograr que la planta separadora de líquidos funcione, es la máxima autoridad ejecutiva, en ese momento el ex Presidente de YPFB”.
Sin embargo dijo que “esto no sucedió, todo lo que podemos ver (es que) no sucedió, vemos más bien que de parte del ex presidente hay notas que manifiestan que pese a las observaciones se deben desembolsar” los adelantos del fideicomiso.
Los desembolsos a Catler- Uniservice se efectuaron sin una orden de inicio de tareas, supervisión, certificación de avance de obras y sin boletas de garantía.
“Es clarísimo cuando miramos el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y vemos que de la cuenta del fideicomiso se le ha desembolsado más de tres millones de dólares a Catler-Uniservice, se puede ver que esos dineros la empresa los ha utilizado para otros fines, como el pago de cuentas, pago de deudas, etcétera, que no tenían nada que ver con lo que es el objetivo del fideicomiso”.
Contrariamente a lo dicho por Suxo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en una solicitada publicada en medios locales el 6 de febrero, señala que “el Ministerio de Hacienda desconocía la forma en que estos recursos fueron utilizados y menos los destinatarios finales de esos recursos, que en este tema la función del Ministerio de Hacienda termina con la constitución del fideicomiso y que el posterior desembolso de los recursos constituidos en el fideicomiso es competencia de la entidad fiduciaria (el Banco Unión) a requerimiento formal y expreso del beneficiario (YPFB)”.
Sin embargo, señala, se hicieron tres desembolsos a dos empresas. El primero de 35 millones de dólares para la apertura de una carta de crédito a nombre de Gulsby PS, destinados la compra del equipo básico de ingeniería y diseño de la planta en Río Grande. Esto se hace el 12 de noviembre de 2008. El segundo fue el 1 de diciembre y el tercero el 14 de enero de 2009, mediante traspasos a Catler-Uniservice S.R.L. por 1,65 millones de dólares cada uno como anticipos de obras.
Suxo forma parte de la comisión de Gobierno responsable de investigar las irregularidades en YPFB por orden del presidente Evo Morales del 31 de enero a raíz de la implicación de Ramírez en posibles actos de corrupción en la adjudicación y ejecución del proyecto de Río Grande.
El ex ejecutivo de YPFB fue enviado al Penal de San Pedro de La Paz el 13 de febrero, acusado de conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y cohecho pasivo. La pena máxima de estos delitos es de ocho años.
El fideicomiso fue autorizado por los decretos 29564, del 14 de mayo de 2008, y 29662, del 30 de julio de 2008. Para su constitución, el ministerio de Hacienda suscribió un contrato con el Banco Unión y YPFB, el primero se convirtió en el fiduciario, es decir, quien administra el dinero, y la estatal es el beneficiario.
A pesar de que el monto inicial de constitución era de 90 millones de dólares, sólo se pusieron 45 millones en el Banco Unión a pesar de que el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) era la primera entidad elegida.
En una solicitada, Economía y Finanzas justificó el cambio de entidad porque el BDP no puede realizar operaciones de comercio exterior directamente al ser de segundo piso (sólo canaliza sus operaciones de financiamiento a empresas a través de créditos a bancos que sirven de intermediarios). Además señala que esta decisión permitió un ahorro de 900.000 dólares.
El Ministerio, en su solicitada, también aclara que el fideicomiso fue incorporado en el Presupuesto General de la Nación Reformulado del año pasado (PGN 2008) aprobado por el Congreso en octubre. Agrega que esto “no representa la pérdida de los recursos públicos” porque “son recursos transmitidos de manera temporal y no definitiva”. Para esto se fija un tiempo de dos años y seis meses. Sin embargo, el contrato firmado con Catler-Uniservice cambió el requisito de las garantías bancarias por pólizas de seguros mediante tres adendas.
Estas últimas no ofrecen el respaldo para recuperar el monto adelantado.
La estatal tenía un fideicomiso adicional
El Presupuesto General de la Nación (PGN) reformulado de 2008 aprobó un segundo fideicomiso de 85 millones de dólares en favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aunque se desconoce para qué fue creado y los desembolsos efectuados a la fecha.
El anexo IV “constitución de fideicomisos” señala: “Constitución de Fideicomiso a ser administrado por el Banco de Desarrollo Productivo (BDP- SAM), para ser utilizado por YPFB para la constitución de un patrimonio autónomo”.
