A los más de seis meses de la firma del contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Catler- Uniservice no inició el trámite para obtener la licencia ambiental para la instalación de una planta de extracción de licuables (GLP y gasolina) del gas natural en el campo Río Grande, Santa Cruz, violando con ello, según expertos, dos normas bolivianas.
El viceministro de Medio Ambiente, Pablo Ramos, confirmó esta presunta irregularidad. “En el caso específico de esta empresa, no entró ningún trámite para ningún tipo de proyecto, ningún tipo de obra o de actividad; es decir, no hay nada en el Viceministerio”.
Explicó que todo trabajo en hidrocarburos, minería o industria que vaya a ser ejecutado en el país debe tramitar su licencia de impacto ambiental ante su dependencia.
El ex director de Comercialización de la Superintendencia de Hidrocarburos Jorge Téllez, el ex secretario de Hidrocarburos Carlos Alberto López y el analista Hugo del Granado advierten que las leyes de Medio Ambiente y de Hidrocarburos instituyen este requisito previo al inicio de toda obra. Además debió pedirse la autorización a los pueblos originarios.
El artículo 73 de la Ley de Medio Ambiente dice: “Las actividades hidrocarburíferas realizadas por YPFB y otras empresas, en todas sus fases, deberán contemplar medidas ambientales de prevención y control de contaminación, deforestación, erosión y sedimentación así como de protección de flora y de fauna silvestre, paisaje natural y áreas protegidas. Asimismo, deberán implementarse planes de contingencias para evitar derrames de hidrocarburos y otros productos contaminantes”.
El artículo 130 de la Ley de Hidrocarburos agrega que para este fin “los responsables legales de proyectos no exploratorios (como el de Río Grande) deben depositar el equivalente a un 0,5 por ciento del total de la inversión, que en este caso representa 431.758 dólares de los 86,3 millones acordados”.
En el Ministerio de Hidrocarburos no pudieron informar si se inició el trámite en sus dependencias, por el cambio de autoridad.
El contrato firmado entre la asociación accidental Catler-Uniservice y YPFB el 14 de julio de 2008 señala en la cláusula tercera “objeto del contrato: El contratista (Catler-Uniservice) se compromete y obliga (…) a ejecutar todos los trabajos necesarios (…) incluyendo entre otros estudios y trabajos: la ingeniería conceptual y básica, ingeniería de detalle, análisis económico financiero, incluyendo todos los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental hasta la Licencia Ambiental”.
Representantes de la firma adjudicataria afirman que hay un 30 por ciento de avance de obras. Según el ex presidente de YPFB Santos Ramírez, una comisión confirmó el inicio y la ejecución de las tareas por las que se pagaron 6,8 millones de dólares. López señaló que ningún inversionista serio realiza desembolsos mientras no tenga la seguridad de que la licencia haya sido ejecutada o esté en proceso. “No puede asumir ni presumir que va a salir”.
Ramos explicó que, en el marco de sus competencias, el Viceministerio del ramo sólo hace el control cuando ingresan los estudios de impacto ambiental. “Si no entran tendría que haber una denuncia de alguna obra que empezó sin autorización o licencia ambiental, pero no conocemos esa información del 30 por ciento de avance”.
El plazo que tenía la firma era de 30 días para hacer los estudios ambientales que desembocarán en la licencia a partir de que YPFB diera la orden de proceder.
El viceministro Ramos advirtió que el trámite dura normalmente seis meses. Del Granado explicó que, por los requisitos que se exigen, estos trámites son extremadamente morosos. ”Es difícil que se haga no solamente la instalación, la construcción, el montaje, sino la puesta en marcha en 340 días si previamente no se tiene la licencia ambiental. No hay posibilidades de acuerdo con la normativa nuestra de proceder al inicio de obras si no se tienen todas las licencias ambientales”.
El proyecto fue diseñado por el Gobierno para dar una solución a la escasez de gas licuado de petróleo (GLP) en el país desde hace un año, demanda que se incrementó en 2008 hasta las 400 toneladas métricas por día.
De no ponerse en marcha el proyecto, se corre el riesgo de importar este carburante.
