El documento firmado por la Secretaría General de la Cámara de Diputados, establece el tratamiento de los contratos en sus puntos 8, 9, 10 y 11 de la agenda. El análisis prevé un tratamiento en detalle y la aprobación o modificación de los cuatro proyectos de ley que sancionan los acuerdos de exploración firmados entre YPFB y GTLI en abril de 2011.
La aprobación de estos contratos puede ser no solo una gran noticia para los departamentos productores, sino para todo el país, pues uno de los bloques, llamado Itacaray, ubicado en Chuquisaca, tiene el potencial de ser un megacampo de gas de 3 TCF (similar a Margarita); otro de los bloques, el de Río Beni, tiene el potencial de ser un megacampo de petróleo, que puede convertir en productores de petróleo a La Paz, Pando y Beni, en base a la información sísmica ya existente, y en base a otros estudios de GTLI. Precisamente en este último bloque se prevé avanzar más rápido, por ser una zona plana y de fácil acceso.
Los otros dos bloques -Almendro (desde el Plan Tres Mil hasta Pailón) y Cupecito (cerca de Charagua)- se encuentran en Santa Cruz, en zonas cercanas a campos ya productores, lo cual, según los estudios de los especialistas, genera optimismo en cuanto a resultados de exploración.
Regiones preocupadas
El ex titular de Hidrocarburos y actual secretario de Obras de la Gobernación de Santa Cruz, Hugo Sosa, alertó que estos contratos peligran. “Urge que se inyecten recursos en exploración. Los contratos debieron aprobarse hace dos años. El panorama es desastroso”, dijo.
El presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Andrés Gallardo, exteriorizó su preocupación por el tema, pues los contratos estuvieron ‘dormidos’ más de dos años. Según información extraoficial, los contratos pueden ser anulados.
Por su lado, en la Brigada Parlamentaria del Beni se desconoce el asunto, pero están atentos por el tratamiento de los contratos. En Chuquisaca esperan un informe oficial.
Los analistas Hugo de la Fuente, Boris Gómez y José Padilla, indicaron que este tema no es normal y que los contratos deberían ser revisados con anterioridad y no después de dos o tres años. Advierten que si se anulan los compromisos con los privados las perdedoras serán las regiones donde se proyectaba desarrollar los proyectos, además que el Estado se expone a un proceso. “El Gobierno no genera la seguridad jurídica para los inversionistas”, afirma De la Fuente
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