Este monto presupuestado por el ex Ministerio de Hacienda, según ese documento, es adicional a los 45 millones de dólares consignados para financiar la construcción de la planta de extracción de líquidos para la producción de gas licuado de petróleo (GLP) y gasolina natural.
El director de la estatal petrolera, Raúl Barroso, señaló que el directorio no conoció la asignación de estos recursos pese a que siempre reclamó que las autoridades máximas divulgaran el presupuesto en detalle de la empresa.
Recordó que esa instancia fiscalizadora sólo autorizó que se gestionasen fondos, pero no el uso.
“Nunca fue transparente la información de la Presidencia de YPFB hacia el Directorio y eso se lo manifestó al Ministerio de Hidrocarburos”.
En criterio de Barroso, la prioridad de YPFB nunca debió ser la instalación de plantas de gas licuado de petróleo (GLP), sino aumentar la capacidad productiva de las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell para aumentar la oferta de diésel y gasolina y evitar la importación.
Ayer, La Prensa intentó conocer una versión del ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, sobre el destino de estos fondos en una conferencia de prensa, pero la autoridad abandonó la reunión sin contestar una sola consulta.
Observaciones
YPFB no protocolizó el contrato con Catler-Uniservice ante la Notaría de Gobierno.
El trámite es un requisito para que cualquier acuerdo de este tipo tenga vigencia.
La Contraloría no recibió el documento a pesar de que la firma del contrato tiene seis meses.
Para cumplir el requisito, YPFB tenía cinco días a partir de su suscripción.
El documento no fue entregado al Directorio de YPFB para su autorización.
El Decreto 29506 autoriza al presidente de YPFB a hacer contratos directos.
En esta norma se basó Santos Ramírez para actuar en la firma con Catler-Uniservice.
El trámite de la licencia ambiental no fue iniciado por la empresa adjudicataria.
Sin este permiso no se puede encarar obras en el campo petrolero de Río Grande.
La aprobación demora al menos ocho meses hasta su obtención.
Así lo confirmó la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, en una entrevista en Cadena A. “Tenemos conocimiento de que incluso hay observaciones que se habrían hecho de parte del Ministro de Hacienda (Luis Arce) cuando se instruían los desembolsos”.
Añadió que, a pesar de esto, el ex presidente de YPFB Santos Ramírez no tomó en cuenta al fideicomitente, que en este caso era Hacienda.
“Lamentablemente, quien debía cuidar que ese fideicomiso sea desembolsado de acuerdo a norma, al propio decreto que se le facultaba para lograr que la planta separadora de líquidos funcione, es la máxima autoridad ejecutiva, en ese momento el ex Presidente de YPFB”.
Sin embargo dijo que “esto no sucedió, todo lo que podemos ver (es que) no sucedió, vemos más bien que de parte del ex presidente hay notas que manifiestan que pese a las observaciones se deben desembolsar” los adelantos del fideicomiso.
Los desembolsos a Catler- Uniservice se efectuaron sin una orden de inicio de tareas, supervisión, certificación de avance de obras y sin boletas de garantía.
“Es clarísimo cuando miramos el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y vemos que de la cuenta del fideicomiso se le ha desembolsado más de tres millones de dólares a Catler-Uniservice, se puede ver que esos dineros la empresa los ha utilizado para otros fines, como el pago de cuentas, pago de deudas, etcétera, que no tenían nada que ver con lo que es el objetivo del fideicomiso”.
Contrariamente a lo dicho por Suxo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en una solicitada publicada en medios locales el 6 de febrero, señala que “el Ministerio de Hacienda desconocía la forma en que estos recursos fueron utilizados y menos los destinatarios finales de esos recursos, que en este tema la función del Ministerio de Hacienda termina con la constitución del fideicomiso y que el posterior desembolso de los recursos constituidos en el fideicomiso es competencia de la entidad fiduciaria (el Banco Unión) a requerimiento formal y expreso del beneficiario (YPFB)”.
Sin embargo, señala, se hicieron tres desembolsos a dos empresas. El primero de 35 millones de dólares para la apertura de una carta de crédito a nombre de Gulsby PS, destinados la compra del equipo básico de ingeniería y diseño de la planta en Río Grande. Esto se hace el 12 de noviembre de 2008. El segundo fue el 1 de diciembre y el tercero el 14 de enero de 2009, mediante traspasos a Catler-Uniservice S.R.L. por 1,65 millones de dólares cada uno como anticipos de obras.
