Shale gas puede dotar el 10% de la oferta gasífera de la región

Un desarrollo sostenible regional de los recursos gasíferos en yacimientos no convencionales puede contribuir con cerca del 10% en la oferta gasífera total latinoamericana y caribeña en las próximas dos décadas, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Según el informe "Gobernanza del gas natural no convencional para el desarrollo sostenible de Latinoamérica y el Caribe”, elaborado por ese organismo, "esta situación abriría a los países de la región la oportunidad de contar con un acceso universal a servicios de energía modernos”.
Pese a la intensa polémica que genera la explotación de gas en yacimientos no convencionales, principalmente por posibles efectos medioambientales, dicho aprovechamiento puede generar tres impactos positivos en la economía de los países: el autoabastecimiento de energía en los países que tienen este recurso; menores precios en la energía, menor volatilidad en los mismos, mayor crecimiento económico, menores niveles de desigualdad, generación de fuentes de empleo y otros; y el fortalecimiento de la integración energética en "una renovada geopolítica regional”, según el estudio.
Otro beneficio adicional que generaría el contar con una mayor cantidad de reservas de gas, es la reducción de la subvención al precio del energético en los países latinoamericanos que lo importan de ultramar o de la misma región. "Se estima que el subsidio al consumo interno del gas natural en la región creció desde 4.500 millones de dólares en 2010, a los 9.500 millones en 2012, siendo Argentina, Venezuela y Bolivia los países que mayores erogaciones por subsidios realizan”, afirma la CEPAL.
Pero, el aprovechamiento de estos recursos naturales requiere de ingentes inversiones.
Inversiones necesarias
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que el desarrollo sostenible de la producción de gas natural en la región durante las próximas dos décadas podría requerir una inversión acumulada de 810 mil millones de dólares, cerca de 40.000 millones por año (0,7% del PIB regional anual). Esta inversión se dividiría en 510 mil millones de dólares para la exploración y 150 mil millones para la producción de gas en yacimientos convencionales y no convencionales, además de 150 mil millones para la fase de distribución, comercialización e infraestructura para el gas natural licuado.
El estudio de ese organismo de las Naciones Unidas sostiene que las reservas provenientes de yacimientos no convencionales se cuantifican en cerca de 11.688 billones de pies cúbicos (al menos el 20% de ese volumen está en América Latina y el Caribe) y representan cerca de la mitad de los recursos gasíferos totales a nivel mundial.
Un informe elaborado por la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) indica que Bolivia es el quinto país de Sudamérica con mayor potencial de reservorios no convencionales, después de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Según el documento, el Estado boliviano contaría con 48 trillones de pies cúbicos del recurso.
En febrero de 2013, el entonces vicepresidente de Administración, Control y Fiscalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Luis Alberto Sánchez -hoy ministro de Hidrocarburos y Energía-, anunció el inicio de los estudios preliminares para establecer el potencial de reservas de shale gas en el país, una tarea que tiene el apoyo por la estatal argentina YPF.
"La explotación de gas natural en yacimientos no convencionales debe ser promovida y realizada asegurando el respeto por la naturaleza y el medioambiente, como así también los derechos de las personas”, cita el estudio de la CEPAL.
La creación de incentivos fiscales y contractuales, el establecimiento de precios en función al mercado, el fortalecimiento en la provisión de infraestructura, insumos, maquinaría, tecnología y la participación de los grupos de interés, coadyuvarían hacia la economicidad de proyectos y el desarrollo de estos recursos, señala el documento. En el mismo , se estima que Argentina, Brasil, Colombia y México, actualmente, necesitan contar con precios en torno a los ocho dólares el millón de unidades térmicas británicas (BTU), para emprender este tipo de proyectos.