Más irregularidades
Ramírez es investigado por cinco instancias de la justicia y el Poder Ejecutivo al encontrarse irregularidades en su procedimiento de adjudicación y ejecución de la obra. Situación que incluye la muerte del representante legal de la firma contratada para el proyecto, Jorge O’Connor, en un asalto en el que le arrebataron 450.000 dólares que formaban parte del pago para la planta.
La falta de licencia ambiental se suma a las al menos ocho irregularidades encontradas en el contrato publicado por YPFB el jueves 5 de febrero.
Entre las observaciones se encuentran la falta de la protocolización del contrato ante notario de gobierno en la Prefectura, lo que habría dado vigencia al documento; el incumplimiento de envío del contrato a la Contraloría General de la República; la falta de autorización del Directorio de la petrolera para su suscripción.
La ministra de Transparencia, Nardy Suxo, señaló que la ex autoridad puede ser procesada por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, daño económico y uso indebido de influencias. También se cuestionan las facultades atribuidas al Presidente de YPFB para hacer contrataciones directas y las cuatro adendas del contrato en las que se cambió el requisito de las tres boletas de garantía por pólizas de seguros.
Ramírez endilga responsabilidades a terceros en la protocolización
El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez responsabilizó por los errores cometidos en la firma del contrato con la asociación accidental Catler-Uniservice a la Dirección Jurídica, una comisión de evaluación de la institución que dirigía y el Consulado de Bolivia en Panamá.
En una entrevista difundida la mañana de ayer por la red de televisión PAT, la ex autoridad de Yacimientos explicó que la protocolización del contrato firmado para la construcción e instalación de la planta de extracción de licuables en Río Grande debió hacerla la Dirección Jurídica y no la máxima autoridad ejecutiva, o sea, el presidente. Además, el párrafo final que se añade en esa cláusula le otorga validez legal al contrato sin cumplir este trámite.
La ministra de Transparencia, Nardy Suxo, advirtió que Ramírez puede ser procesado por incumplimiento de deberes por haber omitido ese requisito.
También responsabilizó a estos mismos funcionarios de no verificar si la empresa contaba con su registro en Fundempresa. Sin embargo rebatió la necesidad de este requisito amparado en el Código de Comercio. La firma adjudicataria del contrato cumplió el requisito dos meses después de su firma en Río Grande.
Sobre la existencia legal de Catler International, una de las empresas socias, dijo que “no se trata de una empresa fantasma” y que su constitución fue legalizada en Panamá por el Consulado boliviano y reconocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el país. Este trámite le sirvió para obtener su protocolización bajo el Testimonio 133/2008.
Acusó al Viceministerio de Transparencia de responsabilizarlo de hacer una invitación a la empresa, pero todas las empresas con experiencia en el área recibieron la invitación y sólo dos presentaron una propuesta final: Catler- Uniservice y Exterrand.
Responsabilizó de la elección de la primera a una “comisión de evaluación conformada por profesionales de acuerdo con la norma”, quienes en un informe sobre ambas propuestas recomendaron la contratación de Catler porque “económicamente significaba un ahorro de 35 millones de dólares al Estado”.
Sobre las tres garantías que debió presentar la firma contratada, confirmó que cuenta con seguros de Credinform Internacional y Seguros Illimani. Sólo habría cumplido con el seguro de cumplimiento de contrato por seis millones de dólares. Pero acuerdo con el contrato, ésta debió ser por el 10 por ciento del valor del contrato, o sea, 8,63 millones de dólares.
Gobierno admite que el proyecto no tiene financiamiento asegurado
El proyecto de construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande impulsado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y encomendado a la firma Catler-Uniservice no tiene el financiamiento asegurado.
El nuevo ministro de Planificación para el Desarrollo, Noel Aguirre, informó que los 45 millones de dólares que aún falta completar para la planta están en proceso de gestión.
Cuando se le consultó si un proyecto puede impulsarse sin contar con los recursos suficientes, explicó que primero se definen objetivos y metas y posteriormente las fuentes de la inversión. “En varios casos hay que asegurar el punto de arranque y eso es lo que tenemos”.
Agregó que el Ministerio a su cargo se encuentra averiguando todos los detalles del contrato con Catler-Uniservice para que posteriormente en una reunión con la Presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se adopte una decisión de lo que se hará.