Suxo forma parte de la comisión de Gobierno responsable de investigar las irregularidades en YPFB por orden del presidente Evo Morales del 31 de enero a raíz de la implicación de Ramírez en posibles actos de corrupción en la adjudicación y ejecución del proyecto de Río Grande.
El ex ejecutivo de YPFB fue enviado al Penal de San Pedro de La Paz el 13 de febrero, acusado de conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y cohecho pasivo. La pena máxima de estos delitos es de ocho años.
El fideicomiso fue autorizado por los decretos 29564, del 14 de mayo de 2008, y 29662, del 30 de julio de 2008. Para su constitución, el ministerio de Hacienda suscribió un contrato con el Banco Unión y YPFB, el primero se convirtió en el fiduciario, es decir, quien administra el dinero, y la estatal es el beneficiario.
A pesar de que el monto inicial de constitución era de 90 millones de dólares, sólo se pusieron 45 millones en el Banco Unión a pesar de que el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) era la primera entidad elegida.
En una solicitada, Economía y Finanzas justificó el cambio de entidad porque el BDP no puede realizar operaciones de comercio exterior directamente al ser de segundo piso (sólo canaliza sus operaciones de financiamiento a empresas a través de créditos a bancos que sirven de intermediarios). Además señala que esta decisión permitió un ahorro de 900.000 dólares.
El Ministerio, en su solicitada, también aclara que el fideicomiso fue incorporado en el Presupuesto General de la Nación Reformulado del año pasado (PGN 2008) aprobado por el Congreso en octubre. Agrega que esto “no representa la pérdida de los recursos públicos” porque “son recursos transmitidos de manera temporal y no definitiva”. Para esto se fija un tiempo de dos años y seis meses. Sin embargo, el contrato firmado con Catler-Uniservice cambió el requisito de las garantías bancarias por pólizas de seguros mediante tres adendas.
Estas últimas no ofrecen el respaldo para recuperar el monto adelantado.
La estatal tenía un fideicomiso adicional
El Presupuesto General de la Nación (PGN) reformulado de 2008 aprobó un segundo fideicomiso de 85 millones de dólares en favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aunque se desconoce para qué fue creado y los desembolsos efectuados a la fecha.
El anexo IV “constitución de fideicomisos” señala: “Constitución de Fideicomiso a ser administrado por el Banco de Desarrollo Productivo (BDP- SAM), para ser utilizado por YPFB para la constitución de un patrimonio autónomo”.
Este monto presupuestado por el ex Ministerio de Hacienda, según ese documento, es adicional a los 45 millones de dólares consignados para financiar la construcción de la planta de extracción de líquidos para la producción de gas licuado de petróleo (GLP) y gasolina natural.
El director de la estatal petrolera, Raúl Barroso, señaló que el directorio no conoció la asignación de estos recursos pese a que siempre reclamó que las autoridades máximas divulgaran el presupuesto en detalle de la empresa.
Recordó que esa instancia fiscalizadora sólo autorizó que se gestionasen fondos, pero no el uso.
“Nunca fue transparente la información de la Presidencia de YPFB hacia el Directorio y eso se lo manifestó al Ministerio de Hidrocarburos”.
En criterio de Barroso, la prioridad de YPFB nunca debió ser la instalación de plantas de gas licuado de petróleo (GLP), sino aumentar la capacidad productiva de las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell para aumentar la oferta de diésel y gasolina y evitar la importación.
Ayer, La Prensa intentó conocer una versión del ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, sobre el destino de estos fondos en una conferencia de prensa, pero la autoridad abandonó la reunión sin contestar una sola consulta.
Observaciones
YPFB no protocolizó el contrato con Catler-Uniservice ante la Notaría de Gobierno.
El trámite es un requisito para que cualquier acuerdo de este tipo tenga vigencia.
La Contraloría no recibió el documento a pesar de que la firma del contrato tiene seis meses.
Para cumplir el requisito, YPFB tenía cinco días a partir de su suscripción.
El documento no fue entregado al Directorio de YPFB para su autorización.
El Decreto 29506 autoriza al presidente de YPFB a hacer contratos directos.
En esta norma se basó Santos Ramírez para actuar en la firma con Catler-Uniservice.
El trámite de la licencia ambiental no fue iniciado por la empresa adjudicataria.
Sin este permiso no se puede encarar obras en el campo petrolero de Río Grande.
La aprobación demora al menos ocho meses hasta su obtención.
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