El IDH ya tiene siete destinos

El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a la fecha se encuentra distribuido entre siete destinos: las municipalidades, las gobernaciones, la Renta Dignidad, el Tesoro General de la Nación (TGN), las Universidades, el Fondo Indígena y el Fondo de Educación Cívica, detalla el especialista en descentralización económica, Jimmy Osorio López.  

De dichos destinos del IDH (como se ve en el gráfico), el mayor porcentaje es para los municipios, que obtienen el 35,3% del total, lo que en el presupuesto de 2014 significa 5.817 millones de bolivianos; le sigue la Renta Dignidad, con el 25,6%, que para 2014 significa 4.218 millones.

Siguen en importancia, siempre para lo presupuestado en 2014: en tercer lugar, el TGN, con 18,3%, 3.015 millones; en cuarto, las gobernaciones (departamentos), con 10,1%, 1.664 millones; en quinto, las universidades, con 7%, 1.153 millones; en sexto, el Fondo Indígena, con 3,5%, 576 millones; y, en séptimo lugar, el Fondo de Educación Cívica, con 0,2% del total del IDH, lo que para 2014 equivale a 33 millones.

Un recurso apetecible. Desde que fue establecido, en 2005, el IDH no ha dejado de aumentar, de 2.328 millones de bolivianos en ese año, hasta 15.543 millones en 2013 y (presupuestado) 16.479 millones en 2014. Una vez creado por la Ley 3058 de Hidrocarburos (2005), el IDH fue redistribuido mediante al menos tres leyes y tres decretos supremos.

— La Ley de Hidrocarburos (artículo 57), además de destinar un porcentaje del IDH a los departamentos productores y no productores de hidrocarburos, dispone que una vez hecho aquello, el saldo sea asignado “a favor del TGN, Pueblos Indígenas y Originarios, Comunidades Campesinas, de los Municipios, Universidades, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros”.

— El Decreto Supremo 28421, de octubre de 2005, establece que 5% del IDH que le corresponde al TGN sea transferido al Fondo Indígena, recapitula Osorio.

— En enero de 2006, mediante la  Ley 3322 se crea un Fondo Compensatorio para los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, por tener una mayor cantidad de población.

— Posteriormente se aprueba el Decreto Supremo 29322 de octubre de 2007, que modifica la asignación del 5% al Fondo Indígena y éste es aplicado al total de la recaudación del IDH.

— Luego, mediante la Ley 3791 de la Renta Dignidad de noviembre de 2007, se establece que dicho beneficio será solventado con el 30% del IDH del TGN, prefecturas y municipalidades; este porcentaje no afecta a las universidades.

— Siguiendo la línea normativa, en abril de 2011, mediante el Decreto Supremo 859, se crea el Fondo de Fomento a la Educación Cívica, que asigna el 0,2% del IDH de todos los beneficiarios.

— Finalmente la Ley 264 de Seguridad Ciudadana, de julio de 2012, establece que los Gobiernos Autónomos Departamentales deberán asignar el 10% de los recursos del IDH provenientes de coparticipación y nivelación, previo descuento del 30% de la Renta Dignidad; asimismo, los Gobiernos Autónomos Municipales de acuerdo con su cantidad poblacional, deberán asignar el 5% (municipio con población menor a 50.000 habitantes) y el 10% (municipio con cantidad poblacional de 50.000 en adelante) del IDH proveniente de la coparticipación y nivelación de esta recaudación impositiva.

Finalmente, con respecto al anuncio del Gobierno central de crear un Fondo para la Defensa Nacional, recuerda Osorio, no existe restricciones normativas que impidan llevar adelante dicho propósito.

El problema surgiría si el mencionado Fondo estaría financiado con un porcentaje del IDH del total de los beneficiarios. En este escenario, los más afectados serían los municipios pequeños en los que los recursos del IDH constituyen la mayor parte de sus ingresos.

Pero si dicho Fondo es financiado con el IDH que le corresponde al TGN, los niveles subnacionales (departamentos y municipios) no tendrían porqué alarmarse. “Haciendo un simple ejercicio, si se decidiera comenzar el funcionamiento del Fondo para la Defensa Nacional con el 20% del IDH del TGN, éste debería recibir un total de 603 millones de bolivianos, para iniciar sus operaciones”, estima el especialista Osorio López.

Con todo, destaca, otra problemática aún mayor en este tema es la eficiencia que en general se le está dando al uso de la renta petrolera ante los grandes problemas nacionales: “Pese a que la seguridad nacional, debe ser prioritaria para todos los bolivianos, habría que ver la eficiencia del gasto público que se vaya a realizar con los recursos del Fondo de Defensa, puesto que existen necesidades muy urgentes que aún no han sido resueltas en su totalidad”.