El Ministerio de Hacienda informó que, en cumplimiento de los decretos supremos 29564, del 14 de mayo de 2008, y 29662, del 30 de julio de 2008, el 8 de agosto de ese año suscribió un contrato de fideicomiso con el Banco Unión e YPFB para canalizar 45 millones de dólares, equivalentes al 50 por ciento del costo de la planta de extracción de licuables (86,3 millones). El resto debía obtenerse de fuentes externas.
A la fecha, Hacienda desembolsó 35 millones favor del fideicomiso. Aunque YPFB posteriormente canalizaría 6,8 millones de dólares en favor de Catler-Uniservice S.R.L.
Directorio de YPFB confirma que no autorizó la firma del contrato
El director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Edmar Galarza, confirmó que el Directorio no autorizó a Santos Ramírez suscribir contrato con la cuestionada empresa Catler-Uniservice, solamente aprobó en general el proyecto y ejecución de la construcción de planta separadora de licuables en Río Grande.
“Recuerdo que hemos autorizado para que se pueda implementar una planta separadora de líquidos en Río Grande y la otra en la provincia Gran Chaco para que se hagan estudios y ejecución del proyecto, pero para un contrato con una empresa específica (Uniservice), nuevamente el Directorio no la hizo”.
Agregó que el destituido Presidente de YPFB por presuntos hechos de corrupción en la contratación de Uniservice, Santos Ramírez, tenía atribuciones especiales para suscribir adjudicaciones de millonarias inversiones a través del Decreto Supremo 29506, que el presidente Evo Morales había promulgado.
El 27 de enero, el robo a mano armada de 450.000 dólares en la avenida Tejada Sorzano de la ciudad de La Paz, ocasión en que fue asesinado el empresario Jorge O’Connor, desató el escándalo de una serie de presuntos actos de corrupción cometidos en la estatal petrolera, debido a que ese monto de dinero supuestamente estaba siendo trasladado como parte de una coima.
Más datos
El proyecto tiene el objetivo aumentar la oferta de gas licuado de petróleo (GLP) en el país.
De esa manera, el Gobierno pretendía abastecer completamente el mercado interno .
El viceministro de Medio Ambiente, Pablo Ramos, confirmó esta presunta irregularidad. “En el caso específico de esta empresa, no entró ningún trámite para ningún tipo de proyecto, ningún tipo de obra o de actividad; es decir, no hay nada en el Viceministerio”.
Explicó que todo trabajo en hidrocarburos, minería o industria que vaya a ser ejecutado en el país debe tramitar su licencia de impacto ambiental ante su dependencia.
El ex director de Comercialización de la Superintendencia de Hidrocarburos Jorge Téllez, el ex secretario de Hidrocarburos Carlos Alberto López y el analista Hugo del Granado advierten que las leyes de Medio Ambiente y de Hidrocarburos instituyen este requisito previo al inicio de toda obra. Además debió pedirse la autorización a los pueblos originarios.
El artículo 73 de la Ley de Medio Ambiente dice: “Las actividades hidrocarburíferas realizadas por YPFB y otras empresas, en todas sus fases, deberán contemplar medidas ambientales de prevención y control de contaminación, deforestación, erosión y sedimentación así como de protección de flora y de fauna silvestre, paisaje natural y áreas protegidas. Asimismo, deberán implementarse planes de contingencias para evitar derrames de hidrocarburos y otros productos contaminantes”.
El artículo 130 de la Ley de Hidrocarburos agrega que para este fin “los responsables legales de proyectos no exploratorios (como el de Río Grande) deben depositar el equivalente a un 0,5 por ciento del total de la inversión, que en este caso representa 431.758 dólares de los 86,3 millones acordados”.
En el Ministerio de Hidrocarburos no pudieron informar si se inició el trámite en sus dependencias, por el cambio de autoridad.
El contrato firmado entre la asociación accidental Catler-Uniservice y YPFB el 14 de julio de 2008 señala en la cláusula tercera “objeto del contrato: El contratista (Catler-Uniservice) se compromete y obliga (…) a ejecutar todos los trabajos necesarios (…) incluyendo entre otros estudios y trabajos: la ingeniería conceptual y básica, ingeniería de detalle, análisis económico financiero, incluyendo todos los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental hasta la Licencia Ambiental”.
