A casi tres años de que el presidente Evo Morales firmara el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, el 1 de mayo del 2006, el proceso bandera de su gobierno no logró ser operativo y avanzó sólo en su normativa; en ello coincidieron cinco expertos consultados por este medio.
Para el ex superintendente de Hidrocarburos, Hugo de la Fuente, el proceso fue “políticamente exitoso”, pues fue más allá del propio decreto de nacionalización y logró, en muchos casos, casi el 100% de participación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la actividad hidrocarburífera del país.
Sin embargo, aseguró, “ese éxito no se ha traducido en el tema operativo”, ya que hubo una importante baja en la producción de gas natural de alrededor de 42 a casi 37 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd).
A decir del ex presidente de YPFB y actual asesor del Ministerio de Hidrocarburos, Manuel Morales Olivera, “el proceso como tal está consolidado, pero el cambio radical en toda la cadena productiva (de los hidrocarburos) requiere su tiempo y está avanzando progresivamente”.
Mientras, el senador oficialista, Félix Rojas, calificó el proceso como “altamente positivo” y que dejó beneficios económicos al país como la triplicación de los ingresos de las prefecturas, alcaldías y universidades.
El también ex superintendente del rubro, Carlos Miranda, sostuvo que hasta el momento “el resumen total de este proceso no es positivo”. Explicó que la exploración está prácticamente paralizada y la producción de gas va en franca declinación al no poder cumplir ni con el compromiso de exportación a la Argentina.
Agregó que la producción de crudo disminuyó y que las refinerías han llegado al máximo de su capacidad, por lo que el suministro interno de carburantes enfrenta serias dificultades que deben ser subsanadas con mayores importaciones de diesel y gasolina.
Al respecto, De la Fuente señaló que el 2005 se logró una producción histórica de 50.400 barriles de crudo por día y que hoy las cifras oficiales son de 44.000 barriles diarios. “Las refinerías privadas han salido del mercado porque no hay crudo para venderles y YPFB sólo tiene una capacidad de refino de 38 mil barriles”, añadió.
El analista y experto en temas de hidrocarburos, Humberto Vacaflor, manifestó que “los frutos de la nacionalización son hasta ahora la falta de inversiones nacionales y extranjeras”.
En diciembre del 2008, el entonces presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez, informó que las empresas que operan en el país no cumplieron la inversión comprometida para la gestión 2008. Precisó que estas compañías invirtieron menos de $us 300 millones en lo referido al Capex (la inversión de capital), cuando en el presupuesto de inversión que presentaron a YPFB habían comprometido $us 311 millones.
Morales Olivera recordó que los contratos petroleros permiten al Estado “controlar y obligar a las empresas a realizar las inversiones necesarias para desarrollar las actividades productivas”.
A decir del presidente del Comité Cívico de Camiri (Santa Cruz), Mirko Orgaz, las empresas “continúan negociando” su inversión con el Estado, cuando tenían hasta seis meses de plazo para informar de ese tema después de suscribir los contratos. Orgaz acotó que “no se avanzó en la industrialización, ya que Bolivia sigue exportando materia prima”.
De la Fuente consideró que la nacionalización fue más una expropiación sin una indemnización previa. Añadió que ese pago es el que ahora están negociando las petroleras.
En cambio, para Orgaz y Vacaflor, el proceso de nacionalización fue una compra de acciones de las empresas extranjeras. “Son compras que como son apresuradas y por urgencias electorales, se hacen por facturas muy elevadas. Hay una larga negociación, pero las empresas están felices porque están sacando más (dinero) del que podían sacar en una venta normal”, dijo Vacaflor.
“No hubo una verdadera nacionalización como el pueblo quería, en cumplimiento de la agenda de octubre del 2003. Lo que hubo es una renovación de contratos”, opinó el dirigente alteño, Roberto de la Cruz.
El 2008, el Gobierno aprobó dos decretos para convertir a YPFB en una empresa corporativa (29507) y para permitirle realizar contrataciones directas (29506).
El economista Gonzalo Chávez atribuyó las fallas del proceso a la crisis de YPFB, por la que ya pasaron seis presidentes. “Vemos una empresa con serios problemas de gestión, de corrupción, sin inversiones significativas en el sector y con cuellos de botella en temas de diesel y aprovisionamiento de gas. No hemos crecido en nuestros mercados, no hubo inversión extranjera directa, por lo tanto la nacionalización se quedó todavía en el discurso”.
Para el ex superintendente de Hidrocarburos, Hugo de la Fuente, el proceso fue “políticamente exitoso”, pues fue más allá del propio decreto de nacionalización y logró, en muchos casos, casi el 100% de participación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la actividad hidrocarburífera del país.
Sin embargo, aseguró, “ese éxito no se ha traducido en el tema operativo”, ya que hubo una importante baja en la producción de gas natural de alrededor de 42 a casi 37 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd).
A decir del ex presidente de YPFB y actual asesor del Ministerio de Hidrocarburos, Manuel Morales Olivera, “el proceso como tal está consolidado, pero el cambio radical en toda la cadena productiva (de los hidrocarburos) requiere su tiempo y está avanzando progresivamente”.
Mientras, el senador oficialista, Félix Rojas, calificó el proceso como “altamente positivo” y que dejó beneficios económicos al país como la triplicación de los ingresos de las prefecturas, alcaldías y universidades.
El también ex superintendente del rubro, Carlos Miranda, sostuvo que hasta el momento “el resumen total de este proceso no es positivo”. Explicó que la exploración está prácticamente paralizada y la producción de gas va en franca declinación al no poder cumplir ni con el compromiso de exportación a la Argentina.
Agregó que la producción de crudo disminuyó y que las refinerías han llegado al máximo de su capacidad, por lo que el suministro interno de carburantes enfrenta serias dificultades que deben ser subsanadas con mayores importaciones de diesel y gasolina.
Al respecto, De la Fuente señaló que el 2005 se logró una producción histórica de 50.400 barriles de crudo por día y que hoy las cifras oficiales son de 44.000 barriles diarios. “Las refinerías privadas han salido del mercado porque no hay crudo para venderles y YPFB sólo tiene una capacidad de refino de 38 mil barriles”, añadió.
El analista y experto en temas de hidrocarburos, Humberto Vacaflor, manifestó que “los frutos de la nacionalización son hasta ahora la falta de inversiones nacionales y extranjeras”.
En diciembre del 2008, el entonces presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez, informó que las empresas que operan en el país no cumplieron la inversión comprometida para la gestión 2008. Precisó que estas compañías invirtieron menos de $us 300 millones en lo referido al Capex (la inversión de capital), cuando en el presupuesto de inversión que presentaron a YPFB habían comprometido $us 311 millones.
Morales Olivera recordó que los contratos petroleros permiten al Estado “controlar y obligar a las empresas a realizar las inversiones necesarias para desarrollar las actividades productivas”.
A decir del presidente del Comité Cívico de Camiri (Santa Cruz), Mirko Orgaz, las empresas “continúan negociando” su inversión con el Estado, cuando tenían hasta seis meses de plazo para informar de ese tema después de suscribir los contratos. Orgaz acotó que “no se avanzó en la industrialización, ya que Bolivia sigue exportando materia prima”.
De la Fuente consideró que la nacionalización fue más una expropiación sin una indemnización previa. Añadió que ese pago es el que ahora están negociando las petroleras.
En cambio, para Orgaz y Vacaflor, el proceso de nacionalización fue una compra de acciones de las empresas extranjeras. “Son compras que como son apresuradas y por urgencias electorales, se hacen por facturas muy elevadas. Hay una larga negociación, pero las empresas están felices porque están sacando más (dinero) del que podían sacar en una venta normal”, dijo Vacaflor.
“No hubo una verdadera nacionalización como el pueblo quería, en cumplimiento de la agenda de octubre del 2003. Lo que hubo es una renovación de contratos”, opinó el dirigente alteño, Roberto de la Cruz.
El 2008, el Gobierno aprobó dos decretos para convertir a YPFB en una empresa corporativa (29507) y para permitirle realizar contrataciones directas (29506).
El economista Gonzalo Chávez atribuyó las fallas del proceso a la crisis de YPFB, por la que ya pasaron seis presidentes. “Vemos una empresa con serios problemas de gestión, de corrupción, sin inversiones significativas en el sector y con cuellos de botella en temas de diesel y aprovisionamiento de gas. No hemos crecido en nuestros mercados, no hubo inversión extranjera directa, por lo tanto la nacionalización se quedó todavía en el discurso”.
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