Representantes de la firma adjudicataria afirman que hay un 30 por ciento de avance de obras. Según el ex presidente de YPFB Santos Ramírez, una comisión confirmó el inicio y la ejecución de las tareas por las que se pagaron 6,8 millones de dólares. López señaló que ningún inversionista serio realiza desembolsos mientras no tenga la seguridad de que la licencia haya sido ejecutada o esté en proceso. “No puede asumir ni presumir que va a salir”.
Ramos explicó que, en el marco de sus competencias, el Viceministerio del ramo sólo hace el control cuando ingresan los estudios de impacto ambiental. “Si no entran tendría que haber una denuncia de alguna obra que empezó sin autorización o licencia ambiental, pero no conocemos esa información del 30 por ciento de avance”.
El plazo que tenía la firma era de 30 días para hacer los estudios ambientales que desembocarán en la licencia a partir de que YPFB diera la orden de proceder.
El viceministro Ramos advirtió que el trámite dura normalmente seis meses. Del Granado explicó que, por los requisitos que se exigen, estos trámites son extremadamente morosos. ”Es difícil que se haga no solamente la instalación, la construcción, el montaje, sino la puesta en marcha en 340 días si previamente no se tiene la licencia ambiental. No hay posibilidades de acuerdo con la normativa nuestra de proceder al inicio de obras si no se tienen todas las licencias ambientales”.
El proyecto fue diseñado por el Gobierno para dar una solución a la escasez de gas licuado de petróleo (GLP) en el país desde hace un año, demanda que se incrementó en 2008 hasta las 400 toneladas métricas por día.
De no ponerse en marcha el proyecto, se corre el riesgo de importar este carburante.
Más irregularidades
Ramírez es investigado por cinco instancias de la justicia y el Poder Ejecutivo al encontrarse irregularidades en su procedimiento de adjudicación y ejecución de la obra. Situación que incluye la muerte del representante legal de la firma contratada para el proyecto, Jorge O’Connor, en un asalto en el que le arrebataron 450.000 dólares que formaban parte del pago para la planta.
La falta de licencia ambiental se suma a las al menos ocho irregularidades encontradas en el contrato publicado por YPFB el jueves 5 de febrero.
Entre las observaciones se encuentran la falta de la protocolización del contrato ante notario de gobierno en la Prefectura, lo que habría dado vigencia al documento; el incumplimiento de envío del contrato a la Contraloría General de la República; la falta de autorización del Directorio de la petrolera para su suscripción.
La ministra de Transparencia, Nardy Suxo, señaló que la ex autoridad puede ser procesada por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, daño económico y uso indebido de influencias. También se cuestionan las facultades atribuidas al Presidente de YPFB para hacer contrataciones directas y las cuatro adendas del contrato en las que se cambió el requisito de las tres boletas de garantía por pólizas de seguros.
Ramírez endilga responsabilidades a terceros en la protocolización
El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez responsabilizó por los errores cometidos en la firma del contrato con la asociación accidental Catler-Uniservice a la Dirección Jurídica, una comisión de evaluación de la institución que dirigía y el Consulado de Bolivia en Panamá.
En una entrevista difundida la mañana de ayer por la red de televisión PAT, la ex autoridad de Yacimientos explicó que la protocolización del contrato firmado para la construcción e instalación de la planta de extracción de licuables en Río Grande debió hacerla la Dirección Jurídica y no la máxima autoridad ejecutiva, o sea, el presidente. Además, el párrafo final que se añade en esa cláusula le otorga validez legal al contrato sin cumplir este trámite.
La ministra de Transparencia, Nardy Suxo, advirtió que Ramírez puede ser procesado por incumplimiento de deberes por haber omitido ese requisito.
También responsabilizó a estos mismos funcionarios de no verificar si la empresa contaba con su registro en Fundempresa. Sin embargo rebatió la necesidad de este requisito amparado en el Código de Comercio. La firma adjudicataria del contrato cumplió el requisito dos meses después de su firma en Río Grande.
Sobre la existencia legal de Catler International, una de las empresas socias, dijo que “no se trata de una empresa fantasma” y que su constitución fue legalizada en Panamá por el Consulado boliviano y reconocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el país. Este trámite le sirvió para obtener su protocolización bajo el Testimonio 133/2008.
Acusó al Viceministerio de Transparencia de responsabilizarlo de hacer una invitación a la empresa, pero todas las empresas con experiencia en el área recibieron la invitación y sólo dos presentaron una propuesta final: Catler- Uniservice y Exterrand.
Responsabilizó de la elección de la primera a una “comisión de evaluación conformada por profesionales de acuerdo con la norma”, quienes en un informe sobre ambas propuestas recomendaron la contratación de Catler porque “económicamente significaba un ahorro de 35 millones de dólares al Estado”.
Sobre las tres garantías que debió presentar la firma contratada, confirmó que cuenta con seguros de Credinform Internacional y Seguros Illimani. Sólo habría cumplido con el seguro de cumplimiento de contrato por seis millones de dólares. Pero acuerdo con el contrato, ésta debió ser por el 10 por ciento del valor del contrato, o sea, 8,63 millones de dólares.
Gobierno admite que el proyecto no tiene financiamiento asegurado
El proyecto de construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande impulsado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y encomendado a la firma Catler-Uniservice no tiene el financiamiento asegurado.
El nuevo ministro de Planificación para el Desarrollo, Noel Aguirre, informó que los 45 millones de dólares que aún falta completar para la planta están en proceso de gestión.
Cuando se le consultó si un proyecto puede impulsarse sin contar con los recursos suficientes, explicó que primero se definen objetivos y metas y posteriormente las fuentes de la inversión. “En varios casos hay que asegurar el punto de arranque y eso es lo que tenemos”.
Agregó que el Ministerio a su cargo se encuentra averiguando todos los detalles del contrato con Catler-Uniservice para que posteriormente en una reunión con la Presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se adopte una decisión de lo que se hará.
El Ministerio de Hacienda informó que, en cumplimiento de los decretos supremos 29564, del 14 de mayo de 2008, y 29662, del 30 de julio de 2008, el 8 de agosto de ese año suscribió un contrato de fideicomiso con el Banco Unión e YPFB para canalizar 45 millones de dólares, equivalentes al 50 por ciento del costo de la planta de extracción de licuables (86,3 millones). El resto debía obtenerse de fuentes externas.
A la fecha, Hacienda desembolsó 35 millones favor del fideicomiso. Aunque YPFB posteriormente canalizaría 6,8 millones de dólares en favor de Catler-Uniservice S.R.L.
Directorio de YPFB confirma que no autorizó la firma del contrato
El director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Edmar Galarza, confirmó que el Directorio no autorizó a Santos Ramírez suscribir contrato con la cuestionada empresa Catler-Uniservice, solamente aprobó en general el proyecto y ejecución de la construcción de planta separadora de licuables en Río Grande.
“Recuerdo que hemos autorizado para que se pueda implementar una planta separadora de líquidos en Río Grande y la otra en la provincia Gran Chaco para que se hagan estudios y ejecución del proyecto, pero para un contrato con una empresa específica (Uniservice), nuevamente el Directorio no la hizo”.
Agregó que el destituido Presidente de YPFB por presuntos hechos de corrupción en la contratación de Uniservice, Santos Ramírez, tenía atribuciones especiales para suscribir adjudicaciones de millonarias inversiones a través del Decreto Supremo 29506, que el presidente Evo Morales había promulgado.
El 27 de enero, el robo a mano armada de 450.000 dólares en la avenida Tejada Sorzano de la ciudad de La Paz, ocasión en que fue asesinado el empresario Jorge O’Connor, desató el escándalo de una serie de presuntos actos de corrupción cometidos en la estatal petrolera, debido a que ese monto de dinero supuestamente estaba siendo trasladado como parte de una coima.
Más datos
El proyecto tiene el objetivo aumentar la oferta de gas licuado de petróleo (GLP) en el país.
De esa manera, el Gobierno pretendía abastecer completamente el mercado interno .
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